Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (derecha), ahijado político del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
La revista Proceso publicó en su edición 1818 del 14 de septiembre de 2011, un perfil de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, ahijado político del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y quien ayer fue nombrado por la titular de Sedesol,
Rosario Robles, director de Liconsa, instancia encargada de garantizar el abasto de leche subsidiada a cientos de miles de familias de bajos recursos.
La ficha de Ramírez Puga, reporteada por José Gil Olmos y Pedro Matías, no tiene desperdicio. Entonces era coordinador de los diputados federales del PRI.
OAXACA, OAX. (Proceso).- El milagro económico de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, coordinador de los diputados federales del PRI por Oaxaca, muestra su rostro de corrupción por delitos de peculado, abuso de autoridad, fraude, falsedad en declaraciones y hasta asociación delictuosa.
Apadrinado por sus correligionarios, los gobernadores José Murat Casab y Ulises Ruiz, en menos de dos sexenios Ramírez Puga pasó a formar parte de la élite de los nuevos ricos de la entidad. Su único mérito como legislador federal fue haber “confrontado”, en julio de 2004, a la maestra Elba Esther Gordillo Morales y solicitar que la expulsaran del PRI; luego, en junio de 2010, llamó “mafiosa” a Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, en plena sesión de la Comisión Permanente.
Documentos obtenidos por Proceso revelan que en 2008, cuando era coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, a Ramírez Puga se le autorizó un incremento presupuestal de 471%, aun cuando no presentó ninguna justificación ante el Congreso local.
Ese año, la asignación autorizada para el área que él coordinaba fue de 57 millones 303 mil 886 pesos. Con las ampliaciones, la suma se elevó a 327 millones 168 mil 461 pesos. Los contratos firmados con cuatro empresas, una de ellas el periódico de su familia, El Extra de Oaxaca, fueron por 58 millones 901 mil 129 pesos, lo que superó el presupuesto inicial autorizado para Comunicación Social.
Intoctur, S.A. de C.V., fue favorecida con 21 millones 720 mil 129 pesos; Mitroviq, con 18 millones 751 mil pesos; Rocke Sade, S.A. de C.V., con 10 millones 610 mil pesos, y Organización Periodística Extra de Oaxaca, S.A. de C.V., con 7 millones 820 mil pesos.
En tres de los casos, los contratos se realizaron fuera de norma y con una estructura similar; las facturas no especifican los servicios prestados; se detectó que los representantes legales de las compañías son allegados a Ramírez Puga, y los domicilios fiscales corresponden a casas particulares, algunas incluso en obra negra.
En todos ellos, los montos son superiores a los presupuestos asignados, por ejemplo, al del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (9 millones 310 mil 128 pesos), la Secretaría del Trabajo, el Instituto de Atención al Migrante Oaxaqueño y la Comisión Estatal del Deporte, cada una de las cuales apenas recibió ese año alrededor de 9 millones.
También contrastan notablemente con lo que recibió el Instituto Estatal de Protección Civil, que no llegó ni a los 2 millones de pesos, aun cuando le toca auxiliar a 450 familias de 12 localidades, en su mayoría indígenas, para la próxima temporada de huracanes.
La auditoría realizada en 2010 derivó en una denuncia penal contra los Raúl Castellanos Hernández, Soledad Rojas Walls y Efrén Rojas, voceros de Ulises Ruiz durante su gestión, por pagos a empresas del área de Comunicación Social por un monto de 161 millones de pesos que en realidad se canalizaron a la campaña del candidato priista Eviel Pérez Magaña, quien finalmente perdió.
Ahora comienzan a emerger otros casos de corrupción en la misma área, que también podrían derivar en una querella penal, esta vez contra Ramírez Puga. Además, los primeros resultados de una auditoría indican que las ampliaciones presupuestales solicitadas no se ajustaron a los procedimientos legales.
En un oficio (el UICEP/501372008), por ejemplo, expone: “Por medio del presente envío a usted solicitud de inversión presupuestal de recursos por un monto de 9 millones 468 mil 224 pesos afectando la partida 31601 impresos publicación y difusión oficiales, recursos necesarios para el pago de difusión de acciones del gobierno del estado en medios de comunicación locales durante el mes de febrero”.
El 23 de julio de 2008, Ramírez Puga hizo una segunda solicitud, esta vez por 10 millones 733 mil 333 pesos; el 12 de diciembre siguiente vino la tercera, por 15 millones 427 mil 541 pesos.
En los oficios UICEP/6022/2008 y UICEP/7188/2008, el entonces secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib –sobre quien pende una denuncia penal–, autorizó las ampliaciones presupuestales solicitadas por el concepto de “impresos, publicación y difusión oficiales”.
