David Martínez
La Ley de
Amnistía, recién aprobada durante la contingencia sanitaria, dejó de lado a un
sector de la población penitenciaria sin oportunidad de obtener su libertad:
los presos políticos.
Abr 28, 2020
Alrededor
de 200 presos políticos en el país quedaron olvidados y
seguirán en la prisión pese a la publicación de la Ley de Amnistía.
Dicho
marco normativo fue discutido, aprobado y publicado en la Gaceta Oficial de la Federación
en el contexto de la contingencia sanitaria por Covid-19.
El
objetivo de la reforma es liberar a los internos de los penales mexicanos que
no hayan cometido delitos graves e incidieron en ilícitos como
el robo sin violencia, a las mujeres presas acusadas de abortar y a quienes
procesaron por narcomenudeo en grado de posesión.
Sin
embargo, organizaciones civiles acusan que la ley no contempla a los presos que
fueron recluidos por oponerse a un orden de Gobierno.
Francisco
Cerezo, integrante del Comité Cerezo de Derechos Humanos, asegura que la ley se
quedó corta y solo atiende las necesidades emergentes de reducir la población
de las cárceles para evitar más contagios de
Covid-19.
El Comité
Cerezo, desde el 2001 cuando se formó tras la liberación de Antonio y Héctor
Cerezo, pugnó por una ley para la liberación de los presos políticos y
de conciencia que siguen tras las rejas.
“Desde el
principio veíamos que el objetivo no eran los presos políticos sino las mujeres
que eran sentenciadas por aborto, los delitos sin
violencia o la portación de droga”, explica Francisco Cerezo.
Actualmente,
de acuerdo con el Comité Cerezo, existen 200 casos de presos
políticos en el país.
Francisco
Cerezo pone de ejemplo a los 13 presos de la Unión Campesina Independiente (UCI)
de Puebla que desde la década de 1980 están recluidos y no pueden ser
beneficiados por la ley debido a que los procesaron por delitos de alto
impacto como secuestro y robo con violencia.
Entre los
casos más recientes, menciona el de Asunción Gómez Sánchez y
su esposo Venturino Torres en el estado de Chiapas, a quienes
detuvieron el pasado 21 de octubre de 2019 y sentenciaron por despojo
de propiedad.
Ambos son
miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y se
desempeñan como defensores del derecho a la tierra.
Así como está la Ley de Amnistía, no sale nadie
porque a los presos políticos y de conciencia se les imputan y fabrican delitos
graves como homicidio, secuestro, delincuencia organizada, para que tengan
procesos larguísimos
- Francisco Cerezo
Integrante del Comité
Cerezo de Derechos Humanos
El Comité
ha seguido dichos casos y ha acompañado a las familias en la exigencia de
su liberación.
Señala
que desde el 2001 y durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón,
Enrique Peña Nieto y lo que lleva el de Andrés Manuel López Obrador entregaron
diversos documentos y entablaron el diálogo con los legisladores y las fuerzas
políticas que estaban construyendo la ley.
No
obstante, argumenta que el Estado no quiere reconocer que existen presos
políticos porque si no aceptaría que es antidemocrático, por eso no
se les agregó en la Ley de Amnistía.
“La ley
parece decir que en México no existen los presos políticos, ya se aprobó y es
muy difícil que aprueben otra con características diferentes, seguiremos
haciendo presión por la libertad de quienes siguen presos injustamente”,
declara.
SEDICIÓN, LA ÚNICA OPCIÓN
PARA LOS PRESOS POLÍTICOS
La
maestra en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) Milca Judith Calzada Lemus afirma que la
única opción para que los presos políticos tengan su libertad es que hayan
sido sentenciados por sedición.
No
obstante, señala que no conoce a nadie sentenciado por esa razón. La sedición
es un alzamiento colectivo y violento contra
alguna autoridad.
“No
conozco un caso de un preso político que esté sentenciado por sedición, que es
el único en la materia que podría acceder al perdón por la Ley
de Amnistía”, explica.
La
liberación entonces no es factible porque los presos políticos no fueron
juzgados por el delito de sedición sino por otros no contemplados en la recién
aprobada ley.
La ley aprobada
beneficia a quien hizo robo sin violencia y mujeres que abortaron, entre otros
“Es nula
la posibilidad de que esto ocurra”, declara.
Añade que
el problema entonces es la práctica judicial en la que se procesan,
fabrican delitos e intervienen los actores políticos en perjuicio de los
acusados.
