El Circulo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su reunión
#515, invitan este 15 de septiembre, al grito de todos, En defensa de
independencia y soberanía de México. Con la participación de El Padre Miguel
Concha, María Fernanda Campa, Pedro Miguel, Leticia Varela, El Fisgón, Héctor
Díaz Polanco, Pedro Salmerón, Consuelo Sánchez, el General Francisco Gallardo,
Michelle Rodríguez, Gerardo de la Fuente, Gabriela Rodríguez, Lutz Keferstein,
Cuitláhuac García, Blanca Montoya, Bernardo Bátiz, Víctor Suárez, Jesús
Ramírez, Ricardo Montejano, Francisco Estrada, José García, entre otros.
Además, música con Eddy y los Grasos, El Héctor y el grupo musical Raíz Joven,
del círculo de Reflexión de Puebla. La cita es este viernes 15 de septiembre a
las 16:00 PM en el parque del cartero José Refugio Ménes (Miguel
Alemán) de la Colonia Postal, entre Andalucía y Unión Postal, cerca del metro
Villa de Cortés. La delegación Benito Juárez es territorio ciudadano.postal@elbuzon.mx Julio
Pérez, Leopoldo Pliego, Luis Martín Ángeles, Imelda Beristain, Emilio Sánchez,
Víctor Pérez, Yolanda Macedo, Víctor Flores, Rosy Almanza, José María Iris
(padre e hijo), Inti Ernesto Salas, Benito Collantes, Inés Pérez, Ismael
Estrada y Antonio Villegas.
15 de septiembre de 2017
DESAPARECIDO, VÍCTIMA DEL CRIMEN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA
¿Dónde está Santiago
Maldonado?" Esa es la pregunta que se vienen haciendo los argentinos desde
hace ya un mes, y que impulsó la movilización del día 2 de agosto en la que
miles de personas se reunieron para exigir la aparición con vida del
desaparecido. Días antes, en México, los ciudadanos se movilizaban para pedir
la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas Cometida
por Particulares. Ambas protestas ponen en evidencia la realidad de una región
donde los problemas suelen estar en sincronía.
América Latina suele estar en el centro
de atención por sus noticias relacionadas a la corrupción y a la impunidad. Si
bien los países de la región suelen buscar diferenciarse entre sí y destacarse
por sus progresos, la realidad es que no pueden escapar de las críticas y de
los casos que los conectan con sus vecinos. Las desapariciones forzadas son,
precisamente, una de las preocupaciones compartidas en la región.
Tal como lo denunció la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), a través de un comunicado difundido en ocasión del
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, “es inadmisible
que, en el 2017, se sigan produciendo desapariciones forzadas”.
Existe una estrecha relación entre la
violación de los derechos humanos y la impunidad. La desaparición forzada de
una persona es la privación de la libertad cometida por un funcionario público.
Y si no existe un sistema donde se castigue el abuso de poder, la impunidad se
seguirá cobrando las vidas de los desaparecidos.
Tal como ocurre en México, donde las
madres de desaparecidos se reúnen para buscar los cadáveres de sus hijos en
fosas clandestinas, mientras el Estado no les ofrece ningún recurso. De hecho,
el Estado mexicano ni siquiera tiene contabilizadas a las víctimas de
desapariciones forzadas.
Existen cifras oficiales sobre personas
desaparecidas pero éstas no distinguen entre secuestros, desapariciones
forzadas o extravíos. Según los datos presentados por el Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay 30.973 personas
desaparecidas en México.
Uno de los casos más recientes de
desapariciones forzadas en México es el de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa, quienes desaparecieron en 2014 tras ser atacados
por la policía municipal y el ejército mexicano de Iguala y hasta el día de
hoy, se desconoce su paradero.
“Las desapariciones forzadas, que en su
día fueron principalmente producto de dictaduras militares, pueden perpetrarse
hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como
método de represión política de los oponentes”, advierte la ONU. Lo que
demuestra que, sin dudas, las desapariciones forzadas contribuyen al detrimento
del sistema democrático.
La falta de cifras oficiales demuestra
el desinterés de un gobierno que no se preocupa por contabilizar los casos. No
sólo no se sabe cuántos son exactamente los casos de desapariciones forzadas,
sino que tampoco se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para dar con
el paradero de las personas.
La indiferencia frente a estos casos
demuestra por qué a México lo denominaron “el país de América Latina con mayor
impunidad”. El país encabeza el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017,
presentado por la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP), siendo el
cuarto a nivel mundial. El informe incluye 69 países a nivel mundial y analiza
los sistema de justicia de cada uno, para luego identificar cuáles son aquellos
países con mayor impunidad. Las fallas de seguridad y justicia son algunas de
las razones que han condicionado el posicionamiento de México en el
listado.
El aumento de los casos de
desapariciones forzadas es un retroceso en un camino hacia la democracia. Pero
para poder abarcar este problema, es necesario primero ir contra el sistema
estructural de corrupción y contra la impunidad. Ninguna persona puede
desaparecer sin razón. Como así tampoco, ninguna madre debe ser la encargada de
remover la tierra de un cementerio clandestino para encontrar los restos de su
hijo. El Estado debe tomar las riendas del asunto, debe hacerse cargo y
responder dónde están los desaparecidos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante
una licencia de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
“SÓLO QUIEREN JODER AL PUEBLO”, RECLAMAN DAMNIFICADOS A FUNCIONARIOS EN OAXACA
Ciudad de
México | Desinformémonos. 15 septiembre 2017
Los damnificados
del estado de Oaxaca reclamaron al gobernador Alejandro Murat las irregularidades
en la distribución de la ayuda humanitaria ante el sismo de 8.2 grados, y
gritaron “¡fuera!, ¡fuera!” durante un mítin, en el que el funcionario
respondió: “Momento amigo, estoy hablando, estoy en un momento de tragedia.
Aquí es un momento de tragedia”.
“Sólo quieren joder
al pueblo”, acusan los pobladores de las zonas afectadas por el sismo del 7 de
septiembre.
En otro momento,
algunos de los trabajadores del hospital general de Juchitán cuestionaron al
secretario estatal de salud, Celestino Alonso Álvarez, por querer llevarse un
tráiler con víveres que donaron los doctores de Toluca.
“Soy trabajador del
hospital general de Juchitán y pido respeto. No se trata a una mujer así y no
se mienta la madre. Yo lo hubiera hecho con usted (y cómo hubiera reaccionado)”.
Los inconformes
denunciaron que el funcionario de salud llegó al hospital improvisado de
Juchitán para evitar que se continuara con la descarga de la ayuda humanitaria,
pues, dijo, él mismo la iba a repartir.
Los trabajadores
que se opusieron fueron amenazados con que se enviaría a la Marina para que les
quitaran los víveres y los acusarían del robo del trailer. Sin embargo, los
inconformes siguieron con la confrontación y cuestionaron a Alonso Álvarez:
“¿por qué no se ve el apoyo de la Secretaría de Salud y del gobierno del
estado?”.
Momentos después,
una trabajadora explicó que la intención del secretario de Salud era llevarse
los víveres a la base de ciudad Ixtepec. “Los trabajadores del hospital nos
opusimos, se descargó y van a salir unidades móviles para que se repartan las
despensas casa por casa de las familias afectadas y a gente que está durmiendo
en las calles”, señaló la mujer.
Desde hace varios
días, las autoridades y funcionarios han sido acusados de distribuir la ayuda
humanitaria entre sus simpatizantes, mientras que las comunidades más afectadas
por el sismo no reciben lo suficiente o nada para sobrevivir. De acuerdo con la
población oaxaqueña, la única intención del gobierno en la entidad es
evidenciar con fotografías y videos que ayudan, pero poco después se van.
Este material periodístico es de libre acceso y
reproducción. No está financiado por Nestlé ni por Monsanto. Desinformémonos no
depende de ellas ni de otras como ellas, pero si de ti. Apoya el periodismo
independiente. Es tuyo.
CASI MEDIO CENTENAR DURANTE EL MANDATO DE PEÑA NIETO… ¿POR QUÉ MATAN A TANTOS PERIODISTAS EN MÉXICO?
Rel-UITA
La organización
Artículo 19 publicó recientemente un informe [1] sobre la violencia contra la
prensa en México durante el primer semestre del 2017, donde se documenta un
total de 276 agresiones -una cada 15,7 horas-, incluyendo a 6 periodistas
asesinados y 1 desaparecido.
Estas cifras, señala la organización mexicana, representan un incremento del 23 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Más del 50 por ciento de las agresiones fue cometido por funcionarios públicos.
El asesinato de Juan Carlos Hernández Ríos, periodista y colaborador del portal de noticias de Guanajuato La Bandera Noticias, ocurrido el pasado 5 de septiembre, eleva a 10 el número de periodistas asesinados en lo que va del año.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), serían 126 los periodistas asesinados desde el 2000, el 84 por ciento de los cuales (106) durante los mandatos de Felipe Calderón (61) y Enrique Peña Nieto (45).
Desde 2003 hasta mayo de 2017, 24 periodistas han desaparecido[2], un promedio de dos por año.
El 96 por ciento de los comunicadores asesinados cubrían temas relacionados con corrupción y seguridad que involucraban a funcionarios públicos y crimen organizado.
El periódico La Jornada señala que el año pasado, México fue el tercer país con el número más elevado de muertes de periodistas en el mundo, superado únicamente por Siria y Afganistán, dos países en guerra.
Pese a que más de 260 periodistas se han integrado al Mecanismo de Protección creado por el gobierno mexicano, la misma Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce que el mayor número de agresiones contra comunicadores proviene propio de funcionarios públicos.
La CNDH alerta de que más del 90 por ciento de todas las agresiones -incluyendo a las mortales- queda impune.
La violencia homicida afecta especialmente a los periodistas, hombres y mujeres, que trabajan en provincia, en particular en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua.
Trabajo precario e inseguro
Colusión Estado-crimen organizado
“El hecho de que la mayoría de agresiones y asesinatos de periodistas ocurre en la provincia, pone de manifiesto las condiciones de alta precariedad laboral y el estado de indefensión en que se encuentran”, dijo a La Rel, Federico Mastrogiovanni, periodista italiano radicado en México.
“Muchos de ellos investigan temas delicados, señalando las relaciones estructurales que existen entre instituciones locales y federales, capital trasnacional y el crimen organizado, en un contexto de profunda vulnerabilidad donde las autoridades pueden actuar con impunidad absoluta”, agregó Mastrogiovanni.
Para el autor del libro y documental Ni vivos ni muertos[3] sobre el drama de la desaparición forzada en México, la impunidad no sólo lleva a la repetición crónica de los actos delictivos, sino que es parte integral de la violencia institucional contra la libertad de expresión.
“Se trata de un sistema de dos vías: por un lado instituciones profundamente agresivas contra los periodistas y, por el otro, un sistema judicial inoperante y negligente que muchas veces hasta se dedica a entorpecer las investigaciones”, explicó Mastrogiovanni.
Sistema de protección a periodistas
“Es una farsa”
Pese a una situación que se vuelve cada día más complicada, el periodista italiano asegura que el sistema de protección a periodistas[4] creado por el gobierno no sería más que una farsa.
“Quieren aparentar cierto compromiso con la libertad de expresión y la seguridad de periodistas, pero al final sirve sólo y exclusivamente para enriquecer aún más a los funcionarios públicos”, lamentó.
“¿Cómo vamos a poder confiar en instituciones y funcionarios que todas las investigaciones señalan como los principales responsables de las agresiones contra el gremio periodístico?”, se preguntó Mastrogiovanni.
Contextualizar cada agresión
“Así se defiende la libertad de expresión”
Si bien considera muy importante denunciar nacional e internacionalmente cualquier tipo de agresión contra la prensa, el también catedrático de la Universidad Iberoamericana señaló a La Rel la importancia de analizar la especificidad de cada acto de violencia.
“La mejor manera para defender la libertad de expresión y hacer justicia es tratar de entender el micro contexto en el que se dan las agresiones y los asesinatos de periodistas.
No podemos medir a todos por el mismo rasero. Cada caso es diferente y cada territorio tiene sus dinámicas internas.
Sólo así -continuó Mastrogiovanni- podremos denunciar con la justa fuerza la relación directa entre la violencia contra periodistas y la connivencia entre poderes económicos, instituciones y crimen organizado”, concluyó.
Notas
[1] https://articulo19.org/informesemestral2017/
[2] https://articulo19.org/periodistasdesaparecidos/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=C4YsPZUj05I
[4] Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Fuente: Rel-UITA
Estas cifras, señala la organización mexicana, representan un incremento del 23 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Más del 50 por ciento de las agresiones fue cometido por funcionarios públicos.
El asesinato de Juan Carlos Hernández Ríos, periodista y colaborador del portal de noticias de Guanajuato La Bandera Noticias, ocurrido el pasado 5 de septiembre, eleva a 10 el número de periodistas asesinados en lo que va del año.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), serían 126 los periodistas asesinados desde el 2000, el 84 por ciento de los cuales (106) durante los mandatos de Felipe Calderón (61) y Enrique Peña Nieto (45).
Desde 2003 hasta mayo de 2017, 24 periodistas han desaparecido[2], un promedio de dos por año.
El 96 por ciento de los comunicadores asesinados cubrían temas relacionados con corrupción y seguridad que involucraban a funcionarios públicos y crimen organizado.
El periódico La Jornada señala que el año pasado, México fue el tercer país con el número más elevado de muertes de periodistas en el mundo, superado únicamente por Siria y Afganistán, dos países en guerra.
Pese a que más de 260 periodistas se han integrado al Mecanismo de Protección creado por el gobierno mexicano, la misma Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce que el mayor número de agresiones contra comunicadores proviene propio de funcionarios públicos.
La CNDH alerta de que más del 90 por ciento de todas las agresiones -incluyendo a las mortales- queda impune.
La violencia homicida afecta especialmente a los periodistas, hombres y mujeres, que trabajan en provincia, en particular en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua.
Trabajo precario e inseguro
Colusión Estado-crimen organizado
“El hecho de que la mayoría de agresiones y asesinatos de periodistas ocurre en la provincia, pone de manifiesto las condiciones de alta precariedad laboral y el estado de indefensión en que se encuentran”, dijo a La Rel, Federico Mastrogiovanni, periodista italiano radicado en México.
“Muchos de ellos investigan temas delicados, señalando las relaciones estructurales que existen entre instituciones locales y federales, capital trasnacional y el crimen organizado, en un contexto de profunda vulnerabilidad donde las autoridades pueden actuar con impunidad absoluta”, agregó Mastrogiovanni.
Para el autor del libro y documental Ni vivos ni muertos[3] sobre el drama de la desaparición forzada en México, la impunidad no sólo lleva a la repetición crónica de los actos delictivos, sino que es parte integral de la violencia institucional contra la libertad de expresión.
“Se trata de un sistema de dos vías: por un lado instituciones profundamente agresivas contra los periodistas y, por el otro, un sistema judicial inoperante y negligente que muchas veces hasta se dedica a entorpecer las investigaciones”, explicó Mastrogiovanni.
Sistema de protección a periodistas
“Es una farsa”
Pese a una situación que se vuelve cada día más complicada, el periodista italiano asegura que el sistema de protección a periodistas[4] creado por el gobierno no sería más que una farsa.
“Quieren aparentar cierto compromiso con la libertad de expresión y la seguridad de periodistas, pero al final sirve sólo y exclusivamente para enriquecer aún más a los funcionarios públicos”, lamentó.
“¿Cómo vamos a poder confiar en instituciones y funcionarios que todas las investigaciones señalan como los principales responsables de las agresiones contra el gremio periodístico?”, se preguntó Mastrogiovanni.
Contextualizar cada agresión
“Así se defiende la libertad de expresión”
Si bien considera muy importante denunciar nacional e internacionalmente cualquier tipo de agresión contra la prensa, el también catedrático de la Universidad Iberoamericana señaló a La Rel la importancia de analizar la especificidad de cada acto de violencia.
“La mejor manera para defender la libertad de expresión y hacer justicia es tratar de entender el micro contexto en el que se dan las agresiones y los asesinatos de periodistas.
No podemos medir a todos por el mismo rasero. Cada caso es diferente y cada territorio tiene sus dinámicas internas.
Sólo así -continuó Mastrogiovanni- podremos denunciar con la justa fuerza la relación directa entre la violencia contra periodistas y la connivencia entre poderes económicos, instituciones y crimen organizado”, concluyó.
Notas
[1] https://articulo19.org/informesemestral2017/
[2] https://articulo19.org/periodistasdesaparecidos/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=C4YsPZUj05I
[4] Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Fuente: Rel-UITA
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante
una licencia de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
13 de septiembre de 2017
MUJERES EXCEDEN SU LIBERTAD Y POR ESO LAS DESAPARECEN: RECTOR DE LA UMAD
Qué ignorante tiene que ser una persona
para decir que las mujeres exceden su libertad y por eso las desaparecen? Es
momento de dejar de estar juzgando y revictimizando a las mujeres por las
decisiones que toman y mejor enfocarse en lo importante: nos están
desapareciendo.
Una gran falta de responsabilidad social por parte de universidad y empatía hacia la víctima y sus familiares.
Para llorar!!!! — en Universidad Madero.
Una gran falta de responsabilidad social por parte de universidad y empatía hacia la víctima y sus familiares.
Para llorar!!!! — en Universidad Madero.
_______________________________
MUJERES EXCEDEN SU LIBERTAD Y POR ESO LAS
DESAPARECEN: RECTOR DE LA UMAD
"Para mí se debe a la descomposición
de la sociedad y a las libertades que las chicas tienen”.
El rector de la Universidad
Madero (UMAD), Job César Romero, responsabilizó a las mujeres de tener la
culpa en ser víctimas de feminicidios o desaparecer, pues consideró que eso se
deriva por el libertinaje en el que han caído. "
"Para mí se debe a la descomposición
de la sociedad y a las libertades que las chicas tienen. Ahora, cualquiera de
ellas puede salir a muy altas horas de la noche, puede regresar. Ellas han ido
ganando espacios en las familias para tener esa libertad, esa autonomía para
viajar en su carro o en otros medios. Yo creo que en esa libertad, y en
descomposición de la sociedad, se vuelven presas", dijo.
Esta declaración se da en medio del
escándalo de la desaparición de Mara Fernanda quien después de abordar una
unidad de Cabify la madrugada del viernes tras salir de un bar, ya no llegó a
su casa.
Para dicho rector, hoy en día, las
mujeres "tienen libertad pero no tienen disciplina".
Por ello consideró que no es necesaria
la alerta de género, al asegurar que en muchas ocasiones las desapariciones de
mujeres ocurren por problemas familiares.
"Este tipo de problemas se dan por
personas cercanas a ellas, entonces no podría haber un policía en la
casa", expresó.
Cabe mencionar que en lo que va del año
se han registrado más de 250 casos de mujeres desaparecidas en todo el estado y
70 feminicidios.
DESTINAN MÁS DINERO PARA ELLOS QUE PARA LOS DAMNIFICADOS
A pesar de
que el presupuesto aprobado para la Cámara de
Diputadosasciende a 7 mil 629 millones de pesos donarán sólo 1
millón 228 mil pesos a la población afectada por el terremoto del pasado
jueves.
Miércoles
13 de septiembre
Es decir, la donación por cada
legislador será de 2 mil 457 pesos, lo que resulta una burla viendo que tan
sólo destinan 4 mil 700 millones de pesos a salarios y que cada uno de los
quinientos diputados gana 148 mil 297 pesos al mes justificados en
"dieta", "asistencia legislativa" y "atención
ciudadana".
El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) donó la mitad del salario mensual de sus 205 diputados, en
un esfuerzo seguramente por "recuperar" la credibilidad de la
población. Lucrando con la pobreza como lo hacen en cada elección.
En Nuevo León también denunciaron
al PRI por colgarse de la entrega de víveres para desviar recursos y lucrar
políticamente.
Peña Nieto
visitó algunas zonas afectadas por el sismo de 8.2 grados, sin embargo fue señalado en redes
sociales por comentarios racistas. Además la población denunciaba que los
políticos sólo van por la foto, reparten los víveres sin ninguna planeación y
se regresan por donde vinieron.
El gobierno
federal no sólo está más cuestionado por no garantizar las mínimas condiciones
para vivir dignamente sino que frente a esto se hace notar la organización de
sectores de la población que de norte a sur del país hace un gran esfuerzo por
llevar ayuda a los estados de Oaxaca y Chiapas.
No permitamos que el gobierno
lucre con la necesidad de la gente.
DIEZ CLAVES DEL SISMO DE 8.2 GRADOS QUE GOLPEÓ AL MÉXICO DE LOS DE ABAJO
TERREMOTO
Las
autoridades se congratulan porque el sismo no provocó la devastación del
terremoto de 1985, aunque fue mayor la magnitud. Pero la realidad es que golpeó
rudamente a la clase trabajadora y los sectores populares de Chiapas y Oaxaca,
ambos con alto índice de pobreza.
México D.F |
Martes 12 de septiembre |
20:18
Foto principal:
Ríodoce
1. El sismo se produjo el 7 de
septiembre a las 23:49 de la noche (hora del centro de México). El epicentro
fue a 133 km de Pijijiapan, Chiapas, a una profundidad de 58 kilómetros. Se
sintió en el sur y en el centro del país. Hasta las 5:30 del martes 12 de
septiembre se registraron 1,266 réplicas, la mayor de 6.1 grados de magnitud.
Se combinó con las lluvias intensas de esta temporada de huracanes.
2. El saldo
de muerte y devastación golpea en Oaxaca, en especial en la región del istmo de
Tehuantepec. Son 98 los muertos y 800,000 personas resultaron damnificadas.
Respecto a los años materiales, según el recuento preliminar, hay al menos 74
tramos carreteros con daños, 40,000 casas dañadas, 324 escuelas afectadas. No
hay contabilización de edificios gubernamentales y del sector salud, pero parte
importante del hospital de Juchitán, uno de los municipios más afectados, se
derrumbó.
Cuarenta y un municipios resultaron
afectados: entre ellos Juchitán, Unión Hidalgo, Asunción Ixtaltepec y Santiago
Astata, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, San Mateo del Mar, Santa María
Huamelula, Santiago Niltepec, Santa María Xadani, Ciudad Ixtepec, Ixtaltepec,
Santiago Lachiguiri y Guevea de Humboldt.
Varias carreteras de la zona Mixe
quedaron arruinadas, colapsaron cientos de viviendas, vías bloqueadas por
deslaves, pérdidas de cultivos y corte de energía eléctrica.
2. A su vez, en Chiapas hay 16
muertos. Son 111 los municipios afectados –entre ellos Tuxtla Gutiérrez (la
capital estatal), Tonalá, Parral, Venustiano Carranza, Acapetahua, Emiliano
Zapata, San Cristóbal de las Casas, Jiquipilas, Villacorzo, Pijijiapan,
Suchiapa, Villaflores, Chiapa de Corzo y Cintilapa– y 1,479,475 personas
damnificadas. En cuanto a los daños materiales, hay 40,663 viviendas afectadas,
de las cuales 34,621 resultaron con daños parciales y 6,012 colapsaron. También
resultaron dañadas mil escuelas de todos los niveles educativos, 48 inmuebles
del sector salud, 29 edificios públicos, 198 tramos carreteros, 11 puentes
federales y estatales.
3. En Tabasco, cuatro personas
murieron y hay al menos 163 edificios afectados, la mayoría en el municipio
Centro, y otros en Balancán, Nacajuca y Teapa, y 13 escuelas con daños. También
se registró una cuarteadura en el libramiento de Villahermosa, la capital estatal.
A esto se suman numerosas escuelas afectadas en otros estados: 78 en Puebla, 18
en Veracruz, 52 en Guerrero, 14 en Estado de México.
4. Mientras
tanto, en la Ciudad de México –donde la alarma sísmica funcionó en algunas
partes de la capital y en otras no– según las autoridades hay 20 escuelas
afectadas. Pero no cuentan la enorme cantidad de edificios que están cuarteados
y han quedado con graves afectaciones desde el sismo de 1985. Una bomba de
tiempo, porque se trata de construcciones que pueden colapsar en cualquier
temblor. La tragedia no pasó a mayores en la capital mexicana solamente porque
la separan del epicentro del sismo 700 kilómetros, contra los 400 que había en
el caso de 1985.
5. La respuesta gubernamental fue
el establecimiento del programa DNIII, que consiste en el despliegue de las
fuerzas represivas en los lugares más afectados. Una verdadera provocación:
apenas el 6 de septiembre el presidente había visitado Oaxaca y fue recibido
con una combativa movilización del magisterio de la sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, contra la represión
gubernamental y por justicia para los muertos en Nochixtlán, la masacre llevada
a cabo por la gendarmería en 2016, en el marco de la lucha contra la reforma
educativa.
6. Mientras los altos funcionarios
posan para la foto, la clase trabajadora y los sectores populares son quienes
sufren las consecuencias del sismo. Indigna la indolencia de los de arriba. Se
pudo ver a la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, arreglada como para un
casting en medio de las pocas despensas que se van a entregar. También a Anahí,
ex cantante y esposa de Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, que en un
video de su recorrido por zonas afectadas remarcaba que estaba “muy
despeinada”, “muy fea”. Indigna también el llamado del presidente a las grandes
constructoras para las tareas de reconstrucción: las que hacen obras públicas
con fallas que ponen en riesgo la vida de millones de trabajadores y usuarios
de carreteras, hospitales, transporte públicos, viviendas sociales.
7. Resalta la desconfianza que hay
frente al gobierno. Indígenas zapotecas denunciaron que la ayuda no llega, así
como pobladores de numerosos municipios de zonas rurales, como el caso de San
Mateo del Mar. A su vez, maestros de Chiapas denunciaron que los elementos de
protección civil –también a cargo del reparto de ayuda, a discreción de las
autoridades– son los mismos que les tiraron gases lacrimógenos en mayo de 2016
y asesinaron al maestro David Gemayel, durante protestas contra la reforma
educativa.
8. Quienes han demostrado su
solidaridad y están organizando la ayuda efectiva, la que sí llega, son los de
abajo. Por un lado, maestras y maestros desplegaron brigadas de ayuda en
Chiapas y Oaxaca, al mismo tiempo que organizaron acopios en esas entidades,
así como en la Ciudad de México. Por otro, migrantes centroamericanos que están
en viaje hacia Estados Unidos para conseguir trabajo allá, constituyeron
brigadas de rescate en las zonas más afectadas por el temblor. Grandes ejemplos
de solidaridad de clase, que recuerdan lo mejor de la tragedia de 1985.
9. El
gobierno y sus instituciones remarcan una y otra vez que no se pueden predecir
los sismos. Que es un fenómeno natural y que permanentemente hay riesgo de
terremotos. Pero no es natural que la mayoría de la población habite en
viviendas precarias, que los hospitales y las escuelas están construidos con
materiales deficientes. Son consecuencia de la corrupción y la indolencia
criminal de los gobiernos al servicio de los empresarios, que no garantizan las
condiciones de vivienda, de infraestructura, comunicación y seguridad básicas
para la mayoría de la población.
10. Es necesario alzar la voz y
denunciar a los gobiernos, instituciones y partidos al servicio de los
magnates. Así como llamar a la solidaridad nacional e internacional con las
víctimas del sismo. A los ojos de las mayorías se evidenció otra vez al
servicio de quién gobierna Peña Nieto y los partidos tradicionales.
Para prevenir estas catástrofes
–sean sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas– con
infraestructura y vivienda digna y segura para la clase trabajadora y los
sectores populares, es indispensable enfrentar a este régimen político al
servicio de las trasnacionales, los empresarios y el imperialismo estadounidense,
en el camino de construir, con la lucha y la organización independiente de los
partidos patronales, un futuro donde ninguna persona sea explotada ni oprimida.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)