Washington y Bogotá, que desde hace
décadas empuñaron la doctrina de la «intervención preventiva» con el pretexto
de la guerra contra el narcotráfico, siguen sufriendo fuertes reveses con el
incremento de la producción, el consumo y el tráfico, en el que ambos países
son protagonistas negativos
4 de abril de 2020 00:04:37
Despliegue del Comando Sur contra
Venezuela con el pretexto vergonzoso de la lucha contra el narcotráfico. Foto: Russia
Today
Líder mundial en asesinatos de dirigentes sociales; con siete bases
militares a disposición de los planes guerreristas del Pentágono y su Comando
Sur contra Venezuela y otros vecinos incómodos para la Casa Blanca en
Latinoamérica; tierra fértil para el reclutamiento de oficiales, agentes y
mercenarios de todo tipo para las agencias de subversión, Colombia sigue
rompiendo récords como significativo epicentro mundial de la producción y
tráfico de cocaína.
Washington y Bogotá, que desde hace décadas empuñaron la doctrina de la
«intervención preventiva» con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico,
desde la cual apoyaron las contiendas contrainsurgentes, «antiterroristas», y
ahora las llamadas «amenazas transnacionales», siguen sufriendo fuertes reveses
con el incremento de la producción, el consumo y el tráfico, en el que ambos
países son protagonistas negativos.
Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas
de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de
hoja de coca en el país sudamericano aumentaron en 4 000 hectáreas, para
alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %,
pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos. Se
plantea que la producción de coca en Colombia equivale a
5 130 millones de dólares, y duplica al café.
5 130 millones de dólares, y duplica al café.
El propio documento reconoce que el consumo de cocaína en EE.UU. sigue
en aumento nuevamente, después de años de disminución, y que la fuente
principal para el mercado norteamericano de esa droga es Colombia.
Desde hace un año, el informe anual 2019 de la Oficina de la ONU contra
la Droga y el Delito, alertaba de la peligrosa tendencia, cuando reconoció que
las plantaciones en lugares remotos y nuevas bandas criminales empujaron a Colombia
a ser el principal productor mundial de cocaína, con cerca del 70 %, uno de los
factores fundamentales del nuevo récord de oferta. Añade el documento que de
2008 a 2017 se registró un incremento del 50 % en ese país.
Casi dos millones de personas en EE.UU. utilizaron cocaína en 2018, un
incremento del 42 % respecto a 2011, según la Encuesta Nacional sobre el
Consumo de Drogas y Salud. Además, el número de muertes en el país por
sobredosis de cocaína se triplicó entre 2012 y 2018. Expertos colombianos
sostienen que no se puede detener la producción si Washington y Europa no
frenan la demanda.
En febrero de este año, un informe de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señalaba como principal preocupación de
esa entidad mundial el crecimiento en la superficie de coca ilegal, porque
también se ha incrementado la producción potencial de cocaína a un récord
histórico de casi 2 000 toneladas, según sus mediciones.
Agrega la JIFE que la gran mayoría de estas 2 000 toneladas va del
mercado colombiano hacia ee. uu.
Se plantea que aunque el presidente Donald Trump se muestra indulgente
con su homólogo colombiano Iván Duque, estrecho aliado de los planes belicistas
antivenezolanos, le ha dicho públicamente frente a la prensa que «Colombia
estaba atrasada en el tema» de las drogas, y más recientemente lo urgió a que
restableciera las fumigaciones aéreas sobre las plantaciones de coca con el
herbicida glifosato, que es cuestionado internacionalmente por sus efectos
negativos sobre la salud humana y el medioambiente; razón por la que tuvieron
que ser suspendidas en 2015 por el Ejecutivo precedente, ante una advertencia
de la Organización Mundial de la Salud, y por lo que el gobierno tiene 231
demandas judiciales pendientes.
Aunque se denuncia la existencia de siete bases militares con presencia
de oficiales y contratistas al servicio del Comando Sur, con fachada
antinarcótico, un estudio de la revista colombiana Semana señala
que ya en 2012 la Fuerza Aérea de EE.UU. tenía 51 edificios propios en
Colombia, mientras el Ejército tenía otras 24 propiedades arrendadas.
Además, han sido escandalosos los incidentes generados por los militares
y contratistas estadounidenses, difíciles de controlar por sus indisciplinas,
el consumo de drogas e incluso el tráfico de heroína desde Colombia a una base
militar en la Florida.
Mientras impone nuevas marcas de producción y tráfico de drogas, el
diario londinense The Guardian calificó a Colombia como «la
nación más sangrienta» contra los defensores de derechos humanos. El
prestigioso medio recogió un informe de Front Line Defenders, el cual indica
que, de cada tres activistas asesinados durante 2019 en todo el mundo, uno de
ellos era colombiano.
La oleada de violencia acapara la atención internacional. La Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró
«profundamente preocupada», a la par que entregó la cifra oficial de 107
líderes asesinados en 2019, a los que podrían sumar 13 casos en verificación.
Algunos denuncian esos hechos como una práctica sistemática y varias
organizaciones estiman que la cifra real de víctimas mortales es el doble o el
triple.
Según la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y octubre de 2019
sumaron 555 casos. Organizaciones políticas y de derechos humanos han
denunciado que desde la entrada en vigor de los acuerdos de paz en 2016 hasta
la fecha, han sido asesinados 187 excombatientes de las FARC.
La maquinaria de muerte, que actúa a su antojo en el país sudamericano,
ataca principalmente a quienes promueven la sustitución de cultivos de coca,
coordinan procesos de restitución de tierras, a opositores, a los grupos
étnicos que ejercen el control en los territorios, a exguerrilleros y líderes
femeninas. Según la Fiscalía, los principales asesinos de esas personas son
organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y
delincuencia común; pero medios de prensa recogen las denuncias de la
participación del ejército, bandas paramilitares y mafias vinculadas a sectores
políticos extremistas cercanos a personeros del Gobierno.
La Defensoría del pueblo también ha denunciado el incremento del 63 % en
la violencia contra las lideresas que impulsan la sustitución voluntaria de
cultivos de coca y se oponen a la presencia de grupos armados en su territorio.
Al respecto, un informe de la Alta Comisionada de la onu para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció recientemente que la situación en
esta materia en el país es la peor desde 2014, y que el Estado no está cumpliendo
su labor de defensa de los líderes sociales, mientras Michel Forst, relator
especial, afirmó que esos asesinatos «son crímenes políticos».
Al decir de The New York Times, «un estado débil que responde
con violencia a las demandas de sus ciudadanos inconformes», «Colombia está
entre los países más desiguales de esta región desigual. La escasez de
oportunidades condena a millones de colombianos»; «falta de oportunidades que
impulsó la violencia, alimentó la guerra, causó grandes desplazamientos internos
y estimuló la migración»; pero también disparó de manera incontrolable y
corruptora el narcotráfico, los cárteles, las mafias dentro y fuera del país,
los paramilitares, las ejecuciones extrajudiciales, las órdenes de letalidad
del ejército, alianzas con grupos criminales para obtener información y matar,
los asesinatos selectivos y masivos, los secuestros y las fortunas sucias en
paraísos fiscales.
A raíz del paro nacional de noviembre pasado, muchos exhortaron al
presidente Iván Duque a un cambio de rumbo urgente, para defender la vida, pero
sigue apostando a la guerra y a la sangre no solo dentro del país, sino en sus
fronteras, presto a los peores intereses de EE.UU. en la región, mientras se
aprovechan los mercaderes de las drogas, las armas y los conflictos.
Duque ha escogido el camino del Comando Sur y la 82 División
aerotransportada; el de los ejercicios conjuntos con ee. uu. y Brasil, como
muestra de la «unidad» deseada por los halcones del nuevo momento americano de
Trump para derrocar a gobiernos legítimos, de la coalición neofascista, que se
erige sobre el polvorín de la desigualdad, las drogas, el extremismo y las
demandas de justicia y paz.
