Por: Ana Cristina Ruelas (@anaruelas) y Eunice Sánchez (@eunice_schz)
Actualmente se discuten modificaciones a la iniciativa de Ley de Transparencia que pondrían en riesgo los alcances de esta reforma y que representan, una vez más, la simulación del compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. Las y los ciudadanos requerimos conocer los hechos, los actores involucrados y las penas a las que serán acreedores.
En un ejercicio de “parlamento abierto” el Senado de la República invitó a la sociedad civil para que en conjunto trabajaran una iniciativa de ley de transparencia que garantizara el derecho de acceso a la información; sin embargo, después de más de doscientas horas de trabajo, análisis y discusión el legislativo cerró sus puertas a la sociedad.
La iniciativa presentada el 2 de diciembre del año pasado por senadores del PRI, PAN, PRD Y PVEM atendía, sin reparos y con ciertas excepciones, los más altos estándares del derecho de acceso a la información a nivel internacional, creaba los mecanismos necesarios para su promoción y garantizaba que las restricciones fueran apegadas a la legalidad, otorgando mayor certeza a los solicitantes.
Además, la iniciativa contaba con un gran acierto que, en tiempos como los nuestros, es por demás necesario: se reconocía el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad en los que el Estado estuviera involucrado.
Por un lado se obligaba a la CNDH a publicar toda la información relacionada con aquellos casos en los que hubiese determinado violaciones graves a derechos humanos que hasta el momento son tres -incluyendo la reciente reclasificación del caso Tlatlaya-. También consideraba que ninguna reserva podría invocarse cuando la información solicitada refiriera a estos hechos y que el organismo garante –el IFAI o su símil en las entidades– podría pronunciarse sobre la publicidad de esta información tras un análisis sobre la trascendencia social que reviste. Por último, y con la intención de construir la memoria histórica, se obligaba a las autoridades a generar la información inexistente.
Actualmente se discuten modificaciones que pondrían en riesgo los alcances de esta reforma y que representan, una vez más, la simulación del compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas. Las y los ciudadanos requerimos conocer los hechos, los actores involucrados y las penas a las que serán acreedores.
Si bien es necesario reconocer la participación del Estado y las acciones que se están llevando a cabo para que estos hechos no se vuelvan a repetir. En un contexto de violencia e impunidad como el mexicano se requieren leyes que protejan los derechos de los ciudadanos, servidores públicos que trabajen en conjunto con la ciudadanía y no sirvan a otros intereses.
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