El
retos de México en materia de desaparición de personas sigue siendo enormes, y
aunque no es un problema que empezó en la actual administración, el riesgo de
ser víctima de desaparición en México es todavía actual, alerta Antonino de
Leo, director en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). El asunto, insiste, constituye una
tragedia humanitaria y una emergencia nacional forense.
Tan solo señala que el
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha remitido
un total de 56 mil 363 casos a 112 Estados, y México se ubica tristemente entre
los 10 países con más casos remitidos a nivel internacional. De Leo precisa que
aunque hubiera un subregistro en las cifras, la problemática es mayúscula. “Si
bien las estimaciones numéricas de la crisis son claramente menores a las
cifras reales, existe un importante subregistro. De acuerdo con el registro
nacional de personas extraviadas y desaparecidas, al mes de abril de 2018 se
contabilizaban 37 mil 435 personas desaparecidas en México.
Al día de hoy, en
declaración oficial del subsecretario de Derechos Humanos (de la Secretaría de
Gobernación), Alejandro Encinas, sabemos que por lo menos son 40 mil 180 las
personas desaparecidas, de acuerdo con esas cifras oficiales; que hay mil 100
fosas clandestinas y más de 26 mil cuerpos sin identificar. De Leo subraya que
quienes laboran en la UNODC, admiran y acompañan su caminar en la búsqueda de
justicia y verdad, y dejo en claro que de nada valdría reconocer que toda
persona tiene derecho a la justicia si en realidad dicho acceso no es efectivo.
Por ello, señala que como parte de la garantía del derecho a la justicia, es
indispensable que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de realizar
búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas y debe asegurar
reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves
violaciones.
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