13 de febrero de 2019

SUSANA PRIETO SE HA CONVERTIDO EN LÍDER DEL “MOVIMIENTO 20-32”


El movimiento de la litigante surgió en el 2018 en Ciudad Juárez, Chihuahua, posteriormente por un video subido a redes sociales que alcanzó 1 millón 700 mil reproducciones llegó a Tamaulipas
La abogada juarense, Susana Prieto Terrazas, quien ha fungido como representante del movimiento obrero de Matamoros denominado “20-32”, aseguró que el conflicto surgió y creció por el hartazgo obrero provocado por los abusos empresariales.
En entrevista con El Sol de Tampico, aseguró que “estoy asesorándolos de manera gratuita sobre sus derechos a todos los trabajadores de la franja fronteriza que han sido robados por parte de sus patrones, quienes se negaron a doblar el salario mínimo, según el decreto emitido por el presidente de la República, les han quitado sus bonos de puntualidad, asistencia, despensa, protección y fondo de ahorro con diferentes tácticas y se los han indexado al salario”.
Lo calificó como “el robo del siglo por parte de los patrones, los trabajadores tienen la acción de rescindir el contrato de trabajo, es decir separarse del trabajo y demandar el pago de su indemnización”.
La acción de Prieto Terrazas ha sido criticada por el sector productivo, a quien califican de instigadora y provocadora de estos paros.
El movimiento de la litigante surgió en el 2018 en Ciudad Juárez, Chihuahua, posteriormente por un video subido a redes sociales que alcanzó 1 millón 700 mil reproducciones llegó a Tamaulipas iniciando el 12 de enero acciones contra empresas del Sindicato de Jornaleros y Obreros de la Industria Maquiladora en Matamoros, posteriormente área petroquímica y comercial.
Sostiene que los trabajadores pueden proceder legalmente “pero no quieren demandar a los patrones ni terminar su relación de trabajo, lo que quieren es que se les regresen sus prestaciones y se cumpla con el decreto por eso están surgiendo estos movimientos”.
Consideró intransigente la postura de las empresa, aprovechándose de la necesidad de trabajo de los obreros “el patrón no está haciendo ningún favor... están utilizando a los trabajadores como tapete”.
Desde la frontera de Tamaulipas -dijo- tomará fuerza el movimiento obrero “Matamoros ha sido el abanderado para todos los trabajadores de toda la franja fronteriza de las 42 ciudades beneficiadas con el decreto de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de doblar el salario mínimo o de allegar los salarios que no alcanzan 176.72”.
Terrazas descartó estar impulsada por intereses políticos “absolutamente no, yo no tengo el apoyo de nadie y toda la gente desinformada en el centro porque tuvimos cerco mediático aquí en Matamoros”.
“La licenciada” como le llaman en esta ciudad fronteriza puntualizó que “a los trabajadores les robaron todo, el bono de puntualidad, asistencia, bono único, fondo de ahorro pero también les robaron el miedo, y si les robaron el miedo cuidado porque ahora sí todos andan como ‘mariquitas’ llorando, que se aguanten porque si aquí hay ladrones son los patrones de la franja fronteriza del país”.
La presencia de Susana Prieto ha superado incluso a los sindicatos “no tenemos nada que ver con ningún sindicato, con ningún político, con ningún gobierno, con nada, no nos importa lo que digan los sindicatos, nos importan los trabajadores”.
ASÍ LO DIJO“Los trabajadores están más allá de sus líderes sindicales, esa es la importancia histórica de este movimiento”.Susana Prieto Terrazas

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO REAPARECE CONTRA GUARDIA NACIONAL DE AMLO

Acustik Noticias
La inteligencia del Estado mexicano identifica al Ejército Popular Revolucionario (EPR) como uno de los siete grupos armados con reivindicaciones sociales y políticas –para no llamarlos guerrilla– que operan en el país.
Apareció en México en 1996 y desde entonces ha tenido contadas presentaciones públicas y ataques contra bases militares y oleoductos. Entre ellos, uno a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Querétaro en julio de 2007.
Tras años de silencio, el EPR reapareció esta semana con un comunicado publicado en su órgano oficial El Insurgente, en el que rechaza la creación de la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, descalifica toda su política, tachándolo de ‘político de oficio’, pues durante su campaña pidió el regreso de los militares a sus cuarteles y hoy procede en sentido contrario, impulsando una Guardia Nacional, la cual ‘es un viejo plan con otro nombre que tiene sus antecedentes desde el sexenio de Ernesto Zedillo y se inscribe en una política contrainsurgente’.
En el documento puede leerse:
La conformación de la Guardia Nacional constituye la continuidad del Estado policiaco militar y el reforzamiento de la militarización en todo el territorio nacional, aquella existe de facto y opera en diferentes estados de la República aún sin la formalidad constitucional”.
EL EPR durante una de sus apariciones públicas en Guerrero. (Foto: Cuartoscuro)
Asimismo, advierte que el marco jurídico del nuevo cuerpo de seguridad –integrado por policías militares, navales y federales– en realidad difiere en nada de la Ley de Seguridad Nacional, que nació y murió en 2018, y que pretendía regular las operaciones militares en tareas de seguridad pública.
También critica la política del perdón que propone López Obrador en referencia a posibles delitos cometidos por expresidentes y exfuncionarios, al considerar que esta convalida la impunidad, sobre todo en casos de desaparición forzada.
Al respecto, el EPR asegura que la política de ‘punto y aparte’, como la ha llamado López Obrador, ‘conduce a los mismos derroteros de violencia de Estado e impunidad’ que los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
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De acuerdo con información de Infobae, el Ejército Popular Revolucionario apareció por primera vez el 28 de junio de 1996, durante un acto público de memoria que conmemoraba el primer aniversario de la llamada matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en la que diecisiete campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron acribillados por grupos paramilitares.
Desde entonces se ha mantenido activo, aunque poco visible, y reclama a las autoridades la presunta desaparición forzada de dos de sus integrantes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes, ocurrida en 2007.
Una de las últimas actividades ocurrió a mediados de noviembre de 2014, cuando el grupo armado se atribuyó la explosión de artefactos en una tienda de autoservicio de Ecatepec, Estado de México, donde no hubo víctimas, pero sí muchos destrozos.
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Con información de El Sol de México, Infobae y Excélsior.
Fotografías de El Sol de México e Infobae.
ENLACE:

12 de febrero de 2019

CON LA POLÍTICA DEL ACTUAL GOBIERNO LOS CUERPOS POLICÍACOS MILITARES SE LES MANTIENE EN LAS CALLES Y EXTIENDE EL MANTO DE IMPUNIDAD; EN LUGAR DE ENJUICIAR Y CASTIGAR A LOS PERPETRADORES DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

¡Por nuestros camaradas proletarios!                                             ¡Resueltos a vencer! El insurgente

EDITORIAL

La crisis del régimen político mexicano sigue viva, en paralelo a ella como parte de un mismo fenómeno se gesta una nueva espiral de la crisis económica en el país, mientras tanto, la política del gobierno mexicano prioriza en primer orden los intereses capitalistas y subordina los de carácter popular a la sombra de los primeros. 

La lucha contra la corrupción en general y en particular contra el hurto de los hidrocarburos orquestado desde las instituciones del régimen por políticos de oficio, cúpula policíaco militar y grupos de poder oligárquico, constituye nítida expresión de las contradicciones intestinas e interburguesas en el seno del Estado burgués mexicano, fiel reflejo del reacomodo oligárquico y magnitud de la crisis política que enfrenta el régimen. 

Como parte de este fenómeno las medidas de “austeridad republicana” y la cantidad que se espera obtener de los recursos en disputa, el gobierno que encabeza López Obrador pretende subsanar el déficit en las finanzas públicas del Estado mexicano para ejercer una mejor administración de los intereses de la burguesía que representa y objetivar sus medidas mediatizadoras de la voluntad popular de combatir. El déficit en las finanzas públicas no es fortuito, una de las causales de origen y desarrollo es mantener el Estado policíaco militar como principal puntal del régimen, aspecto de la política de Estado en continuidad con el nuevo gobierno al empeñarse en imponer de una u otra forma la Guardia Nacional y delegarle en hecho mayor poder político a las Fuerzas Armadas. La tragedia de Tlahuelilpan Hidalgo donde una vez más el pueblo pone los muertos y heridos, tiene causales en la política del nuevo gobierno, en consecuencia, es el Estado el responsable de este acontecimiento trágico, al respecto el gobierno como en otros sexenios pretende endosarlo a la mítica delincuencia organizada para eximirse de su responsabilidad. Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no han cesado, son parte del terrorismo de Estado que sigue cobrando víctimas en todo el país, aspecto de la realidad que pretenden diluir con la campaña mediática progobiernista, las medidas reduccionistas y discriminatorias al respecto de la junta administrativa ante la exigencia de presentación con vida, juicio y castigo a los responsables. 

Con la política del actual gobierno en lugar de desarticular los cuerpos policíacos militares responsables de la violencia contra el pueblo, se les mantiene en las calles y extiende el manto de impunidad; en lugar de enjuiciar y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, exige al pueblo que les otorgue perdón; en lugar de sancionar jurídicamente a los corresponsables en la elaboración e imposición de políticas antipopulares, represivas y profascistas, parte de ellos conforman el nuevo gabinete. 

Lo mismo sucede con aquellos que están directamente involucrados con el robo de hidrocarburos y la estafa a PEMEX, que inverosímilmente son ascendidos en la jerarquía administrativa. La corrupción no se combate protegiendo a los corruptos, tampoco al atacar sólo a los eslabones débiles de la cadena que se ha enriquecido del robo de hidrocarburos. La corrupción no es privativa de una empresa pública o privada, tampoco de una administración, por ser intrínseca al régimen, ésta se encuentra en todas las estructuras y vida del régimen económico político; la corrupción no es un problema cultural o moral, se desprende de las relaciones de producción capitalistas, mientras éstas prevalezcan incólumes, cualquier medida que se implemente, no afecta la causa, por tanto, alimenta al fenómeno en otra vertiente. 



Año 23 Nº 191 enero de 2019 Pág. 2

ZEDILLO FOX CALDERON Y MAS DE 30 EXFUNCIONARIOS SIERVOS DE TRASNACIONALES


POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 11 FEBRERO, 2019        

REPORTAJE ESPECIAL


En todo el mundo se le conoce como revolving door: es el fenómeno mediante el cual funcionarios de alto rango de algún gobierno son contratados, luego de terminar su encargo público, por grandes empresas a las que pudieron haber beneficiado o que se beneficiarán de sus conocimientos e influencias. México es un escandaloso ejemplo de ese tipo: además de muchos secretarios de Estado y directores de paraestatales, tres expresidentes han aprovechado muy bien esas puertas giratorias.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al dejar sus tareas gubernamentales, tres expresidentes y más de 30 exfuncionarios –desde secretarios de Estado a directores de paraestatales o de la banca de desarrollo– hallaron acomodo en empresas relacionadas con los sectores que atendieron a su paso por la administración pública.
Los expresidentes son Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Excepto el segundo, los otros dos fueron identificados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó de inmoral que ahora prestaran servicios al sector privado.
El paso de la administración pública al ámbito empresarial, y viceversa, es conocida en la política internacional como revolving door (puerta giratoria), y de los sexenios recientes el más abundante en esos casos fue el de Calderón, de cuyos funcionarios de alto rango al menos 13 terminaron, como él mismo, en grandes empresas.
Calderón formó parte del consejo de administración de Avangrid, filial de Iberdrola, la trasnacional energética de origen español.
En la misma Iberdrola, desde 2013, cinco meses después de haber concluido su cargo en la dirección de Banobras, fue integrada al consejo de administración Georgina Kessel, quien se desempeñó con Calderón como secretaria de Energía, luego de presidir, entre otras cosas, la Comisión Reguladora de Energía.
Dos meses después de dejar la Presidencia, en enero de 2001, Zedillo se integró al consejo de administración de Union Pacific, el gigante ferroviario estadunidense que se asoció con Grupo México para desarrollar Ferromex.
Zedillo, primer presidente desde Miguel Alemán que incursionó abierta y activamente en el sector privado, se convertiría en miembro de los consejos de Alcoa, fabricante de productos de aluminio en México que, durante su gobierno, dejó impune el accidente industrial que intoxicó a casi 200 obreros en Ciudad Acuña, Coahuila. También ha sido consejero del gigante de productos sanitarios Procter & Gamble, de la editorial española Grupo Prisa, así como de Everis, la consultora de tecnologías de la información.
Y Fox, apenas terminó su sexenio inició una intensa actividad privada…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2206 de la revista Proceso, ya en circulación.


“LEVANTAN” A MUJER EN LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE YANGA


Desde la zona centro se reporta esta tarde que en la localidad San José de Enmedio, municipio de Yanga, una mujer de 30 años de edad ha sido “levantada” por sujetos no identificados, y al parecer armados. La fémina, identificada como Virginia Morales, salió de su domicilio en esta localidad, y cuando se disponía a abordar un taxi, frente a la iglesia de esa población, varios sujetos que llegaron a bordo de una camioneta Van, color beige, la subieron por la fuerza y enfilaron rumbo a Omealca. Un tío de la mujer, Raúl Morales, ha señalado que hasta el momento no han recibido alguna llamada de los presuntos secuestradores en casa de que estuvieran solicitando el pago de un rescate por su sobrina.


"HAY DÍAS QUE QUIERO MORIR": ACUSAN A UNA INSTITUCIÓN MEXICANA DE REALIZAR EXPERIMENTO EN HUMANOS


"Nunca me dijeron que era un experimento y que se lo estaban poniendo. Nada, nunca me dijeron nada", cuenta Juan Manuel Armenta, esposo de una paciente afectada.
En México, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía está acusado de practicar experimentos en humanos que sufren hidrocefalia. Aproximadamente a 500 personas se les colocó un implante en el cerebro en fase experimental. Debido a que no existió consentimiento por parte de los pacientes, los demandantes han considerado el caso como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, el hospital lo niega y asegura que las denuncias son falsas.
Los datos se conocen después de las pesquisas del doctor Rodolfo Ondarza, quien se percató mientras trabajaba en el Instituto de que a pacientes con hidrocefalia se les había colocado un implante cerebral en fase experimental: el denominado 'sistema de derivación ventrículo-peritoneal de flujo continuo', que fue creado por el exdirector del centro y doctor Julio Sotelo. Él ha denunciado estos casos y, por ello, dice que fue amenazado de muerte y sufrió una tentativa de homicidio.
"Nunca me dijeron nada"
Según Ondarza, Sotelo patentó el dispositivo sin investigación previa en animales y lo colocó en humanos sin carta de consentimiento firmada por los pacientes intervenidos. "Nunca me asistieron ni me dijeron que era un experimento y que se lo estaban poniendo. Nada, nunca me dijeron nada", cuenta a RT Juan Manuel Armenta, esposo de una paciente afectada.
Armenta asegura que a Yolanda, su mujer, le colocaron el implante del doctor Sotelo y relata que, desde entonces, ha sufrido un grave deterioro físico y mental, cambiando su vida para siempre. "Todos los días tengo fuertes dolores de cabeza. Hay días que tengo mucha depresión, pero le hecho ganas. Pero hay días que me quiero mejor morir", dice entre lagrimas Yolanda, quien tiene que dormir semisentada para que el implante funcione. Antes era deportista, pero ahora dificilmente puede caminar o articular palabras.
Experimento impune
En cuanto a su deseo, Yolanda lo tiene claro: "Quiero una vida mejor y que paguen el delito que hicieron". En palabras de los afectados y quienes los apoyan, existen pruebas que el caso fue documentado por diferentes organismos, como la Procuraduría General de la República (PGR), pero nadie denunció los hechos.

"Este es un dictamen de la PGR y este otro es un dictamen pericial de la Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control del mismo Instituto Nacional de Neurología", cuenta Ondarza mostrando los documentos. "En ambos está muy claro que existe mal praxis médica y que este es un experimento que jamás debió llevarse a cabo en seres humanos", añade.
Por su parte, el doctor Julio Sotelo, hizo llegar a RT una carta en la cual afirma que ninguno de los pacientes referidos formó parte de la investigación original, puesto que fueron atendidos varios años después. Y , desde hace diez años, los transcurridos cuando Ondarza fue cesado del Instituto, ha buscado pacientes en estado grave para animarlos a demandar a médicos y autoridades. Además sustenta que en la investigación participaron 32 enfermos y que los resultados fueron detallados en una publicación médica de reconocimiento mundial.


5 PROBLEMAS DE LA INFANCIA EN MÉXICO | SAVE THE CHILDREN



Publicado el 20 ago. 2018
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