Por Ricardo Ravelo
Veracruz, el estado que lo tiene todo, también es sacudido por la muerte. Y hablamos de muerte de periodistas, torturas, desapariciones, amenazas provenientes del poder, del crimen organizado que opera suelto e impune; de policías ligados a la delincuencia organizada y hasta de empresarios –-ligados a mafias – que están implicados en el lavado de dinero con el respaldo del poder político que encabeza la gobernadora Rocío Nahle.
La noche del lunes 1 de junio, la reportera Roxana Berenice Guzmán, editora del portal *Pulso Informativo del Sureste”, fue secuestrada por un grupo armado que irrumpió en su casa, en el municipio de Nanchital, Veracruz, al sureste de esa entidad federativa, y se la llevó con rumbo desconocido. Tiempo atrás, su esposo había sido asesinado aparentemente por una célula del crimen organizado, sin que hasta ahora se conozcan las causas.
La reportara
cubría temas generales, tanto políticos como de violencia, sobre todo, de
actividades de la delincuencia organizada, pues en el sur de Veracruz están
afincadas células de los cárteles de Noreste, Jalisco y La Sombra, éste último,
según informes oficiales, relacionados con los extintos Zetas, que tuvieron
dominio total en Veracruz durante el sexenio 2004-2010, que encabezó el
entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán.
La información del secuestro de la comunicadora fue confirmado por el gobierno estatal, que encabeza la gobernadora Rocío Nahle, a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que abrió una carpeta de investigación para indagar los hechos. Llama la atención que a 48 horas del suceso criminal la mandataria del partido MORENA no se haya pronunciado al respecto. Su respuesta es el silencio, la indiferencia, pues.
En la búsqueda y localización de la periodista se han sumado corporaciones del estado de Veracruz, así como la Marina, Guardia Nacional y efectivos de la Sedena. Hasta el 3 de junio a las 8:32 pm nada se sabía respecto de su paradero.
La organización defensora de periodistas y de la libertad de expresión, artículo 19, condenó el hecho y exigió a las autoridades encontrar a la reportera con vida. Hasta esta noche no hay señales de que pueda estar con vida. Todo es un enigma, brutal la desesperación familiar.
El secuestro fue filmado, quizá por un familiar o por alguno de los criminales, pero en las imágenes se observa cómo el grupo armado irrumpe en la casa de la reportara: derriban la puerta, rompen cristales y entran a la vivienda donde está acompaña de sus hijos. Alguien que la acompaña pretende detener la violencia, pero sus intentos resultan inútiles. Ella es sacada de su casa y llevada a un vehículo. Todos los hombres iban encapuchados y con armas largas, características de que se trataba de un comando armado, un grupo criminal, aunque las autoridades no han identificado de qué cártel se trata.
El caso ha alcanzado ya un revuelo internacional, en comisiones de derechos humanos, organismos defensores de la libertad de expresión, sobre todo, por el video que se ha vuelto viral y que exhibe cómo el crimen organizado opera con tanta libertad que ´puede llegar a cualquier domicilio de un periodista y secuestrarlo, como queda exhibido en el caso de la reportera Roxana Berenice Guzmán.
Los casos de comunicadores asesinados en el estado de Veracruz confirman toda una historia que inició desde el gobierno de Javier Duarte –2010-2016 –; en ese lapso fueron asesinados al menos una decena de reporteros, todos, presuntamente por estar ligados al crimen organizado, aunque según los expedientes, en muchos de esos casos los agentes estatales no fueron ajenos a los crímenes.
Desde los gobiernos de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes (gobernador por dos años) y Cuitláhuac García Jiménez, en el estado de Veracruz han sido asesinados al menos 25 periodistas, muchos de ellos , por parte de grupos criminales como Los Zetas; otros por policías al servicio del crimen y unos más han sido desaparecidos. Las investigaciones, en más del 80 por ciento de los casos, están archivadas tanto en la Fiscalía de Veracruz como en la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene varios expedientes abiertos pero sin que haya presuntos responsables detenidos.
Los cuestionamientos le han llovido a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por los descuidos en materia de seguridad. Enfrentó hace poco más de un mes una tunda de críticas por el derrame petrolero que arruinó la vida de miles de pescadores debido a la contaminación imparable. Ella minimizó el hecho diciendo que en el mar sólo había *gotitas” de petróleo cuando, en realidad, la mancha contaminante que provino de Pemex en Campeche llegó hasta Tamaulipas y la frontera con Estados Unidos.
Ahora se le cuestiona que no le importa la seguridad del estado, pues resulta que parece estar más ocupada en la lista de negocios personales que en la atención debida a la sociedad que gobierna.
A poco más de diez años que empezó la crisis de muertes y desapariciones de reporteros en Veracruz, los casos siguen impunes, archivados en las fiscalías y sin avances.
En mi libro *Asesinato de periodistas: Los Expedientes” (Grijalbo 2015), cuento las historias de 12 casos de comunicadores veracruzanos desaparecidos, cuyos expedientes están archivados.
En ese tiempo tuve acceso a los expedientes, y me llamó la atención que muchos sucesos sólo tenían cinco hojas. Ese era todo el expediente, lo que revelaba la falta de interés oficial en investigar y menos en aclarar cada uno de los casos.
Todo ello ocurría a pesar de que la matanza de reporteros continuaba, lo que convertía al estado de Veracruz en un cementerio de periodistas. Ahí están sin aclarar los casos de Miguel Ángel López Velasco –Milovela –reportero del diario Notiver asesinado a tiros cuando dormía en su casa junto a su esposa. Los gatilleros entraron a su domicilio durante la madrugada, después de que el reportero había salido de cubrir sus tareas reporteriles. Periódicos
En el libro referido de mi autoría también cuento la historia de la reportera de ese mismo medio de comunicación, Yolanda Ordaz, decapitada por Los Zetas, presuntamente por no cubrir la cuota que el cártel otorgaba a cierto número de reporteros para no publicar información en contra del grupo criminal.
Y, otra historia conmovedora, es la de Regina Martínez, que también abordo en mi libro, asesinada en 2012, cuando era corresponsal del semanario Proceso en el estado de Veracruz.
En fin, por lo menos más de una decena y media de casos siguen impunes en el estado que ahora gobierna Rocío Nahle, a quien parece que nada le importa la seguridad de los ciudadanos y menos la de los reporteros que son víctimas de amenazas, secuestros y asesinatos.
La señora está muy ocupada en sus negocios desde el poder, de la mano de su esposo, el repartidor de contratos para amigos y cómplices.
Así las cosas.
Ricardo Ravelo Galó es un periodista mexicano especializado en temas de narcotráfico, justicia y seguridad. Ha trabajado en medios como Proceso y ha publicado diversos libros de investigación sobre crimen organizado y política en México.
