Con el pretexto de introducir el “derecho al olvido” en México, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos sentó un precedente para que cualquier persona exija la censura de todo tipo de contenidos en internet, los periodísticos incluidos. La resolución dictada por el Ifai, por unanimidad, viola no sólo la Constitución, también tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, opinan expertos, además de ser regresiva en materia de libertad de expresión y acceso a la información. El fallo –que obliga a Google a eliminar información periodística de su buscador– favorece al empresario Carlos Sánchez de la Peña, accionista de Estrella Blanca y contratista del gobierno federal, y perjudica a la revista Fortuna. Negocios y Finanzas. El supuesto afectado, amigo de los Fox-Sahagún
Quien se le ocurra: Carlos Salinas de Gortari o su hermano Raúl o Elba Esther Gordillo o Amado Yáñez o Manuel Abarca o Arturo Montiel o, de plano y si estuviera vivo, hasta Arturo Durazo, el Negro, quien sea, cualquiera podrá solicitarle al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) que obligue a los motores de búsqueda de internet a borrar los enlaces hacia los trabajos periodísticos que les causen escozor.
Ése es el precedente que el Instituto sentó el 26 de enero pasado al resolver la controversia presentada por un empresario contra Google México (e implícitamente contra la revista Fortuna. Negocios y Finanzas). Ésa es la gravedad de la resolución emitida por el organismo que supuestamente debería garantizar el derecho a la información, coinciden especialistas.
Por unanimidad: todos los comisionados de acuerdo, todas las manos levantadas en pleno, el Ifai resolvió el expediente PPD.0094/ 14 a favor de Carlos Sánchez de la Peña, empresario de autobuses cuyas ligas –de amistad, de negocios– con la familia Fox-Sahagún fueron develadas en la revista Fortuna. Negocios y finanzas.
La publicación dio a conocer los regalos de la familia Sánchez Alcántara, controladora del Grupo Estrella Blanca, a la Fundación Vamos México, de la entonces primera dama, Marta Sahagún; también los frutos de la amistad con la pareja presidencial: contratos, invitaciones exclusivas… el rescate de su emporio con recursos públicos.
En el trabajo periodístico publicado en 2007 se informó de una acusación de fraude contra Salvador Sánchez Alcántara e hijos, entre ellos Carlos, el ahora beneficiado por el Ifai (“Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México”, febrero de 2007, Fortuna. Negocios y Finanzas, número 49).
Años después, el 9 de septiembre de 2014, el Ifai recibió una petición por parte del implicado en los casos de corrupción-amistad con los Fox-Sahagún:
“Solicito de la manera más atenta –firmó Carlos Sánchez de la Peña– se proceda a la cancelación, bloqueo y supresión de dicha información (incluido mi nombre) del motor de búsqueda Google que es donde aparecen publicados [los enlaces].”
Para Sánchez de la Peña, la información contenida en tres links que aparecen al teclear su nombre en Google afecta su “esfera más íntima (honor y vida privada)”, así como sus “relaciones comerciales y financieras actuales.
“Se trata de información vinculada con aspectos financieros, patrimoniales y judiciales”, remató el solicitante.
El agraviado y familia, “amigos de Fox”
Albores del primer sexenio panista. Nuevos círculos, nuevas oportunidades de hacer negocios con el poder. “Por aquellos días [Salvador Sánchez] Alcántara [padre de Carlos Sánchez de la Peña] se regodeaba de su amistad con la familia presidencial y ése era el principal ‘argumento’ que usaba incluso ante los socios minoritarios” (“La buena estrella de Vicentillo”, 1 de junio de 2006, Contralíneanúmero 56).
El enlace entre ambas familias era Vicente Fox de la Concha, Vicentillo, quien fungió como “asesor” y vicepresidente del emporio. Entonces, la gracia cayó sobre Estrella Blanca: de estar endeudada hasta el riesgo de quiebra pasó a ser el grupo transportista más beneficiado por el gobierno federal; consolidó su poder y expansión con el hijo del entonces presidente de México como garantía.
Tal era la cercanía entre los empresarios y los habitantes de Los Pinos que compartieron los beneficios mediáticos de la caridad impulsada por la fundación a cargo de Marta Sahagún.
En el trabajo periodístico que Sánchez de la Peña solicitó cancelar, bloquear y suprimir, se da cuenta de los “donativos” hechos por Estrella Blanca para revestir la filantropía de la esposa del presidente: autobuses destartalados y millones de pesos.
La bonanza llegó con contratos por cientos de millones de pesos con diversas dependencias federales, laxitud en el pago de impuestos y el favor del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), para reestructurar su deuda.
Sin embargo, supuestamente las ganancias no llegaron a todos los accionistas del grupo y se quedaron en las cuentas de Sánchez Alcántara y sus hijos. Por ello, diversos socios de Estrella Blanca iniciaron una denuncia penal por fraude de más de 1 mil millones de pesos en su contra.
Los enlaces que llevan a esa información que “afecta la esfera más íntima” de Sánchez de la Peña –su padre ya murió– son los que el Ifai ordenó suprimir del buscador de Google.
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