jueves 4 junio, 2020
La brutalidad policiaca parece estar en la orden del día. Lo que ha hecho detonar la atención ciudadana no han sido, por desgracia, los múltiples casos ocurridos en nuestro país, sino la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd por la brutalidad policiaca en Mineápolis, Minesota, que se transmitió en tiempo real a través de las redes sociales y que ha incendiado a todo el país vecino.
En los últimos días nos han golpeado moralmente las noticias de dos asesinatos a manos de quienes deberían protegernos: la primera, la de un hombre en situación de calle asesinado en marzo en Tijuana, y la segunda, la de otro hombre en un municipio de Jalisco, detenido por no llevar cubrebocas y regresado muerto a sus familiares.
En Tijuana, a través de redes sociales, se hizo viral el video que un automovilista grabó con su teléfono celular el pasado 27 de marzo, donde se observa de principio a fin cómo sometieron a una persona en situación de calle en una estación de gasolina. Mientras el agresor estaba esposado y boca abajo, un agente le puso su bota en el cuello y otro agente lo sometió con su rodilla en la columna vertebral, hasta que dejó de respirar.
Por otra parte, el pasado 4 de mayo, Giovanni salió con su familia a cenar, cuando policías de Ixtlahuacán de los Membrillos los detuvieron por no usar cubrebocas en la vía pública, sin embargo, comenzaron a golpearlo, se lo llevaron detenido y al día siguiente regresaron con su cuerpo inerte.
Los casos abundan. No se trata de daños colaterales de enfrentamiento con criminales. Son ciudadanos comunes e indefensos que son asesinados de manera inclemente por la policía, que parece tener patente de corso para cometer las peores fechorías sin que tengan que rendir cuentas.
Y no vamos lejos. En el caso de Veracruz no ha habido autoridad que llame a cuentas al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, cuyos elementos han cometido infinidad de crímenes contra población indefensa.
Por desgracia, el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha justificado el grave exceso de fuerza letal aplicada por las huestes policiacas, como por desgracia ocurrió en enero pasado cuando la policía irrumpió violentamente en la comunidad serrana de Tepetzintla, en el municipio de Atzalan, cerca de Martínez de la Torre, donde fueron asesinados dentro de su domicilio la niña María de 11 años y su abuelo Bellarmino, quien por cierto era un ferviente seguidor de Morena.
La Fuerza Civil ha actuado sin ningún tipo de control en comunidades, atropellando los derechos humanos y, en no pocas ocasiones, segando la vida de gente inocente.
Otro hecho conocido fue el del joven serigrafista Carlos Navarro, detenido en Xalapa y llevado al Cuartel de San José, donde al otro día se declaró su muerte, luego de ser molido a golpes con enorme saña.
Pero hay más casos, como le represión a un bloqueo campesino en la Cumbre Tajín en marzo pasado, el ataque a balazos de unos jóvenes que no obedecieron un retén policiaco en Vega de Alatorre usado por los elementos de seguridad para extorsionar a los automovilistas, el ataque a balazos ciudadanos que protestaban en Ciudad Isla instigados –según las autoridades- por una banda criminal y la agresión física y psicológica contra periodistas locales que cubrían los hechos.
Todos ellos, por cierto, solo en el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez.
Estos casos son apenas la punta del iceberg de una policía que no es capaz de contener la violencia criminal pero parece que se ha unido a la campaña de terror contra la población civil.
Ya esperamos que la Fiscalía General se haga cargo de la investigación de los hechos y del castigo a los culpables, y que el mandatario veracruzano honre su palabra de cuidar a su pueblo en lugar de justificar la violencia en su contra por parte de elementos policiacos a su cargo.
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