19 de marzo de 2014

EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS HAN SIDO ASESINADAS 30 DEFENSORAS MEXICANAS: ONG

Asimismo la RNDDHM documentó como principales tipos de agresiones contra las defensoras las amenazas, hostigamiento, intimidación y campañas de desprestigio. En todos ellos prevalece una total impunidad, acompañada de la ausencia de diseño e implementación de medidas de protección con perspectiva de género y etnicidad.

En el marco del “4to Diálogo Político de Alto Nivel en materia de derechos Humanos entre la Unión Europea y México” realizado en Bruselas, Bélgica, integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) denunciaron ante organizaciones civiles y autoridades de la Unión Europea  y del Gobierno de México, la situación de riesgo en que trabajan defensoras de derechos humanos y periodistas en México.

En el marco del Seminario “Derechos Humanos y Cooperación entre México y la Unión Europea”, la RNDDHM reporto que en 2013 se documentó el asesinato de 5 defensoras de derechos humanos, lo que suma el registro de 30 asesinatos de defensoras de 2010 a 2013 y evidencia el riesgo y el contexto de violencia en el que las defensoras realizan su labor, el  cual se ha agudizado ante el aumento en los índices de violencia y militarización de la seguridad pública, lo que ha impactado de manera directa en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incrementando el número de ataques y agresiones hacia quienes han alzado su voz contra el poder.

De acuerdo al registro nacional de la RNDDHM, en 2013 -al igual que en 2012- las defensoras con el mayor número de agresiones fueron quienes defienden los derechos de las mujeres (principalmente quienes defienden el derecho a una vida libre de violencia), los derechos de los pueblos indígenas (principalmente quienes defienden el derecho a la tierra y el territorio) y quienes defienden el derecho a la información y a la libertad de expresión.
Asimismo la RNDDHM documentó como principales tipos de agresiones contra las defensoras las amenazas, hostigamiento, intimidación y campañas de desprestigio. En todos ellos prevalece una total impunidad, acompañada de la ausencia de diseño e implementación de medidas de protección con perspectiva de género y etnicidad.
Ante ello, las organizaciones civiles demandan instrumentación efectiva de mecanismos y la garantía de que defensoras y periodistas puedan ejercer su labor sin riesgo ni amenazas.

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