Para 2030, la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a
la iniciativa privada; habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red
hospitalaria de Pemex; además, el sector privado controlará la educación, y la
cultura se someterá a un “tratado de libre comercio artístico”. Los artículos 3
y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados; y los sindicatos de
los sectores energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto.
Todo, según el plan transexenal que Felipe Calderón implanta en México.
El
desmantelamiento de la seguridad social en México está en marcha. El sistema de
salud pública, la educación, la cultura, el fomento al arte y al deporte serán
completamente entregados a la iniciativa privada, indican los planes
transexenales de la derecha, que encabeza el panista Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa.
Como parte
del mismo proceso privatizador, en los próximos 20 años habrán desaparecido los
sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos energético,
educativo, sanitario y cultural, revela el tercer capítulo del expediente México
2030, Proyecto de Gran Visión, denominado “Eje 3. Igualdad de
oportunidades”.
De
conseguir esos objetivos, en dos décadas los mexicanos tendrán que sufragar
elevadas colegiaturas para que sus hijos accedan a la educación básica, media y
superior; también, deberán adquirir los libros que éstos empleen desde la
primaria.
Además, en
caso de enfermarse y aun cuando tengan “seguridad social”, solventarán un
porcentaje aún no definido de los costos por los servicios “públicos” de salud
que reciban, pues éstos habrán sido subrogados a la iniciativa privada.
A pesar de
ello, los autores de los cinco documentos –relacionados con ese capítulo y
desclasificados por la Presidencia de la República– estiman que en 2030 no
habrá pobreza extrema y que todos los mexicanos tendrán igualdad de
oportunidades para vivir y desarrollarse.
Según su “visión”, para entonces “México es un país que garantiza equidad de oportunidades de desarrollo humano y calidad de vida a todos sus habitantes, en un marco de libertad, independientemente de sus capacidades, su condición social, sus características personales, sus preferencias y creencias, y que cuenta con niveles de pobreza alimentaria inferiores a 5 por ciento, niveles de pobreza patrimonial inferiores a 10 por ciento e índices de desarrollo humano equivalentes a los de los países más desarrollados del mundo”.
Investigadores consultados señalan que se trata sólo de “buenos deseos”, porque es imposible lograr esos objetivos con el modelo económico que impulsa la derecha. En el documento están presentes todas las tesis del modelo neoliberal para “sacar adelante la economía”, dice el doctor Víctor Palacio, profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo.
Explica que no se plantea un cambio radical efectivo de las políticas económica, monetaria, financiera ni fiscal. Por ello, señala la imposibilidad de que en dos décadas se alcance una sociedad justa.
“Ellos están planteando abatir la pobreza extrema a cero. Esto no se va a lograr para 2030 ni para 2040 con el modelo neoliberal. Tampoco será posible incrementar el ingreso per cápita a niveles como los de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque tenemos una economía altamente monopólica, parasitaria y con énfasis en el capital especulativo”.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 47 millones de personas, que representan el 44.2 por ciento de la población mexicana, vivieron en situación de pobreza en 2008.
Para el doctor Palacio, el desarrollo económico no sólo implica crecer, sino que haya desarrollo social. “Y esto no lo estamos encontrando en las propuestas. Por lo tanto, no hay posibilidad de crecer ni de convertirnos en un país con condiciones importantes en el ámbito internacional y tampoco de abatir la pobreza”.
Ataque a la educación pública
En el plan transexenal que impulsa Calderón Hinojosa, el “desarrollo” entraña la desarticulación de la seguridad social. Al abordar los cambios a los sistemas públicos de educación y salud, el proyecto revela que en éste y en los próximos dos sexenios se reformarán los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con ello, se eliminarán dos garantías fundamentales: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” (artículo 3) y “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (artículo 4).
En el primer caso, el maestro en filosofía Edgar González Ruiz advierte que se trata de una vieja demanda del clero y del Partido Acción Nacional (PAN), que en la historia de México ya ha provocado luchas armadas.
“El PAN y la jerarquía católica han buscado reformar el artículo tercero para establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, a lo cual se suma ahora el interés empresarial por destruir el carácter gratuito de la educación pública, privatizándola completamente”.
Estos cambios, dice, implicarán una “verdadera contrarreforma educativa y nacional”, pues ese artículo ha garantizado tradicionalmente el carácter laico y gratuito de la educación pública.
El especialista en estudios acerca de la derecha política en México observa que en el Proyecto de Gran Visiónaparece otro planteamiento tendiente a privatizar la educación, que es el de “establecer el bono educativo (beca a los alumnos para realizar sus estudios en escuelas privadas)”.
Señala que el proyecto busca subordinar la educación a los intereses empresariales, para que la enseñanza sea simplemente una preparación laboral. Tales objetivos se revelan en planteamientos como: “Incorporar una estrategia de educación continua para el trabajo”, “vincular el sistema educativo con el productivo”, “educación con ritmo a la par de la economía”, “alumnos que puedan acceder al mercado laboral mundial”.
La reforma educativa también plantea desaparecer el libro de texto gratuito: entre las metas transexenales del proyecto está “el no uso de libro único y obligatorio”. Al respecto, González Ruiz comenta que, durante los gobiernos priistas, ésta fue una reivindicación de la derecha, pues ha estado en contra de los contenidos, en la medida en que éstos son ajenos a la religión.
Salud, sólo para ricos
En el segundo caso, se venderá el sistema sanitario y la Secretaría de Salud sólo funcionará como gestora de contratos. Para lograrlo, el plan busca modificar el artículo 4 constitucional, las leyes del Trabajo, General de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Según el proyecto 2030, las reformas buscan la “reestructuración corporativa” del sistema sanitario para “mejorar la eficiencia administrativa”. No obstante, esa reestructuración implica el desmantelamiento de las redes hospitalarias y la subrogación de todos los servicios a favor del empresariado nacional y extranjero.
El objetivo es crear “un sistema de salud público único y de atención médica universal”, coordinado por la Secretaría de Salud. Dicho esquema reducirá el papel de la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos a firmar contratos y subrogar servicios, se desprende del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. Por tanto, implicará la desaparición del IMSS, ISSSTE y de los hospitales de Pemex.
Para 2030, los derechohabientes no sólo realizarán las aportaciones a la “seguridad social” que de por sí hacen, sino que además pagarán un porcentaje por los servicios que reciban. Y es que, de acuerdo con el plan calderonista, en breve se establecerán “copagos en algunos de los servicios de salud”.
También se “fortalecerá” la “mezcla pública y privada en el financiamiento y provisión en servicios de salud”, para “incrementar” de manera porcentual “la subrogación de servicios”, reconocen literalmente los documentos.
Las modificaciones legales garantizarán, además, la “portabilidad de bienes privados (paquete esencial y posibilidad de copeteo)” y la “desvinculación” del “financiamiento de la atención médica (respecto) de (los recursos que se destinan al pago de) la nómina”.
Las subrogaciones y reformas legales se suman a otra forma silenciosa de privatización que ya opera en el país: los Proyectos de Prestación de Servicios o PPS. Como lo documentó Contralínea (número 172), en su capítulo económico el Proyecto de Gran Visión consolida los PPS en el ámbito sanitario, energético, carretero y educativo.
En el sector salud, estos proyectos permiten que la construcción y operación de hospitales “públicos” de alta especialidad sean concesionadas a privados hasta por más de 30 años, a nivel federal y estatal.
La industria farmacéutica también verá incrementado su negocio a costa del erario: el cambio a la Ley de Adquisiciones busca “garantizar el suministro y calidad de los medicamentos”.
Víctor Palacio explica que, en el plan 2030, el mercado interno no es prioritario pese a que es en éste “donde nos desenvolvemos la mayoría de los mexicanos”. Por ello, indica, no se están satisfaciendo las necesidades de consumo: “Alimentación, salud, educación, vivienda; todo lo que es el bienestar social, porque los ojos se tienen puestos en los mercados internacionales”.
Sindicatos, golpe inminente
La reforma a la Ley Federal del Trabajo –que se plantea en el contexto de las modificaciones a los artículos 3 y 4 constitucionales y a las leyes del IMSS, ISSSTE y Pemex– también conlleva la desaparición paulatina de los sindicatos.
Y es que, de acuerdo con los planes, se transformarán las “condiciones contractuales y sindicales”. El objetivo es eliminar “los cacicazgos y (las) arraigadas prácticas de organización sindical”, mismas que se identifican en los documentos oficiales del Proyecto de Gran Visión como “intereses creados y corporativismo excesivo”, que tiende a la “corrupción”.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, advierte que la llamada flexibilización laboral es, en realidad, la precarización de las condiciones laborales de los nuevos trabajadores.
Señala que la reforma que buscan los panistas ataca las conquistas sindicales de los últimos 50 años; pues, en la práctica, posibilitará restricciones más severas en las condiciones contractuales.
“Flexibilización también significa darle todas las ventajas al capital para que pueda emplear cuando quiera, en las condiciones que quiera, sin adquirir responsabilidades con el trabajador, sin tener que dar seguro social ni garantía de planta con un año de antigüedad”, indica el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El capítulo 3 del amplio expediente revela que los sindicatos en riesgo inminente de desaparecer son los del ámbito energético, educativo, sanitario y cultural.
De acuerdo con los documentos consultados por Contralínea –elaborados en octubre de 2006 a solicitud de Felipe Calderón y en medio de la crisis poselectoral–, las reformas tanto a la Ley Federal del Trabajo como constitucional y de leyes secundarias se debían promover y conseguir “antes de 2010”.
“TLC artístico”
En el ámbito cultural, el capítulo “Igualdad de oportunidades” reserva al sector privado los proyectos culturales, como una forma de “participación ciudadana”. Según el Proyecto de Gran Visión, hace falta una “política de Estado” respecto de la “industria cultural”, para que ésta sea “productiva” y genere “derrama rentable”.
Esa política deberá incluir como tema “urgente” la firma de un “tratado de libre comercio artístico”. Además, reconocer la “necesidad de convertir la cultura en un proyecto económicamente rentable”, con “apoyo económico mixto, tanto del gobierno como de la iniciativa privada”.
Para los autores, la cultura no debe considerarse “como un monopolio privativo de la iniciativa privada”; por ello, proponen subsidios para el público general a través de bonos.
Aunque establecen que todos los mexicanos deben tener acceso a la cultura y al arte, exigen acrecentar su participación, obtener estímulos fiscales para ello, e incluso que los nuevos museos y teatros estén “bien equipados y con estacionamiento”.
Para los investigadores consultados, es previsible que estas medidas profundicen la brecha entre ricos y pobres en el país; pues está demostrado que las políticas neoliberales han derivado en un aumento relevante de la población en extrema pobreza.
Los autores del Proyecto de Gran Visión “quieren que, aplicando e intensificando estas políticas, se elimine la pobreza extrema”, observa Aguirre Rojas. Agrega que en México se insiste en mantener una política que es criticada en todo el mundo: la política de la abstención, de la no intervención del Estado y de la entrega y privatización de todas las áreas fundamentales.
Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia respecto del plan privatizador México 2030, Proyecto de Gran Visión, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Los autores del plan
• Salud (muestra parcial)
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud
federal
Patricia Faci, directiva de Genomma Lab
Alejandro Alfonso Díaz, director general del Centro
Médico ABC, IAP
Alberto Jongitud, exsecretario de Salud en el
estado de Hidalgo
Ector Jaime Ramírez Barba, diputado federal panista
y exdirector del Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato
Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la UNAM y
exsecretario de salud federal
Humberto Veras, director del Instituto de Ciencias
de la Salud de la Universidad Autónoma de Hidalgo
Jesús Zacarías Villarreal, secretario de Salud de
Nuevo León
Jesús Kumate, exsecretario de Salud federal
Juan Antonio Fernández, exdirector del Seguro
Popular
Juana Jiménez Sánchez, coordinadora de la Comisión
Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud federal
Julio Sotelo Morales, titular de la Comisión
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad
María Eugenia de León May, exsubsecretaria de
Administración y Finanzas de la Ssa federal
Mario Acosta Mejía, exdirector de la Alianza Médica
Mexicana
Mauricio Hernández, subsecretario de Prevención de
la Ssa federal
• Pobreza, exclusión y grupos vulnerables (muestra
parcial)
Alberto Mulás, miembro de los consejos de
administración de las empresas Acciones y Valores, URBI, ICA, SHF, OMA, y
exubsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano
Alfredo Achar Tussie, presidente de la empresa
Comercial Mexicana de Pinturas, Comex
Enrique Castro Villalobos, subsecretario de
Finanzas del gobierno de Guanajuato
Félix Vélez Fernández Varela, secretario general
del Consejo Nacional de Población
Gerardo Leyva Parra, integrante con voz y voto del
Comité Técnico para la Medición de la Pobreza
Gustavo Merino, subsecretario de Desarrollo Social
del gobierno federal
Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo
Luis Orvañanos, presidente de la constructora GEO
Luis Sereno Coló, consejero del Consejo Técnico
Consultivo del Instituto Nacional de Desarrollo Social
Marcela Eternod Aramburu, exfuncionaria del Inegi
María del Carmen Díaz Amador, coordinadora general
del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de
Economía
Mayra Eternod, exasesora de Aserca
Patricia Wohlers, directora general adjunta de
Relaciones Internacionales del Inmujeres
Ricardo César Aparicio Jiménez, exdirector general
adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval
Almudena Suárez, exdirectora general adjunta de
Relaciones Internacionales de la Sedesol
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del
Coneval
Jonh Scott Andreta, investigador del Centro de
Investigación y Docencia Económicas
Jorge Yarza Garrido, director de Desarrollo
Organizacional de Hipotecaria Su Casita
Juana María Torres Cruz, política panista
Martha Laura Carranza, directora general para la
Igualdad Laboral de la STPS
Paloma Bonfil Sánchez, integrante del Grupo
Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza
Susan Parker, investigadora del CIDE
Clara Jusidman, miembro del Consejo Asesor de la
UNICEF en México
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a México 4 veces por abusos cometidos por militares. Para cumplir las sentencias, México debe reformar el Código de Justicia Militar, para que estas violaciones de derechos humanos sean juzgadas por los tribunales civiles. Pese a estas condenas y a varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia, México no ha cumplido. 
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