16 de mayo de 2020

SPOTIFY ELIMINA LAS CANCIONES DE JOHNNY ESCUTIA POR CONTENIDO MISÓGINO


El rapero agredió verbalmente a la youtuber Yuya

Este viernes la plataforma musical de Spotify decidió eliminar todas las canciones del rapero Johnny Escutia, pues sus canciones tienen un repertorio que incita a la violencia de género, un tema muy delicado hoy en día en el mundo.

Estas 'canciones' han sido duramente criticadas en las redes sociales, incluso en uno de los temas amenaza de muerte a la youtuber Yuya,, por ello el rapero fue reportado y el contenido fue eliminado.

Hey qué onda @Spotify_LATAM oye y si en vez de quitarnos Safaera de @sanbenito quitas las canciones de Johnny Escutia en donde describe cómo violar, torturar, matar y desmembrar mujeres y niñas?


Porfa.

Y aparte quiere matar a @yuyacst

ABRO HILO






Además de ser eliminado por Spotify, YouTube también decidió restringir la música con este contenido misógino.

Feminicidios, pedofilia, necrofilia, violación y homicidio son los temas que contienen en muchas de sus canciones.

¿Quién es Johnny Escutia?

Se hace llamar el "King de la Furia" y cuenta con más de 8 mil seguidores en YouTube, pero lo más inédito es que este 'rapero' no cuenta con ningún tipo de información. Al parecer, Escutia comenzó a crear contenido desde el 2006.



ESTOS SON LOS PERFILES DE LOS ASPIRANTES A FISCAL GENERAL DEL ESTADO



viernes 15 mayo, 2020
Jueces y agentes del Ministerio Público acusados de corrupción, regidores y políticos del PRI, PAN y Morena son algunos de los perfiles que figuran en la lista de aspirantes a Fiscal en la entidad.
Desde el 1 de mayo inició el proceso de selección para nombrar un nuevo Fiscal General del Estado, quien sustituiría a Jorge Winckler Ortiz, quien fue destituido de forma definitiva en el mes de marzo por no estar certificado para ocupar el cargo.
A partir del 10 de mayo, cuando se cerró el registro de aspirantes inició un periodo de 10 días más para filtrar las 21 solicitudes y programar las entrevistas de los participantes.
Entre los candidatos esta la actual encargada de despacho Verónica Hernández Giadáns, prima de Guadalupe Hernández, alias la Jefa, integrante del crimen organizado y que en el bienio Yunista fungió como informante del entonces titular de la SSP, Jaime Téllez Marié.
Si bien han sido pocas las voces, algunos de los aspirantes han externado que la convocatoria que emitió la Junta de Coordinación Política de la 65 legislatura beneficiará a Hernández Giadáns, pese a sus ligas familiares, y ser dicho órgano autónomo el encargado de procurar justicia.

AVC realizó el perfil de los aspirantes que solicitaron su registro:
Verónica Hernández Giadáns es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y, según su dicho, cuenta con la certificación legal para ocupar el cargo.
En el periodo a cargo determinó reclasificar los delitos de feminicidios y ha sido acusada por Colectivos de Búsqueda por el retraso en la identificación de restos extraídos de las fosas de la Guapota.
Otra aspirante, es Arabella Narely Cañas y Sáenz, que es licenciada en derecho, fue directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia en la época de Luis Ángel Bravo Contreras.
También se registró como candidata a la diputación local de Xalapa en el PRI, un año antes fue incluida en la planilla de la alcaldía de Xalapa por el Partido del Trabajo.
Anel Retana Jácome, abogada de profesión, se desempeñó como Agente del Ministerio Público de la Federación, y es coautora del Libro Los métodos alternos de solución de conflictos y la justicia penal”
Rubí Rosas Carvajal, licenciada en Derecho, ha sido señalada de presuntos actos de corrupción en los juzgados de Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Acayucan, por lo que se promovió un amparo directo tras ser destituida por presuntos actos de corrupción en 2016.
Teresa Cruz Flores, es abogada desde el año 2010, en 2018 participó en el proceso de selección de Fiscal Anticorrupción, promovió un amparo por el nombramiento de Marcos Even Torres, pero no prosperó.
Yuriria Torres Páez.es Licenciada en Ciencias Políticas, en Derecho y Maestría en Procuración de Justicia y es Directora de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Fiscalía General de la República. En medios de comunicación se le ha señalado por actos de malos tratos al personal e integrar una red de corrupción al interior de la FGR.
También se inscribió Elizabeth Morales, homónima de la ex alcaldesa de Xalapa, se registró el día 6 de mayo y fue la primera aspirante, su propuesta es un plan de trabajo que incluye todas las áreas operativas y administrativas dentro de la procuración de justicia, es abogada de profesión.
Los candidatos
Otro que entregó su documentación fue José Martín Rivera Martínez, es dueño del despacho abogados “Martínez & Asociados, tiene Maestría en Derecho Constitucional y Amparo. En su haber profesional se desempeñó como abogado defensor de Alejandro Contreras Uscanga, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, quien fue acusado de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Además, apoyó a otros exduartistas como Isaías N, quien fue Subdirector de la Comisión de Espacios Educativos, hoy Instituto de Espacios Educativos, y de Leticia Perlasca Núñez, quien fue Secretaria de Turismo, acusada de presuntos delitos de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de un Deber Legal por la firma de un contrato de 24 millones de pesos.
Gerardo Escobar García, en Licenciado en Derecho, gente cercana al priista Américo Zúñiga Martínez cuando compitió por la diputación local; además es Juez Ejecutor de Sentencias del Distrito Judicial de Jalacingo.
Ángel Rodríguez Bernal, estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana, ya fue Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de Baja California Sur; y participó en el proceso de selección del titular del Órgano de Fiscalización. Al abogado se le vincula a Yolli N, excomisionada del IVAI y exmagistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.
Anastasio Báez Méndez, también cuenta con Maestría en Derecho Electoral, ha sido Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala Regional de Xalapa.
Fue jefe de asesores del Instituto Veracruzano Electoral (IEV), en el periodo de Carolina Viveros García, y un año antes fue detenido por violencia intrafamiliar. Y también participó en el proceso de selección de consejeros en el 2018.
José Martín Rivera Martínez es abogado, ha sido militante del PRI y PAN, incluso, candidato a la alcaldía de Perote. Vinculado a Paul Martínez Marié, quien fue alcalde y funcionario del gobierno de Miguel Ángel Yunes. Incluso, fue proveedor del Gobierno del Estado en la administración de Javier Duarte de Ochoa,
Alejando Lagunes Toral, es abogado y activista de Fuerza Redes Sociales Progresistas, y Coordinador Nacional de Abogados de México: Por un Gobierno Cercano. Además, es Director General del Despacho Jurídico Fiscal y Contable Lagunes Asociados.
Ramiro Ramírez Reyes, tiene maestría en Procuración e Impartición de Justicia; fue agente del Ministerio Público en el periodo de Javier Duarte de Ochoa, y fue acusado de irregularidades en su desempeño.
Actualmente es regidor del municipio de Hueyapan de Ocampo, y participó como aspirante a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Salvador Antonio Monroy Cosme, fue secretario del Ayuntamiento de San Andrés en el periodo de Rafael Fararoni. En 2019, rindió protesta como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de los Tuxtlas.
El abogado Tomás Mundo Arriaza fue director de Transporte Público en la administración de Miguel Alemán, en 2010 fue inhabilitado por presuntas irregularidades en la entrega de concesiones.
Francisco Enrique Valera Ramírez tiene maestría en Gobierno y Administración Pública, Fue Subdirector Académico de la Academia de Policía en el periodo de Miguel Alemán. Ha aspirado a magistrado e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Florencio Hernández Espinosa, se desempeñó como Juez de Proceso y Procedimiento Oral en el Distrito de Zongolica. Fue el responsable de liberar a policías involucrados en el homicidio del cantante Gibrán Matíz Díaz.
También liberó a ocho policías que fueron acusados de desaparición forzada; además participó en los procesos de selección de Fiscal General de la República, y a Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Fernando Herrera Escobar, es abogado y maestro en Derecho Empresarial y Fiscal; representante legal de la firma Sábalo y socio de la firma Herrera Escobar & Asociados.-
Gabriel Alejandro Williams Mendoza, además de abogado es Maestro en Amparo, representante del Instituto Williams Keembol en Tantoyuca; Presidente del Colegio de Derechos e Investigaciones Jurídicas. Ha sido señalado de fraude, y de haber “comprometido” puestos en la FGE en caso de llegar a la titularidad de la Fiscal General. También aspiró a ser rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Ángel Ofir Martínez Che, es abogado de profesión, fue agente del Ministerio Público Investigador de Xalapa, y secretario del Ayuntamiento de Úrsulo Galván.
AVC/Isabel Ortega 

EXHIBEN A FUNCIONARIO QUE PIDE BAÑAR CON ÁCIDO A MUJER




Exhiben a funcionario que pide bañar con ácido a mujer.
El director del DIF de municipio de Zongolica, Yair Xochicale Porras, pide que bañen con ácido a una mujer que había realizado críticas contra el ayuntamiento
15/05/2020 14:49  NOTIMEX


VERACRUZ

El colectivo feminista Brujas del Mar difundió una conversación del director del DIF de municipio de Zongolica, Yair Xochicale Porras, donde pide que bañen con ácido a una mujer que había realizado críticas contra el ayuntamiento.

 "A ella báñenla con ácido”, se puede leer en el chat denominado Gabinete Zongo 2018-2021.

Ante ello, el colectivo feminista publicó: "Después de lo ocurrido con Male y Juan Vera Carrizal, ¿debería tomarse a la ligera?".
La publicación hizo referencia al caso de María Elena Ríos, la saxofonista que el 9 de septiembre de 2019 fue atacada con ácido sulfúrico por un exdiputado priista, que seis meses después fue detenido por intento de feminicidio en el estado de Oaxaca.


El post ya generó varias reacciones y cuestionan el actuar del funcionario colaborador del alcalde Juan Carlos Mezhua Campos, quien a su paso como dirigente estatal del PRD en Veracruz fue uno de los principales personajes que buscaron justicia por el caso de la indigena Ernestina Ascencio, quien presuntamente había sido violada por elementos de seguridad.


Se filtra conversación donde el director del DIF municipal de Zongolica, Yair Xochicale Porras, expresa que deben bañar en ácido a una mujer que cuestiona sus funciones.


Después de lo ocurrido con Male y Juan Vera Carrizal, ¿debería tomarse a la ligera?


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EL EJÉRCITO, CON HISTORIAL DE QUEJAS E INVESTIGACIONES EN SU CONTRA, Y AHORA CON AVAL LEGAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA


La Sedena es la institución que acumuló más quejas entre 2006 y 2019 por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.

Cuartoscuro Archivo

 15 de mayo, 2020

Una orden presidencial de Andrés Manuel López Obrador legaliza que el Ejército haga labores de seguridad pública durante los próximos cinco años.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es, por otra parte, la institución que más quejas ha recibido ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, según datos recabados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La orden que regula el rol de los militares indica que el único control al que serán sometidos es el órgano interno de cada institución, lo que ha sido criticado por las ONG, porque consideran que facilita la impunidad.
Entre 2006, año en el que Felipe Calderón dio inicio a la denominada “guerra contra las drogas”, y 2019, la CNDH registró 386 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas que presuntamente fueron cometidas por las autoridades federales. Casi la mitad de ellas, el 47.9%, señalaba a Sedena, mientras que el 30% responsabilizaba a la Secretaría de Marina (Semar).
En este periodo, la CNDH emitió 20 recomendaciones. La mayoría de ellas estaban dirigidas a Sedena (6), Fiscalía (6 también) y Semar (5).
Desde que Calderón decidió militarizar la seguridad pública y sacar a los soldados a la calle se registraron más de 7 mil detenciones de civiles cada año, realizadas tanto por elementos de la Sedena como de Semar.
A su vez, el Ejército estuvo involucrado en casi 5 mil 500 enfrentamientos armados y la Marina en casi 400.
Según datos ofrecidos por la institución en una respuesta a una solicitud de información, en 2019 fueron desplegados 62 mil 954 militares, lo que rebasa las cifras de años anteriores. Anualmente desde el inicio de la “guerra al narcotráfico”, el promedio de elementos de Sedena desplegados era de 50 mil y el de Semar de 8 mil.
Entre 2006 y 2019 la CNDH recibió 20 quejas por ejecución sumaria o extrajudicial. De estas, doce señalaban al Ejército, seis a la Policía Federal, tres a la Procuraduría General de la República (actual Fiscalía), dos a la Marina y una a la Comisión Nacional de Seguridad.
La última fecha actualizada que ofreció Sedena sobre el número de muertos y heridos en enfrentamientos es 2014. Con ese corte habría 3 mil 907 presuntos agresores muertos desde 2007 y más de 3 mil puestos a disposición ministerial.
El Ejército también encabeza la lista de sentencias condenatorias por delito de homicidio cometido por servidor público. Un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) recoge 48 condenas y 18 absoluciones. De las que la institución logró obtener una versión pública digitalizada, 23 habían sido dictadas a elementos de la Sedena, 4 a la Semar y 11 a oficiales de la Policía Federal.
#YoSoyAnimal
En relación a la tortura, la CNDH registró que casi la mitad de las 11 mil 500 quejas por torturas y trato cruel, inhumano y degradante estaban dirigidas al Ejército. Detrás de los militares, los más señalados eran Policía Federal, Fiscalía y Marina.
Estas quejas no se traducen después en investigaciones. La Fiscalía Especial para el Delito de Tortura dijo que tiene 4,655 expedientes desde 2015. De ellos solo 0.55% fue judicializado.
Nuevamente, el Ejército está a la cabeza en número de investigaciones sobre su personal, seguido de Semar, Pemex, INM, Policía Federal, Aduanas y prisiones.

Específicamente existen 1,609 investigaciones en contra de Sedena.
Desde su despliegue en junio de 2019 a diciembre de 2019, la Guardia Nacional ha sido señalada en 49 quejas como autoridad presuntamente responsable de cometer violaciones de derechos humanos, de las cuales 7 se refieren a actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.
Por su parte, López Obrador defendió su decisión y aseguró que se trata de un mero trámite, que el despliegue del Ejército durante toda su legislatura ya estaba contemplado en la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional.
“Necesitamos del profesionalismo de la Marina y el Ejercito para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. “No quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, sería un rotundo fracaso; por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública. Estoy convencido de que es necesario y, como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo”, afirmó.
En opinión del mandatario, las críticas a la medida vienen por “desinformación” o “mala fe”.
Desde la sociedad civil, sin embargo, se multiplican los pronunciamientos contrarios a la última decisión presidencial.
“Ni Calderón ni Peña se atrevieron a esto. Supone la entrega de la división de poderes entre lo civil y militar y la entrega de poder a los militares”, dijo José Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH. “Mintió a los votantes de que iba a ser distinto cuando criticó la politica militarizante”, dijo.
Desde el Centro Pro de Derechos Humanos, Luis Tapia consideró que la decisión presidencial puede tener un punto positivo, que es el de la seguridad jurídica, pero también puede normalizar la presencia de los soldados en las calles.
Recordó Tapia que, además de todas las quejas registradas, la CNDH tiene presentadas impugnaciones contra la Ley Nacional de Guardia Nacional, Ley Nacional Registro de Detenciones y Ley Nacional sobre el uso de la fuerza.
“Están en la Suprema Corte y tienen que ser resueltas por el pleno. Hay condiciones para que esto suceda y sería un momento propicio”, afirmó.
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NUEVO CÁRTEL: PIDEN A AMLO QUE EL EJÉRCITO NO ENTRE A LA HUACANA

Un grupo autodenominado Cártel Zicuirán Nueva Generación envió un mensaje al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para pedir que no entre el Ejército a la zona de la Huacana, Michoacán.


15 de mayo de 2020

«EL TREN MAYA PRIVATIZARÁ LOS EJIDOS»


La delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics, de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, contrato millonario por 31 mdp para adquirir 20 ventiladores, cada equipo costaría $1,550,000, el precio más alto para un ventilador comprado por el gobierno federal: https://contralacorrupcion.mx/hijo-bartlett-ventilador-covid-19/

«El Tren Maya privatizará los ejidos»
TERRITORIOS -
10 mayo, 2020 


Imagenes: Archivo / Lucía Vergara

Los ejidos donde Fonatur creará infraestructura relativa al Tren Maya deberán cambiar su régimen de propiedad social a privada. La investigadora Violeta Núñez Rodríguez alerta que esto podría tratarse de un «despojo elegante». Fonatur, en cambio, asegura que es innovación

Texto: Ricardo Hernández

Foto: Archivo / Lucía Vergara

Los ejidos donde se crearán polos de desarrollo relativos al Tren Maya cambiarán su régimen de propiedad social a privada. Así lo advirtió Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Si los ejidatarios ceden sus tierras a un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra), deberán privatizarlas, pues la Ley de la Reforma Agraria no permite colocar certificados bursátiles de ejidos en el mercado de capitales, como el gobierno mexicano propone.

Ello podría conducir al despojo y venta de ejidos, y va en contrasentido a lo prometido por la actual administración federal: impedir la comercialización de propiedad social, afirma Núñez.

La «letra chiquita» del proyecto.

El planteamiento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) es que ejidatarios y empresarios formen una sociedad, donde los primeros aportarán la tierra y los segundos, la infraestructura.

Los bienes ingresarán a un fideicomiso y se colocarán certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. Una vez ahí, dichos certificados podrán ser adquiridos por inversionistas. Finalmente, los socios recibirán recursos provenientes, tanto de la venta de certificados, como de parte del propio Fideicomiso. Pero estos recursos no serán en la misma proporción. Dependerá de las acciones que cada uno tenga en la sociedad.

“Una vez que las tierras han sido ingresadas al Fideicomiso no hay vuelta atrás”, dijo en entrevista telefónica la docente adscrita al Departamento de Producción Económica.

Y es que, de acuerdo con la Ley del Mercados de Valores, las Fibras son irrevocables.

Solo pasados cuatro años de finalizarse la construcción de los inmuebles en los polos de desarrollo, los ejidatarios podrán enajenarlos. O bien, tendrían que comprar las acciones de sus socios los empresarios para recuperar la propiedad.

En cualquier caso, lo que fue propiedad comunal quedará como propiedad privada, y la puerta quedará abierta al desarrollo urbano. La vocación agrícola se perderá. Así lo comenta la profesora de tiempo completo.

La inequidad entre socios será manifiesta. Los empresarios estarán en mejores condiciones para contar con más acciones en la sociedad y, consecuentemente, con mayores retribuciones.

Además, la Fibra es de renta variable. Es decir, depende de la confianza de los inversionistas en México y en la oferta y la demanda. Esto no les garantiza a los comuneros una ganancia, comenta la docente.

“Las Fibras podrían significar un proceso de ‘despojo elegante’. [Esto] debido a que, además de que los ejidatarios nunca podrán recuperar su tierra si lo quisieran, porque sobre ella estarán los proyectos inmobiliarios, tampoco, tienen garantizada la rentabilidad. Quizá en un futuro no les quedaría más opción que vender las acciones que reciban por sus tierras”, remató.

La versión de Fonatur
Consultado al respecto, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, confirmó que es necesario privatizar los ejidos, a fin de bursatilizarlos. La Ley de la Reforma Agraria no contempla el modelo de fideicomiso.

El objetivo es, defendió Jiménez Pons, empoderar a los ejidatarios mediante un beneficio económico que luego podrán reinvertir en su comunidad.

“Los beneficios podrán invertirlos en el resto de su territorio; que se conviertan –ya dentro de sus normas, sus culturas y sus formas de organización que ellos determinen– en recursos para seguir invirtiendo.

«A nosotros no nos interesa que [los ejidatarios] sólo sean parte del esquema del turismo; sino que tengan recursos para reinvertir la plusvalía en el resto de los ejidos. Este empoderamiento es la base fundamental de justicia del proyecto”, dijo por teléfono.

La gran ventaja, añadió, es que los terrenos que ofrezcan aumentarán su valor; obtendrán una mayor plusvalía.

Además, detalló el funcionario, hay candados para resguardar las tierras comunales. Los ejidatarios no podrán vender más del 50 por ciento de su propiedad; y en los polos de desarrollo sólo se permitirá desarrollar el 30 por ciento. En el resto se conservará la vegetación.

Avanzar en el proyecto del Tren Maya y financiar los polos de desarrollo mediante la Fibra es para Jiménez Pons una necesidad. Su propósito es desarrollar el sureste con orden y bajo reglas claras. Según el funcionario, la falta de reglas alentó un desarrollo desordenado en otros lugares.

“Te voy a poner un ejemplo del desastre que ha significado el desarrollo en la Península. En el ejido de Tulum, que son 23 mil hectáreas, ya vendieron el 70 por ciento. Sin ningún plan de desarrollo, sin ninguna lógica ni nada. Es un caos terrible”, afirmó.

Urbanizar con límites, reglas, esquemas y con la participación de ejidatarios, sostiene, beneficiará a la región.

Finalmente, anunció que están por firmar los compromisos para avanzar en las Fibras con ejidatarios de Cobá, Puerto Morelos, Tulum, Bacalar, Palenque e Izamal.

«Innovación» financiera
Humberto Calzada, analista financiero de Rankia México y Latinoamérica, asegura que México estaría innovando en materia financiera. En todo el planeta, dice, no hay precedentes de bursatilización de tierras comunales. 

«Si se da este proceso, estaríamos frente a un evento de innovación financiero y único a nivel mundial. Yo no he conocido otro modelo en el que se privatice la propiedad comunal. Sería un precedente», dijo.

Humberto Calzada, analista financiero.