Córdoba, Ver.- Alrededor de 200 profesores de distintos niveles educativos fueron defraudados por dos maestras que realizaban reuniones para explicarles a sus víctimas que tenían nexos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Con este cuento, las vivales exigían a los incautos diversos pagos de entre 50 y 80 mil pesos, cuando los supuestos lugares costaban desde los 120 mil pesos hasta los 200 mil, con lo que reunieron más de 7 millones de pesos.
Las acusadas del presunto fraude son María Esther Rendón Márquez, quien les ofrecía plazas desde intendencia, puestos administrativos y maestros de distintos niveles educativos, mientras que Norma Lilia Cano Nava se encargaba de cobrarles y exigirles el pago para abonar las plazas.
Luego de un par de años y algunos de meses de espera, y no tener respuesta para resolver su situación laboral, con la presunta adquisición de sus plazas solicitaron entrevistarse con la profesora María Esther para definir su situación, para ello fueron citados en las instalaciones del salón de sindicato de meseros.
Sin embargo, a esta cita no se presento la profesora María Esther, envió en su representación a Félix Esteban Serrano Alfonso y Armando Quintero Beltrán, éstos escucharían el diálogo entre los afectados y un supuesto abogado que enviaba la profesora.
Los mencionados se presentaron como representantes de la profesora y señalaron que ésta también había sido objeto de un fraude por parte de Norma Lilia Cano Nava, a quien le entregaba el dinero para los trámites de las plazas.
Al sentirse engañados, los agraviados se alteraron, por lo que Armando Quintero solicitó el apoyo de la Policía Municipal. Al lugar arribó el inspector Hermilo Vargas Ziehl, quien se entrevistó con Cleotilde Castro Toss, quien también dijo ser agraviada, y encabezaba el movimiento. Serrano Alfonso y Quintero Beltrán quedaron retenidos como garantía, se les impidió salir del local hasta que se presentara la profesora María Esther.
Tras entrevistarse Castro Toss con la titular de la agencia del ministerio publico sector sur, María Isabel Hernández Cruz, ésta pidió se integrara una comisión de 10 personas para que se trasladaran a la agencia y poder determinar la situación legal.
Mientras se trasladaba la comisión al ministerio público, otros de los afectados se quedaron custodiando a los retenidos, cerraron las rejas para que no salieran. Cerca de las 22 horas, los representantes de la profesora fueron trasladados a la inspección de policía, se les informó que quedaban a disposición del ministerio publico en calidad de presentados y que tendrían que rendir su declaración para saber si tienen participación en los hechos.