Por Agencias
NVI Noticias | Oaxaca.
Sin consulta previa, libre e informada
con los dueños ancestrales de las tierras y sin importar que afectará a la
biodiversidad.
Sin una consulta previa, libre e informada con los
dueños ancestrales de las tierras y sin importar que afectará a la gran
biodiversidad que caracteriza a Oaxaca, la Secretaría de Economía (SE) entregó
389 títulos de concesión minera entre enero de 2002 a junio de 2011,
principalmente a compañías canadienses y estadunidenses, para la explotación de
oro, plata, plomo, zinc y cobre, en una superficie de 742 mil 791.02 hectáreas,
que equivale al 7.78 por ciento del territorio estatal.
Aunque a la SE no le importó que las concesiones
otorgadas estén dentro de los bosques de la Sierra Norte, las selvas de los
Chimalapas, en el destino de playa de Puerto Escondido e incluso, hasta en
Santa María Huatulco, donde se localiza el desarrollo turístico sustentable y
hasta un área natural protegida.
Estos títulos de concesión, distribuidas en las
ocho regiones, pertenecen fundamentalmente a 13 empresas canadienses y dos
estadounidenses, con vigencia hasta los años 2023, 2039, 2059, 2050 y 2062.
De estas, se han generado 33 proyectos mineros,
pero solamente dos están en la etapa de explotación comercial. El primero,
denominado El Ãguila de la empresa estadunidense Gold Resource Corp,
localizado en San Pedro Totolapan, y el segundo, San José de la empresa
canadiense Fortuna Silver Mines, ubicado en San José del Progreso.
Desconocimiento de comunidades
Sin embargo, la gran mayoría de municipios, ejidos o comunidades agrarias de diferentes pueblos indígenas, no cuentan con información sobre la existencia de una o más concesiones mineras en su territorio, porque no se generó ningún proceso de consulta para obtener su consentimiento.
El coordinador general de Servicios del Pueblo Mixe (SER-Mixe), Marcelino Nicolás Sánchez, experto en derecho indígena, la minería se ha convertido en una industria floreciente en México porque según las cifras del Banco de México (Banxico), sus ingresos pasaron de una década del quinto al tercer lugar como generadora de divisas, aunque por debajo de los ingresos petroleros y de la industria automotriz.
No obstante "€“subrayó"€“, ni el Banxico ni las compañías mineras han reportado que el crecimiento "€œse ha fincado en la destrucción del medio ambiente y sobre todo, pasando por encima de los derechos de los dueños de las tierras, los campesinos y los pueblos indígenas"€.
Para esto, mencionó que las compañías mineras cuentan con un marco normativo afín, instituciones públicas a su servicio y políticas en favor de sus intereses, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
"€œEs decir, la Ley minera que declara toda la actividad minera de utilidad pública, preferente a cualquier otro uso del terreno y excluida de todo impuesto estatal o municipal"€, señaló.
Además, destacó que los títulos de concesión no reconocen el derecho al territorio de los pueblos y comunidades indígenas, a pesar de estas dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con validez en el territorio mexicano.
Manoseo de organizaciones sociales
El coordinador general de Servicios parauna Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid subrayó que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a decidir sobre el uso, aprovechamiento y administración de los recursos naturales, incluida la minería.
Pero, a la hora de otorgar las concesiones a las empresas extranjeras, la SE "€œno los respeta y así se genera una violación a sus derechos"€, refirió.
Por eso, destacó que cada día más comunidades campesinas y pueblos indígenas se oponen a la exploración y explotación de las minas en sus territorios, porque representa la destrucción de sus lugares sagrados, la contaminación de sus ríos y la contaminación del medio ambiente.
Resaltó que las mineras canadienses han convertido a Oaxaca en su centro de explotación y exploración, no solamente por la priorización de la inversión extranjera como política de desarrollo, sino también debido al endurecimiento de las leyes en su propio país y en Europa, por las afectaciones ocasionadas al medio ambiente.
"€œEn esos países, se restringe la operación de las minas a cielo abierto, por el uso intensivo de explosiones y por los lixiviados de cianuro y otros, en el lavado del material, pero eso no sucede en México" citó.
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