¿Dónde está Santiago
Maldonado?" Esa es la pregunta que se vienen haciendo los argentinos desde
hace ya un mes, y que impulsó la movilización del día 2 de agosto en la que
miles de personas se reunieron para exigir la aparición con vida del
desaparecido. Días antes, en México, los ciudadanos se movilizaban para pedir
la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas Cometida
por Particulares. Ambas protestas ponen en evidencia la realidad de una región
donde los problemas suelen estar en sincronía.
América Latina suele estar en el centro
de atención por sus noticias relacionadas a la corrupción y a la impunidad. Si
bien los países de la región suelen buscar diferenciarse entre sí y destacarse
por sus progresos, la realidad es que no pueden escapar de las críticas y de
los casos que los conectan con sus vecinos. Las desapariciones forzadas son,
precisamente, una de las preocupaciones compartidas en la región.
Tal como lo denunció la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), a través de un comunicado difundido en ocasión del
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, “es inadmisible
que, en el 2017, se sigan produciendo desapariciones forzadas”.
Existe una estrecha relación entre la
violación de los derechos humanos y la impunidad. La desaparición forzada de
una persona es la privación de la libertad cometida por un funcionario público.
Y si no existe un sistema donde se castigue el abuso de poder, la impunidad se
seguirá cobrando las vidas de los desaparecidos.
Tal como ocurre en México, donde las
madres de desaparecidos se reúnen para buscar los cadáveres de sus hijos en
fosas clandestinas, mientras el Estado no les ofrece ningún recurso. De hecho,
el Estado mexicano ni siquiera tiene contabilizadas a las víctimas de
desapariciones forzadas.
Existen cifras oficiales sobre personas
desaparecidas pero éstas no distinguen entre secuestros, desapariciones
forzadas o extravíos. Según los datos presentados por el Registro Nacional de
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay 30.973 personas
desaparecidas en México.
Uno de los casos más recientes de
desapariciones forzadas en México es el de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa, quienes desaparecieron en 2014 tras ser atacados
por la policía municipal y el ejército mexicano de Iguala y hasta el día de
hoy, se desconoce su paradero.
“Las desapariciones forzadas, que en su
día fueron principalmente producto de dictaduras militares, pueden perpetrarse
hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como
método de represión política de los oponentes”, advierte la ONU. Lo que
demuestra que, sin dudas, las desapariciones forzadas contribuyen al detrimento
del sistema democrático.
La falta de cifras oficiales demuestra
el desinterés de un gobierno que no se preocupa por contabilizar los casos. No
sólo no se sabe cuántos son exactamente los casos de desapariciones forzadas,
sino que tampoco se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para dar con
el paradero de las personas.
La indiferencia frente a estos casos
demuestra por qué a México lo denominaron “el país de América Latina con mayor
impunidad”. El país encabeza el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017,
presentado por la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP), siendo el
cuarto a nivel mundial. El informe incluye 69 países a nivel mundial y analiza
los sistema de justicia de cada uno, para luego identificar cuáles son aquellos
países con mayor impunidad. Las fallas de seguridad y justicia son algunas de
las razones que han condicionado el posicionamiento de México en el
listado.
El aumento de los casos de
desapariciones forzadas es un retroceso en un camino hacia la democracia. Pero
para poder abarcar este problema, es necesario primero ir contra el sistema
estructural de corrupción y contra la impunidad. Ninguna persona puede
desaparecer sin razón. Como así tampoco, ninguna madre debe ser la encargada de
remover la tierra de un cementerio clandestino para encontrar los restos de su
hijo. El Estado debe tomar las riendas del asunto, debe hacerse cargo y
responder dónde están los desaparecidos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante
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