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CIUDAD DE MÉXICO, 17 jun (Reuters) - Dos sindicatos estadounidenses se mostraron preocupados por las violaciones a los derechos de los trabajadores y pidieron a las autoridades mexicanas que liberen a la abogada laboral Susana Prieto, arrestada hace una semana, en momentos en que está por entrar en vigencia un nuevo acuerdo comercial regional.
Prieto, quien el año pasado ayudó a
organizar inéditas huelgas en decenas de fábricas en la ciudad de Matamoros, en
la frontera norte del país latinoamericano, fue acusada de amenazas, incitación
a disturbios, coerción y crímenes contra servidores públicos. La abogada ha
negado los cargos.
Con el tratado comercial entre
México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) que entrará en vigor el 1 de julio, los
sindicatos estadounidenses están preocupados porque la detención podría socavar
el compromiso mexicano de proteger los derechos de los trabajadores, un
objetivo central del pacto comercial.
Prieto podría permanecer en la cárcel
hasta fines de julio mientras se investiga el caso, dijo la oficina del fiscal
general del estado Tamaulipas tras su arresto el 8 de junio en Matamoros. Un
juez estatal rechazó las solicitudes de la abogada para ser liberada mientras
el caso está pendiente.
“Esto claramente es intencional y sin
duda tendrá un efecto escalofriante en los trabajadores que se ven obligados a
tomar una decisión de vida o muerte cada día antes de ir a trabajar en
condiciones peligrosas”, dijo el martes el portavoz del sindicato unido de
trabajadores del automóvil, Brian Rothenberg.
“Representa un desafío muy real para
el gobierno mexicano implementar las reformas acordadas por Estados Unidos y
México bajo el TMEC”, añadió en un comunicado.
Richard Trumka, presidente de la
Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales
(AFL-CIO por su sigla en inglés), la mayor coalición de sindicatos de Estados
Unidos, calificó las denuncias como “falsas”.
“Nos estamos acercando a la
implementación de los acuerdos laborales del TMEC, y México debe cumplir con su
compromiso de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores”, dijo
Trumka en un comunicado reciente.
En su conferencia de prensa diaria,
el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que seguía
de cerca el asunto, pero que solo los funcionarios estatales podían manejar el
caso.
El fiscal general del norteño
Tamaulipas, Irving Barrios, dijo que los cargos se derivaron de una queja de
una junta laboral en Matamoros sobre una protesta de unos 400 trabajadores
frente a sus puertas en marzo pasado. El grupo fue acusado de ser violento y
amenazar a los empleados del gobierno.
Cuando se le pidió un comentario, la
Secretaría del Trabajo de México respondió a Reuters que el caso implicaba
cargos criminales, no una disputa laboral.
Reporte de Daina Beth Solomon, traducido por Sharay Angulo
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