Orizaba, Ciudad Fantasma...

Calle Madero de Orizaba, Veracruz, cerrada y adoquinada por Hugo Chahin Maluli

Los altos índices de desempleo, los salarios miserables y la emigración, hacen de Orizaba una Ciudad fantasma.

El mejoramiento del equipamiento urbano en Orizaba, no ha significado precisamente el desarrollo social y económico de esta Ciudad. La actual arquitectura urbana, solo la pueden disfrutar unos cuantos. Las grandes mayorías están sumidas en la pobreza, en la miseria, agobiados por la falta de empleo y por las deudas.

Los parques de la ciudad bien barridos e iluminados, pintados, reforestados y algunos hasta con música como el Parque Castillo. Son testigos mudos del grave deterioro social y económico que vive la gente. Las bancas de estas áreas verdes son utilizadas para llenar solicitudes de empleo, la gente va a escuchar música instrumental o clásica con el estomago vacio, huyendo de sus casas por el acoso de los cobradores de sus deudas que el anatocismo las ha hecho impagables.

Ante esta realidad, es necesaria la unidad y organización de todos los sectores sociales y económicos de esta región de Orizaba, para impulsar y promover acciones que resuelvan la grave problemática social y económica que vive el pueblo orizabeño.

Es necesario constituir figuras de participación ciudadana amplias, plurales y multidisciplinarias de investigación social y económica para que a través de su diagnóstico, análisis y debate en foros y/o asambleas ciudadanas, se encuentren soluciones viables para la deteriorada situación regional del comercio, industria y servicios, que por la crisis económica y por las políticas públicas de los últimos gobiernos municipales de Orizaba, han sido gravemente afectados estos sectores de la la economía regional, generando desempleo y agudizando la pobreza, con graves repercusiones sociales.

Orizaba Ver. a 11 de agosto del 2011

Por el Frente Unificador de Trabajadores Urbanos y Rurales Organizados (FUTURO)

Jorge González Rojas Integrante de la Dirección Colegiada

jorgegonzalezrojas@hotmail.com

SCJN: militares irán a tribunal civil si violan garantías individuales

Acotó el fuero militar y facultó a jueces para determinar apego a Constitución en materia de DH.

Gustavo Castillo y Fernando Camacho
Publicado: 13/07/2011 09:17

México, DF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó restringir el fuero militar para que cuando miembros de las fuerzas armadas violen las garantías fundamentales sean juzgados en tribunales civiles.

 

Las resoluciones históricas dictadas ayer por el máximo tribunal del país se dieron a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla, líder social del municipio de Atoyac, Guerrero, desaparecido en 1974 durante la guerra sucia.

 

Asimismo, otorgó facultades a todos los tribunales del país para que puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, con lo que modificó la posición que había asumido en los últimos 70 años de ser el único órgano mexicano que podía analizar la legalidad de una ley y su aplicación.

De esta manera, seguirá discutiendo los alcances de la sentencia de la CIDH y su aplicación formal en el ámbito jurídico nacional, mientras los integrantes del Poder Legislativo modifican constitucionalmente el fuero militar para que esté en coincidencia con los acuerdos firmados por México en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a que todas las violaciones de garantías individuales deben ser sancionadas por jueces civiles.

La SCJN concedió así una de las demandas que diversas organizaciones civiles habían planteado durante los últimos años, en el sentido de que tribunales civiles juzguen a los miembros de las fuerzas armadas que violen los derechos humanos, y con ello se adelanta a cinco casos que están siendo analizados en tribunales internacionales.

La medida podrá llevarse a cabo una vez que la Corte emita el engrose de este caso y para los que ocurran posteriores a su entrada en vigor, sin que tenga efectos para sucesos como los ocurridos durante la guerra sucia.

 

Los ministros Juan Silva Meza, presidente de la SCJN; Sergio Salvador Aguirre Anguiano; José Ramón Cossío Díaz, ponente; José Fernando Franco Salas; Arturo Zaldívar Lelo de La rrea; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Luis María Aguilar Morales; Sergio Armando Valls Hernández; Olga María Sánchez Cordero y Guillermo Ortiz Mayagoitia determinaron aceptar esa restricción al fuero establecido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, conforme lo había ordenado la CIDH.

 

Los ministros determinaron por unanimidad que «todos los jueces del Estado mexicano deben aplicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo primero constitucional», a fin de garantizar en sus sentencias la aplicación de la Constitución y todos los tratados en materia de derechos humanos que beneficien a las víctimas.

Además, para dar efectividad al cumplimiento de la sentencia, en aplicación del artículo primero constitucional, por unanimidad también resolvieron que la SCJN «deberá reasumir su competencia originaria en relación con casos concretos existentes y a futuro en materia de desaparición forzada», ya que «en su calidad de órgano jurisdiccional límite del Estado mexicano, se cumpla con la obligación que dicta la sentencia de la CIDH y establezca criterios unificadores en la materia».

 

Incompatibilidad con la Convención Americana

 

El ministro Cossío Díaz, quien fungió como ponente del tema por la ausencia de la ministra Margarita Luna Ramos, dijo que «el corazón del proyecto» consistía en señalar que «por ninguna circunstancia puede operar el fuero militar frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles», y por ello la CIDH «determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina castrense no garantiza a los civiles o a sus familiares que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos, que tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez tribunal ordinario».

 

En tanto, el ministro Lelo de Larrea expuso: “esta Suprema Corte y todos los tribunales del país estamos obligados a interpretar este precepto a la luz de la Convención, y, consecuentemente, siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado, al menos en apariencia, sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la jurisdicción será del fuero común, y no la jurisdicción militar, no porque nosotros lo decidamos –reiteró–, sino porque hay una decisión de la Corte Interamericana que hemos decidido que nos obliga y que nos vincula”.

Sergio Valls Hernández señaló que esto es un mensaje «para el Legislativo de que haga una serie de reformas». Pero –explicó– “esto no obsta para que la Suprema Corte pueda emitir criterios en particular –frente a asuntos que sabemos que ya están en puerta– que se establezcan sobre el artículo 59 del Código de Justicia Militar y sobre el artículo 215 del Código Penal Federal”.

Antes de llegar al tema del fuero militar, los ministros emitieron una votación dividida de siete contra tres, para conceder que todos los tribunales del país puedan analizar e interpretar –en casos concretos– las leyes que aplican para que sus sentencias estén apegadas a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos.

 

De esta manera, «todos los jueces nacionales están obligados a ejercer un control de convencionalidad en el que analicen la compatibilidad de una determinada norma frente a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos y la interpretación que sobre los mismos emitan los órganos especializados», y ahora tendrán facultades para enjuiciar a militares que violen las garantías individuales de los ciudadanos.

http://www.jornada.unam.mx//ultimas/2011/07/13/9175054-scjn-militares-a-tribunales-civiles-si-violan-garantias

Demandan erradicar corrupción en el aparato de justicia

El abogado postulante Jorge Reyes Toriz, demandó una depuración y expulsión de los “mercaderes de la justicia” que operan en los tribunales de la entidad. Exigió cerrar la puerta a actores acusados de corrupción

Por: Thalía Ugalde/Boca del Río

 

Veracruz, Veracruz, (AVC).- El abogado postulante Jorge Reyes Toriz, demandó la depuración y la expulsión de los “mercaderes de la justicia” que operan en los tribunales de la entidad.

 

El especialista en Derecho denunció una serie de corrupciones por parte de los que imparten la justicia en Veracruz, como lo son los jueces.

 

Señaló que si se busca una mejor justicia en Veracruz, es necesario que se cierre la puerta a los actores que son acusados de corrupción.

 

Ya que este 12 de julio se celebra el Día del Abogado, aseguró que no se puede celebrar esa fecha como tal, si antes no se dignifica la profesión, depurando el sistema del Poder Judicial.

Destacó que hay jueces penales contra los que existen quejas por diversas arbitrariedades, pero no han recibido ningún castigo o penalización, ya que son cobijados por la impunidad.

 

La corrupción en el sistema judicial, dijo, ha sido reconocida por el propio ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Reynaldo Madruga Picazzo, quien comparó la corrupción con el alcoholismo, es decir que debe ser reconocido, pero nunca hizo algo para detenerlo.

“Hacer una limpia de todo esto, expulsar a los mercaderes de la justicia del templo de la justicia misma, si queremos que Veracruz vaya para adelante alguien debe de cerrar la puerta, pero tenemos que hacerlo, sexenios van y sexenios vienen y siempre es lo mismo”.

Reyes Toriz aseguró que los delitos de corrupción se registran más en el área penal, donde se “comercializa” con el dolor ajeno, por ello pidió que se realicen exámenes de oposición para evitar los compadrazgos y que las personas que impartan justicia sean calificadas.

Con ello se frenaría la corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de influencia, y el enriquecimiento ilícito de los jueces veracruzanos.

http://www.hoyveracruz.com.mx/notas/14505/Demandan-erradicar-corrupcion-en-el-aparato-de-justicia.html

Denuncian aumento de desapariciones forzadas

La CNDH documentó 283 casos de 2006 a abril de 2011, pero organismos civiles aseguran que la cifra es de 3 mil, además de que las personas que deciden acusar inician un tortuoso camino en busca de justicia

• Foto: Vanguardia/ Archivo

México.- En México las desapariciones forzadas (atribuidas al gobierno) y al crimen organizado se han incrementado en los últimos cinco años, a la par del combate a la guerra contra el narcotráfico.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que de 2006 a abril de 2011 se habían registrado 283 desapariciones forzadas, mientras que la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, estima que son más de 3 mil personas las desaparecidas.

Esta grave situación ocasionó que una misión especial de Naciones Unidas visitara el país el pasado mes de marzo, la cual señaló que México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas. Además de la falta de programas integrales para prevenir y sancionarlas.

Para las organizaciones civiles, como la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, las personas que deciden denunciar inician un “tortuoso camino” en busca de la justicia como ocurre con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974, cuya sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no ha sido cumplida, a más de un año de haberse dado a conocer.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que de 2006 a abril de 2011 se habían registrado 283 desapariciones forzadas; de éstas en 2007 se reportaron 43 y en 2010 la cifra se incrementó a 124. Los estados donde se han recibido el mayor número de casos de desaparición forzada son Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nuevo León.

Además, en su informe especial sobre las desapariciones de la guerra sucia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigó 532 casos y sólo encontró material en 275 para responsabilizar al Estado de la desaparición forzada.

Sin embargo, en el informe entregado por la CNDH al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas el expediente sólo lo constituían 240 casos.

Esa comisión también dio a conocer que de 2006 a lo que va de 2011, registró 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes.

Tres mil 457 casos son del sexo masculino, mil 885 del sexo femenino y en 55 casos no se proporcionó el sexo.

A la vez, la diócesis de Saltillo reporta que de febrero de 2007 a mayo de este año se tienen contabilizadas 166 desaparecidos en Coahuila, según lo documentado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y familias que se han organizado en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en esa entidad.

Ante el incremento de los reportes de las desapariciones forzadas, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas realizó una visita a México el pasado mes de marzo y destacó que el país enfrenta una situación muy complicada en materia de seguridad pública debido al incremento de la violencia generada principalmente por el crimen organizado.

El fenómeno de las desapariciones forzadas, indicó, no puede entenderse adecuadamente sin tomar en cuenta el contexto actual de violencia y la presencia de la criminalidad organizada. Sin embargo, no todos los crímenes cometidos, incluidas las desapariciones forzadas, pueden ser atribuidos a la delincuencia organizada.

Uno de los factores del deterioro de la situación de desaparición forzada en México, consideró la Organziación de las Naciones Unidas, es la militarización y la paramilitarización que, desde el gobierno federal, se ha impulsado de manera alarmante, sobre todo, a partir de 2006.

En este contexto de violencia gubernamental y de la llamada “guerra contra el narcotráfico” se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares

La desaparición forzada es un delito establecido en el Código Penal Federal y en la legislación de cinco estados: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit y Oaxaca, además del Distrito Federal; sin embargo, no utilizan la misma definición.

Desde 1980, el Grupo de Trabajo de la Organziación de las Naciones Unidas envió a México 412 casos de desapariciones forzadas.

De estos, 24 casos se han esclarecido sobre la base de la información suministrada por las fuentes y 134 por la información aportada por el gobierno; 16 se han descontinuado y 238 siguen sin resolverse.

vanguardia.com.mx/denuncianaumentodedesaparicionesforzadas-1043073.html

Los cuatro grupos vulnerables a convertirse en víctimas de desapariciones forzadas

• APARADOR POR SERGIO RENÉ DE DIOS CORONA
• (sergiorene1@hotmail.com)

Desde que Felipe Calderón arrancó su ''guerra'' a la delincuencia organizada, las desapariciones forzadas se incrementaron

Los grupos de personas en México particularmente vulnerables a convertirse en víctimas de desapariciones forzadas son cuatro: las y los defensores de derechos humanos; las que tienen algún tipo de militancia política opositora, pacífica o violenta; los migrantes que pasan por el país rumbo a Estados Unidos, y quienes, sobre todo mujeres y jóvenes, radican en lugares donde se ha incrementado la violencia por los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y las distintas expresiones de la delincuencia organizada.

De lo anterior da cuenta un documento que se entregó ayer al Grupo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas, de visita oficial en México. Se trata de un informe suscrito por 24 organizaciones civiles mexicanas, que ofrece un análisis de las desapariciones forzadas, pasa revista al marco normativo internacional y del país, denuncia las constantes violaciones e impunidad alentadas desde el Estado y plantea un pliego petitorio.

El documento se hizo llegar a los tres especialistas de la ONU que prevén reunirse con los titulares de cuatro secretarías del gabinete presidencial —este lunes estuvieron en la Secretaría de Gobernación— y de la Procuraduría General de la República (PGR); con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con funcionarios de entidades azotadas por las desapariciones como son Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal, y con organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de desaparición forzada.

Desde que Felipe Calderón arrancó su “guerra” a la delincuencia organizada, las desapariciones forzadas se incrementaron. Nadie tiene una cifra exacta, que se modifica diario, pero que las agrupaciones referidas estiman ronda las tres mil personas, entre mexicanos inocentes, defensores de los derechos humanos, periodistas, delincuentes y policías, entre otros.

Tan sólo agrupaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) o la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, entre otras que suscriben el documento entregado a la ONU, tienen documentados 30 casos de desaparición de defensoras y defensores, de 2005 a febrero del presente año, en Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, básicamente.

Del grupo vulnerable por encontrarse en medio de los feroces combates entre policías y militares contra grupos delictivos están los malamente denominados “levantados”. La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila tiene, sólo en esa Entidad, 80 casos documentados de desaparición forzada entre 2007 y 2010. De ese tamaño es la dimensión de una de las más perversas prácticas inhumanas: desaparecer al otro, al enemigo, al diferente.

http://www.informador.com.mx/mexico/2011/280022/6/los-cuatro-grupos-vulnerables.htm

Tribunales civiles juzgarán a militares por DH: SCJN

Al revisar sentencia de CIDH por desaparición de Rosendo Radilla, ministros determinaron por unanimidad que todos los jueces del país podrán procesar a integrantes del Ejército que incurran en violaciones a garantías individuales.

Gustavo Castillo y Fernando Camacho
Publicado: 12/07/2011 

México, DF. Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que todos los jueces del país podrán juzgar a integrantes de las fuerzas armadas que incurran en violaciones a las garantías individuales.

El máximo tribunal solamente conocerá de algún caso cuando esté en duda la constitucionalidad del procedimiento o se tenga que definir si el asunto es competencia de los tribunales militares o civiles.

De esta manera, mientras el Poder Legislativo realiza las reformas constitucionales necesarias para modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y ponerlo a tono con el artículo 2 de la Convención Interamericana, para restringir el fuero militar, la SJCN determinó ya procedimientos o normas a seguir cuando un integrante de las fuerzas armadas incurra en violaciones a derechos humanos estando en servicio.

En la actualidad todos los militares que cometen violaciones a las garantías individuales durante alguna comisión  o estando en servicio, solamente pueden ser juzgados por los tribunales militares por lo que se consideran faltas a la disciplina militar.

El ministro Franco González Salas señaló durante la sesión de este martes que en consecuencia a lo establecido en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Rosendo Radilla, cuando un militar en funciones esté involucrado en violaciones a garantías individuales de civiles, deben ser tribunales ordinarios quienes los juzguen.

El ministro José Ramón Cossío puntualizó  que “lo que vendría a ser el corazón” de la sentencia de la CIDH es  que “fuero militar frente a situación que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar”, y así, la totalidad de los diez ministros presentes en esta sesión aceptaron que todos los jueces del país tienen facultades para conocer y procesar a militares que cometan violaciones a derechos humanos de civiles.

La sentencia de la SCJN se dio al determinar los alcances de la sentencia de la CIDH realizó en torno a Rosendo Radilla, quien fue desaparecido de manera forzada por integrantes del Ejército en 1974.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/07/12/14485301-militares-podran-ser-juzgados-por-tribunales-civiles-corte

Ilegales, a merced de mafias y corrupción

Diego Rivero Corona

Ni la Arquidiócesis Primada los auxilia, lamenta Solalinde
Encuentran  a algunos de los secuestrados en Veracruz, informa

La corrupción de los cuerpos policiacos de los tres niveles –federal, estatal y municipal- y agentes de Migración  sigue como causa del aumento de secuestros de ilegales centro y sudamericanos y del trafique con ellos.
Así lo manifestó el padre Alejandro Solalinde, pilar del albergue “Hermanos en el Camino”, en Oaxaca. En entrevista con El Punto Crítico, acusó a la Arquidiócesis Primada de México de no hacer nada por los migrantes extranjeros, y criticó que no tiene +una sola casa –en el país- donde albergar a los extranjeros que pasan por México hacia Estados Unidos.
De los ilegales secuestrados recientemente en el estado de Veracruz,  aclaró que agentes ministeriales federales de la SIEDO  han encontrado y rescatado a algunos.
Negó dar cifras y más detalles “para no entorpecer la investigación”, pero dejó claro que la SIEDO “está realizando su trabajo”.
Por cuanto a la corrupción, lo peor es que propicia en vez de evitar, que “esos peregrinos del buen pan” caigan en manos de las mafias de servidores públicos y las de la delincuencia organizada y el narcotráfico y los asesinen, como ha sucedido  en el norte del país.
Para este generoso sacerdote es necesario apelar a la sensibilidad del Ejecutivo federal para acelerar que entre en vigencia la Ley de Migrantes ya aprobada por el Congreso de la Unión, porque, por lo pronto, es la esperanza para acabar con las tragedias propiciadas a manos de las mafias que operan formadas por cuerpos policiacos e incluso agentes de Migración.
Por cuanto al trabajo de los de servicios de los agentes del Instituto Nacional de  Migración, Solalinde afirmó que “su ineficiencia y deshonestidad no es una noticia nueva”, deja mucho que desear. Los migrantes siguen siendo víctimas de violencia, tráfico, privación ilegal de la libertad, humillaciones y explotación a manos de las mafias de funcionarios deshonestos y las del crimen organizado, insistió.
Aclaró que –“hasta donde sabe”- este año se han registrado 61 delitos en agravio de grupos de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, tanto por el crimen organizado como por funcionarios o servidores públicos deshonestos.
Esos delitos, explicó, son secuestro, trata de blancas y despojo de bienes y homicidios, y de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),  se han  cometido  11 mil 233 secuestros.

Falla la Arquidiócesis

De la Arquidiócesis Primada de México, el padre Solalinde especificó que ésta no ha hecho ningún esfuerzo a favor de los migrantes extranjeros para apoyarlos en su paso por México.  No cuenta con un solo albergue en toda la República adonde lleguen y reciban alimentos, atención médica y otros servicios.
“Ellos dicen que sí hacen algo por los migrantes, pues que lo demuestren”, porque hasta el momento no “han hecho nada por apoyarlos”.

Sin protección de derechos humanos
Por su parte, el director ejecutivo de la Red por Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, advirtió que en México no existe un Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos  para los Infantes,  tanto nacionales como extranjeros,  principalmente los que entran al país de manera ilegal procedentes de Centro y Sudamérica, “y un esfuerzo en ese sentido debe ser realizado por los tres poderes de Gobierno”.
Explicó que hace 21 años México se comprometió a crear dicho sistema y hasta la fecha ha quedado, “ como los políticos, en puras promesas”.

Prevenir secuestros

A su vez, Raúl Plascencia Villanueva,  presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirmó que “faltan tareas de prevención del delito contra los migrantes, como el secuestro”. Es importante prevenirlos, como el reciente ocurrido en Veracruz”.
Respecto a que algunas dependencias del gobierno federal indican que no hay información acerca de algunos secuestros de migrantes extranjeros, Plascencia indicó que “esto exige que se investigue de manera completa e imparcial y, una vez que se termine, poder concluir en términos generales, si es cierta o falsa la desaparición de los migrantes”.

En 2010, 226 ilegales fueron Víctimas de Delitos

Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración, reconoció que, en 2010, 226 extranjeros manifestaron ante la institución haber sido víctimas de delitos. De éstos, a 103 les otorgaron visa humanitaria, igual que a  102 que aseguraron haber sido  víctimas de trata de personas a manos del crimen organizado.
En lo que va de 2011, dijo, siete mil 752 menores mexicanos han sido repatriados de Estados Unidos. De ellos, cinco mil 600 venían solos, y el año pasado llegaron 20 mil, de los cuales mil 500 niños y dos mil 200 niñas venían sin compañía.
También fueron repatriados cuatro mil 850 de otras nacionalidades. De esta cifra, dos mil 869 venían solos. En lo  que va del 2011 se han repatriado mil 638 de esos niños, de los cuales mil 89 viajaban sin familiares.
Gabriel Castillo García

http://www.elpuntocritico.com/politica-nacional/18231-ilegales-a-merced-de-mafias-y-corrupcion.html