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Hay dos acciones que son indispensables para que el
Estado mexicano pueda demostrar su voluntad de combatir la desaparición
forzada: la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición
por Particulares, y el reconocimiento del artículo 31 de la Convención
Internacional de la ONU para la protección de todas las personas Contra las
Desapariciones Forzadas.
Es indudable que una de las marcas negativas que
pesan sobre la actual administración federal es la desaparición de personas, ya
sea porque se habla de episodios emblemáticos de desapariciones forzadas –como
en el caso Ayotzinapa– o por la
abultada cifra que da cuenta de la extensión de este fenómeno con más de 33 mil casos de acuerdo con el
registro oficial.
De estos casos reconocidos oficialmente –que por
supuesto, no contemplan la cifra negra por la falta de denuncia-, ni siquiera
es claro cuántos casos son desapariciones forzadas, cuántos desapariciones
intencionales y cuántos desapariciones por otras causas. En México se carece de
un registro confiable de estadísticas relativas a la desaparición o no
localización de las personas, lo que agrava la situación e impide tener un
adecuado diagnóstico en la materia.
Diversas instancias internacionales han evidenciado la grave crisis de
derechos humanos que vive el país, sin embargo, la mayoría de
los diagnósticos han sido rechazados por el Gobierno mexicano. En su visita a
México de octubre de 2015, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, apuntó que: “El fracaso de la policía, del
sistema de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les
sucedió y, sobre todo, de los sucesivos gobiernos y del sistema político en su
conjunto para detener estos crímenes no sólo es lamentable, es profundamente
trágico. Trágico para las personas involucradas, y trágico para el país
entero”.
El Centro Prodh, en conjunto con otras
organizaciones, acompaña a víctimas de desaparición forzada; hemos documentado
casos emblemáticos de nuestra historia contemporánea – como Ayotzinapa- , pero
también de la llamada “Guerra sucia”. Nuestra conclusión, compartida por otras
organizaciones de la sociedad civil y por organismos internacionales de
derechos humanos, es que es la impunidad en las desapariciones cometidas
en décadas pasadas ha sido un factor
determinante en la extensión que presenta hoy este fenómeno.
En este contexto, hay dos acciones que son
indispensables para que el Estado mexicano pueda demostrar su voluntad de
combatir este crimen, que azota a franjas cada vez más amplias de la población:
la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por
Particulares, de acuerdo con las exigencias de las familias, y
el reconocimiento del artículo 31 de la Convención Internacional de la ONU para
la protección de todas las personas Contra las Desapariciones Forzadas.
Hace casi una década que México ratificó la
Convención, pero manifestó su reserva respecto del artículo 31, que reconoce la
competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas
por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que
alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte. De reconocerse, esto
permitiría que las víctimas directas e indirectas de una desaparición en lo
individual pudiera acceder a la protección del Comité.
Hoy en día, sin el reconocimiento de la competencia
del Comité, las víctimas de desaparición forzada en México están impedidas de
enviar comunicaciones al mismo para que éste pueda examinarlas y emitir
decisiones al respecto.
El reconocimiento a este artículo será, sin ninguna
duda, una herramienta valiosísima para defender los derechos de las personas
víctimas –directas o indirectas- de una desaparición. Así, la Oficina en México
del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos lanzó la campaña ¡Defendamos hoy los derechos de las
personas desaparecidas! #ReconocimientoYA, en la que nos unimos con las voces
de víctimas, las organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos
autónomos de derechos humanos, intelectuales y artistas.
Estamos convencidos de que es de primera
importancia dotar a las víctimas de más y mejores herramientas para detener
este flagelo y obtener justicia. Por eso, desde el Centro Prodh nos hemos unido a
la campaña y llamamos a que el Ejecutivo federal, en la última
recta de su administración, reconozca el artículo 31 ¡ya!
Centro Prodh
El Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una organización civil dedicada a la
defensa y promoción de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Su enfoque
principal es el de favorecer los derechos de los grupos más excluidos de la
sociedad. Buscamos hacer visibles los aspectos de la vida pública que deben ser
mejorados, a fin de garantizar la dignidad de todas las personas. Nuestra tarea
cotidiana nos implica enfrentarnos a diversos intereses y luchar porque el
Estado asuma su responsabilidad en áreas que no considera prioritarias. Nos
anima la fuerza de las personas que a pesar de haber sido violentadas en su
dignidad mantienen firme su exigencia de que los derechos humanos sean una
realidad no sólo en su propia vida sino en la de todas las personas.
#CentroProdhseptiembre
29 2017 13:31
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