Opinión de Elisur Arteaga Nava
El escándalo que, de manera artificial, intentan levantar las autoridades federales y Morena con cargo a la gobernadora del estado de Chihuahua, es una bola de humo, un distractor; pretenden que en lo interno la opinión pública deje de atender algo muy grave: la sospecha fundada de que existió connivencia y complicidad con el crimen organizado, de parte de un gobernador, un senador y otros servidores públicos de Sinaloa, que son miembros connotados de Morena.
La acusación contenida en la solicitud de extradición formulada por autoridades de Estados Unidos es muy grave; lo es desde los puntos de vista penal y político. Lo es por el hecho de que existen indicios de que quienes aparecen en la solicitud de extradición fueron patrocinadores económicos, liberales y desprendidos de esa organización política; ésta, en pago de su apoyo, a como dio lugar, les permitió ocupar posiciones importantes en los niveles federal y local; lo hizo sin cuidarse de incurrir en ilícitos e irregularidades. Éstos, en su momento, fueron pasados por alto por las autoridades electorales.
Ante la encuerada en pública que les dieron, los funcionarios federales y Morena trataron de distraer la atención de la ciudadanía; a más no haber, intentaron ventanear a la gobernadora de Chihuahua bajo el pretexto de que había autorizado la presencia de agentes de la CIA en el operativo que se llevó a cabo en territorio de ese estado para desmantelar un laboratorio dedicado a la producción de droga.
Los senadores, muy dignos e indignados, citaron a la gobernadora a comparecer ante ellos a efectos de interrogarla. Pretendían exhibirla y acusarla, entre otros delitos, de traición a la patria. Ella no se prestó al enjuague morenista y, con su negativa, desinfló el distractor. No estaba obligada a comparecer ni era políticamente oportuno que lo hiciera. Que busquen a su taruga en otra parte.
Doña Maru Campos, como se le conoce, como gobernadora de Chihuahua, de conformidad con el artículo 111 constitucional goza de inmunidad. Para que sea encausada por un delito federal, como lo es el de traición a la patria, se requiere que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emita previamente una declaración de procedencia. No lo ha hecho y no lo hará.
Saldrían a la luz muchos detalles que pudieran poner en evidencia que la responsabilidad en el ilícito pudiera ser de las autoridades federales, que fueron las que organizaron el operativo con la intervención del Ejército y son las competentes para perseguir a ese tipo de delincuencia.
Como todos lo sabemos, el Ejército mexicano está bajo las órdenes de la presidenta de la República. Es ella la que, de manera privativa, lo manda (artículos 73, fracción XIV y 89, fracción VII constitucionales). Por lo mismo es ella, de manera exclusiva, la responsable del operativo realizado en la entidad que gobierna la señora Campos. Claudia Sheinbaum no nos puede salir con que no sabía del operativo y de la manera cómo se llevó a cabo.
El hecho de que en la destrucción del narcolaboratorio hayan participado miembros de las Fuerzas Armadas nacionales, indica que las autoridades federales estaban enteradas de la composición del contingente que intervino. La gobernadora no tiene facultades para movilizar a las Fuerzas Armadas.
En cuanto al requerimiento del Senado a la gobernadora hay algo que decir: las Cámaras que integran el Congreso de la Unión no pueden citar a comparecer y, mucho menos, a declarar a la gobernadora del estado de Chihuahua, respecto de la intervención de miembros de la CIA en la eliminación de un narcolaboratorio.
La facultad que tienen las Cámaras para convocar a servidores públicos es restringida: está referida exclusivamente a los servidores públicos mencionados expresa y limitativamente en el artículo 93 constitucional.
Las Cámaras del Congreso de la Unión, por ser parte de un poder público, gozan de facultades y atribuciones enumeradas y, por lo mismo, restringidas; lo que no tienen conferido, expresa o implícitamente, debe entenderse que lo tienen prohibido. No les ha sido conferida la de citar a otros servidores públicos, incluyendo a los gobernadores, debe entenderse que no pueden hacerlo.
Hizo bien la gobernadora Campos en no comparecer o aceptar la invitación. No tenía por qué hacerle el caldo gordo a Morena, ahora que necesita distraer la atención de una ciudadanía alarmada por tanta corrupción que está saliendo a la luz pública e indignada por la connivencia que pudieron haber tenido sus miembros con el crimen organizado. Que los morenos salgan solos del embrollo en que, por ambición de poder y sed de riqueza, se metieron.
Conociendo
como se las gastan los morenos, no es de dudarse que ya tengan elaborada una
reforma a la Constitución por virtud de la cual se faculte a las Cámaras del
Congreso de la Unión para citar a los gobernadores de las entidades y que,
siguiendo su costumbre, en los artículos transitorios, se le dé efectos
retroactivos para obligar a la gobernadora de Chihuahua a comparecer ante
cualquiera de ellas. Ellos, con urgencia, necesitan un distractor y, a como dé
lugar, lo van a encontrar.
Los morenos, por lo pronto, van a tener que ir con su cortina de humo a otra parte. Échenle cerebro; inventen otro distractor más creíble, idóneo o legítimo.
En caso de que
la Fiscalía General de la República cite a la gobernadora, ella, por virtud de
la inmunidad de que goza y por disponerlo así la ley, podrá comparecer y
declarar por oficio.
El que la
Fiscalía General haya citado a más de cincuenta de servidores públicos del
gobierno del estado de Chihuahua es con el fin de que alguno de ellos, por las
razones que sean, comprometa a la gobernadora en el operativo en el que
participaron los agentes de la CIA.
Si de traición a la patria se trata, al parecer, no están exentos de haber incurrido en el ilícito los servidores públicos, tanto federales como del estado de Sinaloa que permitieron el operativo en el que resultó secuestrado el Mayo Sambada y que se realizó durante el sexenio de AMLO. Mejor no le busquen. Entreguen a las autoridades norteamericanas a Rocha, Inzunza y a los otros ocho que les son requeridos y a ver qué pasa.
