Por: José Miguel Cobián
A los que nos tocó ser estudiantes en los setentas y ochentas, nos parece normal y natural que la autoridad viole la ley de manera permanente, sobre todo en asuntos de derechos humanos, respeto a las garantías constitucionales, cumplimiento de la ley por funcionarios en general y en particular por órganos de seguridad, ya sea policía municipal, estatal o federal, tránsito municipal o estatal, seguridad pública estatal o federal, y el ejército. En aquéllos tiempos no se mencionaba a la marina armada de México como órgano represor. En tiempos de Diaz Ordaz, Echeverría y López Portillo era común tener miedo a la represión. Después del 68, muchos jóvenes que sufrieron en carne propia la violencia de los granaderos o de los halcones, se convencieron de que sólo el camino de las armas podría cambiar este país, y así se convirtieron en guerrilleros urbanos o rurales. Había también intelectuales que se oponían con la fuerza de sus ideas al régimen en turno, también partidos políticos como el PAN que enfocaban sus baterías a la represión gubernamental. Era común escuchar relatos de incomunicación ya fuera en celdas oscuras compartidas con ratas y cucarachas o en celdas iluminadas 24 horas y con radio a todo volumen, tortura, fusilamientos simulados, golpizas, choques eléctricos en los órganos sexuales, violaciones tumultuarias, etc. A presos políticos, a delincuentes comunes y a guerrilleros.
Poco a poco esto se fue superando. Nunca desapareció, pero los métodos de investigación se volvieron más humanos. Se dejó de escuchar el relato de los abusos de las fuerzas armadas o policiales. Se comprendió que el ejército debía estar en los cuarteles porque sus métodos no son adecuados para tratar a la población civil. Hoy entendemos que Calderón optó por sacar al ejército de sus cuarteles y más de la mitad de la población considera esto un gran error según la última encuesta de Gisa.
Le voy a platicar algo y usted me dirá en que fecha sucedió: Supuestamente se recibe una denuncia anónima, sobre hombres armados. Se manda al ejército (en lugar de a la policía), y éstos los detienen e interrogan y supuestamente informan que hay más armas en un domicilio *x*. El ejército en lugar de respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conseguir una orden de cateo, se presenta de inmediato en la casa en cuestión y presuntamente encuentra armas de alto poder. Al propietario de la casa, en lugar de ponerlo a disposición del ministerio público –como marca la ley-, lo incomunican varias horas. El propietario niega conocer la procedencia de las armas, y obtiene un amparo de un juez local, el cual no es tomado en cuenta y es llevado a la PGR en la ciudad de México en contra de su voluntad. Al final resulta que se le acusa de acopio de armas y municiones de uso exclusivo del ejército. Cualquier conocedor de derecho le podrá decir que ante tanta irregularidad, el acusado saldrá libre más temprano que tarde.
Esta historia recién contada, es algo que hubiera puesto a todos los panistas a protestar por los abusos de poder y violación de las leyes desde el gobierno federal si hubiera sucedido entre 1970 y 1990. Sin embargo, al haber sucedido en 2011, no se escucha una sola voz del PAN recordando el respeto a los principios legales y en particular al de la presunción de inocencia. No importa que a quien le hubieran aplicado dichos abusos sea una persona non grata para la mayoría de los mexicanos. Se trata de un ciudadano, al que la autoridad le debe respeto, el respeto establecido en las leyes, y sin embargo se envía al ejército a cometer ilícitos a ojos de todo el país. La historia hubiera podido ser la un soldador que es detenido por el ejército, por el rumbo del hospital general de Río Blanco, y que es torturado, hasta llegar a fracturas en cuatro costillas y una mano, para ser dejado libre atado y amordazado, al comprobar que el sospechoso, simplemente transitaba por esa ruta, en dirección a un trabajo en el que se le había llamado.
Bastante tenemos los mexicanos con estarnos preocupando por cuidarnos de los malosos, de los funcionarios corruptos, de la impunidad que permea en todos los ámbitos de la vida pública, como para que también tengamos que estarnos cuidando del ejército o de las fuerzas del orden, que en muchas ocasiones son las primeras que violan las leyes.
He aquí una razón más del rechazo de la población al gobierno de Calderón. Pero en lugar de tratar de resolver estos problemas y las molestias que se le causan a la población, se busca manipular al electorado con estrategias mediáticas, que por cierto contradicen a la realidad, y lo lamentable para Calderón y su gabinete es que la población le cree más a la realidad de lo que vive de manera cotidiana, que a lo que plantea la propaganda oficial.
