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| Una mujer baña a su hijo en un terreno ocupado irregularmente al norte de Veracruz. Foto: Yahir Ceballos |
Es el programa estrella del gobierno federal pero, al menos en Veracruz, desborda corrupción. Los funcionarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre piden “ayudas” a los más pobres, los vivales defraudan a familias, la propia Sedesol ordena guardar los apoyos que urgen, se documentan desvíos millonarios, se manipulan las listas de beneficiados, se relega a gente en la miseria, se maquillan resultados, se “entregan” casas que son una porquería, se venden viviendas que deberían regalarse, empresas sancionadas siguen recibiendo dinero público… Los veracruzanos andan peor que a su suerte.
ALTOTONGA, Ver. (Proceso).- Las 74 comunidades localizadas en este municipio –ubicado a unos 70 kilómetros de Xalapa, en la zona montañosa– están inscritas dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH). Todas necesitan ayuda, pero la corrupción impera entre quienes deberían auxiliar a los más necesitados.
Cada persona que requiere asistencia se presenta ante la coordinadora del programa, Mary González, esposa de un exalcalde del PRI. Ella despacha en la cochera de su casa. El espacio es ocupado por algunos escritorios, sillas y varias secretarias y brigadistas que atienden a empadronados e integrantes de los comités comunitarios, creados para informar de las carencias de cada pueblo. Muchos se quejan de que una vez que entregan sus diagnósticos y listas, los recursos acaban en otras manos.
Un brigadista de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, que coordina el programa en todo el país) atiende a un anciano. “¿Cuántas familias son en tu comunidad?”, le pregunta. “Como noventa y tantas”. “¿Hay noventa y tantos terrenos?”, relanza el empleado, “Sí. Y un lote baldío”, “Ése también anótalo. Pero hay que apoyar al ingeniero. Ahí te lo encargo”, le pide antes de cortar abruptamente la conversación ante la presencia de los reporteros y el fotógrafo.
“El ingeniero” es un conocido operador político de la región de Altotonga que colabora con el priista Édgar Spinoso Carrera, quien ahora – abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– busca una diputación por el distrito de Martínez de la Torre.
Esta escena exhibe parte del desaseo, el desorden y la manipulación entre las diversas instancias que manejan programas sociales, padrones y dinero de Sedesol, el gobierno del estado y las alcaldías, en éste y otros municipios.
La opacidad en el uso del erario es aprovechada por candidatos y funcionarios para hacer promesas, y por vivales que cobran “apoyos” y se desaparecen con las sumas que les entregan los habitantes con la esperanza de que ese pago les retribuya una lámina, un techo, un tinaco.
La coordinadora Mary González, quien dirige el proyecto no sólo para Altotonga sino también en Las Minas, reconoce: “A mucha gente no le llegó (la asistencia). O llegó, pero el beneficiario fue otro. Eso pasa mucho con los techos y los pisos. Los integrantes de los comités comunitarios vienen a quejarse porque no los toman en cuenta”.
Ella se entiende con representantes de 185 comités comunitarios de Altotonga y 10 de Las Minas, que participan en la elaboración de los dictámenes de carestías y registro de posibles beneficiarios, pero desde 2013 ellos se quejan de los problemas que hay con los destinatarios de la ayuda.
Adelina Salazar, del comité de Magueyitos, refiere: “El año pasado metí a todo el poblado en el programa, para que luego no me reclamaran que a unos sí y a otros no. Pero nomás llegaron 49 tambos grandes. Este año ni tambos ni láminas ni nada. No han entregado nada, nos dicen que por la veda (electoral)”.
Para colmo, hace tres años Adelina y otros vecinos de Magueyitos fueron estafados por un ingeniero que pidió 700 pesos a cada familia para, supuestamente, registrarlas en el Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (Fonaevi) “y comprometer la construcción”. Reunió 17 mil 500 pesos de 25 familias y se desapareció.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2009, ya en circulación)
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