ARSINOÉ ORIHUELA OCHOA
Jalcomulco (Veracruz) es una de las múltiples sedes de un conflicto de dimensiones globales. Odebrecht, el conglomerado brasileño de negocios que impulsa el proyecto de la presa hidroeléctrica en la comunidad, es una suerte de actor de reparto. El protagonista es la población en resistencia. El primero representa el procedimiento rutinario de extracción, desposesión, suspensión de soberanía. El segundo representa el ulterior acontecimiento: es decir, la condición de la posibilidad de una ruptura con el procedimiento rutinario.
Veracruz es uno de los estados más ricos en recursos naturales. Que para el caso de una región en condición de bancarrota política, jurídicamente desprotegida, económicamente hipotecada, esta riqueza se traduce en calamidad. Cabe recordar que el territorio veracruzano tiene en puerta “más de 100 proyectos hidroeléctricos en seis cuencas del estado… [explotación] de 93 minas con 206,552 hectáreas concesionadas… [disposición] de 745 km de la costa veracruzana para la construcción de parques eólicos… [y por añadidura, no se debe soslayar] que 90% del territorio veracruzano es susceptible a la fracturación hidráulica” (El Jarocho Cuántico 9-III-2014).
Acá no valen los análisis de especialistas, peritos o científicos. Porque el problema no es técnico; es político. Da pena observar a ciertos académicos “opositores” al proyecto invocando estudios pretendidamente científicos que confirman los efectos perjudiciales que entraña la construcción de la presa. No se difiere con el diagnóstico (la virtual nocividad de la presa); sí en cambio con la estrategia discursiva (inconscientemente convalidando la supuesta necesidad de un análisis de orden científico
, por oposición a una consulta ciudadana). Omiten tercamente al actor central, y tratan condescendientemente al ciudadano. La ilegitimidad del proyecto antecede a cualquier tipo de estudio: es el resultado de una iniciativa privada, que no reconoce siquiera como interlocutor marginal a la gente de la comunidad. Típica política neocolonial: usufructo privado de los recursos, desconocimiento agravante de la soberanía de un territorio y población. En el marco de la neoliberalización, la incautación de recursos naturales se discute o dirime en términos científicos o técnicos. Es preciso repolitizar este remedo chiclero de saber tecnocientífico.
, por oposición a una consulta ciudadana). Omiten tercamente al actor central, y tratan condescendientemente al ciudadano. La ilegitimidad del proyecto antecede a cualquier tipo de estudio: es el resultado de una iniciativa privada, que no reconoce siquiera como interlocutor marginal a la gente de la comunidad. Típica política neocolonial: usufructo privado de los recursos, desconocimiento agravante de la soberanía de un territorio y población. En el marco de la neoliberalización, la incautación de recursos naturales se discute o dirime en términos científicos o técnicos. Es preciso repolitizar este remedo chiclero de saber tecnocientífico.
En esta era de recolonización silenciosa, cualquier transnacional puede conducir los hilos de un Estado soberano. Las legislaciones nacionales se ocupan casi neuróticamente de ofrecer eso que eufemísticamente se conoce como “seguridad jurídica” a la inversión privada, que no es otra cosa que redes de protección legal para los abusos del capital. Veracruz es un caso paradigmático. Que no vengan acá con cuentos chinos. Mientras ciertas empresas foráneas como Goldgroup, la minera canadiense, u Odebrecht, la compañía brasileña en cuestión, consiguen permisos inmoderados para la extracción de minerales a gran escala (Caballo Blanco), o para la explotación de recursos energéticos-acuíferos (río Pescados), respectivamente, la población del estado sigue cuesta abajo en estándares de vida y tenencia de patrimonio. De acuerdo con un reporte reciente de la Auditoría Superior de la Federación, el índice de pobreza en el estado aumentó de 17 a 59% en los últimos cuatro sexenios. El informe “ubica a Veracruz en los primeros lugares de marginación pues 28 por ciento de su población, es decir un millón 900 mil 503 personas viven en una situación de pobreza alimentaria. Al hablar de pobreza de capacidad el porcentaje se eleva a 36.2 con 2 millones 582 mil 256 veracruzanos; y finalmente en pobreza patrimonial se encuentra en 59.3 por ciento equivalente a 4 millones 216 mil 24 habitantes” (La Jornada Veracruz 2-III-2014). En otras palabras: la concesión extraordinaria de facultades extractivas a las grandes empresas (extranjeras o domésticas) redunda naturalmente en confiscación de patrimonio vital para una multiplicidad de sectores poblacionales, especialmente los más desposeídos.
El alegato científico o técnico puede contribuir a respaldar un posicionamiento, en este caso el rechazo categórico al proyecto de la represa. Pero el primer fundamento debe ser de orden político. Se ha sostenido que la construcción de la presa afectará a más de un millón 200 mil habitantes (cerca del 13% de la población total del estado), particularmente en lo correspondiente a servicios turísticos, agricultura, pesca, ganadería, provocando alteraciones en toda la cadena de la actividad productiva, en los ciclos de inundación y sequía, y en el quehacer cotidiano de la comunidades contiguas. De acuerdo con ciertas versiones que acierta en señalar La Jornada Veracruz, “la construcción de la hidroeléctrica está mucho más asociada a las necesidades de alimentación de energía para un proyecto de parque industrial cercano a la ciudad comercial administrativa de Xalapa… un parque industrial en la zona de Cerro Gordo [que está en curso] desde 2011”. Acá el tema no es el abastecimiento de agua a la capital, como sugieren los informes de la empresa que han avalado solícitamente la Conagua, la Semarnat y la Profepa. El tema es de orden estrictamente privado: el de una empresa particular con fines públicamente inconfesables con fingida preocupación social. Para el caso de estos conflictos típicamente latinoamericanos, “los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la indignación” (Eduardo Galeano).
cercano a la ciudad comercial administrativa de Xalapa… un parque industrial en la zona de Cerro Gordo [que está en curso] desde 2011”. Acá el tema no es el abastecimiento de agua a la capital, como sugieren los informes de la empresa que han avalado solícitamente la Conagua, la Semarnat y la Profepa. El tema es de orden estrictamente privado: el de una empresa particular con fines públicamente inconfesables con fingida preocupación social. Para el caso de estos conflictos típicamente latinoamericanos, “los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la indignación” (Eduardo Galeano).
La resistencia civil en curso, que cobra forma en la modalidad de un amplio movimiento antirepresas en Veracruz, es una consecuencia natural de un sistema sostenido en la desposesión, y no pocas veces en el exterminio de la oposición ciudadana. En diversos espacios se discute la pertinencia de esta insubordinación. Pero en todo caso, lo que cabría discutir (o acaso condenar) es la pertinencia de un modelo que coloca a las poblaciones en condición de agentes sobrantes, insistentemente ignorados. Las resistencias son criaturas de la neoliberalización, cuya operatividad no es aceptable ni sostenible aún con toda la parafernalia tecnocientífica. Hace falta desvelar la naturaleza de esta estrategia política de alcance global. Y en lo tocante a la resistencia, corresponde apoyar irrestrictamente la movilización, e involucrarnos activamente en la agenda transformacional de nuestro pares ciudadanos.
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