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Antonio
Tarek Abdalá Saad, extesorero en el Gobierno de Javier Duarte, habría dicho a
la Procuraduría General de la República (PGR) que las investigaciones hechas
por un portal de la capital del país (Animal Político) que puso al descubierto
todas las maniobras del peor gobernante que ha tenido Veracruz en décadas sobre
los latrocinios que cometió en su mandato, obligaron a su desastroso gobierno a
implementar nuevas medidas para continuar con los desvíos millonarios, en
complicidad con bancos del sistema financiero mexicano.
En ese sentido, el
periodista Víctor Hugo Arteaga señala que se descubrió la forma de utilizar
empresas fachada para desviar, en ese momento 645 millones de pesos, y ello cambió
la forma de manejar los recursos financieros en la administración duartista. Y
Abdalá Saad ha confesado que a pesar de haberse descubierto esos turbios
manejos, “los desvíos continuaron” hasta el final de su encargo como tesorero
de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
El exdiputado confirma la
hipótesis planteada por Arteaga respecto al uso indiscriminado de recursos
financieros en efectivo y el conocimiento de directores de sucursales de Grupo
Santander, Grupo Banorte, HSBC y BBVA Bancomer, y también ha revelado que una
red de funcionarios de Javier Duarte, encabezados por Juan Manuel del Castillo
y de distintas secretarías, “operaban en complicidad con directivos de los
bancos, quienes les “apoyaban” para que existiera la disponibilidad de efectivo
siempre en esos movimientos”. Añade el delator, quien ahora quiere librarse de
toda complicidad, que “después de que estos esquemas con dinero público fueron
expuestos por los reportajes de Animal Político y otros, se cambió el esquema
de operación.
A partir de ese momento se comenzaron a generar licitaciones
exprés o asignaciones directas a empresas amigas”, y fue así como Juan Manuel
del Castillo y su gente “coordinaban los depósitos de recurso con la
dependencia, para que ésta inmediatamente transfiriera el recurso al proveedor
beneficiado sin importar si la dependencia tuviera carencias o compromisos
operativos”, Abdalá Saad ha declarado ante la PGR que “una vez que el recurso
llegaba a la cuenta bancaria del proveedor, aún eran empresas fantasma y
fachadas, el equipo de Juan Manuel del Castillo coordinaba con los bancos, para
que tuviera el efectivo suficiente, para poder entregarlo en sucursales
específicas. De esa manera se evita dejar rastro de que el recurso estatal
había regresado a sus manos vía efectivos. Para ello se utilizaba a la
Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Desarrollo Social, para
orquestar este tipo de esquemas y evitar que la responsabilidad del recurso,
recayera en Sefiplan, sino en las otras dependencias”, Por otra parte, Antonio
Tarek Abdalá Saad externa en su declaración a la PGR a fines de 2018 que “temo
por mi vida” y señala a Javier Duarte de Ochoa, Mauricio Audirac y Juan Manuel
del Castillo como responsables “si algo me sucede a mí o a cualquier miembro de
mi familia”. El exfuncionario, luego de llegar a un acuerdo y recibir un
Criterio de Oportunidad por colaborar con la PGR en las investigaciones contra
Duarte de Ochoa, considera que su vida corre peligro por la información
otorgada a la institución, y por ello ha asentado que “responsabilizo de
cualquier eventualidad a Mauricio Audirac Murillo, Juan Manuel del Castillo
González, y Javier Duarte de Ochoa, por cualquier eventualidad, pues si bien no
me han amenazado, en Veracruz siempre se decía que los problemas podían
arreglarse con violencia”.
También, ha revelado que el exsecretario de
Seguridad Pública con Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, se negó sistemáticamente
a depositar los recursos federales que se recibían en su dependencia, a pesar
de las presiones recibidas por el gobernador Duarte. “Lo cierto”, afirma, “es
que durante los años 2013 y 2014 frecuentemente desayunaba con él. Si bien es
cierto que no recuerdo haberle solicitado el dinero federal depositado
directamente a la Secretaría de Seguridad Pública fuera transferido a la
Tesorería, es probable que esto sí haya sucedido. Esto es así, ya que según lo
acordado por el Gobernador (Duarte) en la Gaceta de 2011, los recursos deberían
de servir para satisfacer objetivos prioritarios y urgentes, sin embargo, como
lo refiere Arturo Bermúdez Zurita, esto nunca se dio y la Secretaría de
Seguridad nunca le transfirió recursos a la Tesorería”.
Parece que las
revelaciones del exdiputado y exfuncionario aun causarán muchas reacciones,
porque al igual que en las organizaciones mafiosas, ha roto el principio de la
Omertá, el código de honor siciliano que prohíbe informar sobre las actividades
delictivas consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas. Esta
práctica es muy difundida en casos de delitos graves o en los casos de mafia
donde un testigo o una de las personas incriminadas prefiere permanecer en
silencio por miedo de represalias o por proteger a otros culpables. En la
cultura de la Mafia, romper el juramento de omertà es punible con la muerte.
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