XALAPA, VER. (Proceso).- El homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, sigue sin resolverse. A dos años del crimen (cometido el 28 de abril de 2012) la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Agencia Veracruzana de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, han sido incapaces de detener a José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, presunto asesino de la periodista veracruzana.
Y el otro implicado en el crimen, Jorge Antonio Hernández, El Silva, fue absuelto por la séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el cual le revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión impuesta por la juez de primera instancia Beatriz Rivera Hernández. Por esa revocación de sentencia el hermano de Regina, Ángel Alfonso Martínez, interpuso un amparo directo a la causa penal 358/2012 para que la justicia federal regrese al Silva a la cárcel.
Mientras tanto, el gremio periodístico veracruzano, amigos de Regina y organizaciones civiles siguen repudiando el resolutivo del gobierno de Javier Duarte que estableció como móviles del asesinato el “robo” y tangencialmente un “crimen pasional”.
Este lunes 28, organizaciones sociales y reporteros veracruzanos realizarán actividades de protesta para recordarle a la administración priista que el asesinato de Regina Martínez reclama “verdad y justicia”.
El Colectivo por la Paz-Xalapa organizará en la Plaza Lerdo –frente al Palacio de Gobierno– bordados por la paz, cuyos tejidos centrales tendrán como tema a la periodista.
“Nuestros bordados serían exclusivamente para Regina. Una de las tareas del Colectivo por la Paz es la construcción de la memoria histórica. Y la corresponsal de Proceso es una víctima de la violencia social y de la violencia sistemática que ha ejercido el estado sobre la prensa y los movimientos sociales”, expresa Anaís Palacios, vocera del colectivo.
Asegura que lo “mediático” y lo “discursivo” en el manejo del crimen de Regina han sido una burla que va desde calificar el asesinato como “crimen pasional” para después “aprehender” a un culpable que ahora ya no está en la cárcel: “La justicia que argumentan es un montaje”.
Rodrigo Soberanes, periodista y amigo de Regina Martínez, recuerda que a pocas horas del asesinato de la corresponsal de Proceso, empleados de Comunicación Social del gobierno le telefonearon para averiguar si la periodista tenía “novio” o “pareja”.
“Desde ahí el gobierno ya estaba delineando su propia versión”, dice Soberanes.
“Hoy no hay nadie en la cárcel, por lo tanto el caso sigue impune. No me sorprende. Desde las primeras señales que envió el gobierno se veía venir que el de Regina era un crimen destinado a quedar sin justicia”, añade.
Soberanes habla de una plática sostenida con Mike O’Connor –exjefe de la oficina en México del Comité para la Protección de los Periodistas–, quien le aseguró que Regina Martínez daba la pauta de “hasta dónde” se podían publicar las cosas en Veracruz: “Me dijo que su asesinato era como un manto de oscuridad sobre el derecho de las personas a saber”.
“Trataron de ensuciarla”
En el desaseo de la investigación ministerial y del manejo mediático del asesinato de Regina, Soberanes refiere que los amigos de la corresponsal de Proceso escucharon con indignación las versiones más inverosímiles del gobierno de Duarte: “Trataron de ensuciarla; dijeron que los señalados del crimen eran homosexuales, trabajadores sexuales, que tenían sida. ¿Y eso para qué?”
Otro amigo y colega de Regina, hoy radicado fuera de Veracruz por el clima de violencia e inseguridad que impera contra los comunicadores en esta entidad, acepta hablar con Proceso a condición de mantener el anonimato:
“Quienes la conocimos sabemos que no es probable que pudiera tener una amistad con personas como las que la fiscalía calificó de malvivientes. Era una periodista honesta, inquisitiva, rigurosa, que investigaba y denunciaba sin reparos. Era una causa probable para que no sólo este gobierno, sino seguramente muchos de los anteriores a los que reporteó, utilizaran esa supuesta amistad para desprestigiarla.”
Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz, expone que haber dejado fuera de la investigación su actividad profesional significa negar el trabajo de los periodistas: “A dos años de su partida se extraña a Regina y su muerte duele. Por eso desde la noche de ese sábado 28 de abril, cuando nos enteramos de su asesinato, hemos salido a las calles a fin de exigir justicia para la amiga y compañera, como lo hubiera hecho ella”.
En esta capital, amigos de la corresponsal de Proceso y periodistas que han sido amenazados, despedidos o intimidados en su trabajo, depositarán en su honor una ofrenda floral en la Plaza Lerdo; el acto será también una protesta por los 24 meses durante los cuales la PGJ sólo fabricó culpables pero no hizo justicia.
Además de la ofrenda floral se planea marchar por el centro de la ciudad para recordarle a los cuerpos de seguridad y procuración de justicia que el asesinato de Regina Martínez –junto con los de otros periodistas veracruzanos– sigue impune.
El enredo
Actualmente el amparo contra la resolución del TSJE de dejar al Silva libre está en manos del magistrado ponente Agustín Romero Montalvo, esposo de la funcionaria estatal Dolores Silva Obando, quien a propuesta del gobernador Duarte es ahora integrante del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Veracruz.
El amparo interpuesto por Ángel Alfonso Martínez está bajo la conducción de Luis Alberto Islas Reyes, litigante especializado en derecho civil, no penal. Abogados veracruzanos aseguran que en algunas ocasiones ha trabajado para el aparato estatal. “Cobra muy caro”, coinciden.
En el amparo interpuesto con base en los artículos 12, 24 y 27 de la Ley de Amparo, Islas Reyes alega como principal tesis para echar abajo la “revocación de sentencia” el voto particular que emitió la magistrada Martha Ramírez Trejo contra la absolución del Silva, pues a decir de ella José Antonio Hernández era asesino confeso de la periodista.
Otro alegato es que jamás se dio vista al procurador para informar que al resolverse el toca 673/13 se realizaría una “suplencia de los agravios”, es decir la puesta en libertad del presunto asesino de Regina.
Tampoco –dice el amparo– se señala en qué se equivocó o desacertó la juez de primera instancia Beatriz Rivera; más aún, en qué resultó ilegal la sentencia condenatoria.
Agrega que la alegada tortura al Silva no debe “presumirse sino probarse”, además de ser irrelevante que cuando el presunto asesino fue detenido no se haya girado una orden de aprehensión y que la vestimenta con la que fue detenido no coincida con la que fue presentado.
En contraparte, el toca 673/13 se mantiene firme pues considera que se violaron las garantías del Silva en el proceso penal, ya que no medió orden de aprehensión para la detención del inculpado y éste fue detenido seis meses después de los hechos, transgrediendo los artículos 14 y 16 constitucionales.
Según los magistrados de la Séptima Sala Penal del TSJE, los testimoniales para incriminar al Silva fueron de “oídas” y son “demasiado contradictorios”.
“Nadie revela que (El Silva) haya sido la persona que se introdujera a la casa de Regina en fecha 28 de abril de 2012, pues por el contrario existen medios de convicción que nos llevan a la conclusión que el aquí inculpado no se encontró presente en casa de Regina Martínez Pérez el día en que fuera privada de la vida”, dice la resolución judicial.
