25 de marzo de 2014

ASESINADO POR INFORMAR…

Sin excepción,  los diez casos de periodistas   asesinados en lo que va del sexenio de Javier Duarte,  han sido  asociados  y en cuestión de horas, por la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz a asuntos de carácter ESTRICTAMENTE personal, vínculos con  personas de dudosa reputación, extrañísimas aventuras pasionales, pleitos vecinales, etcétera…..Todo los posibles  móviles,  aun  los más absurdos,  son investigados por la “justicia” veracruzana, todos menos uno,  el relacionado con su actividad periodística….Pues bien, la conclusión a la que llega la Misión de Observación, confirmada por 16 personas entre  periodistas y  representantes de Organizaciones Civiles  defensoras de la libertad de expresión en el país, es muy clara….GOYO JIMENEZ  FUE ASESINADO POR INFORMAR.  Punto.

El reporte de la Misión de Observación es un golpe más, al ya de por  si vapuleado Gobierno Duartista,  ya que corrobora lo que  se ha denunciado hasta el cansancio, en Veracruz no se respeta la libertad de informar y expresar que la ley concede, desde luego que cualquiera puede decir lo que quiera, nos queda claro, el problema es que TENDRA que pagar un precio por ello, que puede ir  desde el despido del medio en el que se labore,  directamente ordenado por Gobierno del estado -y Javier Duarte, Gina Domínguez y el “Pavorreal” Silva pueden decir lo que gusten, los que lo hemos vivido en carne propia y no una vez, sabemos perfectamente que así es-  hasta   que te hostiguen, amenacen o difamen, que allanen tu domicilio o que de plano aparezcas  asesinado cualquier día, sin que ninguna autoridad se tome  la molestia de investigar que ocurrió en realidad, como es el caso del reportero del sur, Gregorio Jiménez.

El reporte de la Misión de Observación indica  lo siguiente; “Testimonios, pruebas y diligencias…. muestran deficiencias e inconsistencias de la actuación de las autoridades que atendieron la emergencia del secuestro”.     También se hace hincapié en que no se especifica cómo se desarrolló el operativo aquel, en el que aseguraron que mil policías buscaban al reportero, que no se emitieron  órdenes de cateo, ni  pruebas, ni  dictámenes periciales, y que todo el caso se sustenta en  la confesión de José Luis Márquez Hernández, quien “confesó” -probablemente a base de torturas, como han denunciado varios de  los inculpados en los casos que ha llevado “el fiscal”  Enoc Maldonado-  ser el autor material y líder de la banda que secuestró y asesinó a Goyo.

También se señala que la propia Fiscalía Especial  para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) dependiente de la PGR, no se inmiscuyó de fondo en el seguimiento a los casos en los que el periodista trabajaba previo a su asesinato.   Este informe resultado de una extensa investigación por parte de quienes conforman dicha Misión de Observación,  fue dado a conocer a nivel nacional y entregado al Congreso local y  Procuraduría de Justicia del estado con el exhorto que se atiendan las investigaciones allí plasmadas…. Hasta ahorita la única persona que ha respondido es el Coordinador de la Izquierda Unida en el Congreso,  el Diputado  Cuauhtémoc Pola, pidiendo se tomen en cuenta las recomendaciones, que aunque son 17 en total, sólo con la primera se podría resolver la mitad del problema……QUE EL GOBIERNO RECONOZCA QUE  EL ASESINATO DE GREGORIO SE VINCULA CON SU LABOR PERIODISTICA.

No sólo no cumple la Procuraduría de Justicia del estado con su obligación de atender de manera inmediata cualquier asunto relacionado con la seguridad de un veracruzano, sino que además funciona como “cómplice” voluntaria o involuntariamente de los agresores….   Sin ningún afán de justificar la actuación de la FEADLE en el caso de Gregorio Jiménez, si es importante retomar algunas de las “argucias”  utilizadas por la Procuraduría de Justicia del estado para impedir que esta fiscalía dependiente directamente de la PGR haga su trabajo, aunque desde luego bien deberían saber a lo que se enfrentan si es que el compromiso es real por parte al menos, de algunos de los funcionarios federales que la conforman.

Por ejemplo, en la visita que realizó al puerto de Veracruz la semana pasada la Fiscal encargada del seguimiento a las  denuncias interpuestas por una servidora, se mostró el expediente completo, en el cual   la PGJE concluye respecto a la primera denuncia, por los cristalazos al vehículo de mi propiedad, y robo de documentos, que esta  se archivo por “inconsistencias” tales como que  se “equivocaron” a la hora de escribir mi nombre y en lugar de María Josefina, pusieron María Cristina Gamboa, entonces no me lo va usted a creer pero pues ya no sirve.   La segunda denuncia por allanamiento de morada, la Procuraduría del estado responde que no necesariamente  el hecho está ligado al trabajo periodístico ya que se pudo haber metido “cualquiera”, digamos por curiosear –aunque no explican cómo llegan a esta conclusión ya que  nadie nunca investigó el caso- , y por lo tanto  esta denuncia también fue archivada impidiendo de esta manera a la Fiscalía tener acceso a los expedientes en donde están las denuncias completas.

Pero afortunadamente y porque sería una verdadera incongruencia no insistir ante las instancias legales correspondientes, cuando te dedicas a denunciar y a exhortar a la gente a que lo haga con valor, el caso pudo ser retomado por la campaña mediática, en la que se han hecho acusaciones muy serias en contra de mi persona, por las que tendrán los implicados  que responder ante la ley, ya que se interpusieron nuevas denuncias, directamente ante la FEADLE  y aportaron nuevas pruebas.   Nos guste o no, la denuncia es la única herramienta legal que tenemos los ciudadanos, sin importar el oficio al que nos dediquemos, para defendernos de las injusticias, y para  exigir que Gobierno del estado  o quien sea,  responda por sus actos y sus palabras,  esta es  una obligación legal y moral que se debe cumplir hasta sus últimas consecuencias y  a pesar de las implicaciones que conlleve. No hay más.  

¿Y  el elefante blanco?


El elefante blanco mal llamado Comisión Estatal para la Atención y “Defensa” de Periodistas en Veracruz, presidido por Namiko Matzumoto y Rocío Ojeda, de nueva cuenta callan ante los señalamientos realizados por la Misión de Observación en el caso de Gregorio Jiménez.    Tampoco han actuado, aunque sea por fingir que desquitan los generosos salarios asignados por Javier Duarte, ante las injusticias de las que ha sido víctima la reportera de La Jornada, Norma Trujillo, a quien dejaron de pagarle su sueldo desde hace meses, y a pesar de que existe la denuncia en Conciliación y Arbitraje. ……..Menos han hecho alguna alusión a los motivos por los cuales dos de sus miembros, presentaron su renuncia  a dicha Comisión,  Benita González y Norma Gibb. “El cochinero”, como diría el Procurador, en el que están envueltos no solo quienes conforman la  Comisión, sino  también sus impulsores, podría exhibirse -¿más?, en los próximos días, ya que en algunos, los menos lamentablemente, aún queda algo de conciencia y compromiso con el gremio al que juraron defender.    

maryjosegamboa@hotmail.com     TW @maryjosegamboa

FUENTE: NOTIVER

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