Reclama AI a la Federación retomar las garantías para zonas indígenas del país
SIN JUSTICIA LAS AUTORIDADES CONDENAN A LAS COMUNIDADES AL MIEDO Y AL PELIGRO DE MÁS VIOLENCIA, CONSIDERÓ ARTURO ÁVILA SALAZAR, ENCARGADO DE COMUNICACIÓN Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO // FOTO AVC NOTICIAS
Orizaba, Ver.- Amnistía Internacional (AI) reclama que el gobierno federal retome las garantías y acceso a la justicia en las zonas indígenas del país, debido a que esta materia sigue siendo letra muerta en las regiones rurales. El mejor ejemplo es el 15 aniversario de la matanza de indígenas en Acteal, “hecho que no ha tenido castigo para los culpables”.
Arturo Ávila Salazar, encargado de Comunicación y Proyectos Tecnológicos de Amnistía Internacional México, recuerda los hechos del 22 de diciembre de 1997, “cuando 45 indígenas tzotziles, principalmente mujeres y niños, que integraban la organización de la sociedad civil Las Abejas, fueron asesinados en Acteal, municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas. La Sociedad Civil Las Abejas se formó en 1992 como un grupo indígena pacifista, que defiende los derechos de las comunidades indígenas, la resolución pacífica de los conflictos locales y la liberación de personas injustamente encarceladas”, explicó.
Advirtió que los responsables que no han cumplido sus respectivos castigos, “las mismas autoridades que habían armado y entrenado a miembros de grupos armados ilegales responsables de esta masacre fallaron además en su obligación de evitarla. Tras 15 años continúan fallado en su obligación fundamental de investigar de forma independiente estos hechos y llevar ante la justicia a todas las personas responsables. En el décimo quinto aniversario de la masacre, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades mexicanas su deuda de justicia con las víctimas y sus familiares, quienes deben continuar viviendo con el dolor y las consecuencias de estas atrocidades”, precisa.
Así, refirió esta masacre “permanece como uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de México. Los fallos de las autoridades para esclarecer los hechos, llevar a todas las personas responsables, por acción u omisión, ante la justicia y proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas no hacen sino acrecentar esta oscuridad, por ello es el reclamo de justicia en las zonas indígenas”.
Desde 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió liberar a las personas acusadas de haber participado en la masacre debido a irregularidades en el proceso judicial, que habían sido previamente señaladas por diversas organizaciones sin que la Procuraduría General de la República actuase para corregirlas. “Esta decisión muestra una vez más las serias deficiencias del sistema de justicia mexicano para investigar, perseguir y castigar a las personas responsables de graves violaciones de derechos humanos garantizando un juicio justo”.
Esto demuestra que la impunidad se ha perpetuado pese a las reiteradas exigencias de Amnistía Internacional y otras organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, para que las autoridades cumplan con su obligación de investigar exhaustivamente y con respeto a todas las garantías y así establecer la verdad y hacer rendir cuentas a quienes resulten responsables.
Sin justicia en este y en otros casos, las autoridades condenan a las comunidades al miedo y al peligro de más violencia. Esto ocurre en todas las regiones indígenas del país, donde el acceso a la justicia plena “está cerrado para los pueblos indígenas”.
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