Por Arturo Angel
Una investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de
Veracruz acusa al diputado federal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Alberto Silva Ramos, de haber encubierto pagos
a por lo menos diez empresas fantasma durante su gestión como
coordinador de Comunicación Social del exgobernador, Javier Duarte.
Al respecto, Silva asegura que él no autorizó ni ejecutó esos pagos,
sino que solo consiguió las facturas de los mismos. Añade que los responsables
de gestionar y ejecutar esa entrega de dinero a las compañías fachada fueron su
antecesora en la coordinación de Comunicación, Gina Domínguez, y la
Tesorería de la Secretaría de Finanzas, que encabezaba el hoy diputado
federal, Antonio Tarek Abdalá Saad.
La respuesta del diputado se encuentra en una declaración por escrito
que entregó al Ministerio Público,para responder a las acusaciones,
y que ya forma parte del expediente que la Cámara de Diputados integra por la
solicitud de desafuero contra Silva, promovida por el fiscal de Veracruz.
Ese expediente revela que la Fiscalía señala a Silva de ser parte de una
presunta operación de manejo ilegal de recursos públicos, que involucró a una
decena de empresas fantasma de la misma red que Animal Político reveló en 2016.
También se le acusa de no haber transparentado los pagos realizados por
la oficina de Comunicación Social de Veracruz cuando él estuvo al
frente, y de haber financiado una campaña en distintos medios para favorecer al
PRI, en las elecciones locales del año pasado
El diputado federal niega la responsabilidad en cualquier de esos
delitos y pidió a la Cámara de Diputados que deseche la solicitud de desafuero
pues, asegura, hay presuntas omisiones en las investigaciones y violaciones al
debido proceso.
Yo no fui, fueron otros
En su respuesta enviada a San Lázaro, Silva Ramos sostiene
que él no estuvo involucrado en ninguna operación ilegal, y asegura que tampoco
le interesa encubrir a otros que posiblemente sí lo hayan estado.
El diputado explica que, de acuerdo con lo asentado en la carpeta de
investigación FGE/FIM/CI/36/2017 que integra la Fiscalía en su
contra, y que pudo conocer tras comparecer voluntariamente ante el Ministerio
Público, se le acusa con otras dos personas de haber encubierto una operación
fraudulenta que permitió el desvío de recursos públicos.
En dicha operación estarían involucradas por lo menos diez
empresas fantasma o fachada, que recibieron pagos por supuestos actos
de difusión que nunca realizaron. Esto habría ocurrido entre los años 2012 y
2014.
Silva, quien llego a la Coordinación de Comunicación Social de Veracruz
en febrero de 2014, sostiene que él nunca autorizó ni ejecutó esos pagos, pues
ya se habían hecho previamente. Añade que solo los regularizó porque faltaban
las facturas que marca la ley, para la comprobación de los recursos.
“Durante mi gestión se regularizó y se terminó con una tramitación
meramente administrativa que tuvo como efectos que las empresas emitieran los
documentos idóneos (facturas)”, dice en su escrito.
Silva sostiene que los pagos a los que hace referencia la Fiscalía en
realidad fueron gestionados y ejecutados por su antecesora en el cargo, es
decir Gina Domínguez, quien actualmente se encuentra presa y
procesada por presuntos actos de corrupción.
Además recuerda que esos pagos, de acuerdo con la ley, tuvieron que ser
autorizados por la propia Secretaría de Finanzas. Prueba de ello, dice, es que
hay oficios en donde se solicita la autorización de esos pagos al entonces
tesorero de Finanzas de Veracruz y hoy diputado federal, Tarek Abdalá Saad.
“Para que se haya realizado el pago a las empresas, mi antecesor (Gina) debió emitir
un dictamen de procedencia que justificara la contratación de éstas, y
solicitar la suficiencia presupuestal señalándole que es la Secretaría de
Finanzas y Planeación la que autorizará (…) toda esa tramitación de ninguna
manera fue responsabilidad del suscrito”, dice Silva en sus alegatos.
El diputado insiste en que cuando él llegó se encontró con que había
pagos ya realizados, sin que se hubieran facturado, por lo que tuvo que
solicitar a las empresas las facturas.
“Lo único que se realizó durante mi gestión fue finalizar un trámite
meramente administrativo derivado de la omisión de la mi antecesor, siendo que
esa ‘comprobación’ de ejecución de recursos es un hecho conocido e
incuestionable, ya que en su momento esa disposición de recursos fue autorizada
y ejecutada por la Secretaría de Finanzas”, indica Silva Ramos.
Las empresas y la simulación
De acuerdo con la Carpeta de Investigación FGE/FIM/CI/36/2017, durante
la gestión de Alberto Silva como coordinador de comunicación social se
realizaron comprobaciones fiscales mediante facturas, con la finalidad de
encubrir pagos a empresas fantasma. Todo esto como parte de una presunta operación
organizada para el desvío de recursos.
Las empresas que recibieron los recursos públicos son Anzara
S.A. de C.V., Carrirey S.A. de C.V., Centro de Recursos de Negocios
CERENE S.A. de C.V., Publicidad Akkira S.A. de C.V., Desarrolladores
Mercalim S.A. de C.V., Saervizios Oktagonales S.A. de C.V.., Marvercar S.A. de
C.V., Merca carrey S.A. de C.V., Mogarver S.A. de C.V. y Ravsan Servicios
Múltiples S.A. de C.V.
Todas estas compañías forman parte de una red de empresas fantasma, que
no solo recibieron recursos desviados de comunicación social, sino de distintas
dependencias del gobierno de Veracruz.
Animal Político publicó en mayo de 2016 que estas compañías y otras once
más recibieron 645 millones de pesos provenientes de las secretarías de
Desarrollo Social, Educación, Protección Civil y el DIF Estatal. Los pagos
fueron por servicios que nunca se realizaron. Una investigación del SAT
confirmó que eran empresas fantasma, ya que solo podían emitir facturas pero no
daban servicio alguno.
En diciembre de 2016 este portal también reveló el uso de estas empresas
para desviar pagos de comunicación social, que es el caso que ahora se imputa
Silva. Estas empresas junto con otras seis recibieron tan solo en 2014 más de
500 millones de pesos por supuestas actividades de difusión. En este caso no
hubo ni siquiera contratos o procesos de licitación.
Al responder a esta acusación en una declaración por escrito, entregada
a la Fiscalía de Veracruz, Alberto Silva niega que él haya sido cómplice en la
comprobación de operaciones simuladas pues, reiteró, todos esos pagos y su
justificación fueron responsabilidad de su antecesora y de la Secretaría de
Finanzas.
“Si en esa tramitación existió la comisión de alguna conducta
delictiva… no tengo nada que ver con ello y jamás me interesaría encubrir
a nadie que deba enfrentar la justicia por haber actuado en contra de la
legislación aplicable”, señala Silva.
Pide cancelar desafuero
En el documento de sus alegatos entregado a la Cámara de Diputados el
pasado viernes, el diputado Alberto Silva solicita a la
comisión responsable de analizar la solicitud de desafuero que desestime este
procedimiento, debido a que existen presuntas irregularidades que afectan sus
derechos humanos y el debido proceso.
El legislador detalla más de 20 hechos que desde la perspectiva de sus
abogados son irregulares. Entre ellas destaca que tuvo que recurrir a demandas
de amparo para conocer que la Fiscalía estaba integrando tres carpetas de
investigación en su contra, en las que nunca se les citó a declarar.
Pero además añade que la Fiscalía estatal le ha ocultado pruebas
que se encuentran en los expedientes, y que se niega a revelar datos como, por
ejemplo, la identidad de tres testigos que declaran en su contra.
“Dicho desconocimiento se traduce en una incertidumbre jurídica respecto
al ejercicio de mi derecho de defensa, en el sentido de que no puedo declarar,
u ofrecer datos de prueba o el desahogo de dichas testimoniales sin conocer si
el propio ofrecimiento de pruebas o su desahogo puede traducirse en un acto
perjudicial o benéfico para el suscrito”, apunta.
El diputado advierte además que en el caso de las acusaciones por haber
operado campañas mediáticas con recursos públicos en favor del PRI, la Fiscalía
no aporta datos de prueba que expliquen cómo se cometió este hecho, ni cuál es
su presunta participación.
De hecho, según el legislador, no queda claro en ninguno de los casos
cómo es que él cometió delitos que se le imputan, entre ellos coalición y abuso
de autoridad.
“En conclusión, es posible afirmar que el C. Fiscal General del Estado
de Veracruz omitió realizar un estudio profundo respecto de los delitos que se
me imputan y de las hipótesis específicas aplicables a cada uno”, dice Silva en
su pronunciamiento escrito.
Por estos motivos, el diputado pidió a la comisión del caso que deseche
al solicitud de desafuero en su contra o, en todo caso, que al resolverla
determine que no es procedente.
La decisión está ahora en las manos de los diputados, quienes ya con
anterioridad desecharon una demanda de desafuero contra el diputado federal
Tarek Abdalá.
