Miguel Angel Granados Chapa
MEXICO, D.F., 6 de diciembre (Proceso).- Proceso es una publicación curtida en su enfrentamiento a los ataques desde el poder. Nació precisamente debido a una agresión desde la Presidencia de la República, que acabó con el diario Excélsior e impulsó a algunos de sus miembros a perseverar en el oficio periodístico a través de este semanario, que hace 34 años, a la par con el asentimiento de sus decenas de miles de lectores, suscita la animadversión de quienes ven aparecer en sus páginas sus malandanzas.
Pero esta vez Proceso ha suscitado la ira simultánea de dos poderes, que el miércoles 1 lanzaron una campaña, insidiosa y difamatoria, que busca desprestigiar a esta revista, disminuir por la desconfianza que de ello resulte el aprecio de sus lectores o, en el peor de los casos, llevar a juicio a la dirección del semanario y por lo menos a uno de sus reporteros, Ricardo Ravelo.
A partir de una presunta declaración ministerial montada ex profeso, el principal noticiario de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga, dedicó su espacio inicial, y casi seis minutos largos, a dar voz al testigo estelar de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, apodado El Grande por su talla física. Dijo que había entregado 50 mil dólares a Ravelo para que dejara de ocuparse de él, ya que publicaba reiteradamente informaciones sobre sus actividades delincuenciales. El dinero habría surtido el buscado efecto silenciador, pues el reportero dejó de referirse al delincuente hasta que el 21 de noviembre pasado tornó a mencionarlo en un extenso reportaje anunciado en la portada de la revista, que incluía una foto del delincuente esposado y flanqueado por dos infantes de marina. Sibilinamente se dejó flotar la impresión de que también la revista había sido gratificada de esa manera, y se llegó a la insinuación insidiosa al presentar, entre las “vistas” que acompañaban a la declaración de El Grande, la portada de un número de Proceso ya clásico en la historia reciente del periodismo. En ella aparecen el capo mafioso Ismael Zambada, El Mayo, y el fundador y presidente de Proceso, Julio Scherer García, como vivo testimonio del encuentro periodístico que mantuvieron en un lugar ignorado.
El apresuramiento con que Televisa montó la maniobra la condujo a un desliz: al aire se dijo que la declaración se produjo el 4 de noviembre. Preocupaba a los perpetradores del engendro fijar una fecha distante del momento que causó la irritación presidencial canalizada a través de esa agresión. Pero los autores del engendro hicieron hablar a Villarreal de su aparición en la portada, que ocurriría ¡17 días después! del día en que se fechó su infundio. Tardíamente advertidos de su error, los urdidores de la oprobiosa trama pretendieron corregirla al día siguiente, alegando que no se dijo “4” sino “24” de noviembre. Pero la primera fecha consta en infinidad de registros, con fuerza que desnuda la patraña.
La Presidencia se había encolerizado porque en una parte sustraída al resumen oficial El Grande narró, en su declaración ministerial (la inicial y auténtica, no la que se agregó en pegote mal hecho), el saludo que intercambió con el presidente en 2006, cuando apadrinó a una hija del senador Guillermo Anaya en Torreón. El delincuente no dijo más, ni por supuesto Proceso añadió algo. Sólo hizo notar en la portada, para precisar la importancia de El Grande, que “hasta con Calderón convivió”.
No la oficina de prensa de Los Pinos, sino el vocero de seguridad del gobierno federal (Alejandro Poiré, aunque su nombre no figure en ella) remitió una carta a la revista, en que “rechaza categóricamente que haya existido algún contacto entre el presidente de México y el presunto delincuente”, por lo que la información referida es “totalmente falsa”.
Esa contundencia no responde, no puede responder a los hechos. A pesar del retraimiento a que lo condena el Estado Mayor, el presidente de la República ha saludado a lo largo de su gestión a miles de personas. Como es obvio, no se lleva registro de cada uno de esos breves intercambios, con los nombres de los interlocutores. De haberlo, bastaría buscar en el índice el nombre de Villarreal y al no hallarlo estar en situación de negar el encuentro. Pero en otras circunstancias, las que realmente prevalecen en el entorno presidencial, es inverosímil la negativa del vocero, no puede sostenerse más que en su irritada posición.
En el mismo número de Proceso donde aparece El Grande, Jenaro Villamil se asoma a La entraña del embate de Televisa contra Cofepris, y la revista publicó un adelanto de su libro El sexenio de Televisa, donde Villamil examina los vínculos entre ese consorcio y el gobierno federal (así como su hechura de Peña Nieto). Esa reiteración hubiera bastado para que el consorcio de los Emilio Azcárraga lanzara contra este semanario una andanada como la que dirigió poco antes contra la Comisión Federal de Prevención de Riesgo Sanitario y contra el IMSS, en defensa de los intereses de una de sus filiales, que quiere el terreno llano para recibir un contrato de telecomunicaciones como el que ya se le adjudicó en el ISSSTE.
Unidas las irritaciones de los dos poderes, el Ejecutivo y el de Televisa, se produjo la andanada que a la hora de escribir estas líneas su autor ignora si continuó la noche del jueves y al día siguiente. Es de temer que así haya sido, y aun se agravaran las acusaciones. En el mejor de los casos, el gobierno federal pretendería neutralizar el efecto de que aparezca en la declaración ministerial una referencia a Calderón y al vínculo que hubo entre su compadre Anaya y Villarreal, lazo familiar ya deshecho pero indudable y comprobable. Al revertirla contra el reportero que manejó esa declaración ministerial de un testigo protegido, se priva de toda credibilidad a lo dicho por El Grande. O se cree todo lo dicho por los testigos que se agencia la PGR o no se les cree nada.
Pero el propósito parece ir más lejos. Se trata de un ataque a la esencia misma del periodismo practicado por este semanario, la búsqueda de informaciones que se hacen verosímiles a fuerza de investigación y que suscitan la confianza de los lectores. Ya en julio del año pasado se intentó la maniobra que ahora se ahonda, la de perversamente proponer que hay un nexo entre Proceso y el narcotráfico. Al presentar en ese entonces un arsenal de La Familia Michoacana, la Policía Federal exhibió, junto con armas, parque y otros pertrechos, ejemplares de Proceso, leídos por los delincuentes a los que se desposeyó de esas herramientas de su trabajo.
Si los poderes fácticos, Televisa y el gobierno, lograran imponer la infamia de que Proceso es una narco-revista y su personal cómplice o extorsionador de bandoleros, la suerte de este semanario quedaría sellada. Por fortuna, ese efecto depende en último término de los lectores, que no se dejarán engañar y defienden con su confianza una publicación nacida para servirlos…
