SOLICITAN LA INTERVENCION DEL GOBERNADOR JAVIER DUARTE DE OCHOA...Exigen liberación de los detenidos

Se reúnen con ediles

Martes, 31 Mayo 2011

KARLA VILLAGÓMEZ

EL MUNDO DE ORIZABA

Comerciantes del mercado Zapata, integrantes de la Coordinadora Civil de la Región de Orizaba y taxistas de locales, de Córdoba y Tierra Blanca se manifestaron ayer por la mañana afuera de la Comandancia de la Policía Municipal en Tugrablock para exigir la liberación de los detenidos la madrugada del lunes.

Ahí mujeres comerciantes bañadas en llanto exigieron justicia, primero por el desalojo de sus puestos, el cual aseguraron estuvo fuera de la ley y fue causado por el Alcalde, pero también por la libertad de las personas detenidas injustamente entre ellas el integrante de la Coordinadora Civil, Jairo Guarneros Sosa.

“No se vale, de verdad lo único que queríamos era trabajar y no teníamos porqué salirnos porque todavía ni perdemos, ni ganamos”, manifestó una comerciante. Posteriormente se encaminaron en una marcha pacífica hasta el Palacio Municipal, para pedir audiencia con alguna autoridad.

Ya ahí un integrante de la Coordinadora, Hugo López Fernández, precisó: “Solicitamos la liberación de nuestros compañeros de la Coordinadora que son cuatro: Jairo Guarneros, Arlette Cerón, Arael Morales y un compañero que acaba de llegar de la Ciudad de México, ellos participaban solidariamente con los compañeros del mercado Zapata”.

Solicitaron también la intervención de Derechos Humanos y de no ser atendidos por las autoridades municipales extenderían su marcha hasta la ciudad de Xalapa.

Aclaró: “Queremos recalcarle a las autoridades que no buscamos la confrontación, buscamos diálogo en solidaridad con los comerciantes”.

Asimismo informó que iniciaron un proceso legal por malos tratos y violentar el proceso de desalojo, la denuncia será no sólo ante el Ministerio Público, sino ante Derechos Humanos.

Luego de escuchar sus peticiones, el Ayuntamiento abrió sus puertas a un comisión de ocho manifestantes con los que acordaron un sesión de Cabildo extraordinario para ayer mismo en la tarde, la cual no se realizó.

http://www.elmundodeorizaba.com/noticias/local/861676-olp7n2

EL SATRAPA REPRESOR DE HUGO CHAHIN MALULI UTILIZA A POLICIAS MUNICIPALES PARA REPRIMIR A NIÑOS, MUJERES Y HOMBRES DE ORIZABA, VERACRUZ

Desalojo violento de ambulante en Orizaba, Veracruz

Veracruz.- Una veintena de comerciantes detenidos y heridos, entre ellos el dirigente de la Coordinadora de la Sociedad Civil de la Región, Jairo Guarneros Sosa, fue el resultado del desalojo violento ejecutado esta madrugada por personal del ayuntamiento, en el mercado Emiliano Zapata de Orizaba, al centro del estado.

 

Luego del zipizape escenificado el viernes por la noche y el sábado por la mañana en que comerciantes ambulantes corretearon al alcalde, Hugo Chahín, a tres diputados y al Secretario de Salud, Pablo Anaya, en protesta por el ultimátum de desalojo que le hicieron, el ayuntamiento de Orizaba cumplió la amenaza y esta madrugada desalojó a los vendedores ambulantes.

Con maquinaria pesada y el apoyo de al menos 200 elementos municipales y de la fuerza pública, el presidente municipal priísta, Hugo Chahín Maluly cumplió la amenaza y literalmente limpió de puestos ambulantes los alrededores del zoco.

 

Personal de comercio, obras públicas y limpia pública del ayuntamiento orizabeño participaron en el operativo para retirar de las calles cientos de puestos ambulantes.

 

Por más que los vendedores, en su mayoría mujeres suplicaban que pararan, los empleados municipales a bordo de unidades pesadas y dos retroexcavadoras de parques y jardines acabaron con los puestos y parte de la mercancía.

 

En algunos de los puestos había niños durmiendo, que tuvieron que ser rescatados de último momento por sus padres, antes de que las pesadas unidades los aplastaran.

 

Los ambulantes habían promovido un amparo para no ser desalojados, pero lo sobreseyeron.

En ayuntamiento señaló que las calles no se pueden ocupar, son de todos y de libre tránsito, por lo que para instalarse en la vía pública requieren de un permiso expedido por la autoridad y de Tránsito.

 

El resultado del operativo fue la detención de al menos 20 personas, la mayoría de ellos lesionados, por la brutalidad con que se ejecutó el retiro, ya que los vendedores defendían su mercancía y fuente de ingreso económico.

 

Más de 30 patrullas con efectivos de la Policía Municipal llegaron en la madrugada de este lunes comenzando el desalojo sobre las calles de Norte 12, 14 y Oriente 13, utilizando gases lacrimógenos y disparos al aire, lo que provocó el pánico entre los vecinos del lugar.

 

Los comerciantes, muchos de ellos mujeres, fueron correteados y golpeados.

 

El regidor cuarto, Emmanuel Gómez García vía internet, hizo llegar al secretario de Gobierno, Gerardo Buganza su molestia y asombro por “la manera en que el Gobierno del Estado ha dejado pasar estos hechos violentos en la ciudad de Orizaba; esto sólo confirma que el Veracruz Próspero y la pluralidad que ha anunciado el gobernador Javier Duarte, nada tienen que ver con la realidad y el actuar de su gobierno”.

 

A su vez el sacerdote César Castro lamentó la situación de la ciudad, antes famosa por su hospitalidad y tranquilidad. Reprobó que “la justicia que en el país se aplica últimamente, sobre todo a los más fregados”.

http://www.milenio.com/node/731691

Práctica común, la desaparición de críticos del gobierno: TINAM

Daniel Serrano Guzmán

Orizaba, Ver., 26 May 11.- Integrantes de la Unión Nacional de Todos los Pueblos Pobres (TINAM) y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de la sierra de Zongolica, hicieron acto de presencia y convocaron a una rueda de prensa en el céntrico parque Castillo de esta ciudad, donde destacaron que la práctica de la desaparición forzada, que es considerada por instancias internacionales como crimen de lesa humanidad, se ha convertido en una de las respuestas represivas sistemáticas del Estado Mexicano en todos los ámbitos.

 

Asimismo, expusieron que las justas demandas de los sectores organizados y todo movimiento que represente una disidencia y oposición para las políticas gubernamentales son respondidas con la detención y desaparición de quienes participan o encabezan esas inconformidades al grado de que se ha encontrado que víctimas de detención aparecen asesinadas, con visibles huellas de tortura.

 

Luego, al destacar que el TINAM demanda que se presente con vida a luchadores sociales que están desaparecidos en todo el país y cuya desaparición obedece a fines intimidatorios por parte de las diversas autoridades, expresaron que la desaparición forzada para eliminar a críticos e inconformes con el gobierno y el sistema, no sólo viola los derechos constitucionales, sino las garantías individuales más elementales, plasmadas en tratados internacionales del tema y que han sido signados por el Estado Mexicano.

Y dieron nombres: el 25 de este mes –afirmaron- se cumplen cuatro años de la desaparición de Edmundo Reyes Amata, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruiz, las hermanas Virginia y Daniela Ortiz y el indígena Chatino Laura Juárez. A su vez, Gaudencio Brito Flores, representante del Frente Popular Revolucionario (FPR), recordó que aquí sucedió lo mismo con su compañero Gabriel Gómez Cañas, desaparecido desde el mes de marzo. Destacó que ahora ser luchador social es una actividad de lo más peligroso en nuestro país.

http://plumalibre.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=15141%3Apractica-comun-la-desaparicion-de-criticos-del-gobierno-tinam&Itemid=115

Son ilegales los retenes militares

José Juan Mellado Sierra

A pesar de los cientos de retenes que hacen los de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial, Policía Federal de Caminos, Policía Federal Preventiva, PGR, AFI y militares en las carreteras a lo largo y ancho del país, no nos explicamos cómo sigue circulando cantidades exorbitantes de droga, armas, autos robados y narcotraficantes, como Pedro por su casa, y en nuestra opinión los consideramos que son ilegales, creemos que no hay ninguna disposición ni aquí, ni en China, y no hay ninguna autoridad (Policías o militares) que esté o pueda estar por encima de la Constitución, en donde claramente están consagrados los derechos de nosotros como ciudadanos, por lo que ciertamente ese tipo de revisiones son anticonstitucionales.

 

Los retenes que implementa el ejército mexicano y que realiza en forma sorpresiva son inconstitucionales y un acto de molestia para la ciudadanía por parte de los (Policías o militares) que llevan a cabo ciertas autoridades, y serían inconstitucionales, a pesar de que las autoridades señalan y hasta alegan que la única finalidad de estos retenes o filtros, es darle seguridad a la población, pero es todo lo contrario e independientemente de que estas acciones del ejército son contrarias a nuestra Carta Magna y por consiguiente los retenes militares son anticonstitucionales, pues con las acciones del ejército van contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y violan los derechos humanos, vemos en el país por primera vez que en una sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se puso en duda la constitucionalidad de los retenes militares ubicados en distintos puntos del país y los ministros Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero han planteado infructuosamente a sus compañeros la necesidad de que el máximo tribunal estableciera, si las pruebas obtenidas por el ejército mexicano, en retenes con ciertas características, tienen o no eficacia probatoria en un juicio penal. Cabe preguntarse, dijo, hasta qué grado podemos hablar de flagrancia, cuando de no ser por la realización de un acto de autoridad, violatorio de las garantías individuales, la comisión de un delito no se hubiese percibido, y más aún que la prueba tenga efectos jurídicos en un proceso penal.

A su vez, el ministro Juan N. Silva Meza reconoció la importancia del tema de los retenes, ya que su constitucionalidad está en entredicho y sería conveniente resolverlo. Si bien es cierto que el artículo 11 Constitucional establece el libre tránsito, y 129 de alguna manera los militares pisotean tus derechos al detenerte en la carretera para revisar el vehículo en el cual te trasladas, también existen otros artículos incluidos en nuestra Ley Fundamental que tampoco son respetados y que podrían ser de un perjuicio aun mayor, pues normalmente se realizan en las carreteras a efecto de efectivamente detectar cargamentos de drogas, indocumentados o armas. Por lo que concluimos estrictamente apegados a derecho, son ilegales, porque es muy común ver los retenes militares, que violentan las garantías establecidas en la Constitución en su artículo 16, que señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

 

O qué piensas de que te detengan y comiencen a revisar tus pertenencias con el pretexto de la lucha contra el tráfico de armas y drogas, aunque los militares dicen lo contrario y en un comunicado por conducto de la SEDENA sustentaron la constitucionalidad de los “retenes militares” en diferentes puntos de las carreteras del país, luego de que varios sectores han señalado que este tipo de acciones violan garantías individuales, pero ellos afirman que los puestos de control militar están sustentados en la Constitución, por lo tanto no violan los derechos fundamentales, según ha indicado la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

 

Pero, la verdad, este tipo de acciones violan garantías individuales y los retenes militares son ilegales y anticonstitucionales, y así también lo manifiesta la Comisión de Derechos Humanos.

 

José Juan Mellado Sierra es escritor y maestro

Correo: jmellados@hotmail.com

Revelan ex militares corrupción y traiciones en el Ejército mexicano

Chihuahua.- Un trabajo especial de la Revista Proceso ha revelado grandes secretos de ex militares que se encuentran presos, quienes han contado algunas de las experiencias durante su labor como efectivos del ejército, entre las que se destacan historias relacionadas a Chihuahua, dónde se menciona el saqueo de viviendas y se deslindan de responsabilidades sobre el caso de la activista, Marisela Escobedo.

A continuación se presenta un fragmento del artículo que aparece en la edición número 1804 de Proceso, en que los ex integrantes de la milicia revelan los distintos casos de corrupción y control mediático que se ejercía en estas corporaciones, todo esto por órdenes de los mandos de Seguridad Nacionales y el mismo presidente de la República, Felipe Calerón Hinojosa.

Fragmento del artículo " Hablan los soldados presos"

La mayoría de los soldados encarcelados sienten que fueron traicionados por sus superiores y que pagan los errores de estrategia de la guerra de Calderón. Un oficial procesado por la muerte de un presunto halcón considera que hay una gran hipocresía porque “nosotros somos entrenados para matar y sabemos que para ascender o lograr otro grado no hay otra forma que dar resultados, sea como sea... a los superiores no les importa”.

Cuenta: “Para qué le digo que no, sí le di unas cachetadas a ese cabrón (el halcón), pero no había otra forma de que hablara. Estábamos en su casa, hacía mucho calor, me salí unos minutos para respirar un poco y dejé a la tropa con el halcón. Sólo fueron unos minutos que salí a respirar y cuando regresé, el tipo ya estaba tendido en una mesa, muerto. Se les pasó la mano: le metieron la cabeza en una cubeta de agua y no se dieron cuenta cuando le dio un paro cardiaco.

“Yo di parte a mi superior, pero no creí que me acusaran a mí; son unos grandes hipócritas. Me ha tocado limpiar chingaderas de otros que no son tocados porque son gente del general secretario”, suelta indignado.

“En una ocasión me dieron la orden de dirigirme a un punto en Reynosa. Ahí estaba una unidad de Gafes que sólo obedecen órdenes del general secretario y del presidente (Calderón). Hicieron una matazón de zetas y a mi unidad le tocó limpiar esa porquería.”

–¿Ese grupo especial únicamente ejecuta narcotraficantes?

–Al que ordenen el general secretario y el presidente.

–¿Defensores de derechos humanos?

–Puede ser. El único caso que sé que no fueron ellos es el de la señora que mataron en Chihuahua, a la que le mataron a su hija.

Se refería a Marisela Escobedo.

Denunciado por organizaciones de derechos humanos y víctimas de allanamientos de morada encabezados por militares, el hurto es generalizado y hasta ordenado por los superiores. Se trata de tomar el botín de guerra, según los entrevistados.

Cuenta un oficial que fue transferido a Chihuahua: “En mi primer operativo me sorprendió ver que los soldados salían con mochilas vacías. Llegamos a una casa donde encontramos droga y armas y de repente vi que los soldados empezaron a robarse cosas; yo traté de pararlos pero llegó un capitán y me dijo que no me hiciera el inocente. Vino después un mayor y me dijo: ‘A ver, llévate este aire acondicionado’. Me negué y el capitán intervino: ‘Es una orden de un superior’, y subieron el aire a mi camioneta.

“Después llegó un coronel y por la radio se comunicó con el general de la zona, quien le preguntó qué había en la casa. Yo creí que el coronel le iba a pasar un reporte de la droga y de las armas, pero no: le empezó a describir las televisiones de pantalla plana que había, el refrigerador, las computadoras, y el general le dio órdenes de llevar algunos de los artículos a la casa de una señora que, después me enteré, cortejaba.”

Información tomada de http://www.proceso.com.mx/

Proceso en el Campo Militar No.1: Hablan los soldados presos

Gloria Leticia Díaz

FOTO: Miguel Dimayuga Militares en el Campo No, 1

Su nombre hacía temblar a los luchadores de la izquierda en los años setenta y ochenta… En torno a la prisión del Campo Militar Número 1, emblema de la represión ilegal de Estado, se tejieron historias siniestras: que desde ahí el Ejército se deshacía de los “problemas” del gobierno en turno, que era un auténtico hoyo negro del que pocos salían vivos... Durante varios meses, la reportera Gloria Leticia Díaz, como parte de una investigación periodística, logró franquear los muros de esa cárcel, que se creía inexpugnable, y entrevistar a soldados y oficiales presos, de cuyo testimonio se desprende que la sórdida instalación castrense mantiene su vocación torturadora y represiva. En este reporte especial ofrecemos las historias de quienes han comprobado que la maquinaria negra del régimen continúa vigente...

Lugar de torturas y encierro de estudiantes, sindicalistas y luchadores sociales; de campesinos “sospechosos” de simpatizar con la guerrilla; de militantes de organizaciones armadas clandestinas y hasta de ciudadanos inocentes –muchos de ellos incluidos en las listas de desaparecidos políticos del país–, la del Campo Militar Número 1 se consideraba en los años setenta y ochenta la prisión clandestina más grande y siniestra de México.

Según pudo constatar este semanario a lo largo de una investigación periodística que duró varios meses, los testimonios que refieren torturas y encarcelamientos bajo sospecha de ilegalidad en la prisión militar se repiten hoy como hace 30 ó 40 años, ahora en perjuicio de soldados que participaron en la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.

En pláticas y confidencias de los familiares de algunos presos con la reportera de Proceso , surgió la idea de invitarla para que visitara a los reos y conociera de primera mano sus casos. Uno de los internos –cuyo nombre se reserva a petición suya para evitar represalias– accedió a recibirla como “visita” y la puso en contacto con numerosos militares dispuestos a rendir sus testimonios.

La reportera ingresaba a la cárcel los días de visita –jueves y sábados–, momentos que dedicó a realizar las entrevistas con quienes decidieron dar su versión acerca de la guerra contra el crimen organizado.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/91770

Celestino Rivera fue protegido, dicen

Ignacio Carvajal - domingo, mayo 29, 2011

En flagrancia fue detenido el ex diputado local del PRD, Celestino Rivera Hernández, cuando abusaba sexualmente de un niño de aproximadamente 12 años.

Veracruz, Ver.-La ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla, Jazmín Copete, dijo que Celestino Rivera debe ser enjuiciado por todos los delitos que ha cometido contra la ciudadanía a la que supuestamente gobernaba; no era la primera vez en que se le señalaba como delincuente, en este caso, corruptor de menores.

En el puerto de Veracruz, la ex diputada manifestó su rechazo a los actos por los cuales acusan a su compañero de partido y comentó que desde que se le acusó por primera vez ella había pedido su renuncia.

Copete expuso que si Celestino Rivera gozó de protección durante el sexenio pasado, encabezado por el ex gobernador Fidel Herrera, fue gracias a que se prestó a la aprobación de varias de las iniciativas de ley, reformas y modificaciones propuestas por el ex ejecutivo priísta.

Recordó que durante la anterior legislatura el gobierno que se fue tuvo muchos problemas para resolver algunos asuntos relacionados con iniciativas que deseaba “pasar” Fidel Herrera Beltrán, como la bursatilización, cuya aprobación requería cierto número de votos.

Con el de Celestino Rivera, indicó, se conformaron grandes negociaciones que además de afectar la imagen del PRD golpearon la situación financiera del estado y, por ende, a los veracruzanos.

Expuso que es lamentable que una persona que comete ilícitos sea o no una figura pública se le deba detener en flagrancia y causar un gran daño, para que sea entregado a la justicia como pasó con el ex diputado local.

Al recordar que cuando era legislador fue señalado por los padres de una menor de Tempoal, al norte del estado, de haber ultrajado a su hija y a otras tantas de la región y, sin embargo, algunos personajes del PRD lo defendieron.

Esta impunidad, sentenció, no se hubiera entendido sin el papel que desempeñó Celestino Rivera para el gobierno pasado, al que le trabajó desde el Congreso local al votar a favor de todas las iniciativas enviadas por el jefe del Ejecutivo.

Por último lanzó un llamado al encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Reynaldo Escobar Pérez, para que se aplique la ley contra Celestino Rivera y, de paso, se abra una investigación contra la red que le brindó protección.

 "El indulto que recibió cuando fue diputado local por la acusación de violación a una menor indígena de la huasteca veracruzana, se debió a pactos entre el Partido de la Revolución Democrática con Fidel Herrera Beltrán".