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Por Miguel Ángel León Carmona | Jueves, Agosto 19, 2021 |
Jacinto escribía columnas que, en ocasiones, pecaban de adjetivos; también era un gestor de sillas de ruedas y hasta de medicinas.
Jacinto Romero escribía y dormía en Ixtaczoquitlán, municipio de las Altas Montañas de Veracruz donde las cifras y las historias traducen la violencia: En dos años, 13 personas desaparecieron en manos de policías y en sus tierras yace un cementerio clandestino donde han brotado 42 cadáveres.
Pero no es todo, el hombre de 61 años reporteaba en su carrito rojo por una ciudad donde integrantes de la delincuencia organizada se han enfrentado con autoridades estatales y federales. Apenas el pasado 11 de agosto allí se activó el Código Rojo: murieron cuatro personas, detuvieron a cinco y un policía ministerial resultó herido.
En esa región trabajaba “El Enano del Tapanco”, nombre de su columna periodística. Un tipo bonachón y de “la vieja guardia”, lo describen. Amante de los gatos y los perros; promotor del buen trato a médicos y médicas que atienden covid (como se muestra en sus redes).
Jacinto escribía columnas que, en ocasiones, pecaban de adjetivos; también era un gestor de sillas de ruedas y hasta de medicinas. Un reportero de otra época donde se desdibujaba la línea entre el poder político y su relación con el periodismo.
Un compañero bien intencionado, reiteran sus colegas que piden justicia por su crimen, el número 26 contra la prensa jarocha desde 2011 y el cuarto en el gobierno del morenista Cuitláhuac García.
Romero Flores cubría la fuente general para Oriesterio 99.3 y sus redes sociales en una zona donde la nota roja se ha adueñado de las primeras planas. Esto provoca que cualquier reportero deba abordar esos temas, aunque lo hagan sin firma para cubrir su integridad y la de sus familias.
Periodistas de las Altas Montañas también padecen la censura que ejercen grupos delincuenciales. “Esa información sí la tenemos, pero nos dicen que no se maneja”, suelen reportar a las redacciones de sus diarios.
El pasado 11 de agosto, un hecho violento se salió de control y ocurrió en Ixtaczoquitlán. El intento por detener a dos presuntos delincuentes en la comunidad de Campo Grande derivó en enfrentamientos y “narco bloqueos” en ese municipio, que se tuvieron repeticiones en Fortín y Tezonapa.
El saldo de ese evento, que tuvo réplicas en los municipios de Fortín y Tezonapa, fue de cuatro personas muertas: dos hermanos que permanecían plagiados en una casa de seguridad, dos civiles armados y un oficial herido. Además, cinco personas fueron detenidas.
Al día siguiente un mensaje comenzó a replicarse en grupos de WhatsApp de reporteros: “Buenas tardes a todos, desde hace rato anda el rumor sobre un reportero presuntamente "levantado" entre Fortín y Orizaba... hasta el momento no se sabe nada oficial, espero y todos los compañeros estén bien, saludos”, decía el escrito anónimo.
En grupos reporteros de la región comenzaron a pasar lista. Jacinto fue contactado por personal de la Comisión Estatal de Atención a Periodistas (CEAPP), a quienes más tarde les refirió que estaba bien, sin dar más detalles.
En febrero de 2021, Romero también recibió amenazas de muerte en su celular. Que no te metas con mi gente hijo de tu puta madre, deja de escribir mamada”, le dijeron.
Días antes, el comunicador consignó el nombre de Cristian Anastasio Quechulpa, sobrino de la síndica de Texhuacan, Salustia Romero Anastasio, a quien responsabilizó de disparar contra un jinete durante una fiesta de XV años en la localidad.
A seis meses de esta amenaza, Jacinto fue asesinado alrededor de las 10:45 en el bulevar Reforma de la comunidad Potrerillo, cuando había salido de su domicilio en su automóvil Nissan Atos color rojo, hacia su trabajo.
Jacinto Romero, en tierra de desapariciones forzadas lo mataron
Jacinto vivía y ejercía su labor en un municipio también asediado por el fenómeno de las desapariciones forzadas. Entre abril y octubre de 2019 (siete meses) 16 personas fueron privadas de la libertad en Ixtac y solo tres pudieron escapar de sus plagiarios.
En todos los casos existen señalamientos contra policías municipales quienes habrían montado retenes y ejecutado detenciones arbitrarias para privar de la libertad a sus víctimas.
El primer caso ocurrió el seis de abril de 2019. Francisco Arellano, un chofer de la línea Intermunicipal de 45 años, bebía cervezas sobre la vía pública en Ixtac con Luis Daniel González, quien limpiaba camiones de esa línea, y Hugo Ruiz Ríos, de oficio mecánico.
De acuerdo con la carpeta de investigación 89/2019, los tres fueron detenidos por policías municipales y llevados a la comandancia. Ese día pagaron una fianza y habrían sido liberados. Posterior a ello no volvieron a ser vistos con vida. Cumplen dos años y tres meses desaparecidos.
El ocho de octubre de ese año, Fernando Trejo, Ciro Álvarez y Martín Flores, salieron de Ixtac hacia el municipio de Ixhuatlán del Café. Los tres avisaron que terminarían de decorar un bar botanero llamado Jey. Ninguno llegó a la cita porque fueron detenidos en un retén fijado a la altura de un puente denominado “Apestoso”, en Ixtaczoquitlán.
De acuerdo con al menos dos testigos, Fernando, Ciro y Martín tripulaban una camioneta Durango color gris; otros dos jóvenes manejaban una motocicleta. Al menos cuatro patrullas con logotipos de la policía municipal de Ixtac y de la Secretaría de Seguridad Pública interceptaron al vehículo.
A los dos jóvenes de la moto y a los testigos, policías les habrían gritado que no vieran y que se marcharan del lugar. Un campesino declaró que los demás fueron tendidos sobre el piso y esposados. El 31 de octubre fue hallada la camioneta Durango en el municipio de Coscomatepec, Fernando, Ciro y Martín no estaban, solo había manchas de sangre en la cajuela del automóvil.
El tercer caso aconteció el 26 de octubre de 2019, con las desapariciones de siete comerciantes: seis hombres y una mujer.
Los nombres de las víctimas son: Jorge Alducin, de 45 años; Ricardo Montesinos Núñez, 20 años; Daniel García Reyes, 25 años; Humberto Gil García, 32 años; Jorge Obet Reyes Flores, 41 años; y los esposos: Joel Reyes Flores y Luisa Carrera Valdés, de 43 y 30 años de edad, respectivamente.
Al menos cuatro de ellos fueron detenidos por policías de Ixtaczoquitlán, según consta en fotografías al interior de esa comandancia: Joel, Ricardo, Daniel y Humberto –y un taxista-. Los cinco fueron detenidos sobre la carretera federal, en el parador denominado "La Quebradora" y luego trasladados a los separos.
Alrededor de las 21:45 horas, los cuatro comerciantes y el taxista habrían obtenido su libertad tras haber pagado una multa. A la comandancia llegaron a liberarlos tres vendedores -compañeros suyos-, el abogado de los detenidos y su hijo.
Las 10 personas se repartieron en una camioneta de batea roja y emprendieron su regreso a Camerino Z. Mendoza. Sin embargo, 20 metros adelante fueron interceptados por un comando armado.
Uno de ellos, el taxista, logró escapar de sus captores y se lanzó a unos cañaverales. Más tarde entregó las llaves del carro que manejaba a su patrón y huyó de la ciudad. El abogado, Eloy López Guevara, y su hijo fueron liberados horas más tarde de haber permanecido incomunicados. Ninguno quiso informar sobre la ubicación de los demás, ni señalar a los responsables.
Ixtac: El cementerio clandestino que no deja de “brotar” cadáveres
Ixtaczoquitlán pertenece a un corredor de las Altas Montañas que integran los municipios de Orizaba, Río Blanco, Nogales, Mendoza y Acultzingo. En esa zona al menos 30 personas desaparecieron entre abril de 2019 y julio de 2021.
Las víctimas son comerciantes, petroleros, empresarios y promotores de la salud; también hay abogados y choferes de autobuses. Sobre ellos hay pocas pistas; pero una de ellas es un cementerio clandestino ubicado en la comunidad de Campo Grande, en Ixtaczoquitlán.
En un año de trabajo 42 cuerpos ya fueron desenterrados. “La mayoría son cadáveres recientes”, cuentan activistas que han palpado y olido esos terrenos. Hoy fueron exhumados cinco cadáveres.
