Asimismo la RNDDHM documentó como
principales tipos de agresiones contra las defensoras las amenazas,
hostigamiento, intimidación y campañas de desprestigio. En todos ellos
prevalece una total impunidad, acompañada de la ausencia de diseño e
implementación de medidas de protección con perspectiva de género y etnicidad.
En el marco del “4to Diálogo
Político de Alto Nivel en materia de derechos Humanos entre la Unión Europea y
México” realizado en Bruselas, Bélgica, integrantes de la Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) denunciaron ante organizaciones
civiles y autoridades de la Unión Europea y del Gobierno de México,
la situación de riesgo en que trabajan defensoras de derechos humanos y
periodistas en México.
En el marco del Seminario “Derechos
Humanos y Cooperación entre México y la Unión Europea”, la RNDDHM reporto
que en 2013 se documentó el asesinato de 5 defensoras de derechos humanos, lo
que suma el registro de 30 asesinatos de defensoras de 2010 a 2013 y evidencia
el riesgo y el contexto de violencia en el que las defensoras realizan su
labor, el cual se ha agudizado ante el aumento en los índices
de violencia y militarización de la seguridad pública, lo que ha impactado de
manera directa en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos,
incrementando el número de ataques y agresiones hacia quienes han alzado su voz
contra el poder.
De acuerdo al registro nacional de la
RNDDHM, en 2013 -al igual que en 2012- las defensoras con el mayor número de
agresiones fueron quienes defienden los derechos de las mujeres (principalmente
quienes defienden el derecho a una vida libre de violencia), los derechos de
los pueblos indígenas (principalmente quienes defienden el derecho a la tierra
y el territorio) y quienes defienden el derecho a la información y a la
libertad de expresión.
Asimismo la RNDDHM documentó como
principales tipos de agresiones contra las defensoras las amenazas,
hostigamiento, intimidación y campañas de desprestigio. En todos ellos
prevalece una total impunidad, acompañada de la ausencia de diseño e
implementación de medidas de protección con perspectiva de género y etnicidad.
Ante ello, las organizaciones civiles
demandan instrumentación efectiva de mecanismos y la garantía de que defensoras
y periodistas puedan ejercer su labor sin riesgo ni amenazas.
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