Redacción Desinformémonos
Ciudad de México, 6 de febrero de 2015. Antonio Víctor Montes Contreras,
habitante de Chalchihuapan, murió el día cinco de febrero después de casi siete
meses de aprehensión por haber sido testigo presencial, junto con cinco
personas más, del asesinato con una bala de goma, por parte de la policía de
Puebla, del menor José Alberto Tehuatle.
Las cinco personas, entre ellas el edil auxiliar
del pueblo, fueron detenidos y acusados de privación de la libertad, homicidio
en tentativa, motín y ataques a las vías de comunicación, pero tan sólo dos de
ellos fueron puestos en libertad.
El hombre de 55 años de edad, fue golpeado durante
la protesta contra el cierre de la casa auxiliar el año pasado. Su familia
denunció en reiteradas ocasiones, que desde la aprehensión, la salud de Antonio
se complicó, además de la depresión que le causaba el encierro aún cuando era
clara su inocencia y siempre estaba triste.
Hace unas semanas informaron sus familiares que
Montes Contreras se desmayó y lo tuvieron que sedar debido a los síntomas
graves de su depresión, hasta causarle la muerte.
El 24 de diciembre fueron liberados los seis
policías implicados en la muerte del menor José Alberto Tehuatle. La Primera
Sala en Materia Penal consideró que los delitos imputados de lesiones y
falsedad de declaraciones no fueron cometidos con dolo y alcanzaron fianza, de
la que se desconoce el monto y quien la pagó. Dos de los policías se les
acusaba de homicidio, pero los cargos también fueron retirados por considerarlo
culposo, aunque el caso no se ha cerrado, los elementos de la fuerza pública ya
se encuentran en libertad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
emitió once recomendaciones al gobierno de Rafael Moreno Valle, quien aseguró
haberlas cumplido cabalmente, pero sólo se ha obtenido de ellos el silencio. El
gobernador es responsable de la muerte del menor Tehuatle, pues después de un
proceso irregular se había aprobado la llamada Ley Bala, que permitía el uso de
armas de fuego contra manifestantes.
El gobernador de Puebla hizo pública una ley
diferente a la aprobada donde daba luz verde al uso de armas de fuego contra la
población civil. Aunque la recomendación de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) señala a la policía de Puebla como responsable del
homicidio, excluye de alguna imputación al gobernador pues este además de dar
la autorización al operativo, no tenía la facultad para modificar una ley
Ahora con la muerte de Antonio Víctor continua la
represión por parte del gobierno de Moreno Valle contra el pueblo de
Chalchihuapan que decidieron oponerse a sus políticas represivas. Con dos de
sus habitantes muertos y otros más encarcelados este pueblo se debe enfrentar
al amedrentamiento de la policía, que con rondas día y noche, operaciones
regulares donde rompen ventanas y puertas, agreden a mujeres, personas adultas
y niños, siguen organizándose para manifestarle al gobernado que su lucha no
termina ahí.
Cientos de personas han denunciado las políticas
represivas del gobernador Rafael Moreno Valle, aun con la liberación del
activista Juan Carlos Flores el pasado 23 de enero, son más de 45 activistas,
según datos del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas del estado de
Puebla (FOSyPue), quienes permanecen privados de su libertad por oponerse a los
megaproyectos que los despojaran de sus territorios y recursos naturales,
además de los que se oponen a las políticas del gobierno estatal, tal es el
caso de dos miembros de la Unión Popular de Venteros Ambulantes acusados de
narcomenudeo y nueve ediles auxiliares que se resisten a que la administración
de esta entidad acabe con los registros civiles, que implicaría que los
poblanos de lugares remotos se tengan que trasladar hasta la capital del
estado.
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