Caso Ernestina Ascencio:
un remedio que no alcanzaErnestina Ascensio. Herida abierta. Foto: Twitter
@mujeresyla6
REVISTA PROCESO
Por Gloria Leticia Díaz
viernes, 8 de enero de
2021
Integrantes de las organizaciones que impulsan el caso de Ernestina Ascencio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las abogadas Carmen Herrera y Patricia Torres hablan con Proceso a propósito de la reapertura del caso anunciada por la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Si bien reconocen el viraje del Estado mexicano en favor de la indígena asesinada –presuntamente por soldados en la Sierra de Zongolica–, deploran que las nuevas investigaciones estén en manos de la fiscalía veracruzana, que en la gubernatura de Fidel Herrera se plegó a la versión oficial de Felipe Calderón: la mujer murió de gastritis.
CIUDAD DE MÉXICO
(Proceso).- La impunidad que envuelve la muerte de Ernestina Ascencio Rosario,
ocurrida bajo la sospecha de ser víctima de violencia sexual por parte de
soldados del 63 Batallón de Infantería, trasciende al ámbito penal; toca fibras
del espacio familiar, comunitario y de las indígenas mexicanas, coinciden
representantes de las organizaciones sociales que litigan el caso ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Carmen Herrera García y
Patricia Torres, de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos
Humanos y de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, respectivamente,
reflexionan sobre el proceso ante la CIDH.
Ambas también hablan de
la audiencia virtual realizada el 4 de diciembre ante el organismo regional, en
la que la representación de México refrendó la versión del gobierno de Felipe
Calderón, de que Ascencio Rosario falleció por una “gastritis”, y sobre el
anuncio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la reapertura del caso
en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dado a conocer el 10 de
diciembre en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,
Alejandro Encinas Rodríguez.
Después de 13 años de
la muerte de la señora Ernestina en la Sierra de Zongolica y de la cuestionada
intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se plegó a la
versión oficial del gobierno de Felipe Calderón, organizaciones sociales
llevaron el caso ante la CIDH en 2012 y fue admitido en 2017.
Tras un intercambio de
comunicaciones y presentación de alegatos, el 4 de diciembre se realizó la
audiencia en la cual el director general de Derechos Humanos y Democracia de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés, secundó los
argumentos calderonistas, los del encargado de despacho de la Fiscalía General
del Estado de Veracruz, Hernán Cortés Hernández, y del comisionado del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Daniel Pereyra, quienes
también participaron en el encuentro.
Carmen Herrera señala
que en el litigio de admisibilidad del caso, el Estado mexicano se dedicó a
deslegitimar a las organizaciones sociales que solicitaron la intervención de
la CIDH tras haber sido cerrado el caso en 2007 por la entonces procuraduría estatal
del gobierno veracruzano de Fidel.
Corrección a medias
Respecto del viraje del
caso en el gobierno de López Obrador, Herrera y Torres consideran correcta la
reapertura de las investigaciones. Sin embargo, ven como un error que éstas se
dejen en manos de la fiscalía veracruzana.
“El Estado mexicano
tiene que responder a la altura del asunto, desmarcándose de las primeras
respuestas; que se realice una investigación independiente, no sólo de lo que
ocurrió en el expediente de Ernestina, sino de lo que ocurrió en el ambiente
para que la procuraduría estatal cerrara la investigación”, consideran.
Para Herrera, está en
manos del actual gobierno evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, organismo internacional que ha condenado a México en siete
ocasiones por violaciones graves a los derechos humanos, ha emitido sentencias
por hechos atribuibles a miembros de las Fuerzas Armadas y ha identificado a
mujeres como víctimas de violación sexual, tortura sexual y desaparición
forzada.
“Procesalmente, el
Estado tiene esa oportunidad de corregir su posición en cualquier momento, no
tiene que esperar a que la CIDH emita el informe de fondo, porque se busca una
solución, no litigar por litigar. El Estado tendría que enviar una comunicación
a la CIDH y a nosotras informando su disposición para abrir un diálogo,
buscando una solución del caso y los términos que propone.”
Insiste en que es
“inaceptable” para las organizaciones litigantes que la propuesta del Estado se
traduzca en la reapertura del caso a nivel local.
“Este asunto rebasa las
capacidades, las facultades, pero sobre todo la calidad moral y la
confiabilidad de la fiscalía. Si esa es la propuesta, el litigio continuaría
hasta llegar a la Corte Interamericana”, agrega.
Ballinas. Aberración
Los otros agravios
Patricia Torres
recuerda los argumentos sobre las violaciones a los derechos humanos en torno
de la muerte de Ernestina Ascencio que justificaron la admisión de la petición
ante la CIDH, presentados por las organizaciones sociales y no por los
familiares de la víctima.
Asegura que el caso
refleja una “violencia múltiple que se establece entre el racismo y la
violencia hacia las indígenas, desde el punto de vista estructural e
institucional.
“Además, no se
garantiza el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales; lo vemos con la señora Ernestina, pero también en otras mujeres de
otras comunidades a las que no se les reconoce el derecho a la alimentación, al
ejercicio de prácticas comunitarias, a una vida libre de violencia, a la salud
integral e intercultural que se advierte en la falta de un intérprete al
momento en que la señora fue atendida.”
También se violó el
derecho de la comunidad a la verdad al negar la información sobre el expediente
y las causas de la muerte de la víctima, siendo una “violencia que toca a la
comunidad, porque como indígenas no nos separamos del aspecto comunitario, es
una dualidad de derechos”, agrega.
Integrante de la Red de
Abogadas Indígenas, Torres recuerda que para la comunidad de Ernestina Ascencio
ella “era una abuela, una sabia, un referente. Días antes de su muerte, marchó
junto con miembros de su comunidad y otros aliados contra la instalación de un
campamento del Ejército, marcharon contra la militarización”.
La litigante señala la
necesidad de que la autoridad establezca cómo es que “mágicamente”
desaparecieron informes en el expediente penal del caso.
Expone que se advierte
un trasfondo: la criminalización de la protesta y de la defensa del territorio.
El ocultamiento de la información “trastoca el derecho de las mexicanas a la
verdad y no garantiza que el Estado deje de cometer estas prácticas”.
Carmen Herrera dice que
uno de los objetivos del litigio internacional es “la revisión de las políticas
de militarización de México” porque los antecedentes documentados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en México han expuesto que “la presencia de
los militares en los territorios indígenas es letal, de alto riesgo para las
mujeres”.
En ese sentido,
considerando la composición castrense de la Guardia Nacional del gobierno de la
4T, Herrera advierte que la presencia de esta corporación en los pueblos
indígenas debe contar con la voluntad de sus habitantes porque en México “no
existen los pueblos indígenas en las políticas de seguridad”.
Con el caso de
Ernestina Ascencio ante la CIDH, las abogadas pretenden detonar cambios en el
sistema penal para que “cualquiera pueda impugnar un no ejercicio de la acción
penal cuando haya violaciones de los derechos humanos. Hubo impunidad porque se
neutralizó a quien podía exigir justicia, es decir, a la familia de
Ernestina”.
Reportaje publicado en
el número 2305 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 3 de
enero de 2021.
