Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019.
A
la opinión pública
A los medios de comunicación
A los organismos defensores de derechos humanos
En
su último informe de gobierno en 1994, Carlos Salinas de Gortari (CSG) hizo
famosa la frase: “ni los veo, ni los oigo” refiriéndose a los perredistas que
protestaron en la Cámara de Diputados, el mensaje fue claro, la opinión de la
izquierda electoral no tenía valor para el gobierno; en 2006, Felipe Calderón
Hinojosa (FCH), declaró la denominada “guerra contra las drogas” a pesar de las
advertencias de organismos defensores de derechos humanos que ello
incrementaría la violencia y la violación de los derechos humanos de la
población, simplemente ignoró tales advertencias que a la postre demostraron
tener razón.
En
2013 y 2014 Enrique Peña Nieto (EPN), dejó en claro su política de oídos sordos
y que la opinión de la sociedad no tiene ningún valor, pues contra la voluntad
de la mayoría de la población impuso, entre otras, la reforma energética; desde
el 10 de febrero del presente año en que anunció Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) que se realizaría una “consulta ciudadana” sobre el Proyecto Integral
Morelos (PIM) no ve, ni oye a la población directamente afectada y decidió
realizar una simulación de consulta para imponer el PIM a pesar de que las
comunidades indígenas opositoras a dicho proyecto le solicitaron no hacerla
porque no cumplía estándares internacionales en materia de consulta a pueblos
indígenas.
El
Presidente de la República mostró su falta de sensibilidad social, su
menosprecio por la ley, al ignorar a las comunidades indígenas y líderes
sociales opositores, su irresponsabilidad al arengar a la población en Cuautla,
Morelos en contra de los opositores al PIM, su descalificación al tacharlos de
“radicales conservadores” y señalarlos que eran pagados por trasnacionales
opositoras a la Termoeléctrica, por consiguiente, puso en estado de vulnerabilidad
a los líderes comunitarios, lo cual trajo consigo o facilitó el asesinato del
compañero Samir Flores Soberanes, pese a lo anterior, se empecinó en realizar
la supuesta “consulta ciudadana” los días 23 y 24 de este mes en los estados de
Morelos, Puebla y Tlaxcala.
No
tuvo la más mínima congruencia para reconsiderar su postura y cancelar la
consulta, siguió descalificando al movimiento opositor en lugar de establecer
un diálogo que pudo generar un proceso de distensión social; en cambio,
exacerbo los ánimos, impulsó la confrontación inter e intracomunitaria,
confrontó a los pueblos contribuyendo de manera directa a la ruptura del tejido
social en las comunidades directamente involucradas y en la sociedad en
general, y todo para imponer el proyecto PIM contra el cual se manifestó en
2014.
La
indignación, no sólo se debe al asesinato del compañero Samir Flores Soberanes
y al hecho de que lo criminalizaran señalando desde la Fiscalía del gobierno
estatal que el crimen organizado es el responsable de su asesinato, se debe al
cúmulo de agresiones policiacas cometidas por los anteriores gobiernos estatal
y federal que criminalizaron y judicializaron la lucha de las comunidades y
organizaciones indígenas y campesinas.
Durante
la realización de “su consulta” el día 23 hubo intimidación y hostigamiento
contra quienes convocaban a la población a no participar o en su caso votarán
en contra del PIM, fueron detenidos los compañeros Carlos Matías Montoya,
Arturo Matías Montoya y Cesar Ramírez en Morelos, aunque fueron liberados le
violentaron su derecho a la libre manifestación.
Ante
la cerrazón de los gobiernos estatal y federal, las comunidades optaron por no
permitir la instalación de casillas y/o quemarlas, la respuesta gubernamental
fue de condena y criminalización de los manifestantes a pesar de que no
cometieron ningún delito pues ninguna autoridad del Estado mexicano organizó la
consulta, ni ésta tenía como sustento un mandato de ley, mucho menos hubo
transparencia ni permitieron que se hiciera un escrutinio público.
Claro
está que es el Estado mexicano quien ha quebrantado la ley desde el principio
al no realizar la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada
como lo establece el convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia establecida por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en materia de Derechos Humanos e Indígenas.
Actualmente, AMLO sigue con la lógica impositora de sus predecesores y debe
reconocer que con “su consulta ciudadana” actúo en la ilegalidad.
Jesús
Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia de la república en entrevista con El
Sol de México, confirmó que AMLO suspenderá la consulta pública para someter a
escrutinio público la Guardia Nacional y el juicio a los expresidentes sino se
modifica el artículo 35 de la Constitución antes del 21 de marzo, con el
objetivo de que lo realice el Instituto Nacional Electoral (INE) y garantizar
la legalidad. Es decir, el vocero reconoce implícitamente que “su consulta
ciudadana” sobre el PIM fue ilegal.
López
Obrador, tiene la oportunidad y responsabilidad de enmendar un desacierto
histórico del Estado mexicano, que ha sido ignorar a los pueblos indígenas, sus
usos, costumbres, formas de organización comunitaria, derecho a decidir sobre
sus recursos y territorio, derecho a la libre autodeterminación.
En
tanto no exista un marco legal que retome los estándares internacionales en
materia de derechos humanos e indígenas, todo tipo de megaproyectos y
concesiones mineras en comunidades indígenas son ilegales y deben ser
canceladas. Aunado a lo anterior, se debe legislar en materia del derecho a la
consulta a los pueblos indígenas para que sean quienes determinen sobre sus
recursos y territorio dando carácter vinculante a sus decisiones.
¿Seguirá
aplicando AMLO la política “ni los veo, ni los oigo” de su maestro CSG o en
congruencia con sus ideales que tanto pregona, dejará a un lado su política
confrontativa con los distintos actores y sectores sociales, y, por ende,
establece un proceso de diálogo de mutuo respeto?
Por
lo anterior, EXIGIMOS:
1.
Justicia para nuestro compañero Samir Flores Soberanes y castigo a los autores
materiales e intelectuales de su asesinato.
2. Cancelación del PIM.
3. Cese la criminalización y descalificación de organizaciones y líderes
comunitarios opositores al PIM.
Atentamente
CNPA
MN
¡Zapata
vive, la lucha sigue! ¡Samir vive, la lucha sigue!
¡Cancelación del PIM! ¡Ley de consulta para pueblos y comunidades indígenas,
YA!
