14 de marzo de 2012

¡¡¡LOS CIUDADANOS DE VERACRUZ ESTAN HASTA LA MADRE DE LA INSEGURIDAD!!!

AMADEO FLORES ESPINOSA, FUNCIONARIO DE PRIMER NIVEL QUE NO DA RESULTADOS, BUENO PARA BRINCAR DE PUESTO A PUESTO...
Marchas, inseguridad y hartazgo
 
Quirino Moreno Quiza

Interesantes y muy importantes las lecturas que se pueden distinguir de la marcha de ciudadanos realizada este lunes para exigir el regreso, vivo y sano, del joven Mikhele Jalil Jiménez Velasco, que congregó a cientos de personas.
 
Pero sin duda, la más importante es el hartazgo que existe ya por la inseguridad, en una ambiente en el que prácticamente en ningún lugar de la República Mexicana se puede transitar libremente por las calles sin el peligro ser secuestrado, levantado o víctima de balas perdidas que convierten a muchos jóvenes en parte de esas cifras que el presidente Calderón considera sólo “daños colaterales” de la lucha contra la delincuencia organizada.

Sin saber aún si esto es una casualidad, luego de la marcha, según las versiones que corrían anoche, al cierre de esta edición, a reserva de confirmar, el joven Jiménez Velasco habría regresado ya a su hogar sano y salvo. ¿Un buen resultado de una buena reacción social?
 
Lo citable aquí es la rapidez con la que esa marcha de cientos de ciudadanos de Xalapa se organizó para apoyar a los padres del joven. Eso demuestra que ya no hay disposición de los ciudadanos para continuar callados y esperar…

Aún falta resolver otros casos, como el de las jóvenes Mayté Martínez Alvarado y Gemma Mávil Hernández, que también están en manos de la Procuraduría de Justicia del Estado, al margen de que esa misma autoridad nos explique ampliamente lo que ocurrió con el joven Mikhele desde el secuestro hasta su aparición…

Autoridades municipales, rebasadas por la delincuencia, señala el Cesem

Al hablar de seguridad ciudadana, se habla de los derechos de las personas, el derecho a vivir sin violencia, los derechos que tienen que ver a tener un patrimonio, los derechos que tienen que ver con formas de convivencia ¦ Foto Especial
Norma Trujillo Báez -

En los 212 municipios de la entidad veracruzana las autoridades municipales están rebasadas para dar seguridad ciudadana, los derechos de las personas son vulnerados: la libertad de tránsito, a tener un patrimonio, la violencia se ha extendido y eso hace que la gente ya no pueda salir en la noche, señaló Francisco Domínguez Canseco, integrante del Centro de Servicios Municipales (Cesem) Heriberto Jara AC.

En entrevista, Domínguez Canseco enfatizó que las autoridades municipales están rebasadas, tiene policía preventiva municipal pero para prevenir delitos y faltas administrativas; y para brindar seguridad a la población, a las personas y a sus bienes, sin embargo, “con el aumento de lo que se llama crimen organizado, las autoridades municipales están rebasadas con asuntos que tiene que ver con capacitación, equipamiento, con salarios, con recursos, pero descuidan otros aspectos, como la cultura, el deporte y la prevención del delito”.
 
El integrante del Cesem precisó que al hablar de seguridad ciudadana, se habla de los derechos de las personas, el derecho a vivir sin violencia, los derechos que tienen que ver a tener un patrimonio, los derechos que tienen que ver con formas de convivencia, “pero en esta etapa de violencia que se vive cada vez se hace más complicado para los jóvenes salir en las noches, las familias tienen que resguardarse, hay incertidumbre y balaceras”.
 
“Se han perdido libertades y las policías municipales con la poca infraestructura que tienen no pueden enfrentar este aspecto del crimen organizado, porque el fenómeno se dejó crecer, porque el gobierno estatal y federal renunciaron a sus obligaciones y apenas las retoman”.
 
Así, consideró que por una parte está la debilidad de las instituciones y por otro lado la falta de atención a los problemas relacionados con la pobreza, el empleo; hay un rezago de los servicios más elementales, como la salud, la vivienda, educación, y ante la carencia de empleo muchas personas, entre ellos jóvenes, tomaron el camino de la delincuencia.
 
Pero ello tiene que ver con el abandono de sus obligaciones de los gobiernos para erradicar la pobreza, “por eso no podemos ver la violencia como un asunto aislado, si queremos aislarlo es un error, se puede avanzar en armamento, pero no se atiende el problema de fondo, como es garantizar las necesidades básicas y el impulso al campo”.

El tejido social se empezó a romper, ante las faltas de alternativas, los campesinos abandonaron la producción agrícola y esto ha abonado a la inseguridad que hoy existe, a la violencia que se genera diariamente.
 
Asimismo, refirió que los gobiernos, federal, estatal y municipal también desatienden las actividades culturales, el acceso a la cultura representa un alto costo para las familias, los gobiernos no invierten en el deporte y en programas de prevención y atención en jóvenes y niños y ello no contribuye para frenar la inseguridad.

De ahí que el próximo sábado el Cesem, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y el Colectivo por la Paz-Xalapa, realizarán el foro “Por la Seguridad ciudadana en Veracruz”, que se llevará a cabo en el Hotel Xalapa, con el objetivo de formular estrategias de incidencia pública en materia de seguridad ciudadana para los diferentes municipios del estado.

9 de marzo de 2012

LUIS FERNANDO PERERA ESCAMILLA DEMUESTRA SU INCOMPETENCIA Y FALTA DE CAPACIDAD...

ES UN INEPTO...
Se deslinda el presidente de CEDH de las investigaciones de jóvenes desaparecidos
 
Veracruz, Ver.- Luis Fernando Perera Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, deslindó a su organismo de las investigaciones por casos de jóvenes desaparecidos en Xalapa, ya que afirmó que no es obligación de la CEDH hacer este tipo de labores.
 
Entrevistado en el puerto de Veracruz, informó que actualmente la CEDH sólo cuenta con tres casos de denuncias por desapariciones de jóvenes, ya que los familiares han solicitado de sus oficios para agilizar las investigaciones.
 
Al preguntarle por los casos que se han dado a conocer a lo largo del año, incluso de 2011 de desapariciones de jóvenes en Xalapa, se deslindó del tema afirmando que su mayor responsabilidad es ir de la mano de las autoridades, sólo observando que trabajen.

Afirmó que únicamente pueden intervenir cuando hay una petición formal de parte de las familias, por lo que las denuncias que se coloquen en la Procuraduría General de la República por desapariciones no son material de su incumbencia.
 
Indicó que “sólo tenemos tres o cuatro casos que hemos estado en contacto con ellos, sólo vemos con el Jurídico. Les estamos dando seguimiento; nosotros no somos los encargados de investigar. Sólo buscamos que se les dé atención a los familiares. Se han estado realizando las aportaciones al caso. Cuando no hay avances entramos a pedir que haya avances".
 
–Un investigador de la UV habla de 600 desaparecidos durante los últimos seis años, le informaron.
 
–Que nos proporcionen esa lista, es muy importante que quien tenga información de esa naturaleza, que nos la den. Nosotros no hemos emprendido investigaciones porque no somos autoridad investigadora, seguimos la actuación de la autoridad para que no se haga esa confusión.
 
–¿Por qué no se actúa antes y hay que esperar que la gente salga a protestar para que haya resultados?

–Esa es una opinión que mejor me reservo. Esa es una respuesta social importante. Lo importante es saber que pasó antes.

-¿Por qué se echan la bolita del tema de los desaparecidos con las autoridades?
 
–Serían los familiares con las autoridades; nosotros estamos para darle seguimiento a que sean atendidos los familiares.

PROPONE LA CCCD CAMBIO URGENTE EN LA POLITICA PÚBLICA SOBRE “AGUA Y SUELO SUSTENTABLES”

Francisco Román Sánchez, dirigente de la Comisión Política Nacional de la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD).

El Sistema Nacional de Presas e Infraestructura para la distribución y manejo del agua en los Distritos de Riego Agrícola y los sistemas para dotar de agua potable, se encuentran agotados y ya no responden a las crecientes necesidades del uso múltiple del agua por los usuarios del campo y las ciudades, amenazando el desarrollo social y productivo en las diferentes regiones del país.

México, D. F., a 28 de febrero de 2012

La Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD) propone la transformación de la política pública sobre aguas, para implementar en todas las cuencas hidrográficas la “cosecha inteligente” del agua de lluvia y nieve, para retenerla e infiltrarla gradualmente en los cauces naturales, mediante la construcción de múltiples obras, tales como gaviones y pozos de percolación, además de aumentar el volumen de captación.
 
Lo anterior protegerá el suelo fértil, mejorando el hábitat y la biodiversidad en todas las laderas, arroyos y escurrimientos que convergen y forman las cuencas hidrográficas del territorio nacional.
 
La Comisión Política Nacional de la Central Campesina Cardenista Democrática, encabezada por Francisco Román Sánchez, considera que ante la falta de agua que afecta a la Nación, recrudecida en el contexto del cambio climático que afecta al planeta, es imperativo cambiar la obsoleta política pública del agua.
 
Es urgente actuar de inmediato ante la inminente agudización de nuevos períodos de sequías e inundaciones que han sido pronosticados para este año 2012, por las agencias meteorológicas”.

El Sistema Nacional de Presas e Infraestructura para la distribución y manejo del agua en los Distritos de Riego Agrícola y los sistemas para dotar de agua potable, se encuentran agotados y ya no responden a las crecientes necesidades del uso múltiple del agua por los usuarios del campo y las ciudades, amenazando el desarrollo social y productivo en las diferentes regiones del país.

Ante esta grave situación, la CCCD propone una Nueva Política de Aguas, basada en la amplia y masiva construcción de pequeñas y medianas obras conocidas como gaviones, para retener, captar, cosechar incrementar el volumen disponible, para usar sustentablemente el agua superficial y subterránea en todas las cuencas hidrográficas.

De acuerdo con los resultados iniciales de un amplio estudio Interdisciplinario nacional, titulado “La Nueva Política de Agua y Suelo Sustentables”, coordinado por el Secretario General Adjunto de la Triple C Democrática, Manuel Patricio Estévez Nenninger, la actual crisis de falta de agua, se ha recrudecido ante el Cambio Climático Global a consecuencia de las siguientes tendencias y realidades:
 
El desarrollo industrial, minero, agrícola, pecuario y urbano durante las últimas 5 décadas, ha dependido crecientemente del suministro de agua superficial y subterránea proveniente de manantiales y filtraciones de los altos frentes montañosos, áreas riparias (ribereñas) y escurrimientos que conforman las cuencas hídricas. Históricamente el agua se ha utilizado sin el criterio del desarrollo sustentable, ya que en el conjunto de las cuencas, las extracciones de aguas superficiales y subterráneas aumentan, mientras la captación y disponibilidad del recurso históricamente tiende a decrecer, aumentándose el déficit del recurso.
 
Además, los desmontes para abrir tierras ganaderas y agrícolas, así como la deforestación clandestina de bosques y selvas y el desarrollo desordenado y ecológicamente no sustentable de las ciudades, han provocado crecientes conflictos y desajustes productivos y sociales en casi todas las regiones del país, fundamentalmente derivados de la sobreexplotación, agotamiento, salinización, contaminación de acuíferos y de cuerpos de agua superficiales.

Las prácticas no sustentables, que se han permitido y hasta auspiciado durante varias décadas en todas las cuencas hidrográficas han producido deforestación, erosión, destrucción de suelos, provocando deslaves y erosión hídrica del suelo fértil, azolvamiento de las principales presas, drenes y redes de agua potable y alcantarillado en las ciudades y poblaciones urbanas.
Además se ha incrementado la salinización de acuíferos subterráneos, contaminación de agua y suelos, hundimientos diferenciales, degradación y contaminación de cuerpos acuáticos superficiales. Todos estos hechos son algunos ejemplos muy lamentables y preocupantes porque ponen en riesgo la salud de la población y constituyen una gran amenaza para la productividad de todas las actividades de la sociedad. Además de poner en peligro de desaparecer a varios ecosistemas vitales.
 
La crisis del agua a nivel nacional tiende a agudizarse peligrosamente. Por ello insistimos en nuestra propuesta para transformar la actual política obsoleta de manejo no sustentable del recurso agua en todas las cuencas de México. Si esta situación no cambia y se transforma radicalmente, los actuales problemas serán peores. O cambiamos de paradigmas, técnicas y sistemas de manejo, o frenamos el desarrollo de la producción agropecuaria, agroindustrial y el armónico crecimiento de las ciudades, agudizándose la improductividad y la desesperante pobreza rural.
 
En la CCCD continuaremos abordando el estudio de esta problemática durante los próximos meses, de acuerdo con los siguientes puntos temáticos:

1.- Estado actual de operación y tendencias que guardan cada una de las cuencas hidrográficas, en las vertientes: Pacífico, Golfo, Sureste, Centro, Norte y Áreas transfronterizas.
 
2.-Estado actual de los Planes Hidráulicos y la Obras Hidráulicas que históricamente se han diseñado y que se han abandonado.
 
3.-Nuevas Ideas y Acciones Sustentables urgentes y de largo plazo que se requieren para cambiar paradigmas y transformar la actual política pública obsoleta en el manejo del agua.

La CCCD propone las siguientes tres acciones para iniciar de inmediato “la nueva política del agua y el suelo sustentables”:

- Establecer varios Proyectos Piloto en cada ecoregión, para realizar prácticas demostrativas del establecimiento y funcionamiento de gaviones de piedra y otras obras concurrentes, en los lugares idóneos, con la intención de capacitar y educar a los usuarios y productores agropecuarios conocedores de las realidades, sobre las bondades y ventajas de llevar a cabo nuevas prácticas holísticas sustentables que vinculen la remediación, prevención del desgaste, agotamiento y destrucción de suelos, vegetación nativa y hábitat natural, para mejorar los balances hídricos, aumentando los volúmenes de aguas disponibles a nivel superficial y subterráneo, para remontar el déficit de agua disponible.

- Iniciar de inmediato una permanente campaña de reforestación en el medio rural que rescate, regenere, multiplique y expanda la vegetación nativa (pastizales, arbustos y árboles), en concurrencia simétrica simultánea con las nuevas obras para restaurar y regenerar los suelos erosionados, mediante la construcción de múltiples pequeñas obras en arroyos, desniveles, afluentes tributarios, zanjones y escurrideros naturales, ya mencionados; gaviones de piedra, terrazas y bolsas de nivel para captar la lluvia y la humedad meteórica, para regenerar suelos y hábitat básico, en las áreas aledañas y circundantes a las áreas naturales protegidas y en las reservas territoriales silvestres de los municipios, con la intención de “cosechar” los escurrimientos pluviales ordinarios y extraordinarios. Los anteriores trabajos de campo, son importantes de llevar a cabo con la participación comunitaria de pobladores y usuarios, ya sea en terrenos de vocación agrícola, como en los agostaderos de vocación ganadera, así como en esa franja de transición peligrosa y conflictiva, que se forma en el cinturón donde termina lo urbano y se inicia lo rural y viceversa.
 
- En los terrenos de agostadero se tiene que realizar masiva e intensivamente esta misma actividad con énfasis en la masiva construcción de multitud de pequeñas obras similares, para la recuperación de suelos, prevención de erosión, contención de escurrimientos rápidos para alimentar a los aguajes con gaviones de piedra filtrantes de agua para la deliberada regeneración fortalecimiento y expansión de pastizales nativos y originales de cada ecoregión de la República, desde las tierras áridas, hasta las tierras lluviosas y húmedas del territorio nacional.

ATACAN PORTAL DE DOSSIER POLÍTICO EN SONORA; FUNDALEX EXIGE INVESTIGACIÓN Y CASTIGO

México, D. F., a 6 de marzo de 2012
 
La Fundación para la Libertad de Expresión manifiesta su solidaridad y apoyo al diario digital Dossier Político que se publica en Sonora, cuyo director Óscar Castro Valdez denunció el ciber ataque en más de 300 ocasiones entre el 29 de febrero y 2 de marzo, con el fin de sacarlos de la red de redes.
 
La Fundalex pronuncia su alarma ante el recrudecimiento de la violencia contra el ejercicio de la libertad de expresión de los comunicadores y reitera que en México el periodismo es una profesión del más alto riesgo, donde la violación a los derechos humanos de los comunicadores tiene una tendencia al alza.
 
Este tipo de actos y la total impunidad con que se cometen acota día a día la libertad de expresión y amenaza en convertir a nuestro país en un pueblo desinformado y sin voces críticas. La Fundalex recuerda cómo los pueblos que han respetado y consolidado la libertad de expresión, hoy figuran en los primeros lugares de desarrollo humano según Naciones Unidas, mientras los pueblos más violentos son aquellos donde la libertad de expresión ha tenido una muy escasa adhesión, conocimiento y respeto por este derecho universal.
 
Óscar Castro Valdez dijo a la Fundalex que “hoy, como hace un año, como hace cuatro, como siempre, volvemos a enfrentar los intentos por coartar la libertad de expresar y difundir la realidad social que vive el estado y el país. Sea quien sea, y por lo que fuere, es necesario hacerle saber a esas voluntades perversas que todo aquel medio – chico o grande, como los etiquetan-- o periodista que centre su trabajo en bien de la sociedad, los derechos humanos, la democracia… o contra el autoritarismo, la corrupción, discriminación y el uso y abuso malintencionado del poder, no está solo y que ante el ataque o violación a la libertad de expresión se escucharán fuerte las voces solidarias que rechacen esas insanas prácticas y defiendan el espíritu democrático, de tolerancia y respeto que debe existir en toda sociedad”.
 
La Fundalex reitera su apoyo y exige a las autoridades municipales, estatales y federales que realicen una investigación profunda hasta encontrar y castigar como lo determina la ley, con los causantes de los ataques a este medio de comunicación.
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CONTACTO: Renato Consuegra
Difunet (difunet@gmail.com)
04455-3578-0345;
5521-4229; 3093-1623
Nextel: 1043-4492

corrupción contra la libertad de prensa

De Exijamos Lo Imposible
 
Por Esto!

Jorge Carpizo vs Anabel Hernández

Entre el ejercicio de la libertad de expresión y la protección de los derechos al honor, a la vida privada y a la propia imagen hay, con cierta frecuencia, una línea tenue que requiere un análisis caso por caso. Para saber qué derecho prevalece debe hacerse un estudio ponderando los derechos en pugna bajo un juicio de proporcionalidad. Es lo que ahora sucederá con la demanda por daño moral que ha interpuesto, endías pasados, Jorge Carpizo (teniendo como abogada a la Dra....

Ernesto Villanueva

Entre el ejercicio de la libertad de expresión y la protección de los derechos al honor, a la vida privada y a la propia imagen hay, con cierta frecuencia, una línea tenue que requiere un análisis caso por caso. Para saber qué derecho prevalece debe hacerse un estudio ponderando los derechos en pugna bajo un juicio de proporcionalidad. Es lo que ahora sucederá con la demanda por daño moral que ha interpuesto, endías pasados, Jorge Carpizo (teniendo como abogada a la Dra. Perla Gómez Gallardo, defensora reconocida de la libertad de expresión responsable) contra Anabel Hernández, autora de la obra Los señores del narco, editada por Random House Mondadori. El caso fue turnado al Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil Julián Enríquez Escobedo, con el número de expediente 64/2012. Este caso es importante porque podrá arrojar nuevas definiciones o confirmar las existentes por lo que hace a los criterios judiciales sobre los alcances y los límites de la libertad de expresión. Veamos por qué.

Primero. Nadie puede estar en contra del periodismo de investigación. Es una de las vertientes periodísticas que permiten ensanchar el derecho a saber de los gobernados y poner bajo el escrutinio público hechos que pueden constituir delitos o faltas a la ley. Daniel Santoro, uno de los periodistas de investigación con mayor prestigio en el hemisferio, recomienda a los periodistas que “nuestro mejor arsenal serán las entrevistas grabadas, el chequeo de datos en otras fuentes y los documentos. Así blindaremos la nota…” (Técnicas de investigación. FCE. México. 2004 p. 124). Ese blindaje es fundamental para evitar ser objeto de demandas civiles o denuncias penales o enfrentar esos procesos judiciales con las pruebas en la mano. Lo peor que puede hacer uno es imputar la comisión de delitos a una persona sin asideros probatorios para evitar, por un lado, eventuales procesos legales y, por otro, perder la credibilidad, que es el mayor capital de un periodista y/o de un medio de comunicación. Por supuesto, a mayores afirmaciones de que alguien actuó al margen de la ley, mayores datos probatorios deben mostrarse para no dejar aspectos que pongan en riesgo la calidad de la investigación.
 
Segundo. En el Distrito Federal desde el 2006 existe una ley especial, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, que protege los derechos citados. Esta Ley tiene la bondad de que no es penal; es decir, no incluye sanciones con penas privativas de la libertad, ni tampoco, deja al juicio del juez establecer grandes sumas de dinero para dejar al periodista en la calle. Lo que hace, eso sí, es fincar responsabilidades a través del mismo instrumento a través del cual se hubiera lesionado algunos de los derechos de la personalidad: los medios de comunicación. En su obra, Los señores del narco, Anabel Hernández realiza una compleja investigación sobre las relaciones entre el narco, los políticos y los empresarios. Hay, en efecto, porciones de la obra documentadas, pero hay otras que carecen de fuentes, lo que no es lo aconsejable siempre, menos tratándose de un tema tan delicado. En su texto, Anabel formula, en esencia, tres imputaciones que podrían caber en lo que la ley en cuestión llama “insinuaciones insidiosas”. Así, por ejemplo, Anabel Hernández afirma que con motivo de la captura de Joaquín Guzmán Loera se repartió una suma de un millón de dólares de recompensa, de los cuales fueron repartidos 600 mil dólares. ”Sin embargo -asegura Anabel Hernández-, nadie sabe qué pasó con los otros 400 mil dólares de la recompensa. Hay quienes insinúan que Jorge Carpizo se los quedó.” (p.45 y 46) Es de llamar la atención que una periodista con amplia experiencia como lo es Hernández no hubiera revisado el Boletín 269/93, del 1 de julio de 1993, bajo el título “Pagos de la recompensa ofrecida por la captura de Joaquín Guzmán Loera” en el cual se detalla el destino de todos los recursos erogados.

Tercero. En la obra referida, Anabel Hernández formula dos afirmaciones más que buscan involucrar al ex Rector de la UNAM en actos violatorios de la ley. En ambos casos, Carpizo hecha por tierra las afirmaciones que le denuestan con documentos oficiales hechos públicos en su momento y que actualmente obran en la biblioteca de la propia Procuraduría General de la República. Es de esperar que Anabel Hernández explique a las autoridades judiciales cómo pudo llegar a elementos de convicción sin haber contrastado con lo que tuviera que decir en su descargo el afectado, Jorge Carpizo, quien estoy seguro le hubiera proporcionado la orientación necesaria y/o los documentos oficiales que hubieran fundamentado sus dichos. Estos documentos forman parte de los anexos y copias certificadas de esta demanda. Esta práctica de contrastar fuentes no es una ocurrencia mía. Está prevista como un deber en todo código de ética periodística. Así, por ejemplo, el Código Ético de la Federación de Asociaciones Periodísticas de España dispone que: “13. El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado. En consecuencia: a) Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber que contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos.” Habrá que ver qué pruebas de sus dichos cuenta Anabel Hernández y por qué no fueron citados en su obra. Será, por supuesto, la autoridad judicial la que tenga la última palabra.

Demandan 8 mujeres al Ejército por violación y acoso sexual

Associated Press
Washington— Ocho mujeres que forman o formaron parte del Ejército afirmaron en una demanda que fueron violadas, agredidas o acosadas durante el tiempo que prestaron servicio, y que sufrieron represalias cuando denunciaron los hechos a sus superiores.

La demanda, presentada en una corte federal de distrito en Washington, acusa al ejército de tener una “elevada tolerancia con los depredadores sexuales que forman parte de sus filas” y de fomentar un ambiente hostil que desalienta a las víctimas de agresiones sexuales de denunciar y las castiga cuando lo hacen. La demanda afirma que el Departamento de Defensa ha sido incapaz de tomar medidas enérgicas para hacer frente al problema a pesar de sus declaraciones públicas que indican lo contrario.

Entre las demandantes se encuentran una infante de Marina en activo y siete veteranas de la Marina Armada y de los Cuerpos de Infantería de Marina.
 
Siete mujeres afirman que un compañero las violó o trató de agredirlas sexualmente, incluido un caso en la oficina de un comandante luego de una riña en un bar de Washington y otro en las barracas de la Marina en Florida. La octava afirmó que fue acosada y amenazada cuando se encontraba emplazada en el extranjero, y que un superior le dijo que “esto pasa todo el tiempo”.
 
Las mujeres afirman que han experimentado depresión, ansiedad y estrés postraumático debido a los ataques. Una mujer dijo que intentó suicidarse luego de ser violada por un alto oficial y el amigo civil de éste.

La demanda señala como acusados a funcionarios militares actuales y anteriores, entre ellos el secretario de Defensa Luis Panetta y sus predecesores.