Ahora
que los juicios políticos se han puesto tan de moda para quitar a funcionarios
incómodos, es bueno saber que desde hace 15 años, en la Cámara Baja del
Congreso existe un “rezago” de 356 procedimientos pendientes, y aún faltan por
dictaminar 31 casos presentados al inicio de la actual legislatura, entre los
que destacan las solicitudes presentadas contra los exsecretarios de Relaciones
Exteriores Luis Videgaray, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Rosario
Robles y el expresidente de México Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a la
presidenta de la Subcomisión de Examen Previo, Rocío Barrera Badillo (Morena),
todos esos asuntos serán revisados de manera exhaustiva, pero siempre
vigilantes de que se respeten las garantías y los derechos humanos de los
ciudadanos, pues temas abarcan en su mayoría del año 2003 a agosto del 2018. En
Veracruz diversas organizaciones y particulares demandan juicio político contra
el Fiscal Estatal, Jorge Winckler Ortiz, e incluso varios alcaldes se han
sumado a la demanda, aunque la presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos
Constitucionales en el Congreso local, Mónica Robles Barajas aclaró que los
diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) siguen en el
análisis de esa posibilidad, por lo que negó que haya una fecha para iniciar el
proceso, aunque señala que con el aval de la reforma a la Constitución que da
la facultad al Poder Legislativo de remover al titular de la Fiscalía General
del Estado, se puede hacerlo. Respecto al ámbito Federal, Barrera Badillo dice
que México cuenta con dos mecanismos para imponer responsabilidades a los altos
funcionarios: el juicio político y la declaración de procedencia penal.
En
tanto, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN) recordó que este
instrumento está diseñado para cesar de sus funciones a quienes han llegado a
un cargo gracias a la decisión de un órgano representativo o por el voto
popular, y que debido a su inapropiada actuación deben ser sometidos a los
principios del orden constitucional. Sin embargo, deja en claro que el juicio
político no será una herramienta de vendettas políticas, sino la que recuerde
que hay ciudadanía vigilante del trabajo de los servidores públicos.
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