Originario de Còrdoba, Veracruz, cae presunto miembro de Los Zetas en la capital

Alejandro Cruz

Periódico La Jornada

Elementos de la policía de investigación capturaron en la ciudad de México a Jesús Argenis Hernández Leal, presunto integrante del grupo delictivo Los Zetas y uno de los 16 reos que se fugaron en septiembre pasado del penal de Coatzacoalcos, Veracruz.

 

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Jesús Rodríguez Almeida, señaló que en sus declaraciones ante el Ministerio Público, Hernández Leal dijo ser sicario y haber participado en un enfrentamiento a balazos contra elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Córdoba, un mes después de evadirse de la cárcel.

 

En noviembre pasado, Hernández Leal llegó a la ciudad de México dedicándose al narcomenudeo en la colonia Guerrero, donde fue detenido la tarde del martes. Según sus dichos, explicó Rodríguez Almeida, luego de su fuga participó en una veintena de secuestros y ocho ejecuciones en Córdoba.

El presunto sicario, que será entregado a las autoridades de Veracruz, fue arrestado por primera vez en 2008 y condenado a siete años de prisión por robo de vehículo, y según sus declaraciones, fue en el penal de Coatzacoalcos que se integró al grupo de Los Zetas y que le pagaban 15 mil pesos mensuales por sus servicios.

Alcalde de Ato Lucero,Ver. Recibio 350 Mil Pesos de Empresa GoldGrup."Caballo Blanco".

Bote para el alcalde de Alto Lucero!

Por Ana Lilia Velázquez

El Frente Amplio Social (FAS), pidió al Gobierno del Estado mantener su posición en contra de la instalación de la mina Caballo Blanco, en los municipios de Alto Lucero y Actopan al tiempo de exigir cárcel para el alcalde de Alto Lucero, Lucio Castillo quien recibió cerca de 350 mil pesos de la empresa canadiense Goldgroup.

El dirigente del FAS, Uriel Flores Aguayo dijo que si bien es importante la posición del gobernador Javier Duarte de Ochoa, de rechazar el proyecto minero, "más importante es que se mantenga en esa línea y no se quede en una declaración, lo importante es que se active y se ponga en una posición determinante frente al Gobierno Federal y no le permitan, que siga autorizando el funcionamiento de esa mina, porque está trabajando, ya están realizando labores de preparación del suelo, que sea firme en los hechos".

 

Mientras que del presidente de Alto Lucero Lucio Blanco, Flores Aguayo dijo que éste debe estar en la cárcel "porque a confesión de partes relevo de pruebas. Dice que le agarró 380 mil pesos para gastos menores, sin conocer el proyecto de la mina".

 

Se trata del clásico indígena en el marco de la conquista española, "que les daban oro nuestros indígenas y recibían espejitos para que la empresa canadiense pueda operar un negocio de millones de dólares, cuando podría cobrar 380 millones de pesos por el uso de suelo y de impuesto predial nada más. Le dieron migajas al pobre y el colmo es que haya salido a decirlo, pero es panista qué se puede esperar de un panista, son más decentes las señoras del árbol que los del PAN".

Información: Notiver.

“Tira” Anonymous sitio de Interpol en protesta por el arresto de 25 miembros

La RedacciónMÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de ciberactivistas Anonymous embistió de nueva cuenta contra el sitio web de la Interpol, en represalia por el arresto de 25 de sus miembros en España, Chile, Argentina y Colombia.

Las detenciones se dieron en el marco de la operación “Exposure” de la Interpol, que investiga lazos internacionales de la red de hackers de Anonymous.

A través de algunas de sus cuentas, los hacktivistas hicieron referencia al ataque. Por ejemplo, el usuario @IberoAnon escribió:

 

“http://www.interpol.int/ TANGO DOWN! ESO SE MERECENN!! POR QUE ANONYMOUS SOMOS MAS!”

“Tango down” es una expresión que las fuerzas de Estados Unidos utilizan cuando han eliminado a un enemigo.

 

En la misma cuenta, el colectivo advirtió: “Los inútiles esfuerzos de la policía y los gobiernos por ‘desarticular’ a Anonymous sólo nos hacen más fuertes. Expect us.”

 

La Policía española detuvo a cuatro presuntos activistas del colectivo de hackers en Madrid y Málaga. Otros 10 fueron arrestados en Argentina, seis en Chile y cinco más en Colombia.

 

A los detenidos en España se les considera presuntos responsables de ataques de denegación de servicio (DDoS) y defacement (modificación de una web si autorización del propietario).

Sus ataques estaban dirigidos a páginas web de partidos políticos, instituciones y empresas, así como a la publicación en la red de datos de escoltas de la Presidencia y miembros de la Policía Nacional.

 

En ocasiones los ataques eran dirigidos de manera individual, pero apoyados por varias personas que unían sus esfuerzos y conocimientos para llevarlos a cabo.

 

Luego de analizar miles de blogs, la Intepol logró identificar a las personas que se encontraban detrás de estas actividades ilícitas.

 

La Dirección General de la Policía informó que dos de los arrestados ingresaron a prisión por orden judicial, uno quedó en libertad bajo fianza y el cuarto es un menor de edad, por lo quedó bajo custodia de sus padres.

 

Los investigadores identificaron y detuvieron en Málaga a quien identificaron como F.J.B.D., conocido como “Thunder” o “Pacotron”, presuntamente encargado de administrar y gestionar la infraestructura informática utilizada por Anonymous en España e Iberoamérica, principalmente.

 

Los servidores que administraba estaban alojados en la República Checa y Bulgaria y servían a los ciberactivistas para comunicarse de forma segura y coordinar nuevos ataques.

 

Los agentes lograron también la identificación J.M.L.G., “Troy”, presunto autor material de los ataques más destacados y filtraciones reivindicadas por Anonymous en España. Fue arrestado en Madrid.

 

Aunado a los arrestos, la policía española, en coordinación con la Interpol, realizó cuatro registros en los que se intervinieron 25 ordenadores, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento que ya son analizados por los especialistas.

 

Por su parte, la Policía chilena confirmó hoy la detención de seis presuntos miembros de Anonymous, uno de ellos de nacionalidad colombiana y dos menores de 17 años. Fueron ubicados en las localidades de Rabcagua, La Calera, Colina, y en los sectores de Maipú, SanMiguel y Ñuñona, en Santiago, la capital.

 

En Ñuñona fue donde la policía arrestó al colombiano de 23 años, quien reside legalmente en Chile desde hace tres años.

 

Los arrestos fueron realizados por detectives de la Brigada contra el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI). Los involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Centro Norte de Santiago.

 

En conferencia de prensa, Jaime Parra, subprefecto de la PDI, dijo que los hackers quedaron en libertad en calidad de “apercibidos”, por lo que deberán prestar declaración y podrían ser imputados formalmente.

 

Los principales ataques de los hacktivistas chilenos fueron dirigidos a Endesa Chile, Hidroaysén, el Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional y varios sitios del gobierno colombiano, según la policía chilena.

 

Los hackers, agregó, no se conocían físicamente entre ellos, y aunque su identidad se mantiene reservada, se indicó que uno es estudiante de informática, egresado de análisis de sistema, y otro iba a ingresar este año a la misma carrera.

 

Los seis detenidos son investigados por su presunta participación en mayo de 2011 en el ataque “Tormenta del Sur”, contra los sitios de la generadora Endesa y del consorcio HidroAysén, que desarrollan un proyecto para levantar varias represas en la Patagonia, mismo que es rechazado por la comunidad.

 

También están involucrados en el ataque los sitios del Ministerio de Educación y la Biblioteca Nacional, en el marco de la operación “Mal Educados” de junio pasado, en apoyo a las movilizaciones de estudiantes chilenos.

 

En Chile, este tipo de delitos alcanza una pena que va de 541 días a cinco años de prisión.

 

La policía del país sudamericano también investiga ataques a sitios web del gobierno de Colombia, entre ellos el Ministerio de Defensa, en los que podría estar involucrado el activista de esa nacionalidad, detenido hoy en Chile.

http://www.proceso.com.mx/?p=299586

Lo torturan, lo acusan de asesino, lo encarcelan 12 años y… resulta inocente

Isaín Mandujano

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Torturado hace 12 años por policías judiciales de Chiapas para confesar un crimen que, dice, nunca cometió, Ananías Laparra Martínez fue liberado por las autoridades locales bajo la figura de “sentencia suspendida”.

 

El 14 de octubre de 1999, Laparra Martínez, su esposa Rosa Godínez, y sus hijos José Ananías y Rocío Laparra Godínez, de 14 y 16 años de edad, respectivamente, fueron detenidos y torturados. El padre de familia fue sentenciado a 28 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, supuestamente perpetrado contra Elvis Díaz Martínez en el municipio de Coacahotán.

En 2007, ocho años después de ocurrido el suceso, amigos, familiares y abogados del acusado crearon el Comité Laparra y exhibieron los abusos cometidos por el gobierno de Chiapas.

 

El caso se llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, en Washington, Estados Unidos.

 

Tras varios años de esfuerzo y gestoría, hoy se realizó una reunión en la que participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación y autoridades del gobierno del estado de Chiapas. Estuvieron presentes miembros de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, del Consejo Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Salud, así como el abogado Ricardo Lagunes Gasca.

 

Desde Seattle, Alejandra Gonza y Thomas Antkowiak, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, presenciaron el evento protocolario vía Skype.

 

Ananías Laparra Martínez, de 64 años de edad, recordó que luego de ser torturado, sin saber leer ni escribir y con la complicidad del Ministerio Público, fue forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, confesando un crimen que no cometió.

Pese a las reiteradas denuncias de tortura que hizo Laparra desde el primer momento en que estuvo frente a un juez, fue sentenciado a más de 28 años de prisión.

 

La confesión obtenida bajo tortura fue la prueba principal de su condena, aceptada por los jueces mexicanos con base en el principio de inmediatez procesal.

 

Laparra Martínez era un blanco fácil para la policía y el Ministerio Público. De escasos recursos económicos y sin instrucción académica, su detención no sería objetada y dotaría a las autoridades de una condena sin mayores esfuerzos de investigación.

 

En una misiva, el director de la Clínica de Derechos Humanos, Thomas Antkowiak, señaló que este caso “representa una dura realidad en México: el uso sistemático de la tortura y coerción como método de investigación por parte de la policía y el Ministerio Público, y la aceptación de prueba coaccionada por parte del Poder Judicial”.

 

Esa práctica sistemática ha sido reconocida y reprochada por numerosos organismos internacionales, que han solicitado al Estado mexicano realice cambios estructurales en su sistema de justicia.

De acuerdo con Antkowiak, un momento decisivo en la historia del caso Laparra fue la presentación, por parte de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Varios estudiantes de derecho participaron en el análisis del expediente, así como en la preparación y el seguimiento del caso ante la CIDH.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano que instrumentara medidas adecuadas para dotar de tratamiento médico y proteger la delicada situación de salud de Laparra.

 

“La decisión de la CIDH se transformó en una herramienta trascendental para generar un espacio de negociación con oficiales del gobierno local y federal sobre el caso de Ananías Laparra”, dijo Alejandra Gonza, abogada representante en el caso.

 

Después de un intenso periodo de negociaciones y reuniones, y con la adopción –el pasado viernes 24– de medidas cautelares por parte del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, la Mesa de Reconciliación determinó liberar a Laparra este martes, bajo la figura de sentencia suspendida.

 

Para llegar a este punto fue fundamental el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la representación legal del abogado mexicano de la familia Laparra Martínez, Ricardo Lagunes Gasca, con quienes la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle pudo consolidar la libertad.

 

Lagunes, Gonza y Antkowiak dijeron que la Clínica y todo el equipo de abogados y organizaciones que los apoyaron continuarán trabajando en representación de la familia Laparra Martínez, para que el Estado de mexicano le otorgue una reparación integral por las graves violaciones a sus derechos humanos.

 

Los esfuerzos, añadieron, incluirán el litigio pendiente ante la CIDH, además de las iniciativas entabladas ante autoridades estatales y federales.

 

Laparra Martínez dejó el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número de 3 de Tapachula, Chiapas (CERSS 3), pero la travesía apenas empieza para él, pues ahora iniciará la búsqueda de su hijo José Ananías, quien “huyó” de la entidad luego de haber sido torturado por policías judiciales, y hasta ahora nada saben de él.

 

Lo último que Ananías Laparra Martínez supo de su hijo, ahora con 26 años de edad, es que estaba en el Distrito Federal y que se había hecho adicto a las drogas.

http://www.proceso.com.mx/?p=299563

Si hay corrupción en el ejército, acepta General...

El General Roberto de la Vega Díaz aceptó la posibilidad de que exista corrupción entre personal del Ejército y que además es problema generalizado entre las corporaciones.

De acuerdo con El Universal, De la Vega exhortó a los soldados, agregó, es a que no se involucren en actividades ilícitas.

 

En el marco de una ceremonia en las instalaciones de la Región Militar en Torreón, Coahuila, de la Vega aceptó que hay corrupción en las filas del ejército.

 

Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador ha señalado que se debe retirar al ejército de la guerra contra el narco precisamente para evitar que se corrompa.

 

Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, o obstante, se han declarado a favor de mantener al ejército en la misma guerra contra el narco de Felipe Calderón.

Posted by Victor Hernandez

http://elsenderodeveracruz.blogspot.com/2012/02/si-hay-corrupcion-en-el-ejercito-acepta.html

ABOUT JUSTICIA PARA GABRIELA ARLENE BENITEZ YBARRA

Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe exige justicia en el caso de la estudiante veracruzana de 17 años Gabriela Arlene Benitez Ybarra. 

Exigimos que se esclarezca este caso, y se castigue con todo el peso de la ley a las personas responsables. 

Fue un feminicidio y las autoridades también tuvieron una parte de responsabilidad en este acto deliberado de violencia e impunidad, la familia de Gabriela Arlene exige justicia contra este terrible crimen que arrebató la vida de su hija. 

Gabriela Arlene sólo es una de las miles de chicas que desaparecen todos los días, sin que a las autoridades les interese actuar, y posteriormente aplicar todo el rigor de la ley, estos crímenes flagelan a nuestra sociedad. 

Simplemente no podemos permitir que este acto deleznable quedé en la impunidad y el olvido, que las autoridades sigan haciendo caso omiso de nuestras exigencias, de no resolver, ya basta. 

¡No más feminicidios! 

¡Alto a la Impunidad y a la indiferencia! 

¡Ni una mujer o niña más víctima de las redes de trata! 

¡Ni una mujer o niña más víctima del crimen organizado!

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ANTECEDENTES

Uno de los casos más emblemáticos sobre desaparecidos en Veracruz registró la noche del viernes su capítulo más dramático, al hallarse el cuerpo de Gabriela Arlene Benítez Ybarra, una joven bachiller de 17 años desaparecida el 13 de junio pasado.

La Procuraduría de Veracruz, dijo Ybarra, perdió mucho tiempo al considerar que Gabriela se había escapado de la casa.

"Pierden mucho al principio, iban a investigar si no andaba mi hija con un grupo (delictivo). Te desprestigian, pierden mucho tiempo en desprestigiar a la victima", contó Ybarra entrevistada el pasado 18 de septiembre en Xalapa en el marco de la Caravana por la Paz al Sur.

"La autoridad perdió tiempo valioso en desestimar el caso, diciendo que escapó (...) que había violencia intrafamiliar", dijo Ybarra, quien detalló que empezó a buscar a su hija por su cuenta luego de que las autoridades no avanzaban con las investigaciones.

Los primeros 15 días, dijo, empezó a enviar correos electrónicos, luego empezó a convocar conferencias de prensa para difundir el caso y el 14 de agosto viajó al centro del país para participar en la marcha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y buscar un encuentro con Sicilia.

"De alguna manera ésto se hizo público muy fuerte, fue como el caso, no sé si pones en riesgo la vida de ella, pero no te puedes quedar callado, no puedo yo callar esto" De acuerdo con Bárbara, el caso de su hija no es el único en el estado. Asegura que hay varios jóvenes desaparecidos de 16, 18 años en promedio.

MIENTRAS SE PREOCUPAN POR SEGUIR EN EL PODER, NO LES IMPORTA LO QUE LES PASA A LAS Y LOS VERACRUZANOS... ¿HASTA CUANDO SEÑOR JAVIER DUARTE DE OCHOA...? ¿HASTA CUANDO SE HARA JUSTICIA A LAS VICTIMAS?

Ernestina Ascencio Rosario: una historia que no termina

VICTIMA DE LA IMPUNIDAD Y DEL MALDITO PODER...

ACUERDOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS PISOTEAN LA DIGNIDAD DE LOS POBRES Y... A ESTOS IMBÉCILES "NI SUS MADRES LES CREEN"

Nuevamente, doña Ernestina Ascencio Rosario se coloca en el centro y con ella la historia de impunidad y complicidades de los hombres en el poder. Cuando parecía que el caso quedaría en la historia, la inhabilitación del médico forense, Juan Pablo Mendizábal, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, por haber “contaminado” las pruebas que confirmaron la violación por parte de soldados contra doña Ernestina, revive la historia con más fuerza.

Y lo hace porque nuevamente deja al descubierto las cadenas de complicidades dentro y fuera del aparato de justicia al servicio del poder.

Hace tres años la lucha por la verdad de lo sucedido con doña Ernestina se debatía entre el pueblo de Soledad Atzompa, el Gobierno Federal  y la CNDH.  Por un lado una población que creía en la voz de doña Ernestina, quien antes de morir aseguró que “los soldados se me echaron encima”.

Para estas fechas el certificado de la necropsia realizada por el médico Juan Pablo Mendizábal y en la cual se certifica desgarro en el ano y vagina, así como la presencia de semen, es invalidada desde los Pinos y  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El gobierno de Fidel Herrera y la procuraduría de Veracruz se retractan de la versión de agresión sexual contra doña Ernestina, lo que días antes habían defendido dando la razón a los hallazgos del médico forense, por arte de magia, se niega, como judas tres veces.

La violencia cometida contra doña Ernestina amplia su círculo hasta llegar a intimidar al propio pueblo de Soledad Atzompa, y al personal médico involucrado en el caso.

Esta violencia institucional cometida contra Doña Ernestina para ocultar la verdad llevó a la suspensión del forense Juan Pablo Mendizábal, de la médica Catalina Rodríguez quien atendió a Doña Ernestina aún con vida; al médico forense Ignacio Gutiérrez, quien intervino en la exhumación y en la segunda necrocirugía; y contra la química Ana María Roldán, quien localizó las enzimas P30 y fosfatasa ácida que se produce en la próstata.

Tres años después del proceso iniciado en contra del Forense Juan Pablo Mendizabal, la procuraduría veracruzana decidió  inhabilitarlo por haber “contaminado las muestras de líquido hemático que se tomaron del cadáver de doña Ernestina, versión realizada en 2006 por el entonces presidente de la CNDH, José Luis Soberanes.

La resistencia del Pablo Mendizabal para “corregir su versión”  y corroborar lo dicho por Calderón y defendido por Soberanes, lo llevó a una persecución. Sostenerse en que “la señora murió por razones traumáticas y no por patología” provocó la inhabilitación de su cargo después de 23 años de servicio.

Pero esta historia no termina aquí, pues a decir de Mendizabal el llegará hasta las últimas consecuencias para demostrar que su trabajo solo mostró la verdad, una verdad que no les gusta a los hombres del poder y que han hecho todo para ocultarla.