La familia de Claudio X. González, el magnate Ricardo Salinas Pliego y las empresas Iberdrola, Walmart, Ienova, Bimbo y BlackRock serán, entre otros, los grandes perdedores de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que el Congreso la apruebe.
REVISTA PROCESO
Por Jesusa Cervantes
sábado, 9 de octubre de 2021
La iniciativa de reforma eléctrica que López Obrador envió al Congreso cancela los contratos con particulares que obligan a la CFE a comprar falsos “excedentes” de energía, así como los destinados al “autoabastecimiento” que permiten a empresas simular que tienen “socios cuando en realidad son clientes”, generando con ello un “mercado ilegal paralelo”, afirma en entrevista la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Así, de aprobarse la iniciativa, grupos empresariales que se beneficiaron con las reformas energéticas de los sexenios pasados, serán los grandes perdedores.
MEXICALI, BC. (Proceso).– La familia de Claudio X. González, el magnate Ricardo Salinas Pliego y las empresas Iberdrola, Walmart, Ienova, Bimbo y BlackRock serán, entre otros, los grandes perdedores de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que el Congreso de la Unión la apruebe.
La razón: los nuevos cambios constitucionales cancelarán la compra de “los excedentes” falsos creados en permisos que se dieron a particulares, así como los permisos de “autoabasto” que posibilitaron que cada empresa se hiciera de “socios” cuando en realidad son “clientes”.
Ambos permisos –el primero llamado Producción Independiente de Energía (PIE) y el segundo Generadores de Autoabasto– fueron entregados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual, en la propuesta presidencial, desaparece.
Con el segundo esquema se creó un mercado eléctrico paralelo de cuando menos 77 mil 767 usuarios en el que se encuentran las grandes empresas consumidoras.
Ambos esquemas de ventas se iniciaron en 1992, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se realizaron cambios a la Ley del Servicio Público Eléctrico, pero se constitucionalizaron a partir de 2010, en el gobierno de Felipe Calderón, y se ampliaron con la reforma energética de diciembre de 2013, en la administración de Enrique Peña Nieto.
En entrevista con Proceso, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, esclarece cuáles serán los contratos que se cancelarán: todos los de Producción Independiente de Energía que establecieron excedentes que la CFE estuvo obligada a comprar durante 25 años, así como los de “autoabastecimiento” que “simularon tener socios cuando en realidad son clientes”.
El esquema de compra-venta de energía que se inició en 1992 y que se mantiene vigente, provocó que 62% de la energía que se consume en el país la genere la iniciativa privada y el 38% restante lo abastece la CFE.
El nuevo esquema invierte esta relación y da preponderancia de venta a la CFE, la cual venderá 54% a la población, y la iniciativa privada tendrá “hasta” 46% de mercado.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2345 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.
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