El terrorismo de Estado en nuestro país sigue su curso ascendente
en el cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo.
Desde el ejecutivo federal se ha echado a andar la maquinaria represiva como
respuesta al descontento popular generalizado, que surge ante el avance de las
políticas neoliberales. Así lo demuestra la represión ejercida contra el
movimiento magisterial democrático de guerrero el pasado 24 de febrero,
política de gobierno que se generaliza contra todo esfuerzo organizativo que se
mueva fuera del corporativismo estatal.
La
militarización y paramilitarización como estrategia contrainsurgente se
continúa incrementando a lo largo y ancho del país, dejando una estela de
terror y muerte a su paso, perfeccionando sus métodos para tratar de infligir
el mayor daño posible al pueblo y sus organizaciones. Con ello se eleva la
cifra de los crímenes de lesa humanidad, cometidos directamente por el
ejército, la marina, policía federal, amparados en la impunidad que les brinda
el Estado burgués, aun cuando a nivel nacional e internacional existen pruebas
fehacientes de que son prácticas sistemáticas y recurrentes del gobierno
federal.
La
coyuntura que se abrió con Ayotzinapa ha sido empleada por el Estado para
administrar el descontento que se erige en torno a este tema, pero a la vez, lo
utiliza para cercenar la larga lista de terror de miles de víctimas de la
desaparición forzada. Para algunas voces y opiniones conviene que el tema solo
se centre en 43 detenidos desaparecidas, condenando al olvido los miles de
casos de este crimen deleznable que puede rebasar las más de 300 mil víctimas.
Una
tarea fundamental para el movimiento popular es no permitir que los detenidos
desaparecidos y en general todas las víctimas del terrorismo de Estado queden
en el anonimato. La necesidad de abrir los cuarteles militares es
imprescindible, ya que históricamente es en estos centros donde se mantiene en
ilegal detención a las víctimas de la desaparición forzada.
Nosotros
en el FNLS enarbolamos esta demanda para exigir la presentación con vida de
todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy, entre ellos el caso más
emblemático es el de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y
Edmundo Reyes Amaya, a quienes por una resolución judicial se da el fallo en su
favor, ordenando a las autoridades federales su búsqueda en los principales
cuarteles militares del país. Sin embargo las autoridades federales pese a que
existe un fallo judicial concretamente la Procuraduría General de la República
PGR se niega a aceptar esta resolución, violando y contradiciendo su propio
marco jurídico.
Ante esta situación es una necesidad impulsar la gira nacional, Desaparición Forzada en México: Caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad, que inició el 16 y 17 de febrero en la ciudad de Oaxaca, pasando por Chiapas, y próximamente en Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Jalisco y Distrito Federal; para dar a conocer la resolución judicial, además de que sirva como un antecedente jurídico a todas las victimas del terrorismo de Estado.
Ante esta situación es una necesidad impulsar la gira nacional, Desaparición Forzada en México: Caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad, que inició el 16 y 17 de febrero en la ciudad de Oaxaca, pasando por Chiapas, y próximamente en Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Jalisco y Distrito Federal; para dar a conocer la resolución judicial, además de que sirva como un antecedente jurídico a todas las victimas del terrorismo de Estado.
Versión
completa en Consigna Socialista No 26
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