México llega al 77 aniversario de su
expropiación petrolera sin soberanía energética: el monopolio estatal del
petróleo terminó con la aprobación de la reforma energética. Pemex, en virtual
quiebra técnica. El colapso petrolero se observa en el precio medio de la
mezcla de exportación, que cayó de 98.79 dólares por barril en junio de 2014 a
40.47 dólares en enero de 2015.
La ley energética aprobada
en diciembre de 2013 terminó con el monopolio estatal del petróleo, vigente
desde la nacionalización cardenista de 1938. Dos son los cambios torales de la
ley:
1. El despojo de la responsabilidad exclusiva del manejo
integral de los hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) como representante
del Estado. La relevancia constitucional de la empresa es reducida al mínimo.
Deja de ser un organismo descentralizado y es convertido en una simple “empresa
competitiva”, con una actividad limitada a la exploración y explotación de unas
cuantas áreas petroleras y la producción de unos cuantos productos derivados,
la cual estará restringida por escasos recursos financieros, sus onerosos
pasivos y la excesiva carga fiscal, además de que estará ambiguamente regulada,
lo que le permitirá a sus administradores mantener la opacidad sus operaciones
y dificultará la supervisión de las mismas, como es común en una sociedad
democrática. Pemex será un jugador más del mercado y su futuro es incierto, ya
que, en condiciones desfavorables –tecnológicas, en infraestructura,
operativas, financieras–enfrentará un escenario competitivo adverso.
2. La apertura de toda la cadena productiva petrolera a la
participación del capital privado local y trasnacional, por medio de una
diversidad de contratos, desde la exploración y explotación de hidrocarburos
hasta la comercialización de los productos terminados, y la redistribución de
la renta petrolera desde el Estado hacia los nuevos participantes de la
industria.
La reforma energética cierra la dilatada parábola de
desmantelamiento y reprivatización petrolera iniciada por Miguel de la Madrid,
que en 1986 cedió al empresariado la producción de 40 de los 70 productos
petroquímicos básicos; medida seguida por la fragmentación de Pemex, los
proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) zedillistas
y los “contratos incentivados de servicios” calderonistas, entre otras, con los
que se pretendió resolver los problemas operativos y financieros que caracterizan
a la industria referida, revertir el deterioro tecnológico y de la
infraestructura, la declinación de las reservas y la producción crudo, gas,
petrolíferos y petroquímicos; de las exportaciones.
