En las últimas 24 horas las organizaciones que integramos la Red
Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) hemos recibido información
de los actos violentos en contra de jornaleros del Valle de San Quntín que se
han organizado para exigir derechos laborales fundamentales. De hecho, previo a
las manifestaciones, los jornaleros ya habían presentado un pliego petitorio a
las autoridades estatales y federales para que se resolviera su situación, sin
embargo al no ser atendidas sus solicitudes, ejercieron su derecho humano a la
protesta ante las condiciones infrahumanas en las que laboran al menos 70 mil jornaleros
entre niños, mujeres y hombres.
Es importante destacar que según INEGI, del total de la población se
estima que al menos el 80% son jornaleros originarios del sur de México y el
15% habla alguna lengua indígena: mixteca, zapoteca o náhuatl. Las principales
demandas de los Jornaleros son:
- Que el salario de 110 pesos al día por una jornada de 12 horas, se
incremente a por lo menos 300 pesos.
- Que la jornada laboral sea disminuida a las horas de Ley y no a las
doce que trabajan actualmente.
- Que los jornaleros sean afiliados al Instituto Mexicano del Seguro
Social, dado que no cuentan con prestaciones sociales de ningún tipo.
- Que les den vacaciones.
- Que se respete el séptimo día de descanso.
- Que las horas extra sean a voluntad y pagadas de manera adicional.
- Que acabe y se investigue el acoso sexual que se ha dado contra
mujeres jornaleras de manera común.
- Diálogo de negociación que incluya a los jornaleros, los patrones y el
Gobierno del Estado. Hasta la fecha a los trabajadores agrícolas no se les ha
respondido ninguna de sus peticiones.
Al respecto son deplorables las declaraciones de Juanita Pérez Floriano,
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el sentido de que no
es posible incrementar el sueldo a los trabajadores jornaleros del Valle de San
Quintín.
Con arma AK-47: Alfredo Aviña Galván, presidente local de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco-San Quintín), 170315
Tenemos conocimiento que en un despliegue excesivo de corporaciones
policiaco-militares, participaron al menos 86 patrullas ministeriales, 5
camiones de policías, 6 camiones de soldados, 3 pick ups con escudos antimotín
y 40 patrullas entre municipales y estatales. Mientras que Francisco Rueda,
Secretario de Gobierno ha permanecido oculto en algún hotel de la zona, solo
para salir y dar órdenes a Policías sobre a quién detener. De igual manera los
empresarios de la agroindustria de la zona, de manera irresponsable se
mantienen “ocultos” y a la “expectativa” de lo que haga el gobierno estatal
para resolver la situación. Y en otros casos el gobierno del Estado es
aquiescente con la violencia de empresarios como Alfredo Aviña Galván,
presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-San Quintín)- ver
foto.
De acuerdo con los testimonios de integrantes de la Alianza de
Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, un
funcionario identificado como Antonio López, les dijo que se establecería
una mesa de diálogo en las instalaciones de la subsecretaría del gobierno
estatal. Sin embargo, cuando los representantes de los trabajadores se
presentaron en el lugar, fueron “atacados por policías estatales, municipales y
federales, quienes incluso realizaron disparos con armas de fuego contra los
compañeros”, relatan en un comunicado difundido ayer. Además, algunos de
los detenidos fueron sacados por la fuerza de sus casas durante la madrugada de
este miércoles, motivo por el que los jornaleros y jornaleras volvieron a salir
a las calles para exigir la liberación de sus compañeros, que suman alrededor de 200. De los cuales,
según información de la PGJE, hasta la tarde del miércoles habían remitido a 50
de los detenidos a la Procuraduría General de la República y el resto al
Ministerio Público del Fuero Común. Se les acusa de vandalismo, obstrucción y
daños a las vías generales de comunicación.
Llama la atención que este miércoles se hayan reunido en coordinación
para tratar el caso San Quintín, el presidente municipal de Ensenada, Gilberto
Hirata Chico; el comandante del 67 Batallón de Infantería, coronel de
Infantería D.E.M., Daniel Lugo Salinas; la procuradora general de Justicia del
Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva; el secretario general de Gobierno del
Estado, Francisco Rueda Gómez; el coordinador estatal de la Policía Federal en
Baja California, comisario Bernardo Castañeda Hernández y el secretario de
Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya. Y que en su lógica sea
una prioridad la contención policiaca-militar de las manifestaciones, en lugar
de llamar a comparecer a los principales empresarios de la agroindustria que
violenta de manera permanente derechos constitucionales.
En este tenor generan preocupación las declaraciones del diputado
federal Abraham Correa Acevedo al señalar que en esa zona y desde
hace tiempo “y todo mundo lo sabe”, hay presencia del grupo guerrillero
Ejército Popular Revolucionario (EPR) y por otro lado criminalice
el movimiento de jornaleros al relacionarlos con agrupaciones como
Antorcha Campesina ligadas al PRI que son expertos en chantaje y presión a los
distintos niveles de gobierno, ya que estas declaraciones
legitiman una acción represiva mayor por parte del gobierno de Baja California.
El contexto económico-político de la agroindustria es un factor
determinante en estos hechos violentos en contra de los Jornaleros de San
Quintín, ya que algunos de estos ranchos son propiedad o sus dueños tienen
vínculos directos con funcionarios estatales, como son los casos del ex
secretario de Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez, uno de los dueños del
rancho “Los Pinos”, del cual Felipe Calderón es accionista, rancho señalado
desde hace varias décadas como uno de los más explotadores laboralmente. Así
como también la agroindustria de la familia del actual secretario de Finanzas,
Antonio Valladolid.
Las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por medio de
un operativo policiaco-militar contra menores de edad, mujeres y hombres que
participaron en las manifestaciones en el Valle de San Quintín, corresponden a
legitimar y proteger una política-económica de explotación laboral y humana por
parte de empresas de capital nacional y trasnacional, mismas que son
respaldadas desde las administraciones gubernamentales del Estado mexicano.
Como Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) hacemos
responsable al gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid de las
graves violaciones a derechos humanos de las cuales fueron víctimas los
Jornaleros que ejercieron su derecho humano a la protesta. Así como también a
los agroempresarios que respaldados en el manto de la impunidad violentan
derechos constitucionales con aquiescencia del gobierno de esa entidad.
Hacemos un llamado a las organizaciones populares y de derechos humanos
nacionales e internacionales a brindar solidaridad y hacer llamamientos al
Estado mexicano a efecto de que cese el hostigamiento, la represión y cualquier
acto que menoscabe la dignidad humana, así como también a solicitar el
cumplimiento del pliego petitorio de los Jornaleros del Valle de San Quintín.
Atentamente
Unidos y Organizados a Ejercer y Defender los Derechos Humanos
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos RENDDH
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