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| Materiales Industrializados, S.A. de C.V, actual propietaria de una concesión minera para la extracción de carbón mineral, ha sido ligada a “Los Zetas” en distintas ocasiones. Foto: Cuartoscuro |
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– Una de las empresas mineras que solicitó a la Secretaría de Energía (Sener) la adjudicación directa de contratos para la extracción de gas natural fue señalada en 2012 como colaboradora de personas presuntamente vinculadas con el grupo delictivo de Los Zetas.
Se trata de Materiales Industrializados, S.A. de C.V, actual propietaria de una concesión minera para la extracción de carbón mineral y que, según una investigación publicada por el periódico Reforma, habría permitido que presuntos operadores de Los Zetas en la región de Sabinas, Coahuila, explotaran el combustible en los terrenos que amparan sus permisos federales.
La misma empresa, de acuerdo con información entregada por la Sener a SinEmbargo, busca ahora la “adjudicación directa de un contrato para la exploración y extracción de gas natural contenido en la veta de carbón mineral” que explota desde al menos 2010. La compañía es, también, una de las 22 mineras que en conjunto han presentado ante la Secretaría 322 solicitudes para acceder a este tipo de convenios con el Gobierno federal previstos por la nueva Ley de Hidrocarburos.
La presunta participación de la delincuencia organizada en actividades de extracción en la región Carbonífera de Coahuila –la principal productora de este mineral en el país– fue mencionada por el ex Gobernador y ex dirigente nacional priista, Humberto Moreira Valdéz, en octubre de 2012, días después del homicidio de su hijo José Eduardo, y cuando advirtió que el presunto autor de este crimen, el asesinado líder Zeta Heriberto Lazcano “El Lazca”, se había coludido con empresarios de aquella entidad fronteriza.
Moreira no dio entonces nombres, pero, de acuerdo con lo reportado por los medios, se refirió a empresarios y “opinólogos” que usaban sombreros “Stetson”, en lo que las notas calificaron como una referencia a Armando Guadiana, representante del ex candidato presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador en aquel estado y, también, hermano de José Luis Guadiana, dueño de Materiales Industrializados.
Días después, el periódico Reforma publicó una serie de artículos señalando al dueña de esta empresa como quien facilitaba la extracción del mineral en sus terrenos a presuntos colaboradores del cartel delictivo.
“De acuerdo con información oficial en poder de Grupo Reforma, José Luis Guadiana Tijerina ha permitido en los últimos años la operación de personas vinculadas con el crimen organizado en sus propiedades (…) La información oficial señala que el empresario posee un predio de 439 hectáreas en la microrregión Cloete Sur, donde operaron negocios pertenecientes a José Reynold y Joel Bermea Castilla, cuyas actividades son investigadas por las procuradurías General de la República (PGR) y la de Justicia del Estado de Coahuila”, publicó el diario el 5 de noviembre de 2012.
Para esta información, SinEmbargo solicitó una entrevista a los representantes de Materiales Industrializados, cuyas oficinas están en Sabinas, Coahuila, pero no hubo respuesta.
En un posicionamiento público hecho ante los señalamientos de Moreira, emitido desde noviembre de 2012, Armando Guadiana defendió la legalidad de las actividades de su hermano y atribuyó las acusaciones a sus críticas contra la corrupción y endeudamiento del ex mandatario.
“Jamás consideré que la reacción de grupos de poder en la Entidad fuera a llegar al exceso de afectar la imagen y tranquilidad de alguno de mis familiares directos, para tratar con ello de desanimar mi postura crítica en contra del Gobierno, por tal razón exijo a los medios de comunicación una postura objetiva en el tema tratado y de las instituciones de administración y procuración de justicia acciones totalmente apegadas a Derecho, es lamentable que mediáticamente se trate a un ciudadano como si fuera culpable cuando jamás ha sido acusado o citado por autoridad alguna que lo investigue por hecho concreto”, dijo Guadiana en un comunicado emitido ese 5 de noviembre.
La misma serie de artículos de Reforma había reportado que las empresas presuntamente investigadas por PGR por narcotráfico habían sido contratadas por el gobierno del estado para que surtieran de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El artífice de tal convenio, reportó el periódico, habría sido Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) y detenido por la falsificación de documentos que condujeron al millonario endeudamiento de Coahuila.
Según la información, como jefe de las finanzas del estado, Villarreal controlaba la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), que es la entidad creada por Moreira para mediar entre las empresas locales y la CFE.
“Estas compañías habrían ayudado a que Los Zetas, que se apoderaron de minas clandestinas para extraer carbón de manera ilegal, lavaran unos seis millones de pesos a la semana. Esto lo harían al comprarles el mineral por debajo del precio de mercado y venderlo a la Comisión Federal de Electricidad a través de la Prodemi, que sirve de intermediaria para que los productores de carbón de baja escala surtan a la CFE”, reportó el periódico.
En enero de 2013, citando palabras de Guadiana, los medios reportaron también que la Procuraduría General de la República había congelado las cuentas bancarias de Materiales Industrializados.
“Estamos solicitando la suspensión provisional y luego definitiva, para que vuelvan a la base en que estaban las cuentas en base a la argumentación que estamos dando y que espero que la autoridad resuelva de manera favorable y de acuerdo a la ley”, reportó El Diario de Coahuila el 9 de enero de 2013.
El 31 de octubre de 2014, José Reynold Bermea Castilla fue asesinado con disparos de arma de fuego en el exterior de su casa, en el municipio de Sabinas. Los reportes apuntaron a la presencia de dos tiradores ya que se encontraron casquillos de pistolas 9 y 45 milímetros.
MINERAS BUSCAN CONTRATOS
El 9 de marzo pasado, la Sener entregó a SinEmbargo una lista con 32 nombres de empresas que habían ingresado solicitudes para obtener contratos para la exploración y extracción previstos en la nueva Ley de Hidrocarburos, creada en el marco de la reforma energética.
De las 32 compañías, agregó la Secretaría de Energía, nueve buscan “migrar asignaciones a contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos”, y el resto, las mineras, buscan la “asignación directa de contratos para la exploración y extracción del gas natural asociado al carbón mineral”.
Estas adjudicaciones directas están previstas por el artículo 27 de la citada Ley, la cual indica que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) podrá contratar a las actuales concesionarias mineras para la extracción de gas natural “siempre y cuando los concesionarios mineros acrediten, ante la Secretaría de Energía con opinión técnica favorable de la propia Comisión, que cuentan con solvencia económica y capacidad técnica, administrativa y financiera necesarias para llevar a cabo las actividades de Exploración y Extracción del Gas Natural producido y contenido en la veta del carbón mineral”.
Según la lista de la Sener, otras mineras son compañías como Alpha Prime Mining; Carbón Mexicano; Minera Ameca; Minera Huajicari; Minera Zapaliname; Gonzalva Mining; Gupa de Sabinas; Impulsora Especializada en Desarrollos Carboníferos e Integración Minera.
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