El libro Levantones, narcofosas y falsos positivos de José Reveles

Escuadrones de la muerte

José Reveles

Libros

Levantones, narcofosas y falsos positivos, nuevo libro de José Reveles. El libro Levantones, narcofosas y falsos positivos, de próxima aparición, nos lleva en un recorrido por episodios de muerte, dolor e impunidad. José Reveles muestra una parte del horror que en sólo cinco años se enseñoreó en México por la omisión e incapacidad de quienes lo gobiernan. En el texto también se advierte que detrás de los miles de asesinatos “inexplicables” podrían encontrase escuadrones de la muerte formados por militares desertores y policías corruptos, paramilitares cuya misión consiste en realizar tareas de “limpieza social”. Para colmo, el riesgo de que México se colombianice está presente, sobre todo ahora que el expresidente Álvaro Uribe actúa como asesor de Felipe Calderón en su guerra contra el narco. Con autorización del autor y el sello editorial Grijalbo presentamos fragmentos de la obra.

 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cuando me reuní con los agentes federales que, en grupo y quitándose la palabra unos a otros, me narraban de viva voz cómo, durante la traumática búsqueda de cadáveres en decenas de fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, habían sido testigos de que allí se encontraban incluso autobuses sepultados con todo y pasajeros, me pareció una vil y vulgar exageración nacida del protagonismo, un vuelo absurdo de su imaginación desbordada por cargas de trabajo, un exceso nacido de ese realismo salvaje al que se nos quiere acostumbrar desde el poder.

 

El día del hallazgo del primer autobús enterrado con todo y ocupantes, inmediatamente se impuso a los testigos una especie de “ley del silencio” para no escandalizar y crispar todavía más a la sociedad mexicana. Aun así pude leer copias de algunos partes policiales que aludían a tan macabra información, de prisa y casi arrebatados de mis manos por quienes se atrevieron a mostrarlos pese a la prohibición.

 

Y no es que al gobierno mexicano le escandalice aceptar esas cifras macabras, como veremos adelante, pues suele apoyar su discurso antinarco en la ecuación absurda que Estados Unidos utilizó en Vietnam hace décadas (el llamado body count), según la cual entre más muertos había, más se confirmaba el éxito de la estrategia de guerra.

 

Pero fue tan impresionante el hallazgo en San Fernando, que en los más altos niveles del gobierno se decidió por el momento ocultar o negar la información sobre los autobuses bajo tierra. Concluyo que se difirió la difusión para una ocasión más propicia (si la hubiere), y que iremos recibiendo la atroz noticia aderezada con confesiones directas, durante arraigos prolongados o descrita por testigos protegidos: ya se irá dando a conocer el lado más oscuro de la masacre de una manera parcial y a cuentagotas, con una versión a modo y para que el tema, lejos de dañar la imagen pública del presidente Felipe Calderón, le reditúe ganancias mediáticas. (…)

 

El sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de migrantes centro y sudamericanos, sugería buscar en Veracruz: “Allí van a encontrar más cuerpos que en San Fernando”, soltó en el noticiario de Carmen Aristegui en MVS. Lo decía con responsabilidad (me lo confirmó después personalmente), a partir de decenas de testimonios de los propios migrantes. Sostuvo su dicho cuando conversé con él por teléfono después de que se reunió con el gobernador veracruzano Javier Duarte el viernes 1 de julio de 2011, a propósito del secuestro de migrantes centroamericanos cerca de Medias Aguas, en donde el tren de carga apodado La Bestia frenó cientos de metros más allá de la estación para permitir que “en camionetones de lujo” fueran hechos rehenes un número indeterminado de indocumentados. (…)

 

Solalinde adelantó que fue informado, incluso, del nombre del lugar de Veracruz donde las bandas criminales se deshacen de los cadáveres de sus víctimas, centroamericanas en su mayoría. Se lo dijo al presidente Calderón cuando lo pudo tener cerca y también lo comentó en una reunión de los obispos de la entidad, uno de los cuales le enmendó la plana: “Son dos” los sitios donde se confinan cuerpos. El gobierno ya lo sabe, y entre más se tarde en iniciar la búsqueda, menos indicios hallará, pues en algunos casos se trata de campamentos y ranchos con métodos definidos y herramientas listas para deshacerse de los cuerpos. (…)

En este escenario infernal, de poco o nada me sirve a mí, ciudadano, que el presidente Felipe Calderón haya dicho (con flamígero dedo acusador y golpes sobre la mesa, regañando a las autoridades locales porque “no hacen su trabajo”) que fueron policías municipales de San Fernando quienes, en vehículos oficiales, llevaron al matadero a cientos de ciudadanos indefensos, tomaron parte en las ejecuciones e incluso ayudaron a cavar las fosas para sepultar a las víctimas una vez asesinadas.

 

La acusación presidencial no pecaba de inocencia. Era, al mismo tiempo, un insólito reconocimiento oficial de que hay una participación activa de la fuerza pública en crímenes de lesa humanidad, pero con la salvedad de que el mandatario culpaba de esa criminal complicidad exclusivamente a la policía local, lo que supondría anticipar, sin pruebas, la absoluta inocencia de elementos del Ejército y de policías federales en tanta muerte. Aceptar esta afirmación de Calderón en forma acrítica equivaldría a eximir de cualquier sospecha a las fuerzas federales, a las tropas de uniforme verde olivo o camufladas y a los marinos, pero igualmente a los soldados que visten de gris y negro en papel de policías. Supondría también asumir que las víctimas de San Fernando eran “enemigos” reales o supuestos de Los Zetas, o que una inmensa mayoría eran inocentes pasajeros en tránsito por la “ruta de la muerte”, con lo que se descarta cualquier hipótesis que sugiera una posible actuación de escuadrones de la muerte. También se excluye investigar que las víctimas pudieran haber sido concentradas para ser liquidadas y enterradas en Tamaulipas y Durango, aunque provinieran de otros puntos del país.

 

“Los narcos no esconden los cuerpos de sus víctimas”, me dice Emilio Álvarez Icaza, exombudsman del Distrito Federal y participante activo en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. El propio Sicilia me recuerda que desde el surgimiento del movimiento zapatista empezaron a crearse grupos paramilitares formados por el Ejército estadounidense, y que Los Zetas se constituyeron con desertores del Ejército.

 

El general Francisco Gallardo le pone nombre a los grupos de exterminio con permiso para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar. Son los GIZ (Grupos de Información de Zona) o GIZES, pertenecientes formalmente al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Podrían ser unos 3 mil en todas las zonas, regiones y guarniciones militares, improvisados espías que mal manejan la “inteligencia” en ciudades, pueblos y comunidades, y que visten de civil, pero reportan al alto mando. Cuando cometen alguna atrocidad y son descubiertos, simplemente se desmiente que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, se los deja a su suerte, aunque aleguen “obediencia debida” y “órdenes desde arriba”, como fue el caso del teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra y el subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero, acusados en Morelos de la tortura y el asesinato de Jethro Ramsés Sánchez Santana, de 26 años, entre el 1 y el 2 de mayo de 2011. (…)

El análisis realizado por otros expertos entrevistados, la recopilación de testimonios y el examen de casos concatenados en los que se pretende mostrar a víctimas inocentes como lo que no son (sicarios, narcomenudistas, halcones, jefes de célula o mandos medios de la delincuencia organizada) parecen confirmar que se extiende esa “limpieza social” con miles de víctimas por toda la República y que en México se pretende replicar la condenable práctica de lo que en Colombia se denominó los falsos positivos, que no eran sino ejecuciones extrajudiciales y a sangre fría de ciudadanos comunes, primero secuestrados o levantados, cuyos cadáveres después se disfrazaban y se pretendía hacer pasar como si fueran de guerrilleros, paramilitares o traficantes caídos en combate. No sobra recordar que el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida son aplicaciones espejo, hijos siameses de la estrategia antidrogas del gobierno de Estados Unidos. En ambos esquemas, el colombiano y el mexicano, Washington ofrece ayudas nada desinteresadas a los gobiernos y ahora incorpora de manera más formal a países de Centroamérica, aunque se muestra cicatero y le regatea a los paupérrimos países de la cintura mesoamericana los millones que dilapida en lejanas aventuras bélicas. Estados Unidos introduce el modelo punitivo de combate al tráfico a través de dádivas que son ridículas si se considera que, en el caso de México, no representan ni 0.5 por ciento del gasto bélico en Irak y Afganistán.

Con estas dádivas se trata de frenar, fuera de las fronteras de Estados Unidos, el flujo de sustancias prohibidas para sus propios consumidores, pero sin pagar el costo de la violencia que provocan sus guerras inducidas. Las drogas cruzan hacia el norte, mientras el dinero en efectivo y las armas vienen hacia el sur, según ha reclamado en múltiples ocasiones el gobierno mexicano. Estados Unidos es el paraíso del consumo, y México un infierno de violencia extrema. Ellos ponen la nariz, los pulmones, la boca y las venas, y aquí se multiplican los muertos por decenas de miles.

 

La pequeñez de miras de quienes mal gobiernan a México, la ausencia del mínimo asomo autocrítico, el regodeo discursivo de que se está en la estrategia correcta, la imitación extralógica de modelos fracasados (léase Colombia) y la sumisa aceptación de las directrices de la potencia mundial a cambio del plato de lentejas de una Iniciativa Mérida que en tres años nos “regala” 1 300 millones de dólares (siempre en especie y apenas uno por ciento de las reservas internacionales que guarda México, cantidad con la que Washington se cree con el derecho de tener boinas verdes activos en territorio mexicano) son algunos de los males que golpean hoy la conciencia nacional. Aun los presuntos “triunfos” de la autoridad resultan espurios, en la medida en que se fabrican culpables, se inflan las estadísticas y se quiere presentar como solución a casos de esta violencia desbordada la captura de unos cuantos capos, sicarios o mandos medios junto a la inhabilitación (palabra que usan dependencias oficiales para no hablar francamente de asesinados, de muertos en enfrentamientos o arrestados) de una multitud de supuestos narcotraficantes lumpenizados en extremo. (…)

 

Sin forzar artificialmente el argumento, me da mala espina que el gobierno, lejos de desmentir y atemperar el clima de violencia expresado en cifras de ejecutados (otro neologismo que significa asesinados, pero sin el apellido clave: extrajudicialmente), se esfuerce en inflar la cifra de las víctimas. Lo hizo en julio y agosto de 2010, cuando el ejecutómetro más alto que pudiera registrar medio alguno, escrito o electrónico (elaborado con seguimiento hemerográfico y los reportes cotidianos de los corresponsales de cada medio), era de 20 400 víctimas, la Procuraduría General de la República lanzó una cifra más elevada de homicidios dolosos, una especie de as bajo la manga, cuando dijo a la opinión pública que eran ya 24 800. No habían transcurrido dos semanas y otra dependencia del gobierno (sigue siendo oficial, aunque ahora parezca entregada a representantes de la iniciativa privada, los encuestadores de GEA-ISA, auxiliares directos en los resultados que empujaban el triunfo de Felipe Calderón en las elecciones de 2006), el Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), rectificó a la PGR: que no, que no eran 20 400 ni 24 800 sino 28 mil (un incremento de 7 mil en menos de dos semanas, cifra nada despreciable si se considera que en ninguno de los seis años de gobierno de Vicente Fox ni en los dos primeros de Calderón se había llegado a una cantidad semejante de ejecuciones en un periodo anual).

 

Esta insólita inflación al alza –única en el mundo cuando un gobierno de pronto se empeña en decir que la violencia es peor de como la conciben los medios y la sociedad– volvió a ser empleada por la autoridad en enero de 2011, pues cuando el ejecutómetro más elevado del año que concluía frisaba por debajo de los 13 mil finados (Excélsior), apareció el portavoz de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, para decir, sin inmutarse, que habían sido 15 273 en todo 2010 y que, sumados los del sexenio, llegaban ya a 34 612. (…)

Escuadrones de la muerte y limpieza social

Ya iban en julio-agosto de 2011 más de 50 mil asesinatos en el país con los que el gobierno se atribuía “éxito” en el combate contra el crimen organizado. Al menos 70 por ciento de esa espantosa cifra eran menores de 29 años. “¿Acaso todos los que mueren son criminales?”, se pregunta con toda la razón Carlos Cruz, dirigente de Cauce Ciudadano. (…)

… Carlos participa en la elaboración de una lista de matanzas en todo el país y en el rescate de la identidad de los victimados. Cuando puedo asomarme a ese abismo de violencia colocado en páginas de computadora, están registrados ya más de 150 casos, con más de 600 mexicanos cuyas vidas acabaron de manera absurda y bestial. (…)

 

Carlos Cruz observa, durante este esfuerzo de recopilación, que hay demasiados jóvenes levantados y asesinados en barrios pobres, marginales; muchos que fueron desaparecidos vivos en un sitio del país pero cuyos cadáveres aparecieron tirados en otro distinto y distante. “Da la impresión de que en México está comenzando el fenómeno de los falsos positivos. Falta explicar el porqué de esas fosas clandestinas con cuerpos que la información oficial dice que son jóvenes que no se quisieron enrolar con grupos de la delincuencia organizada”.

… La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que agrupa a 67 organizaciones en 14 estados de la República, ha emitido alertas contra políticas públicas explícitamente discriminatorias en Monterrey, Ciudad Juárez y otros sitios, en donde indigentes, vagabundos y enfermos mentales son recogidos en la vía pública y luego abandonados en carreteras y caminos fuera de las ciudades. Tras el desplazamiento por limpia social, “hubo muertes coincidentes en la Sierra de Juárez”, Nuevo León, advirtió la Redim. Para Juan Martín Pérez, director de la Red, es muy grave que “los adolescentes sean criminalizados y estigmatizados. Cuando muere un adolescente, se le asocia inmediatamente al crimen organizado, sin investigación previa y sin elementos”. En algunos estados se ejercen acciones de retiro forzado y hay casos “claramente de limpieza social”. Si eso ocurre oficialmente, no hay que tener mucha imaginación para saber lo que ejecutan por su cuenta grupos de la delincuencia, paramilitares bajo control del gobierno y las Fuerzas Armadas oficiales. (…)

En semejante contexto, el Senado de la República había solicitado formalmente al Cisen que proporcionara informes sobre la existencia de escuadrones de la muerte, “responsables de miles de asesinatos y desapariciones forzadas”, además de los que el gobierno asegura que comete la delincuencia organizada. “Esos grupos actúan al margen de la ley con complicidad, reconocimiento o tolerancia del Estado mexicano”, dijo Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Los escuadrones están conformados por soldados y oficiales desertores del Ejército y policías despedidos por corruptos. “Son paramilitares adiestrados”.

A propósito de las declaraciones del alcalde de San Pedro Garza García, según las cuales crearía y utilizaría “grupos rudos” para limpiar el municipio, Monreal declaró que ese alcalde no era el único en emplear paramilitares. “Los gobernadores tienen grupos de exterminio, grupos de ‘limpieza’ que adiestran y seleccionan como grupos de élite, y que actúan fuera de la ley”. Hay también empresarios que contratan a esos grupos en Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.

 

Peligro: Colombia asesora a México

Álvaro Uribe Vélez se apareció de pronto en Ciudad Juárez e impartió cátedra. Uribe dejó de ser presidente de Colombia en agosto de 2010, pero sigue indisolublemente ligado a los destinos de México, primero como consejero en Los Pinos y más recientemente como asesor de los gobiernos de Chihuahua y Ciudad Juárez. Con su “experiencia de éxito” ayudará a aplicar programas “que ayuden a recuperar la seguridad y la tranquilidad” en Chihuahua, tal como ocurrió en Colombia, se regodeaba el gobernador César Duarte Jáquez al recibir al exmandatario en la urbe fronteriza el 7 de junio. (…)

 

Duarte insistió en que el modelo que puso en práctica Uribe en Colombia es totalmente aplicable en Chihuahua y se basa en ejes como la educación, el trabajo y la seguridad democrática. La visita de Uribe es un mensaje de esperanza para Ciudad Juárez, insistió: “Me motivó invitar al presidente Uribe para saber objetivamente los resultados del Colombia que recibió y del Colombia que entregó: es un país en paz en el que (antes) no se podía transitar por los caminos: lo hizo con energía y determinación. Reconstruyó una nueva nación. Colombia es nueva hoy, y en todo el país hay bardas y luminarias que dicen: ‘Gracias, presidente Uribe’”.

Más allá de estos arrebatos de lirismo chabacano y pueblerino, el gobernador Duarte parece ignorar toda la represión institucional y el gran sufrimiento que implicó para los colombianos la política de seguridad democrática que tantas alabanzas le inspiraba, a tal grado que hoy el presidente Santos, su sucesor, busca distanciarse de esa línea. En Colombia se abrió una investigación, además, contra 13 congresistas por graves irregularidades en la administración de bienes decomisados a las mafias (Proceso, núm. 1808, 26 de junio de 2011), y se propuso y aprobó una Ley de Víctimas que ahora reconoce el conflicto interno en Colombia, el cual fue obsesivamente negado durante ocho años por Uribe.

 

Nada es casual en política: el expresidente colombiano estuvo en Juárez y fue públicamente nombrado asesor cuando faltaban 48 horas para que arribara a Ciudad Juárez la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Era ésta la tercera señal ominosa contra la protesta pacífica. Tres semanas antes había llegado el presidente Felipe Calderón a presidir, junto con el gobernador Duarte, una parada militar para conmemorar el centenario de la “Toma de Juárez”, lo que se vio como un refuerzo a la presencia castrense en las calles. Y el 6 de junio la policía federal allanó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, presidido por el sacerdote Óscar Enríquez, organización que preparaba la recepción a la caravana que llegaría de Morelos en unas horas más.

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Recuerdan a Digna Ochoa, a 10 años de su muerte

Digna Ochoa, defensora de DH.
Foto: Antonio Nava

MISANTLA, Ver. (apro-cimac).- En un rincón de este municipio veracruzano yace el recuerdo de una abogada, una defensora de derechos humanos, que este pueblo evoca cada 19 de octubre: Digna Ochoa y Plácido.

 

Hace 10 años, Misantla ya era un pueblo en progreso, hoy mantiene su clima caluroso, húmedo, sus fértiles tierras y aguas transparentes; la tranquilidad de los barrios prevalece, sin embargo, para una familia la vida se hizo más corta.

 

Desde 2001, el nombre de Digna Ochoa quedó plasmado en la memoria colectiva por ser una de las primeras abogadas en denunciar la impunidad del Estado, y porque los resultados de las investigaciones sobre su muerte ofendieron a la sociedad civil.

 

Luego de 10 años el caso se cerró: la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) concluyó que la muerte de la activista se trató de un suicidio, pero la familia Ochoa y Plácido no cree en esta versión y por ello, una vez más, abren el álbum familiar para recordar y honrar la memoria de Digna.

 

En una pequeña casa de fachada marrón, las fotografías y postales son el único recuerdo y el mejor homenaje, la evidencia de la lucidez, la valentía y el compromiso de una luchadora social que abandonó su hogar con el sueño de cambiar al mundo.

 

La hija

“Una mujer muy destacada, estudiosa, inteligente… Mi hija, una maravilla”, así describe Irene Plácido Evangelista a la quinta de sus 13 hijos, Digna, la niña que nació el 15 de mayo de 1964 en el seno de una familia humilde y costumbrista como lo ameritaba la época.

Irene, una mujer de gestos amables pero palabras contundentes, asegura que su hija era alegre pero –al igual que ella– rigurosa, porque cuando necesitaba sacar el coraje, lo sacaba. Y es que hay ocasiones en las que no se puede flaquear ni se debe andar con titubeos.

 

Si Digna fue una mujer disciplinada se lo debe a su madre y a su abuela, quienes desde pequeña le inculcaron la rigidez, los valores y hasta las reprimendas propias del catolicismo.

 

Así creció, en medio de una familia recatada y de un pueblo mágico de raíces prehispánicas. Ahí cursó sus estudios básicos y asistió a la preparatoria, una edificación que después se convertiría en una casa de cultura pintada de blanco que hoy parece un liceo romano.

 

“Fue una hija muy estudiosa, una mujer que se dedicó desde chica a sus estudios, a prepararse para el mañana”, recuerda con la mirada llena de orgullo Eusebio Ochoa López, su padre, un hombre de pasos lentos y ágil memoria.

 

La hermana

 

Digna no tuvo privilegios, creció con los mismas responsabilidades y obligaciones que el resto de sus cinco hermanas y siete hermanos. Ellos así la recuerdan, como una de las más alegres, estudiosas, obedientes y reservadas.

Digna poco habló de su trabajo como abogada, sin embargo, las amenazas que recibió llegaron hasta su familia, según cuenta Luz María Ochoa, su hermana, quien recuerda que en una ocasión Digna le llamó alarmada preguntando por sus sobrinas.

 

Tiempo después Luz María se enteró de lo que sucedía. “A ella le llamaron la madrugada de ese día y le dijeron que tenían a una de sus sobrinas arriba de una azotea y la amenazaron: ‘Si sigues, la vamos a matar’”, relata su hermana.

 

Aunque Luz María no sabe la razón de las amenazas, imagina que el hostigamiento fue por los casos que en ese momento Digna litigaba como abogada. Esta hipótesis la reitera otro de sus hermanos, Ignacio Ochoa, quien conoció el lado noble del derecho gracias a su hermana.

Un año después de la muerte de su hermana, Ignacio, junto con su hermano Jesús Ochoa, decidieron abrir el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y Plácido. Fue así que en octubre de 2002 se adentraron a mundo de riesgos latentes, el de la defensa de las víctimas.

 

En alguna ocasión cuando Ignacio estudiaba la Universidad, acompañó a Digna a un juzgado en Xalapa; en ese momento él escuchó cómo uno de los policías acusados amenazó a su hermana luego de que ella lo interrogó con preguntas claras y contundentes.

“Los policías empezaron a comentar si esa abogada se sentía muy valiente y no se daba cuenta que un día podía aparecer su cabeza en la carretera”, rememora Ignacio. Ese fue el momento en que su hermano comenzó a sentir miedo, sin embargo, siguió y hoy es un abogado defensor como lo fue Digna.

 

Ignacio conoce muy bien los riesgos de su profesión. Él ha sido intimidado por teléfono, ha recibido amenazas de parte de hombres armados, e incluso una vez fue “levantado” por un grupo de desconocidos que lo golpearon. Aun así se mantiene firme en sus convicciones.

Ignacio, Jesús, Luz María, Irene y el resto de los hermanos Ochoa y Plácido saben que el legado de la defensora, al igual que el de la amiga, sigue vivo. No sólo era activista, también era una mujer alegre a quien le gustaba cocinar, festejar y estar con su familia, aunque fuera por poco tiempo.

 

En la casa familiar se sigue preparando la receta de barbacoa de pollo que Digna cocinaba, o los tamales de picadillo que tanto le gustaban. Esas recetas, una veladora y varias fotografías de la abogada, permanecen al paso de los años.

 

La activista

 

Digna vivió y estudió Derecho en la Universidad Veracruzana en Xalapa; viajó por el país, estuvo en Estados Unidos e incluso en Europa; pero durante mucho tiempo radicó en la ciudad de México, donde el 19 de octubre de 2001 fue encontrada sin vida.

 

¿Cómo y por qué murió? Según la PGJDF, Digna se quitó la vida; de acuerdo con la familia, fue asesinada. Esta última hipótesis se basa en las constantes amenazas que recibió por su labor a favor de las victimas de violaciones a los derechos humanos.

 

Fue una activista, una de las primeras abogadas que se convirtió en verdadera defensora. “A ella le gustaban las cosas derechas, le gustaba la verdad… Desde chamaca le vino esa idea, dijo que ella tenía que ser abogada”, recuerda su madre.

 

Digna tuvo una sólida educación religiosa y asistió con frecuencia a la iglesia de Misantla. Luego de terminar la carrera de Derecho, Digna, con 22 años, ingresó a la Congregación Dominicas del Verbo Encarnado en la capital del país.

 

No obstante, su compromiso social fue más fuerte y abandonó el convento para incorporarse como abogada al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Eran finales de 1988.

Quería servir a la gente más humilde, más pobre, la más vulnerable, por eso se convirtió en abogada, porque nunca olvidó que su padre pasó un año y 15 días en prisión luego de pertenecer a un movimiento laboral que lo único que pedía eran mejores condiciones de trabajo en los ingenios azucareros de la región.

 

Cada vez que su padre recuerda la anécdota lo hace con cierta tristeza porque así perdió a su hija. “En una ocasión le dije que por qué no se venía a Misantla… ella me dijo que no porque tenía compromisos”. Y a pesar de la tragedia posterior, esa respuesta es un orgullo para él.

 

Hoy, en la casa de la familia Ochoa y Plácido sólo quedan fotos y en el pueblo de Misantla una placa conmemorativa. Esos son los recuerdos en honor a la mujer que hasta el final dio voz a los más vulnerables y de aquella activista que cuestionó a quienes ejercieron el poder.

 

La familia de Digna tiene la certeza de que la asesinaron y, con esa seguridad sigue esperando, aguarda reivindicación, congruencia y justicia.

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Hablen bien de Veracruz, pide Duarte a los medios de comunicación

Javier Duarte, gobernador de Veracruz.
Foto: Germán Canseco

XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Javier Duarte pidió a los medios de comunicación hacer a un lado la “nota roja” y privilegiar la difusión de noticias que mejoren la imagen de la entidad, como la generación de empleos y el incremento de las inversiones.

“Veracruz no sólo es nota roja”, dijo.

Según el mandatario, los periodistas se dedican más a difundir las malas noticias –“las malas noticias son buenas noticias”, dijo–, no obstante que, aclaró, en estos momentos hay inversiones, crecimiento económico y el desarrollo social está caminando en el estado.

 

Luego de sostener una reunión con integrantes de la Asociación de Industriales de Veracruz (AIEVAC), Duarte aseguró desconocer si en el ámbito nacional hay una campaña negra contra la entidad debido a que el tema de la seguridad pública ocupa las primeras planas de medios nacionales.

 

Por lo que, sugirió a los reporteros, como veracruzanos, “hablar de las bondades del estado y no sólo de las notas rojas”.

Veracruz, apuntó, “no sólo es la nota roja, yo sé que para ustedes (los periodistas) las malas noticias son buenas noticias. Pero también hay buenas noticias y quiero decirles que hay notas importantes (como) las inversiones, el crecimiento económico, la generación de empleos y la infraestructura que se viene haciendo”.

 

Con ello, insistió, a los medios de comunicación locales, “defender a Veracruz, pues aquí vivimos, de aquí somos, de aquí son nuestras familias, aquí estamos. Por eso, ustedes, como medios de comunicación, defiendan el lugar de donde somos, hablen bien de Veracruz, de lo que verdaderamente está ocurriendo”.

 

Debido a que los hechos de violencia registrados en los últimos meses en la entidad, sobre todo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río ha ocupado espacios importantes en medios de comunicación tanto nacionales como del extranjero, Duarte insistió a los reporteros locales “hacer su parte y hablar bien de Veracruz”.

 

No obstante Duarte aseguró desconocer si, en este caso, “hay una campaña negra” en contra del gobierno estatal o un algún trasfondo político” (por dichas publicaciones). Lo que sí sé es la imagen que está queriéndose dar de nosotros”.

http://www.proceso.com.mx/?p=285126

NOTIMEX

(*) Ponemos a su disposición la opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

México. D. F., a 17 de octubre de 2011

La semana pasada la Presidencia de la República informó del nombramiento de Héctor Villarreal como nuevo Director General de Notimex, después de un impasse por la salida del periodista Sergio Uzeta. Esta decisión presidencial no debe pasar inadvertida. Veamos por qué.

Primero. Notimex es el único medio público en el país que tiene carta de naturalización jurídica. Pasó de ser una agencia de noticias del Gobierno Federal a una del Estado; es decir, de la sociedad civil y de la sociedad política, como un instrumento para optimizar el derecho a saber de las personas, dotada de autonomía legal, de mecanismos de representación ciudadana, de defensoría de la audiencia. Incluso de garantías normativas para el ejercicio periodístico como la denominada cláusula de conciencia, que significa que el periodista puede negarse motivadamente a cumplir una orden de trabajo si es contraria a la ética periodística.

Todo lo anterior está detallado en la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. En efecto, el artículo 6 de la citada ley es ambicioso en los principios que debe atender la agencia: “Toda información que genere o transmita la agencia por cualquier medio de comunicación, deberá realizarse con absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los poderes de la Unión o de las entidades federativas, y bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad. Los servidores públicos de la agencia deberán observar estos principios en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.

Segundo. Notimex es ahora una fuente de información mejor atendida en las regiones del país que en la capital. Ello se explica porque una gran parte de los medios locales carece de corresponsalías en la ciudad de México y el costo de suscripción a una agencia privada es sensiblemente mayor que el ofrecido por la estatal. Este supuesto permite afirmar que la agencia incide, en mayor o menor medida, en lo que una parte de la sociedad lee, escucha o ve. Notimex contribuye a definir la agenda pública al decidir qué es noticia y qué no lo es. Qué información debe contar con mayor jerarquía o despliegue que otra.

Esto lo hacen, por supuesto, los demás medios en proporción a su capacidad de distribución informativa. El problema es que Notimex vive con cargo al erario. La agencia la pagamos usted y yo. Por esta razón es de interés público que esa empresa funcione de la mejor manera. El diseño institucional de Notimex estuvo pensado para que eso suceda. Se sabe, sin embargo, que siempre hay una distancia entre lo que se diseña y lo que al final se genera. Lo cierto es que no se cuenta con herramientas para verificar que la información generada tenga “absoluta independencia editorial” y sea “imparcial”, así como “objetiva”. No se tienen los instrumentos para medir el grado de cumplimiento de esos fines. Se vuelve en la práctica un acto de fe cuando debiese ser lo contrario.

Tercero. Es evidente que el Director General de Notimex no decide en solitario la línea editorial. Sí interviene en forma decisiva qué ruta se sigue. Más todavía si no tiene contrapesos internos por buenas o malas razones. El Presidente Calderón ha nombrado a Héctor Villarreal, a quien conozco personalmente y tengo una buena impresión de él. Más aún, lo considero una persona inteligente y esforzada. Así también estoy convencido de su compromiso político con el Partido Acción Nacional, en el que milita y hace poco era su vocero, así como con Calderón donde servía hasta hace unos días como subsecretario de Normatividad de Medios.

Dice el refrán que no basta ser, sino parecer. Aquí no se es y peor todavía, ni siquiera se parece. Ser Director General de Notimex impone un compromiso a la independencia y el reconocimiento de la comunidad por poseer una neutralidad razonable. En esta decisión presidencial hay claramente un conflicto de interés, exacerbado por el proceso electoral de 2012, que hace más visible esta circunstancia. El presidente Calderón ha ejercido, con cuestionamientos, sus atribuciones al designarlo como director de Notimex.

El Senado debe hacer lo propio y considerar “objetar dicho nombramiento por mayoría” o dejarlo pasar sin hacer mutis, pues “la instancia legislativa (tiene) treinta días para resolver; vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal”, según refiere el artículo 16 de la ley en cuestión. Habrá que ver qué predomina: si el interés de la sociedad o la ventaja política personal o de grupo, aunque ello implique lesionar el débil tejido institucional. Se podría pasar de agencia de Estado en la ley, a vocera de gobierno en los hechos. El Senado tiene la palabra.

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PERIODISTAS ACUSAN ANTE FISCALÍA AL EX GOBERNADOR FÉLIX GONZÁLEZ CANTO POR ATAQUES

* Han sido amenazados, difamados, perseguidos y agredidos desde que publicaron un trabajo periodístico sobre la deuda de más de 7 mil millones de pesos que dejó el ex gobernante

 Norma Madero Jiménez acusó que tras la publicación de un reportaje sobre la deuda por más de 7 mil millones de pesos que dejó González Canto vinieron los ataques.

México, D. F., a 17 de octubre de 2011

 

Los periodistas Norma Madero Jiménez y Agustín Ambriz, presidenta y reportero de la Revista Luces del Siglo de Cancún, denunciaron al ex gobernador Félix González Canto como presunto responsable de los ataques que han sufrido a raíz de la publicación de un trabajo periodístico sobre la deuda por más de 7 mil millones de pesos que han puesto en una grave crisis financiera al estado de Quintana Roo.

 

El trabajo destaca que un diagnóstico financiero de la Secretaría de Hacienda adjudica la crisis financiera del estado a que los créditos se usaron para gasto corriente en vez de infraestructura productiva, que es la que genera riqueza.

 

“Tras la publicación de este reportaje se sucedió una serie de hechos que atentan contra el ejercicio de nuestra libertad de expresión como periodistas, pero principalmente como mexicanos. Los ataques en un principio pensamos que iban en la idea de asustarnos, pero ya cuando existe agresión física, las cosas comienzan a teñirse de otro color”, expresó la periodista Norma Madero Jiménez.

 

Expresó que desde el diario Respuesta de Cancún inició una serie de ataques sin firma, donde se les pretende incriminar en hechos totalmente falsos “tratando de involucrarme en actos de corrupción y contubernio con autoridades estatales, a la vez que hace mofa de mi persona con fotografías, ridiculizándome”.

 

También han sufrido amenazas por correo electrónico, donde les llegaron una serie de mensajes tres veces al día, donde señalaban exactamente las actividades diarias que venían realizando, lo cual prueba que los seguían muy de cerca hasta que desde la semana pasada se encuentran en el Distrito Federal.

 

Los periodistas agredidos acudieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, donde su denuncia quedó registrada con el número de Averiguación Previa 100/FEADLE/2011, donde manifestaron que consideran esta campaña tiene origen en el anterior gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, quien busca con estos hechos coartar su libertad de expresión.

Asimismo, Madero Jiménez y Ambriz expresaron que reservan su derecho constitucional de actuar jurídicamente contra el diario Respuesta, el cual pretende criminalizarlos.

 

"Estamos entrando a este terreno de las estadísticas, donde tanto los políticos como el crimen organizados son los grandes agresores de la libertad de expresión, unos con amenazas o quitando la publicidad a ciertos medios no afines a ellos, los otros con el asesinato de compañeros”, expresó Madero Jiménez.

Expresó la presidenta y directora de Luces del Siglo: “No queremos y no estamos dispuestos a sufrir un ataque y que después se diga que estábamos vinculados con el crimen organizado. No somos delincuentes y por ello estamos aquí, frente a ustedes, y tampoco queremos que se nos vincule a ellos, como ha ocurrido en otros estados”.

 

José Martínez Mendoza, consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión e integrante del Observatorio de Medios del Caribe, dijo durante la conferencia que “se tienen una imagen idílica y paradisiaca de lo que sucede en Quintana Roo, sin embargo, existen algunos casos que tiene que ver con los ataques a la libertad de expresión, uno de ellos, es el de Luces del Siglo de Cancún”.

 

Enumeró otros casos ocurridos contra los periodistas, como Hugo Martoche, quien era corresponsal de La Jornada y tenía un sitio web que se llamaba “Experiencia Quintana Roo”, quien debió salir del país a su natal Argentina; el de NotiCaribe, al que le hackearon su página de Internet por publicar asuntos que vinculaban a González Canto; a Graciela Machuca tras documentar el casi de una niña indígena violada, a quien se le criminalizó y, el más reciente, el de Miguel Ramón Martín, propietario del Diario El Quintanarroense, quien hace dos semanas fue víctima de un atentado donde perdió la vida su contador y apenas hace algunos días hizo pública su salida de la entidad, junto con su familia.

 

Agustín Ambriz, reportero de la Revista Luces del Siglo de Cancún expuso que el actual gobierno de Roberto Borge Angulo, ha mantenido una táctica de ignorar las agresiones a la periodista Norma Madero Jiménez, “pese a contar con las pruebas de las amenazas y agresiones a la revista”.

Web de Luces del Siglo: http://www.lucesdelsiglo.net/

Corrupción entre Militares...

Ciudad de México.- Cuatro militares y dos sargentos fueron acusados por el Ejército por filtrar información al Cártel de los Betrán leyva para evitar los operativos militares en Morelos e incluso, ayudar a los narcos a establecer pistas clandestinas en la entidad.

El Juez Segundo Militar dictó formal prisión por delitos contra la salud en contra del Capitán Segundo de Arma Blindada Fernando Morales Sánchez y los Tenientes de Arma Blindada Jorge Mauricio Loza Monroy, Julián Hernández Hernández y Gilberto Martínez Sánchez. Además al Teniente de Infantería Víctor Flores Vaquero, el Sargento Primero de Arma Blindada Israel Sánchez Segundo y el Sargento Segundo de Arma Blindada Filimón Jiménez Morales.

De acuerdo con información de la agencia Reforma, en el expediente, integrado por la Procuraduría General de Justicia Militar, describe que los inculpados confesaron en un principio estar involucrados con los Beltrán, luego de que se describe que éstos obtuvieron el nombre del marino que encabezó el operativo de la Armada donde murió el capo Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, y supuestamente se la entregaron a los traficantes.

A cambio de informar a dos de los líderes del cártel de Los Beltrán Leyva identificados como Mario Pineda y Sergio V¡llareal sobre operativos, los militares pertenecientes al Tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento en Morelos, cobraban de mil a 18 mil dólares al mes.

 

Según el reporte señala que el que repartía el dinero era el Capitán Fernando Morales y reunía a los militares para pagarles en el Hotel Riazor del Distrito Federal, ubicado en Viaducto. En las reuniones siempre estaba Alfredo "El Comando", un enviado de los Beltrán.

 

En el momento de la detención del Teniente Julián Hernández, le fue asegurada una computadora portátil en la que halló diversos mensajes sincronizados desde su celular, que decía lo siguiente: "Estoy esperando que me llamen para ir por ellos", decía uno. "Padrino y con quién nos vamos a coordinar ahora", señalaba otro.

 

Cabe recordar que Mario Pineda, "El MP", fue ejecutado el pasado 12 de septiembre y su cuerpo apareció con huellas de tortura en el desagüe de la carretera México-Cuernavaca, a la altura del municipio de Huitzilac. Mientras que Sergio Villarreal, "El Grande", fue capturado el pasado 13 de septiembre del 2010 por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en un operativo calificado como "limpio", en el fraccionamiento de lujo Puerta de Hierro de la capital poblana.

 

Según las actuaciones del Ministerio Público Militar, el dato que ventiló la presunta red de infiltrados en el Ejército fue un mensaje de texto que el 28 de noviembre de 2009 recibió en su teléfono un teniente del Quinto Regimiento Mecanizado radicado en Cuautla, Morelos, Teniente Gilberto Martínez, cual invitaba a colaborar con los Beltrán, pero en lugar de aceptar, el receptor enseñó el texto a un ayudante del Segundo Escuadrón Mecanizado y éste le recomendó informar a sus superiores, lo que procedió a hacer.

 

Sin embargo, y pese a su confesión, los militares inculpados este año promovieron quejas donde acusan coacción y tortura para firmar las confesiones, por lo que tras permanecer un tiempo en el Campo Militar Número Uno, este año la Sedena decidió enviarlos al penal federal de Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, para llevar el proceso a distancia y a través de exhortos.

 

http://elsenderodeveracruz.blogspot.com/2011/10/renegados-en-su-tinta-corrupcion-entre.html

LA DEUDA PUDO EVITARSE

* Este trabajo periodístico provocó las amenazas y agresiones contra los periodistas Norma Madero Jiménez y Agustín Ambriz, presidenta y directora y director editorial de la revista Luces del Siglo de Cancún. Se autoriza su reproducción.

México, D. F., a 19 de octubre de 2011

 

Un diagnóstico financiero de la Secretaría de Hacienda adjudica la crisis financiera del estado a que los créditos se usaron para gasto corriente en vez de infraestructura productiva, que es lo que genera riqueza.

 

Por Agustín Ambriz

El quiebre financiero que hoy padece el estado (de Quintana Roo) por una deuda global de 10 mil 200 millones de pesos, se produjo técnicamente en diciembre de 2010 cuando la XII Legislatura Local autorizó al gobierno de Félix González Canto un endeudamiento de corto plazo por 2 mil 600 millones de pesos que deben pagarse en noviembre entrante y no hay recursos para cumplir.

 

Lo anterior se desprende del análisis financiero realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) a propósito de la “alarmante” deuda pública que ubica a Quintana Roo en la lista de los estados más endeudados, al lado de Sonora. El documento, al cual tuvo acceso este semanario, precisa que la debacle financiera devino a partir de que esos 2 mil 600 millones de pesos se fueron a gasto corriente en vez de aplicarse en obra de infraestructura productiva.

 

“El problema real de que se haya gastado tanto dinero en gasto corriente y no se hubiera hecho ninguna obra productiva es que el estado está imposibilitado de hacer crecer sus ingresos como consecuencia del desarrollo económico de la entidad, ya que no está cumpliendo con la premisa de generar las condiciones para que este desarrollo económico se dé”, establece.

 

Las conclusiones a que llega la Secretaría de Hacienda son más que alertas rojas:

− La actual situación económica del estado hace que la deuda de corto plazo sea la más preocupante ya que se acercan los periodos de vencimiento y no hay liquidez para hacer frente a los pagos, mismos que deben empezar a realizarse a partir de noviembre de 2011.

− La deuda de Quintana Roo equivale al 5.3 por ciento del PIB estatal, lo cual la convierte junto con Sonora en las entidades más endeudadas del país.

 

− En 161.5 por ciento aumentó la deuda del Estado de Quintana Roo de 2009 a 2011.

− Más preocupante aún, es que la deuda equivale al 28 por ciento de las participaciones federales a las que tiene derecho Quintana Roo, lo que lleva el endeudamiento a niveles muy elevados y compromete recursos futuros de muy largo plazo.

 

Estas cifras −abunda el análisis−, suponen una alta presión a las cifras financieras del estado, especialmente siendo una entidad muy susceptible a los altibajos en las economías mundiales, al depender totalmente del turismo. Y también susceptible a gastos imprevistos por fenómenos meteorológicos. “No es conveniente que las finanzas estatales estén tan poco holgadas y sin márgenes de maniobra”, recomienda.

De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Hacienda, la deuda de Quintana Roo asciende a 10 mil 200 millones de pesos, de los cuales 5 mil 400 millones son de deuda a largo plazo y 2 mil 600 millones a corto plazo, mientras que los otros 2 mil 400 millones es la suma de las deudas de los municipios que el gobierno estatal asume como aval.

 

A partir de estos números, desde principios de 2011 Quintana Roo obtuvo calificación baja de “A” (la óptima es “AAA”) por parte de las empresas calificadoras que ya para entonces advertían una perspectiva negativa en las finanzas del estado por el incremento en el pasivo a corto plazo y la falta de inversión en obras de infraestructura productiva.

 

La perspectiva negativa a la calificación crediticia de Quintana Roo se da en Diciembre de 2010 –precisa la dependencia−, cuando el Congreso del Estado le aprueba 2 mil 600 millones de pesos en deuda de corto plazo simplemente para el gasto operativo. El documento da cuenta que, “de enero a marzo de 2011 se había gastado ya la mayor parte del presupuesto para el gasto corriente”.

 

¿Tenemos salida? La dependencia federal considera que Quintana Roo puede reponerse de su difícil situación económica generando inversión productiva en el estado, lo cual implica sí, gastar mucho menos en gasto corriente pero principalmente generando más ingresos. Y eso sólo se logra con inversión pública productiva.

 

“El problema es que está muy endeudado, se tienen importantes presiones financieras por los créditos actuales y no se prevé que las participaciones federales se incrementen en el futuro. Todo lo contrario. De ahí que el mal gasto de recursos hoy pese demasiado”, sentencia.

 

El análisis financiero señala que una de las principales premisas del actual gobernador Roberto Borge Angulo es bajar el gasto corriente, se habla de planes de austeridad que van a permitir un ahorro de alrededor de 140 millones de pesos anuales.

 

“El problema es que la deuda a corto plazo es de 2 mil 600 millones, por lo que no se va a poder pagar con ahorros, necesariamente se va a tener que llevar a largo plazo, lo que implica que no se tenga dinero para obras de infraestructura productiva”.

 

Sin embargo, Hacienda determina que no hay más opción y que Quintana Roo requiere de reestructurar sus pasivos, “de lo contrario la presión financiera será muy difícil de sobrellevar”.

La dependencia federal evalúa las diferentes soluciones, con sus respectivas consecuencias, que podría asumir el gobierno estatal para hacer frente a los compromisos financieros pendientes:

 

− Una de las opciones es la reestructura bancaria, pretendiendo pasar a largo plazo los pasivos de corto plazo que hoy en día están por empezar a vencer y que caerán en cascada con vencimientos de 30, 60 y 90 días. Reestructurar también los pasivos de largo plazo que actualmente están en 18 años para buscar un crédito por 25 o 30 años.

− La otra salida es la bursatilización, que es un instrumento financiero al que pueden recurrir estados y municipios para financiar sus necesidades de inversión. Constituye Deuda Pública, en virtud de que se comprometen los ingresos futuros de la entidad.

Se trata de un mecanismo para obtener de manera anticipada los ingresos presupuestados por concepto de impuestos en el futuro. Consiste en emitir papeles en el mercado de valores para que el público inversionista los compre y con estos recursos financiarse.

Bajo este esquema, Quintana Roo evalúa dos posibilidades:

 

− La primera pretende basar la bursatilización de su deuda de corto plazo (2,600 millones de pesos ) con base en los ingresos que estima recibir en un futuro por concepto del Impuesto sobre Nóminas, del que se estima recaudar 480 millones de pesos en 2011. Por lo que a este nivel, se comprometería el 100 por ciento del ingreso por ISN por 6 años para pagar solamente este crédito.

 

− La segunda es la de bursatilizar toda la deuda pública estatal (10,200 millones) apoyado por la garantía de Banobras en un programa federal para apoyo a las entidades más endeudadas del país.

No obstante, se debe considerar que el efecto de la bursatilización también es de largo plazo (30 años) por lo que en ambos casos, las finanzas estatales comprometerían los ingresos propios y las participaciones por la administración actual y las 4 siguientes. De esta manera la posibilidad de que Quintana Roo pueda ejercer obra pública productiva en el futuro se ve mermada.

 

“En términos generales, los estados deben adquirir deudas solamente para la realización de obras públicas productivas. Ya que es la única forma de garantizar el retorno de la inversión y con ello tener la posibilidad de pagar. En el caso de Quintana Roo esto no ha sido así, se ha gastado, pero no se ha invertido el recurso que hoy se pretende bursatilizar”.

Limitaciones.

La perspectiva negativa en la calificación crediticia del estado lo limita en la obtención de mejores condiciones crediticias bancarias, pero también limitan la posibilidad de emisión de los instrumentos de deuda que se pretende llevar a cabo y por supuesto hace poco atractivos en el mercado los papeles que se llegaran a colocar, considera Hacienda en su diagnóstico.

 

En tales condiciones, una bursatilización no sólo será complicada de lograr, sino que también suponiendo que se llegue a emitir, será difícil de colocar. O se colocará a un precio elevado, lo que puede ser menos eficiente que la actual deuda bancaria.

 

Algunas de las problemáticas más sensibles del estado para lograr una bursatilización efectiva son: una alta deuda pública, compuesta además de muchos pasivos a corto plazo y contingentes, la falta de un control adecuado y balanceado del gasto público en comparación con la inversión productiva y la falta de controles administrativos que hagan eficiente la administración.

 

“La clave para una bursatilización exitosa sería que el gobierno no comprometa participaciones federales, sino sólo impuestos que compongan su ingreso propio”.

 

La bursatilización de la actual deuda de corto plazo, sostiene Hacienda, alivia la presión financiera del momento pero compromete a largo plazo los recursos, por lo que en el futuro, los ingresos del ISN serán para pagar deuda de corto plazo actual, lo que implica que se siga sin poder invertir en infraestructura con este recurso.

En cambio, la bursatilización del total de la deuda compromete no sólo los ingresos del ISN, sino también de otros ingresos propios del estado y las participaciones federales. Sin la posibilidad de inversión en infraestructura productiva, simplemente para pagar lo que ya se debe y que se gastó pero no se invirtió. En síntesis: no le genera mayores recursos al estado ni mejoras en la calidad de vida de la población.

 

El de Quintana Roo es un gobierno que ha incrementado importantemente sus niveles de endeudamiento, al pasar de mil 257 millones de pesos en 2005 a 10 mil 200 millones de pesos en 2010, cantidad que no se ve reflejada en infraestructura productiva dentro del territorio estatal.

FRASES

 

Es indispensable para la actual administración buscar la forma de reducir el gasto pero principalmente generar mayores ingresos, la única forma de hacer esto, es invirtiendo en infraestructura productiva. Por lo que el reto es lograr esto.

 

La bursatilización puede ser un camino, siempre y cuando los recursos que se obtengan sean suficientes y en condiciones de mejorar las condiciones de la deuda actual y que estos estén etiquetados para obras publicas productivas exclusivamente.

 

Los recursos que hoy en día se tienen etiquetados para el servicio de la deuda, y que son del orden de 401.6 millones de pesos para 2011 también deben ser reorientados a infraestructura. El reto es vigilar que se invierta y deje de gastarse en Quintana Roo, de lo contrario la situación financiera será cada día más difícil.

Adicionalmente, se han anunciado medidas como la eliminación de la tenencia vehicular que pondrán más presión a las finanzas públicas estatales y dejarán con menores posibilidades la bursatilización con ingresos propios, debiendo utilizar las participaciones federales para lograrlo.

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