por
Javier Corral
por Javier Corral
La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y
radiodifusión, presumiblemente reglamentaria de la reforma constitucional en
esta materia, enviada ayer al Senado por el Presidente Enrique Peña Nieto,
constituye una regresión política insospechada y un acto de incumplimiento al
espíritu y letra de la reforma Constitucional en ésta materia. Se trata, sin
más, de una contra-reforma. El mensaje es muy desalentador: la más relevante de
las reformas procesadas en el Pacto por México, a propuesta de la oposición, es
traicionada por el Presidente de la República.
La iniciativa es contraria a la reforma
constitucional en varias de sus disposiciones más relevantes e ignora varios de
sus mandatos reglamentarios. Presenta un desequilibrio regulatorio entre
radiodifusión y telecomunicaciones, que favorece indiscutiblemente a las
Televisoras. Este asunto se ve con toda claridad en la desigual forma de
regular la preponderancia en Televisión (art. 264) y en telecomunicaciones
(art. 265); medidas irrelevantes para la televisión. Está ausente la definición
de servicio público tanto en artículado, como a lo largo del proyecto.
Desconoce los criterios establecidos en el régimen transitorio de la reforma
para regular la publicidad, además que contiene redacciones tramposas: pretende
medir la publicidad por tiempo total de programación y no por hora. El gran
logro que fue incorporar en la Constitución la prohibición de la publicidad
presentada como información, carece de sanción alguna.
Lo más burdo es la invasión de facultades del
IFETEL, violentando su carácter de órgano autónomo, lo coloca a expensas de la
SCT, de la COFEMER y la SEGOB en diversos temas y procedimientos. Contrario a
lo que dispuso la Constitución, devuelve la vigilancia de contenidos a la SEGOB
y la administración de los tiempos de Estado. Desaparece la función social de
la radio y la televisión, la clasificación horaria de programas, y no contiene
disposiciones para la radio, el gran faltante. Concesiones a 20 años con
refrendo automático; y bajo la figura de la concesión única, ¡hasta por 30
años! Se le da la vuelta a la Constitución al conceder la suspensión en materia
de amparo, respecto de las multas que imponga el IFETEL.
Se pasa de lado el artículo 28 constitucional y
diluye todas las medidas de competencia para la Television: No establece
límites a la concentración de frecuencias, ni a la propiedad cruzada de medios,
no contiene medidas para la desinversión. Las reglas de acceso a la
multiprogramación son irrelevantes, en realidad permanece el modelo de
asignación automática, a juicio de los concesionarios los canales adicionales a
transmitir y sin la obligatoriedad de la contraprestación.
Es omisa en muchos de los mandatos reglamentarios
que la Constitución impuso al Congreso, particularmente en el desarrollo y
garantía del nuevo modelo de medios públicos, ignorando los lineamientos del
Décimo transitorio de la reforma, así como de los mecanismos de protección a
los derechos de las audiencias. El Consejo Consultivo del IFETEL no tiene
ninguna atribución importante, carece de objetivos, procedimiento de selección,
ni requisitos para ser miembro; reitera el carácter decorativo del actual
consejo consultivo, siendo que en éste recae la delicada función de asesorar al
Instituto en materia de contenidos.
Hacen del organismo público descentralizado para
prestar el servicio de radiodifusión pública sin fines de lucro, una copia
venezolana de la televisión de gobierno. La producción independiente sin
medidas efectivas de promoción, e indefinición, sin cuota. La red compartida de
internet está ausente de la iniciativa, no obstante que la reforma le dio un
uso constitucional a la banda de los 700 Mhz. La TDT se va a un nuevo plazo, el
2017, contrario a la Constitución, y se le impone un 90% de penetración para
poder declarar el apagón analógico.
Leo y releo la iniciativa, y no salgo de mi asombro
y estoy lo que le sigue a una persona consternada. Porque, si bien es cierto
que no soy ingenuo, ni creo en talante democrático alguno del gobierno priista
– intrínsecamente autoritario en sus cúpulas decisorias -, creí que la lógica
legitimadora y la audacia pragmática de Peña Nieto en acompañar las reformas
constitucionales planteadas por la oposición, sería honrada en la legislación
secundaria bajo ese mismo cálculo político: reacomodar el vértice del poder en
México en el Presidente de la República y no en el Presidente de Televisa. Pero
Peña se echó para atrás de volada. Se rinde El Salvador de México y decide
pasar de la portada de TIME a los interiores de TVyNovelas.
Un actor priísta de muy buen nivel me acaba de confiar
desencajado “hubiera sido mejor que no hiciéramos nada, va a quedar peor que
Fox y Calderón”. Y estoy de acuerdo. El Presidente Peña Nieto abrió una gran
expectativa en este tema y levantó consensos nacionales favorables a la
reforma, incluso despistó a algunos analistas que dieron por concluída la
hipoteca mercantil que celebró con la empresa de Emilio Azcárraga para forjar
su candidatura y luego la Presidencia. Fox y Calderón, ininteligibles en el
ejercicio del poder, simplemente se sometieron desde el inicio, con servilismos
distintos y por necesidades diferentes.
El gobierno de Peña comete el error histórico al
presentar una iniciativa así, la marca de la traición lo emblematizará por el
resto de su sexenio; además del contradictorio mensaje que envía a los
inversionistas y organismos internacionales, ámbito donde se vanagloria de
enfrentar con valentía a los monopolios, pero un valor al que quiere renunciar
con arrepentimiento infantil: “yo no me quería subir, ya bájenme de aquí”.
Peña descubre en el bodrio que envió al Congreso su
reflujo y su arrepentimiento. Nunca digirió entonces las reformas, en las que
efectivamente no creía – no es capaz de comprenderlas -, pero aceptaba como
indispensables en la búsqueda de la credibilidad que el dinero no pudo comprar
en su campaña. Quiere devolverlas con un proyecto vomitivo. Exactamente como
funciona el reflujo gastrointestinal.
Lo que tenemos por enfrente es otra pesada batalla
en el Congreso para atajar este intento de regresión; escenario incierto en su saldo
final, dada la facilidad con la que en éste tema el PRI puede conseguir apoyo
entre legisladores del PAN. No sería improbable que el asunto termine en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acción de
inconstitucionalidad. Realmente sería traumático que ello sucediera, un vuelco
funesto a uno de los peores rostros de la clase política en el pasado reciente:
el sometimiento vergonzoso de la representación popular a los intereses de unos
cuantos en la tristemente célebre “Ley Televisa”. Si las cosas siguen como van,
nadie tenga duda de que, así como en la serie de “House of Cards”, entraríamos
a la segunda temporada de la Ley Televisa.
http://homozapping.com.mx
La
iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y radiodifusión,
presumiblemente reglamentaria de la reforma constitucional en esta
materia, enviada ayer al Senado por el Presidente Enrique Peña Nieto,
constituye una regresión política insospechada y un acto de
incumplimiento al espíritu y letra de la reforma Constitucional en ésta
materia. Se trata, sin más, de una contra-reforma. El mensaje es muy
desalentador: la más relevante de las reformas procesadas en el Pacto
por México, a propuesta de la oposición, es traicionada por el
Presidente de la República.
La
iniciativa es contraria a la reforma constitucional en varias de sus
disposiciones más relevantes e ignora varios de sus mandatos
reglamentarios. Presenta un desequilibrio regulatorio entre
radiodifusión y telecomunicaciones, que favorece indiscutiblemente a las
Televisoras. Este asunto se ve con toda claridad en la desigual forma
de regular la preponderancia en Televisión (art. 264) y en
telecomunicaciones (art. 265); medidas irrelevantes para la televisión.
Está ausente la definición de servicio público tanto en artículado, como
a lo largo del proyecto. Desconoce los criterios establecidos en el
régimen transitorio de la reforma para regular la publicidad, además que
contiene redacciones tramposas: pretende medir la publicidad por tiempo
total de programación y no por hora. El gran logro que fue incorporar
en la Constitución la prohibición de la publicidad presentada como
información, carece de sanción alguna.
Lo más burdo es la invasión de facultades del IFETEL, violentando su
carácter de órgano autónomo, lo coloca a expensas de la SCT, de la
COFEMER y la SEGOB en diversos temas y procedimientos. Contrario a lo
que dispuso la Constitución, devuelve la vigilancia de contenidos a la
SEGOB y la administración de los tiempos de Estado. Desaparece la
función social de la radio y la televisión, la clasificación horaria de
programas, y no contiene disposiciones para la radio, el gran faltante.
Concesiones a 20 años con refrendo automático; y bajo la figura de la
concesión única, ¡hasta por 30 años! Se le da la vuelta a la
Constitución al conceder la suspensión en materia de amparo, respecto de
las multas que imponga el IFETEL.
Se pasa de lado el artículo 28 constitucional y diluye todas las
medidas de competencia para la Television: No establece límites a la
concentración de frecuencias, ni a la propiedad cruzada de medios, no
contiene medidas para la desinversión. Las reglas de acceso a la
multiprogramación son irrelevantes, en realidad permanece el modelo de
asignación automática, a juicio de los concesionarios los canales
adicionales a transmitir y sin la obligatoriedad de la contraprestación.
Es omisa en muchos de los mandatos reglamentarios que la Constitución
impuso al Congreso, particularmente en el desarrollo y garantía del
nuevo modelo de medios públicos, ignorando los lineamientos del Décimo
transitorio de la reforma, así como de los mecanismos de protección a
los derechos de las audiencias. El Consejo Consultivo del IFETEL no
tiene ninguna atribución importante, carece de objetivos, procedimiento
de selección, ni requisitos para ser miembro; reitera el carácter
decorativo del actual consejo consultivo, siendo que en éste recae la
delicada función de asesorar al Instituto en materia de contenidos.
Hacen del organismo público descentralizado para prestar el servicio
de radiodifusión pública sin fines de lucro, una copia venezolana de la
televisión de gobierno. La producción independiente sin medidas
efectivas de promoción, e indefinición, sin cuota. La red compartida de
internet está ausente de la iniciativa, no obstante que la reforma le
dio un uso constitucional a la banda de los 700 Mhz. La TDT se va a un
nuevo plazo, el 2017, contrario a la Constitución, y se le impone un 90%
de penetración para poder declarar el apagón analógico.
Leo y releo la iniciativa, y no salgo de mi asombro y estoy lo que le
sigue a una persona consternada. Porque, si bien es cierto que no soy
ingenuo, ni creo en talante democrático alguno del gobierno priista –
intrínsecamente autoritario en sus cúpulas decisorias -, creí que la
lógica legitimadora y la audacia pragmática de Peña Nieto en acompañar
las reformas constitucionales planteadas por la oposición, sería honrada
en la legislación secundaria bajo ese mismo cálculo político:
reacomodar el vértice del poder en México en el Presidente de la
República y no en el Presidente de Televisa. Pero Peña se echó para
atrás de volada. Se rinde El Salvador de México y decide pasar de la
portada de TIME a los interiores de TVyNovelas.
Un actor priísta de muy buen nivel me acaba de confiar desencajado
“hubiera sido mejor que no hiciéramos nada, va a quedar peor que Fox y
Calderón”. Y estoy de acuerdo. El Presidente Peña Nieto abrió una gran
expectativa en este tema y levantó consensos nacionales favorables a la
reforma, incluso despistó a algunos analistas que dieron por concluída
la hipoteca mercantil que celebró con la empresa de Emilio Azcárraga
para forjar su candidatura y luego la Presidencia. Fox y Calderón,
ininteligibles en el ejercicio del poder, simplemente se sometieron
desde el inicio, con servilismos distintos y por necesidades diferentes.
El gobierno de Peña comete el error histórico al presentar una
iniciativa así, la marca de la traición lo emblematizará por el resto de
su sexenio; además del contradictorio mensaje que envía a los
inversionistas y organismos internacionales, ámbito donde se vanagloria
de enfrentar con valentía a los monopolios, pero un valor al que quiere
renunciar con arrepentimiento infantil: “yo no me quería subir, ya
bájenme de aquí”.
Peña descubre en el bodrio que envió al Congreso su reflujo y su
arrepentimiento. Nunca digirió entonces las reformas, en las que
efectivamente no creía – no es capaz de comprenderlas -, pero aceptaba
como indispensables en la búsqueda de la credibilidad que el dinero no
pudo comprar en su campaña. Quiere devolverlas con un proyecto vomitivo.
Exactamente como funciona el reflujo gastrointestinal.
Lo que tenemos por enfrente es otra pesada batalla en el Congreso
para atajar este intento de regresión; escenario incierto en su saldo
final, dada la facilidad con la que en éste tema el PRI puede conseguir
apoyo entre legisladores del PAN. No sería improbable que el asunto
termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acción de
inconstitucionalidad. Realmente sería traumático que ello sucediera, un
vuelco funesto a uno de los peores rostros de la clase política en el
pasado reciente: el sometimiento vergonzoso de la representación popular
a los intereses de unos cuantos en la tristemente célebre “Ley
Televisa”. Si las cosas siguen como van, nadie tenga duda de que, así
como en la serie de “House of Cards”, entraríamos a la segunda temporada
de la Ley Televisa.
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La
iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y radiodifusión,
presumiblemente reglamentaria de la reforma constitucional en esta
materia, enviada ayer al Senado por el Presidente Enrique Peña Nieto,
constituye una regresión política insospechada y un acto de
incumplimiento al espíritu y letra de la reforma Constitucional en ésta
materia. Se trata, sin más, de una contra-reforma. El mensaje es muy
desalentador: la más relevante de las reformas procesadas en el Pacto
por México, a propuesta de la oposición, es traicionada por el
Presidente de la República.
La
iniciativa es contraria a la reforma constitucional en varias de sus
disposiciones más relevantes e ignora varios de sus mandatos
reglamentarios. Presenta un desequilibrio regulatorio entre
radiodifusión y telecomunicaciones, que favorece indiscutiblemente a las
Televisoras. Este asunto se ve con toda claridad en la desigual forma
de regular la preponderancia en Televisión (art. 264) y en
telecomunicaciones (art. 265); medidas irrelevantes para la televisión.
Está ausente la definición de servicio público tanto en artículado, como
a lo largo del proyecto. Desconoce los criterios establecidos en el
régimen transitorio de la reforma para regular la publicidad, además que
contiene redacciones tramposas: pretende medir la publicidad por tiempo
total de programación y no por hora. El gran logro que fue incorporar
en la Constitución la prohibición de la publicidad presentada como
información, carece de sanción alguna.
Lo más burdo es la invasión de facultades del IFETEL, violentando su
carácter de órgano autónomo, lo coloca a expensas de la SCT, de la
COFEMER y la SEGOB en diversos temas y procedimientos. Contrario a lo
que dispuso la Constitución, devuelve la vigilancia de contenidos a la
SEGOB y la administración de los tiempos de Estado. Desaparece la
función social de la radio y la televisión, la clasificación horaria de
programas, y no contiene disposiciones para la radio, el gran faltante.
Concesiones a 20 años con refrendo automático; y bajo la figura de la
concesión única, ¡hasta por 30 años! Se le da la vuelta a la
Constitución al conceder la suspensión en materia de amparo, respecto de
las multas que imponga el IFETEL.
Se pasa de lado el artículo 28 constitucional y diluye todas las
medidas de competencia para la Television: No establece límites a la
concentración de frecuencias, ni a la propiedad cruzada de medios, no
contiene medidas para la desinversión. Las reglas de acceso a la
multiprogramación son irrelevantes, en realidad permanece el modelo de
asignación automática, a juicio de los concesionarios los canales
adicionales a transmitir y sin la obligatoriedad de la contraprestación.
Es omisa en muchos de los mandatos reglamentarios que la Constitución
impuso al Congreso, particularmente en el desarrollo y garantía del
nuevo modelo de medios públicos, ignorando los lineamientos del Décimo
transitorio de la reforma, así como de los mecanismos de protección a
los derechos de las audiencias. El Consejo Consultivo del IFETEL no
tiene ninguna atribución importante, carece de objetivos, procedimiento
de selección, ni requisitos para ser miembro; reitera el carácter
decorativo del actual consejo consultivo, siendo que en éste recae la
delicada función de asesorar al Instituto en materia de contenidos.
Hacen del organismo público descentralizado para prestar el servicio
de radiodifusión pública sin fines de lucro, una copia venezolana de la
televisión de gobierno. La producción independiente sin medidas
efectivas de promoción, e indefinición, sin cuota. La red compartida de
internet está ausente de la iniciativa, no obstante que la reforma le
dio un uso constitucional a la banda de los 700 Mhz. La TDT se va a un
nuevo plazo, el 2017, contrario a la Constitución, y se le impone un 90%
de penetración para poder declarar el apagón analógico.
Leo y releo la iniciativa, y no salgo de mi asombro y estoy lo que le
sigue a una persona consternada. Porque, si bien es cierto que no soy
ingenuo, ni creo en talante democrático alguno del gobierno priista –
intrínsecamente autoritario en sus cúpulas decisorias -, creí que la
lógica legitimadora y la audacia pragmática de Peña Nieto en acompañar
las reformas constitucionales planteadas por la oposición, sería honrada
en la legislación secundaria bajo ese mismo cálculo político:
reacomodar el vértice del poder en México en el Presidente de la
República y no en el Presidente de Televisa. Pero Peña se echó para
atrás de volada. Se rinde El Salvador de México y decide pasar de la
portada de TIME a los interiores de TVyNovelas.
Un actor priísta de muy buen nivel me acaba de confiar desencajado
“hubiera sido mejor que no hiciéramos nada, va a quedar peor que Fox y
Calderón”. Y estoy de acuerdo. El Presidente Peña Nieto abrió una gran
expectativa en este tema y levantó consensos nacionales favorables a la
reforma, incluso despistó a algunos analistas que dieron por concluída
la hipoteca mercantil que celebró con la empresa de Emilio Azcárraga
para forjar su candidatura y luego la Presidencia. Fox y Calderón,
ininteligibles en el ejercicio del poder, simplemente se sometieron
desde el inicio, con servilismos distintos y por necesidades diferentes.
El gobierno de Peña comete el error histórico al presentar una
iniciativa así, la marca de la traición lo emblematizará por el resto de
su sexenio; además del contradictorio mensaje que envía a los
inversionistas y organismos internacionales, ámbito donde se vanagloria
de enfrentar con valentía a los monopolios, pero un valor al que quiere
renunciar con arrepentimiento infantil: “yo no me quería subir, ya
bájenme de aquí”.
Peña descubre en el bodrio que envió al Congreso su reflujo y su
arrepentimiento. Nunca digirió entonces las reformas, en las que
efectivamente no creía – no es capaz de comprenderlas -, pero aceptaba
como indispensables en la búsqueda de la credibilidad que el dinero no
pudo comprar en su campaña. Quiere devolverlas con un proyecto vomitivo.
Exactamente como funciona el reflujo gastrointestinal.
Lo que tenemos por enfrente es otra pesada batalla en el Congreso
para atajar este intento de regresión; escenario incierto en su saldo
final, dada la facilidad con la que en éste tema el PRI puede conseguir
apoyo entre legisladores del PAN. No sería improbable que el asunto
termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acción de
inconstitucionalidad. Realmente sería traumático que ello sucediera, un
vuelco funesto a uno de los peores rostros de la clase política en el
pasado reciente: el sometimiento vergonzoso de la representación popular
a los intereses de unos cuantos en la tristemente célebre “Ley
Televisa”. Si las cosas siguen como van, nadie tenga duda de que, así
como en la serie de “House of Cards”, entraríamos a la segunda temporada
de la Ley Televisa.
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iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y radiodifusión,
presumiblemente reglamentaria de la reforma constitucional en esta
materia, enviada ayer al Senado por el Presidente Enrique Peña Nieto,
constituye una regresión política insospechada y un acto de
incumplimiento al espíritu y letra de la reforma Constitucional en ésta
materia. Se trata, sin más, de una contra-reforma. El mensaje es muy
desalentador: la más relevante de las reformas procesadas en el Pacto
por México, a propuesta de la oposición, es traicionada por el
Presidente de la República.
La
iniciativa es contraria a la reforma constitucional en varias de sus
disposiciones más relevantes e ignora varios de sus mandatos
reglamentarios. Presenta un desequilibrio regulatorio entre
radiodifusión y telecomunicaciones, que favorece indiscutiblemente a las
Televisoras. Este asunto se ve con toda claridad en la desigual forma
de regular la preponderancia en Televisión (art. 264) y en
telecomunicaciones (art. 265); medidas irrelevantes para la televisión.
Está ausente la definición de servicio público tanto en artículado, como
a lo largo del proyecto. Desconoce los criterios establecidos en el
régimen transitorio de la reforma para regular la publicidad, además que
contiene redacciones tramposas: pretende medir la publicidad por tiempo
total de programación y no por hora. El gran logro que fue incorporar
en la Constitución la prohibición de la publicidad presentada como
información, carece de sanción alguna.
Lo más burdo es la invasión de facultades del IFETEL, violentando su
carácter de órgano autónomo, lo coloca a expensas de la SCT, de la
COFEMER y la SEGOB en diversos temas y procedimientos. Contrario a lo
que dispuso la Constitución, devuelve la vigilancia de contenidos a la
SEGOB y la administración de los tiempos de Estado. Desaparece la
función social de la radio y la televisión, la clasificación horaria de
programas, y no contiene disposiciones para la radio, el gran faltante.
Concesiones a 20 años con refrendo automático; y bajo la figura de la
concesión única, ¡hasta por 30 años! Se le da la vuelta a la
Constitución al conceder la suspensión en materia de amparo, respecto de
las multas que imponga el IFETEL.
Se pasa de lado el artículo 28 constitucional y diluye todas las
medidas de competencia para la Television: No establece límites a la
concentración de frecuencias, ni a la propiedad cruzada de medios, no
contiene medidas para la desinversión. Las reglas de acceso a la
multiprogramación son irrelevantes, en realidad permanece el modelo de
asignación automática, a juicio de los concesionarios los canales
adicionales a transmitir y sin la obligatoriedad de la contraprestación.
Es omisa en muchos de los mandatos reglamentarios que la Constitución
impuso al Congreso, particularmente en el desarrollo y garantía del
nuevo modelo de medios públicos, ignorando los lineamientos del Décimo
transitorio de la reforma, así como de los mecanismos de protección a
los derechos de las audiencias. El Consejo Consultivo del IFETEL no
tiene ninguna atribución importante, carece de objetivos, procedimiento
de selección, ni requisitos para ser miembro; reitera el carácter
decorativo del actual consejo consultivo, siendo que en éste recae la
delicada función de asesorar al Instituto en materia de contenidos.
Hacen del organismo público descentralizado para prestar el servicio
de radiodifusión pública sin fines de lucro, una copia venezolana de la
televisión de gobierno. La producción independiente sin medidas
efectivas de promoción, e indefinición, sin cuota. La red compartida de
internet está ausente de la iniciativa, no obstante que la reforma le
dio un uso constitucional a la banda de los 700 Mhz. La TDT se va a un
nuevo plazo, el 2017, contrario a la Constitución, y se le impone un 90%
de penetración para poder declarar el apagón analógico.
Leo y releo la iniciativa, y no salgo de mi asombro y estoy lo que le
sigue a una persona consternada. Porque, si bien es cierto que no soy
ingenuo, ni creo en talante democrático alguno del gobierno priista –
intrínsecamente autoritario en sus cúpulas decisorias -, creí que la
lógica legitimadora y la audacia pragmática de Peña Nieto en acompañar
las reformas constitucionales planteadas por la oposición, sería honrada
en la legislación secundaria bajo ese mismo cálculo político:
reacomodar el vértice del poder en México en el Presidente de la
República y no en el Presidente de Televisa. Pero Peña se echó para
atrás de volada. Se rinde El Salvador de México y decide pasar de la
portada de TIME a los interiores de TVyNovelas.
Un actor priísta de muy buen nivel me acaba de confiar desencajado
“hubiera sido mejor que no hiciéramos nada, va a quedar peor que Fox y
Calderón”. Y estoy de acuerdo. El Presidente Peña Nieto abrió una gran
expectativa en este tema y levantó consensos nacionales favorables a la
reforma, incluso despistó a algunos analistas que dieron por concluída
la hipoteca mercantil que celebró con la empresa de Emilio Azcárraga
para forjar su candidatura y luego la Presidencia. Fox y Calderón,
ininteligibles en el ejercicio del poder, simplemente se sometieron
desde el inicio, con servilismos distintos y por necesidades diferentes.
El gobierno de Peña comete el error histórico al presentar una
iniciativa así, la marca de la traición lo emblematizará por el resto de
su sexenio; además del contradictorio mensaje que envía a los
inversionistas y organismos internacionales, ámbito donde se vanagloria
de enfrentar con valentía a los monopolios, pero un valor al que quiere
renunciar con arrepentimiento infantil: “yo no me quería subir, ya
bájenme de aquí”.
Peña descubre en el bodrio que envió al Congreso su reflujo y su
arrepentimiento. Nunca digirió entonces las reformas, en las que
efectivamente no creía – no es capaz de comprenderlas -, pero aceptaba
como indispensables en la búsqueda de la credibilidad que el dinero no
pudo comprar en su campaña. Quiere devolverlas con un proyecto vomitivo.
Exactamente como funciona el reflujo gastrointestinal.
Lo que tenemos por enfrente es otra pesada batalla en el Congreso
para atajar este intento de regresión; escenario incierto en su saldo
final, dada la facilidad con la que en éste tema el PRI puede conseguir
apoyo entre legisladores del PAN. No sería improbable que el asunto
termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acción de
inconstitucionalidad. Realmente sería traumático que ello sucediera, un
vuelco funesto a uno de los peores rostros de la clase política en el
pasado reciente: el sometimiento vergonzoso de la representación popular
a los intereses de unos cuantos en la tristemente célebre “Ley
Televisa”. Si las cosas siguen como van, nadie tenga duda de que, así
como en la serie de “House of Cards”, entraríamos a la segunda temporada
de la Ley Televisa.
- See more at: http://homozapping.com.mx/2014/03/la-traicion-de-pena-nieto/#sthash.ptV4GG1Y.OxsciF6q.dpuf
La
iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y radiodifusión,
presumiblemente reglamentaria de la reforma constitucional en esta
materia, enviada ayer al Senado por el Presidente Enrique Peña Nieto,
constituye una regresión política insospechada y un acto de
incumplimiento al espíritu y letra de la reforma Constitucional en ésta
materia. Se trata, sin más, de una contra-reforma. El mensaje es muy
desalentador: la más relevante de las reformas procesadas en el Pacto
por México, a propuesta de la oposición, es traicionada por el
Presidente de la República.
La
iniciativa es contraria a la reforma constitucional en varias de sus
disposiciones más relevantes e ignora varios de sus mandatos
reglamentarios. Presenta un desequilibrio regulatorio entre
radiodifusión y telecomunicaciones, que favorece indiscutiblemente a las
Televisoras. Este asunto se ve con toda claridad en la desigual forma
de regular la preponderancia en Televisión (art. 264) y en
telecomunicaciones (art. 265); medidas irrelevantes para la televisión.
Está ausente la definición de servicio público tanto en artículado, como
a lo largo del proyecto. Desconoce los criterios establecidos en el
régimen transitorio de la reforma para regular la publicidad, además que
contiene redacciones tramposas: pretende medir la publicidad por tiempo
total de programación y no por hora. El gran logro que fue incorporar
en la Constitución la prohibición de la publicidad presentada como
información, carece de sanción alguna.
Lo más burdo es la invasión de facultades del IFETEL, violentando su
carácter de órgano autónomo, lo coloca a expensas de la SCT, de la
COFEMER y la SEGOB en diversos temas y procedimientos. Contrario a lo
que dispuso la Constitución, devuelve la vigilancia de contenidos a la
SEGOB y la administración de los tiempos de Estado. Desaparece la
función social de la radio y la televisión, la clasificación horaria de
programas, y no contiene disposiciones para la radio, el gran faltante.
Concesiones a 20 años con refrendo automático; y bajo la figura de la
concesión única, ¡hasta por 30 años! Se le da la vuelta a la
Constitución al conceder la suspensión en materia de amparo, respecto de
las multas que imponga el IFETEL.
Se pasa de lado el artículo 28 constitucional y diluye todas las
medidas de competencia para la Television: No establece límites a la
concentración de frecuencias, ni a la propiedad cruzada de medios, no
contiene medidas para la desinversión. Las reglas de acceso a la
multiprogramación son irrelevantes, en realidad permanece el modelo de
asignación automática, a juicio de los concesionarios los canales
adicionales a transmitir y sin la obligatoriedad de la contraprestación.
Es omisa en muchos de los mandatos reglamentarios que la Constitución
impuso al Congreso, particularmente en el desarrollo y garantía del
nuevo modelo de medios públicos, ignorando los lineamientos del Décimo
transitorio de la reforma, así como de los mecanismos de protección a
los derechos de las audiencias. El Consejo Consultivo del IFETEL no
tiene ninguna atribución importante, carece de objetivos, procedimiento
de selección, ni requisitos para ser miembro; reitera el carácter
decorativo del actual consejo consultivo, siendo que en éste recae la
delicada función de asesorar al Instituto en materia de contenidos.
Hacen del organismo público descentralizado para prestar el servicio
de radiodifusión pública sin fines de lucro, una copia venezolana de la
televisión de gobierno. La producción independiente sin medidas
efectivas de promoción, e indefinición, sin cuota. La red compartida de
internet está ausente de la iniciativa, no obstante que la reforma le
dio un uso constitucional a la banda de los 700 Mhz. La TDT se va a un
nuevo plazo, el 2017, contrario a la Constitución, y se le impone un 90%
de penetración para poder declarar el apagón analógico.
Leo y releo la iniciativa, y no salgo de mi asombro y estoy lo que le
sigue a una persona consternada. Porque, si bien es cierto que no soy
ingenuo, ni creo en talante democrático alguno del gobierno priista –
intrínsecamente autoritario en sus cúpulas decisorias -, creí que la
lógica legitimadora y la audacia pragmática de Peña Nieto en acompañar
las reformas constitucionales planteadas por la oposición, sería honrada
en la legislación secundaria bajo ese mismo cálculo político:
reacomodar el vértice del poder en México en el Presidente de la
República y no en el Presidente de Televisa. Pero Peña se echó para
atrás de volada. Se rinde El Salvador de México y decide pasar de la
portada de TIME a los interiores de TVyNovelas.
Un actor priísta de muy buen nivel me acaba de confiar desencajado
“hubiera sido mejor que no hiciéramos nada, va a quedar peor que Fox y
Calderón”. Y estoy de acuerdo. El Presidente Peña Nieto abrió una gran
expectativa en este tema y levantó consensos nacionales favorables a la
reforma, incluso despistó a algunos analistas que dieron por concluída
la hipoteca mercantil que celebró con la empresa de Emilio Azcárraga
para forjar su candidatura y luego la Presidencia. Fox y Calderón,
ininteligibles en el ejercicio del poder, simplemente se sometieron
desde el inicio, con servilismos distintos y por necesidades diferentes.
El gobierno de Peña comete el error histórico al presentar una
iniciativa así, la marca de la traición lo emblematizará por el resto de
su sexenio; además del contradictorio mensaje que envía a los
inversionistas y organismos internacionales, ámbito donde se vanagloria
de enfrentar con valentía a los monopolios, pero un valor al que quiere
renunciar con arrepentimiento infantil: “yo no me quería subir, ya
bájenme de aquí”.
Peña descubre en el bodrio que envió al Congreso su reflujo y su
arrepentimiento. Nunca digirió entonces las reformas, en las que
efectivamente no creía – no es capaz de comprenderlas -, pero aceptaba
como indispensables en la búsqueda de la credibilidad que el dinero no
pudo comprar en su campaña. Quiere devolverlas con un proyecto vomitivo.
Exactamente como funciona el reflujo gastrointestinal.
Lo que tenemos por enfrente es otra pesada batalla en el Congreso
para atajar este intento de regresión; escenario incierto en su saldo
final, dada la facilidad con la que en éste tema el PRI puede conseguir
apoyo entre legisladores del PAN. No sería improbable que el asunto
termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acción de
inconstitucionalidad. Realmente sería traumático que ello sucediera, un
vuelco funesto a uno de los peores rostros de la clase política en el
pasado reciente: el sometimiento vergonzoso de la representación popular
a los intereses de unos cuantos en la tristemente célebre “Ley
Televisa”. Si las cosas siguen como van, nadie tenga duda de que, así
como en la serie de “House of Cards”, entraríamos a la segunda temporada
de la Ley Televisa.
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