¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer! El insurgente
EDITORIAL
La crisis del régimen político mexicano
sigue viva, en paralelo a ella como parte de un mismo fenómeno se gesta una
nueva espiral de la crisis económica en el país, mientras tanto, la política
del gobierno mexicano prioriza en primer orden los intereses capitalistas y
subordina los de carácter popular a la sombra de los primeros.
La lucha contra
la corrupción en general y en particular contra el hurto de los hidrocarburos
orquestado desde las instituciones del régimen por políticos de oficio, cúpula
policíaco militar y grupos de poder oligárquico, constituye nítida expresión de
las contradicciones intestinas e interburguesas en el seno del Estado burgués
mexicano, fiel reflejo del reacomodo oligárquico y magnitud de la crisis
política que enfrenta el régimen.
Como parte de este fenómeno las medidas de
“austeridad republicana” y la cantidad que se espera obtener de los recursos en
disputa, el gobierno que encabeza López Obrador pretende subsanar el déficit en
las finanzas públicas del Estado mexicano para ejercer una mejor administración
de los intereses de la burguesía que representa y objetivar sus medidas
mediatizadoras de la voluntad popular de combatir. El déficit en las finanzas
públicas no es fortuito, una de las causales de origen y desarrollo es mantener
el Estado policíaco militar como principal puntal del régimen, aspecto de la
política de Estado en continuidad con el nuevo gobierno al empeñarse en imponer
de una u otra forma la Guardia Nacional y delegarle en hecho mayor poder
político a las Fuerzas Armadas. La tragedia de Tlahuelilpan Hidalgo donde una
vez más el pueblo pone los muertos y heridos, tiene causales en la política del
nuevo gobierno, en consecuencia, es el Estado el responsable de este
acontecimiento trágico, al respecto el gobierno como en otros sexenios pretende
endosarlo a la mítica delincuencia organizada para eximirse de su
responsabilidad. Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no
han cesado, son parte del terrorismo de Estado que sigue cobrando víctimas en
todo el país, aspecto de la realidad que pretenden diluir con la campaña
mediática progobiernista, las medidas reduccionistas y discriminatorias al
respecto de la junta administrativa ante la exigencia de presentación con vida,
juicio y castigo a los responsables.
Con la política del actual gobierno en
lugar de desarticular los cuerpos policíacos militares responsables de la violencia
contra el pueblo, se les mantiene en las calles y extiende el manto de
impunidad; en lugar de enjuiciar y castigar a los perpetradores de crímenes de
lesa humanidad, exige al pueblo que les otorgue perdón; en lugar de sancionar
jurídicamente a los corresponsables en la elaboración e imposición de políticas
antipopulares, represivas y profascistas, parte de ellos conforman el nuevo
gabinete.
Lo mismo sucede con aquellos que están directamente involucrados con
el robo de hidrocarburos y la estafa a PEMEX, que inverosímilmente son
ascendidos en la jerarquía administrativa. La corrupción no se combate
protegiendo a los corruptos, tampoco al atacar sólo a los eslabones débiles de
la cadena que se ha enriquecido del robo de hidrocarburos. La corrupción no es privativa
de una empresa pública o privada, tampoco de una administración, por ser
intrínseca al régimen, ésta se encuentra en todas las estructuras y vida del
régimen económico político; la corrupción no es un problema cultural o moral,
se desprende de las relaciones de producción capitalistas, mientras éstas
prevalezcan incólumes, cualquier medida que se implemente, no afecta la causa,
por tanto, alimenta al fenómeno en otra vertiente.
Año 23 Nº 191 enero de 2019 Pág. 2
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