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Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un
burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas
que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El
dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.
Por eso está en la cárcel. Pero el
exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.
El gobierno federal, a través de 11
dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de
pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal
Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron
contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe
dónde quedaron 3 mil 433 millones.
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron
entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos
públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para
dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no
existen.
La Secretaría de Desarrollo Social,
con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del
Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las
tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior
de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude
millonario.
Este fraude, eso sí, es más
sofisticado del que usó Javier Duarte.
La diferencia radica en que aquí el
gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero
los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas.
Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de
pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.
Este primer paso ya había sido
detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había
calificado de ilegal.
Animal Político y MCCI decidieron
seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos
montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.
Luego de reportear en seis estados,
revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la
investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a
empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más
fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para,
supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia
documental de que estos hayan existido.
Estas son las pruebas y los
testimonios de este fraude millonario.
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