Las prácticas de la llamada Guerra Sucia están “vivas” tras haber sido “cobijadas” por la impunidad, consideró el doctor José González Ruiz, presidente de la Comisión de la Verdad en el estado de Guerrero.
El pasado 12 de marzo, durante la Cátedra Extraordinaria de Derechos Humanos “Luis Javier Garrido Platas” llevada a cabo por la organización universitaria El Tribuno Popular en la Facultad de Derecho, González Ruiz explicó que la comisión creada en el año 2011 por el Congreso del estado de Guerrero, buscaba esclarecer las violaciones a derechos humanos durante la “Guerra sucia”, no obstante, el lapso encomendado fue sólo de 10 años, de 1969 a 1979.
Para José González Ruiz, el fenómeno de repetición de una guerra sucia es “reprochable”, la creación de una comisión de la verdad pone en existencia las pruebas de que el Estado en algún momento “decidió romper el marco jurídico para producir daños a sectores de la población que considera ‘peligrosos’”.
El abogado señaló que la Comisión se trata de un sistema de justicia alternativa, “son mecanismos que no tienen vinculación directa con el poder, que se crean porque no funcionan los sistemas ordinarios de impartición de justicia”.
Y es que advirtió que la Guerra Sucia no es sino el uso del poder del Estado para realizar conductas violatorias para “exterminar” sectores de la población; especialmente a los enemigos que generan cuestionamientos al poder, como en el caso de Iguala, Guerrero, con estudiantes que llevaron a cabo “acciones que el poder considera peligrosas para su autoridad”, llegando a una conclusión donde para ellos, esos “enemigos” no tienen derechos, siquiera humanos.
González Ruiz indicó que el Informe final de la Comverdad que fue presentado apenas en octubre del 2014, tardó dos años en realizarse, luego de incluir la revisión del Archivo General de la Nación así como documentos desclasificados de la extinta Dirección Federal de Seguridad además de reunir testimonios que acreditaron 512 casos de desapariciones forzadas con una lista de 326 perpetradores, de los cuales 227 corresponden a mandos castrenses.
Detalló que los mandos militares actuaron conformando grupos irregulares armados que incluían civiles, quienes tenían como finalidad la eliminación de los contactos de la guerrilla. Entre los principales responsables, advirtió, se encuentra el mayor Mario Arturo Acosta Chaparro y el teniente coronel Francisco Quiróz Hermosillo.
El ponente dio a conocer la existencia de estrategias del Gobierno Federal como el “Plan telaraña” cuyo objetivo era exterminar a las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. Advirtió que la guerra sucia “pega parejo”, comparando los hechos de represión con el acto de lanzar una piedra al agua, que golpea en un punto, pero cuyas ondas generadas se expanden y llegan a otras partes, pues el propósito del terrorismo de Estado es inhibir al resto de la población para que ya no se organice y actúe.
Finalmente González Ruíz reparó en que “la guerra sucia sigue viva, porque todos estos años la ha cobijado la impunidad” como al parecer sucedió el 26 de septiembre en Iguala con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “hay que buscarle en el Ejército, si lo mismo hacían antes y quedó impune”, concluyó.
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