“No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”: Virginia Woolf
El gobierno mexicano ha fallado en la protección a periodistas, pues sus instancias de procuración de justicia no actúan con la urgencia necesaria en la solución de los casos. La impunidad continúa reinando en el Estado Mexicano. Han denunciado las organizaciones Articulo 19 y las Naciones Unidas. Lo anterior, probablemente explique por qué 184 comunicadores fueron agredidos en este año sin que exista un solo responsable tras las rejas.
De acuerdo con los registros de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el año a punto de concluir, se convirtió en uno con los mayores registros de agresiones contra periodistas en México, con un promedio de 184 casos.
Entre los actos de violencia cometidos contra trabajadores de los medios de comunicación destacan los asesinatos, otras agresiones físicas, el hostigamiento, las amenazas, desplazamiento forzoso así como el registro de 11 detenciones arbitrarias, y una desaparición.
De acuerdo a los reportes de Organismos defensores de libertad de expresión, en 12 años de panismo en la Presidencia de la República fueron asesinados 107 periodistas en todo el país.
Un documento hecho público por Artículo 19 advirtió que de las 172 agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación, el estado de Veracruz ocupó el primer lugar:
“Entre las entidades que presentaron el mayor número de periodistas y medios agredidos se encuentran Veracruz (con 29 agresiones), Distrito Federal (21), Chihuahua (15), Coahuila (15) y Oaxaca (11).
El caso de Veracruz merece detenerse en él no sólo porque las agresiones se hayan incrementado 300% respecto del año anterior, sino porque la violencia contra la libertad de expresión se presentó en todas sus facetas. El territorio veracruzano ha sido escenario de asesinatos y desapariciones de periodistas; de ataques violentos contra medios de comunicación, abusos de las autoridades contra comunicadores en coberturas y aun de acciones penales emprendidas por el propio gobierno contra la libertad de expresión”.
Y luego dicen que Veracruz tiene un récord de impunidad. De los 8 casos de periodistas asesinados, no se ha producido ningún avance, en las investigaciones. Sólo se detuvo a una persona como presunta responsable de la muerte de la corresponsal de Proceso Regina Martínez. Un hombre que ya está condenado con la pérdida de su vida pues está infectado de SIDA.
Uno ve el trabajo de la Procuraduría pero no hay indicios, no se entiende la razón del trabajo de una dependencia que produce cero en crímenes de muy alto impacto, con toda la presión de la opinión pública. Y a la que por cierto, le autorizaron un presupuesto de más de 800millones de pesos, para el año 2013.
Uno ve los muchos números y cifras que revelan los organismos que se proclaman como defensores de la libertad de expresión. Varios pronunciamientos cuando algún hecho trágico. El asesinato o desaparición de un comunicador se vuelve noticia nacional e internacional. Las estadísticas crecen. Pasan los días, la memoria falla. Nadie más vuelve a comentar del caso y todo continúa igual.
Y es que esta impunidad en torno a los asesinatos contra comunicadores, se da no sólo porque hay un gobierno que no quiere ni puede esclarecer los homicidios, sino también porque los medios de comunicación están divididos. No hay empatía ni solidaridad, ni unidad. En muchas ocasiones, no hay siquiera un reclamo público del medio donde trabajaba el periodista victimado. No hay ni una sola voz de reclamo de sus compañeros.
Cuando es asesinado un periodista en Veracruz o en México, la nota ocupa breves espacios por uno o dos días; después, el caso no se vuelve a mencionar. Se crean comisiones que no investigan nada. Pura propaganda que sirve de cortina de humo y luego, como si el periodista jamás hubiera existido. Todo a lo que sigue.
Los diputados federales y senadores respondieron bajo presión al llamado de organismos defensores de libertad de expresión, aprobando en marzo de este año, una reforma a la fracción XXI del Artículo 73 constitucional que permite a la Federación atraer casos de asesinatos o agresiones en contra de quienes ejercen el periodismo para ser investigados y juzgados desde dependencias federales.
Se establece la facultad de la Federación de conocer casos de competencia local, aunque esta facultad resulta discrecional hasta en tanto se aprueben las reformas a la legislación secundaria que dispongan los supuestos bajo los cuales la Federación tenga obligación de atraer los casos.
A decir verdad, no creemos que esto ayude en nada al combate de la impunidad sobre los crímenes contra periodistas. Si las autoridades locales deciden archivar los casos, es precisamente, por la indiferencia con que las autoridades federales asumen estos y muchos otros casos más.
Existe una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de índole federal y su trabajo ha estado concentrado en actualizar las estadísticas sobre las víctimas, pero jamás se sabe a qué otra cosa se dedican.
Impunidad, producto del fracaso total en la procuración y administración de justicia del Estado Mexicano. Cierto es que el gremio de los periodistas ha sido severamente afectado con tantos asesinatos, pero no lo ha sido menos la sociedad civil. Las más de cien milvíctimas al finalizar el sexenio Calderonista lo revelan.
A lo largo de todos los años, la impunidad en el país, afecta a toda la sociedad. Han sido víctimas también de la delincuencia desde un defensor de derechos humanos, un rico empresario, artistas, alcaldes, el hijo de un poeta, una joven trabajadora de las maquilas de Ciudad Juárez en Chihuahua o de Villa Isla en Veracruz. Un anciano que desapareció misteriosamente. Un muchacho que regresaba de la escuela, un niño que fue arrebatado de la cuna mientras su madre lo paseaba por ahí.
La violencia y la impunidad atacan a todos por igual. Producto de la falta de voluntad política para frenarla. En la dramática regla, los periodistas no podrían ser la excepción. En la triste pero dura realidad, el Estado mexicano se encuentra al borde de lo fallido, explicable en gran medida porque a la mayoría de la población, no le interesan los problemas de los otros.
En esta dramática situación que continúa viviendo México, han sido el silencio, la indiferencia y la división de la sociedad, los tres principales factores causantes de la muerte de hombres, mujeres, niños y de la población civil en general. Así como del abuso, impunidad y corrupción con que se desempeñan los funcionarios públicos en todos los niveles. Y así continuará mientras el pueblo no se una y salga a las calles a exigir el cumplimiento de sus derechos. A demandar un ¡alto a esta barbarie!.
Por eso nadie puede decir que hay libertad de prensa cuando publicar temas muy sensibles conlleva una amenaza de muerte o la desaparición. No hay libertad de prensa cuando el Estado no quiere ni puede garantizar la vida de los periodistas y a la sociedad como se ha visto, tampoco le ha preocupado mucho. ¿Gritar o callar?. He aquí el dilema.
Si el periodista calla, avala la violencia, la impunidad y la infame corrupción que ahoga a México como nación. Si el comunicador calla, matamos la libertad, la justicia y la posibilidad de que, con información, la sociedad tenga el poder de cambiar esta triste historia. Hacia dónde ir. He aquí el otro gran dilema…
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