EXCEDEN DESAPARICIONES EN ZONA CENTRO A AUTORIDADES; FGE HA SIDO INEFICAZ: ONG

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Orizaba, Ver.- La cantidad de desaparecidos, tan sólo en las Altas Montañas, rebasan por mucho a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y al igual que la PGR, la Fiscalía General del Estado (FGE), ha sido ineficiente en sus investigaciones, su única respuesta es que los extraviados “o están vinculados con la delincuencia organizada o se fugaron de su casa por relaciones amorosas”; incluso la inseguridad obliga a la población a que asuma autocontroles de seguridad”.

Las desapariciones de la zona de las Altas Montañas, “no tienen un año, desde hace mucho tiempo empezaron y hasta ahora, ni el fiscal Luis Ángel Bravo y mucho menos el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha sido eficaces en solucionar este problema”, según sostiene Jairo Guarneros Sosa, activista social y a la vez integrante de la agrupación Coordinadora de la Sociedad Civil.

Las desapariciones, tan sólo en esta zona, “ya rebasaron y por mucho a la propia autoridad, la que ha perdido toda credibilidad ante los veracruzanos, pero además sabemos que de por sí el tema de desaparecidos es difícil sin resultados rápidos como los quisieran los familiares”.

Por eso, continúa, “hoy desde la misma sociedad tenemos que organizarnos más y mejor para que eso no suceda, desde casa debemos tomar medidas de seguridad propios y con ello poder atender los mismos reclamos” según señala.

Con todo y los anuncios, especialmente mediáticos, el gobierno del estado y concretamente la Secretaría de Seguridad Pública ha sido ineficiente y rebasada por los hechos delictivos que se han registrado en todo el territorio estatal, “por eso decimos que los operativos de seguridad no son suficientes, hoy por hoy nuestra seguridad debe estar en manos de nosotros. Ésas son formas y modos propios que como ciudadanos nos den la seguridad que los funcionarios ya sea municipales, estatales o federales no han podido ofrecer”.

Tan grave es la inseguridad en Veracruz que ni siquiera los funcionarios del gobierno del estado se salvan de ella, “ahí tenemos el caso del recién secuestrado, Gustavo Souza, y este tema concreto nos podría decir dos cosas la primera que se confirma lo que te decía que el pueblo debe ya darse la seguridad que el estado, ni quiere o no puede otorgar, y la segunda con un dicho ya viejo que dice ‘cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde’”, afirma.

Por otro lado y de acuerdo a colectivos sociales, con familiares desaparecidos, el gobierno del estado, ha sido ineficaz en la respuesta positiva a las desapariciones forzadas, “las respuestas han sido sólo declaraciones en los medios de comunicación, pero sin que hasta el momento se tengan resultados concretos. Lo que han respondido, y sin sustento alguno, es que nuestros familiares desaparecieron porque tenían vínculos con la delincuencia organizada o porque se fueron con el novio o con la amante, pero no han comprobado nada”.

En su momento los integrantes de los colectivos en referencia revelaron que el propio gobernador, Javier Duarte, se comprometió a darle seguimiento y atender los reclamos de madres de familia de jóvenes que desaparecieron, en la zona centro del estado de los que hasta el momento se desconoce su paradero-, “pero el anuncio quedo solamente en eso, en un compromiso que no se cumplió y por el contrario se continua con la incertidumbre de su paradero”.

Por otro lado, Jairo Guarneros señala que ante la creciente ola de desaparecidos en la zona, “debe haber mayores acciones de exigencia e incluso no se debe descartar el hecho de acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), debido a que en México, el Estado y sus instituciones han sido rebasados totalmente”.

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MI EMPLEO, MI SUSTENTO

Trabajadores del SAS "motivaron" a José Tello a manifestarte con ellos. Archivo

Columna: Fuera de Foco

• por:  Silvia Núñez Hernández

Rosendo es un hombre de 50 años, que lleva trabajando en el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) por más de 20 años. Su trabajo dentro del organismo, consiste en pertenecer a las cuadrillas que trabajan atendiendo las fugas de agua que se presentan en la conurbación. Hombre moreno de aproximadamente 1.80 metros de estatura, con la piel ajada por el sol, pues en eso consiste su trabajo, manifestó sentirse ultrajado por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pues argumenta que sin consideración a su familia, a sus hijos y a su madre a la cual mantiene, les quitará su único sustento económico que recibe por el trabajo que realiza dentro del órgano operador del agua.

“Mire señorita, yo no tengo muchos estudios. Cuando entré al SAS me costó mucho trabajo lograr mi placita (…) Me dije en ese momento, estoy agradecido con Dios nuestro señor (…) Ya no tengo por qué preocuparme, tendré mi dinerito para cuando sea viejo y no le causaré problemas a mis hijos (…) Mi señora y yo tendremos de dónde agarrar para comer” dijo indignado mientras relataba su historia el trabajador del SAS.

Rosendo no entiende de muchos números, ni cuanto se robó Yolanda Gutiérrez Carlín ni José Ricardo Ruiz Carmona. “A ver dígame licenciada, por qué no los meten a la cárcel a ellos (…) Por qué no les quitan sus propiedades que compraron con el dinero que se robaron (…) Aquí todos metían mano, hasta los gobernadores, SAS era su cajita chica, todo querían sacar de aquí (…) Por qué Pepe Tello no saca a esa bola de aviadores que mantiene, ellos jalan mucho dinero (…) Si no robaran tanto, no estuviera en la quiebra el SAS”.

José Antonio, otro trabajador del SAS, quien realiza trabajos más profesionales dentro del órgano regulador del agua, dijo tener 15 años de antigüedad. Igual que Rosendo, advierte que el acto de despojarlos de su empleo, se debe a que el Grupo MAS no quiere pagar a los trabajadores los compromisos económicos que la actual administración mantiene con la clase obrera y demás empleados.

“Quieren desaparecer el sindicato (…) La circular que nos hicieron llegar el día de hoy en dónde nos notifican que ya no nos dejarán ingresar a nuestra área laboral el lunes 28 es indignante (…) Le tiran a no pagarnos nada de las prestaciones pendientes y las que vienen, también no quieren liquidarnos” denunció el profesionista.

José Antonio es uno de los empleados considerados mandos medios dentro del SAS. Sus actividades se concentran básicamente a cuestiones administrativas y mantiene a su cargo a un grupo de compañeros, quienes le ayudan a realizar con mayor ligereza la carga de trabajo de su área en día.

La similitud con Rosendo, es que de igual forma le será arrebato su trabajo por parte del Grupo MAS, empresa que es filial de Odebrecht, compañía brasileña, donde su propietario, Marcelo Odebrecht se encuentra en prisión en su país acusado de fraude y corrupción. Ese sujeto, quien por esos delitos se encuentra purgando un cautiverio forzado, debió conseguir que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa -por ese hecho- rescindiera cualquier acuerdo comercial celebrado. Pero para sorpresa tanto de los veracruzanos y los trabajadores del SAS, afianzó más su relación y ahora se encuentra entregándole millonarios contratos. Además pretende continuar endeudando el estado comprometiendo los recursos federales, para poder pagar la parte correspondiente al negocio que ambos realizarán en la entidad.

“Nos quieren debilitar (…) Quieren llamarnos de manera individual porque quieren desconocer al sindicato (…) Quieren tratar con nosotros, uno por uno, pero no lo vamos a permitir (…) No vamos a hacerlo como ellos quieren (…) Les guste o no, tienen que tratar con el sindicato y si se trata de liquidaciones, no será con la mugrienta ley sino conforme al contrato colectivo (…) Van a querer mandarnos a la Marina el lunes porque de ahí no nos vamos a mover (…) Ni sindicalizados ni trabajadores de confianza, quienes afortunadamente ya igual están solidarios con nosotros (…) Reaccionaron los de confianza un poco tarde, pero al final tampoco se van a dejar” dijo José Antonio.

El cuestionamiento sobre las acciones del Grupo MAS en contra de la clase trabajadora es  orillarlos a que acepten sus condiciones laborales, no pagar y desconocerle su antigüedad en un abrir y cerrar de ojos. “Con qué gente van a trabajar Silvia (…) Por más que estén contratando gente nueva, no podrán con la carga laboral (…) No sirven que sean ingenieros (…) Les faltará la experiencia que sólo se logra aquí mismo y con años de trabajo (…) Así traigan gente de otro sistema (…) Aquí hasta la tierra es diferente, situación que ha impedido que se haya podido implementar otro tipo de infraestructura”.

José Antonio argumentó que dicha vejación como trabajadores los ha unido más y además, los empleados de confianza se encuentran de la misma forma actuando muy apegado al sindicato. Han lanzado convocatorias en donde advierten que deben de solidarizarse, que deben de olvidar si son sindicalizados o no, que Grupo MAS no puede violar con la mano en la cintura sus derechos laborales ni los años que han invertido en el Sistema de Agua y Saneamiento.

Circula una voz de lucha entre ellos. “INFORME A LOS COMPAÑEROS DEL SISTEMA (…) A partir del 26 del presente mes debemos estar unidos, sin discriminar si es sindicalizado o de confianza (…) La nueva administración usa sus artimañas para desintegrar al sindicato y a los trabajadores, incluyendo a los de confianza (…) Nosotros no estamos desorganizados, gracias a nuestro sindicato desde hace tiempo se han estado tomando medidas preventivas para esta situación, aquí entra donde entra del por qué no se estalló a huelga, el por qué hay un amparo para el reconocimiento de nuestros derechos y la estabilidad del empleo, el por qué nuestro sindicato no acepta que nos liquiden conforme a la ley, porque conforme a la ley es una miseria y defienden nuestro contrato colectivo (…) Nuestro abogado está trabajando para defendernos con armas legales, a nosotros nos toca defender nuestra dignidad (…) Como no pueden comprar el sindicato, su plan es llamar a uno por uno de nosotros y liquidarnos sin asesoría de nuestro sindicato (…) Un ejemplo es un compañero que por 20 años de servicio le ofrecen una liquidación de 50 mil pesos y se los pagarán al compañero en parcialidades y el contrato será de 45 días, porque ahora no será por tiempo indefinido (…) Esto es un insulto a nuestra persona y pisan nuestra dignidad” advierte el documento que los trabajadores han circulado de uno a uno con la finalidad de mantener informados a todos los empleados por igual.

Los trabajadores por igual serán perjudicados. Advierten indignados tanto Rosendo como José Antonio que la finalidad de la empresa extranjera es pisotearlos y el gobierno de Javier Duarte de Ochoa lo aplaude. El cinismo del gobierno estatal es vender lo que se pueda vender. No hay dinero para despilfarrar, no hay dinero para las tortas “La Rielera” en Córdoba, ni dinero para el combustible para enviar el helicóptero por ellas.

Rosendo y Jose Antonio, dos trabajadores que argumentan estar unidos por una misma causa: dicen que defenderán su patrimonio.

“Debemos defender nuestra dignidad y no permitir que extranjeros nos quiten lo nuestro (…) Tenemos la experiencia para hacer nuestro trabajo, lo que hacemos no se aprende de la noche a la mañana (…) Entonces ¿Dejaremos que salgan con la suya? ¿Somos tan poca cosa para no defendernos? (…) Claro que no compañeros, no dejaremos a nuestras familias sin el sustento, todos tenemos derecho a un trabajo digno y recibir un pago para una buena calidad de vida para nuestras familias (…) Nosotros no hemos cometido ningún delito (…) ESTO NOS DEBE DE DAR CORAJE, NO MIEDO” advierte el documento.

El lunes, las calles de la avenida Colón, esa colinda con el Sistema de Agua y Saneamiento, estará invadida por los trabajadores tanto sindicalizados como de confianza. Seguro el gobierno intentará amedrentarlos. Como acostumbra Javier Duarte de Ochoa cuando en un acto de “berrinche” pretende demostrar que él tiene el poder y lo ejerce, mandando a su ejército de policías –de Arturo Bermúdez- para golpearlos y robarlos. También mandará su grupo de choque estudiantil, ese que comandan porros fósiles de la Universidad Veracruzana a quienes les paga su buena mesada para hacer estos trabajitos de disfrazarse de manifestante y hacer actos vandálicos. Esos mismos que golpearon a Rubén Espinosa en una manifestación. Su estrategia es mundialmente conocida.

Golpear, para amedrentar. Es una forma de intentar someter. Lo hizo en su “Grito” con el año pasado con los maestros. En su Grito de Desesperado de aceptación de la sociedad. Lo hizo con Karlo Reyes en esa mediocre celebración del 15 de septiembre del 2015, cuando el fotoperiodista documentaba sobre los acarreos que implementaba para llenar la Plaza Regina Martínez. Esa misma que murió en su administración. Corresponsal de la prestigiada revista Proceso, que mantenía en jaque a  su administración. Crimen de esa formidable periodista, que hasta el día de hoy, no ha sido esclarecido.

Silvia Núñez Hernández

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, directora general y columnista. Sustenta su trabajo, tras 23 años de ejercicio periodístico adquirido en diversos medios de comunicación situados en el estado de Veracruz. Su principal objetivo dentro de su carrera profesional es ofrecer a la ciudadanía una editorial ética y objetiva. Un espacio donde los temas sociales y políticos, son analizadas con una visión crítica, con la finalidad de mostrar una perspectiva sustentada y razonada sobre la problemática social de Veracruz y de la República Mexicana.

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EL PLAN URGENTE RUMBO A LA MINIGUBERNATURA

Entre lo utópico y lo verdadero 

Por Claudia Guerrero Martínez

Y llegó la esperada encuesta. El conocido y rey de las encuestas “a modo”, ésta vez, traía la verdadera. La interna…Nervioso, Javier Duarte de Ochoa la ojea… Su semblante cambia de rojo a blanco cadáver y sudando en exceso… Los resultados de ésta encuesta indicaban algo grave para la administración de doce años Fidel-duartista: Si en este momento se realizaban las elecciones en Veracruz, los resultados arrojaban el triunfo indiscutible de Miguel Ángel Yunes Linares… Y esto, prendió alarmas de peligro en Palacio de Gobierno… El enemigo número uno ha subido en el conteo de simpatizantes, gracias al caos y ocurrencias antigubernamentales realizadas por Javier Duarte y su pandilla…

Hubo reunión urgente… Se aplicaría el plan “C”… Pues el “A”, consistente en apoyar a Gerardo Buganza Salmerón, como candidato independiente, éste se ha caído… Va debilitándose hasta desinflarse, aun cuando se aferre a buscar el apoyo de agrupaciones religiosas… En el “B” se apoyaría a un diputado federal, ya sea Alberto Silva Ramos, amigo personal de Javier Duarte o Érick Lagos Hernández, incondicional de Fidel Herrera… Los dos realizaban trabajo electoral, hasta que desde Los Pinos, les notificaron parar sus prematuras aspiraciones a la gubernatura y además, evitar utilizar la tribuna legislativa para ataques contra diputados federales del PAN… Y peor, cuando el Presidente de México, Enrique Peña Nieto busca acuerdos con Acción Nacional en futuras aprobaciones de Reformas Legislativas…

Y ante la encuesta interna, Duarte de Ochoa se reúne con su equipo de expertos electorales… No permitirán a Yunes Linares, llegase a la Gubernatura de Veracruz… Pues saben, muchos irían a la cárcel… Así, se buscó intermediarios con operadores electorales de MORENA… Y contactar con el exdiputado local Atanasio García, padre del actual diputado federal Cuitláhuac García… El Pan “C” es apoyar al legislador de la Cámara Baja… Como se realizó en su triunfo, humillando a Elizabeth Morales García, a quien la relegaron hasta el tercer puesto en votaciones… El objetivo es hacer ganar a Cuitláhuac a la Gubernatura, mostrar democracia en Veracruz, el Gobierno de Javier Duarte aparenta respetar el triunfo de MORENA y así sacrifica al candidato del PRI, logrando la derrota del PAN para evitar una cacería de brujas gubernamental, al inicio de la minigubernatura…

Piensan que lo bueno de éste Plan “C”, Duarte y sus secuaces se salvarían de ser encarcelados, pero colocarían a Peña Nieto en la cuerda floja… Si bien, Veracruz es la tercera fuerza electoral en el país, al entregar ésta entidad federativa a MORENA, la acción le brindaría poder infinito a Andrés Manuel López Obrador para utilizar a Veracruz como bastión de apoyo en la aspiración presidencial de AMLO… Y el Peje seguro, de ganar la Silla Presidencial, metería a la cárcel al propio Peña Nieto y parte de su Gabinete… Quizá, Javier Duarte piense “matar tres pájaros de un solo tiro”, Uno: deshacerse de Miguel Ángel Yunes Linares; dos: mostrar a los veracruzanos democracia permitiendo el triunfo de MORENA y tres: Vengarse de Peña Nieto por las humillaciones y groserías realizadas a su persona, colocando a AMLO como aliado del propio Duarte… Y así, saldría limpio de todo este cochinero, desvíos de recursos y corrupción en las arcas estatales en Veracruz…

Y en la cabecita de Javi Du, el plan es viable y de ser bien manejado, como en la pirinola, “Todos ganan”… Lo interesante de esto es dejar cabos sueltos: Los Senadores Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, ya le declararon la guerra a la administración de Javier Duarte y ellos, los aspirantes más apoyados por grupos políticos del PRI no se quedarán cruzados de brazos…. Y quizá, en ese momento, la sangre llamará a la puerta para una alianza entre todos los Yunes contra Javier Duarte…

Nepotismo y desconocimiento en el IEV

Iniciaron los problemas en el Instituto Electoral de Veracruz… Su presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla demostró su desconocimiento y no haber leído el nuevo Código Electoral del Estado de Veracruz, aprobado el 30 de junio del presente, por parte de los diputados locales del Congreso Estatal… Y es que en la sesión del IEV, se pretende darle continuidad al Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, Víctor Hugo Moctezuma Lobato, violentando dicha Ley…

Para darle unas clases al propio Alejandro Bonilla Bonilla, citamos el Marco Jurídico Vigente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: Historia y Proceso Legislativo, en el apartado de Transitorios, el cual dicta: “DÉCIMO TERCERO. En tanto no se realicen los nuevos nombramientos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los Consejeros que actualmente integran el Instituto Electoral Veracruzano, así como su Secretario Ejecutivo, continuarán en su encargo”… Con base a esto, el INE ya eligió a los nuevos Consejeros y por ende, el nombramiento de Moctezuma Lobato desaparece… Así, con la intención de ratificarlo, sería en contra de la Ley Electoral vigente…

Si bien, se incluyó en la orden del día, para dar la continuidad al funcionamiento del Secretario Ejecutivo del IEV, es el Congreso de Veracruz, la figura jurídica facultada para realizar este nuevo nombramiento y además, cuenta con una reciente impugnación, el cual, impide ésta designación… Y hay cosas peores, que están ocurriendo en el IEV…

El Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica, José Eduardo Bonilla Gómez, quien ya laboraba en el IEV, es medio hermano del recién desempacado Consejero Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, poniendo en predicamentos a este órgano electoral, pues existe la figura del conflicto de intereses… Y de no dar una solución a esto, en lo referente a que el primero deberá renunciar o hasta queremos pensar, la posibilidad de declinar a la Presidencia del IEV, por parte de Alejandro Bonilla Bonilla… De lo contrario, habría un claro nepotismo, fundamentado en jurisprudencias integradas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación… Éstas impiden a familiares directos laborar en las mismas dependencias…

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LÓPEZ DÓRIGA: CUANDO EL MICRÓFONO TIENE PRECIO

Joaquín López-Dóriga, conductor de Televisa. Foto: Germán Canseco

JENARO VILLAMIL

El pleito inmobiliario entre María Asunción Aramburuzabala y la familia del conductor estelar de Televisa cimbra desde hace varios días las estructuras del consorcio, al punto de que cada vez son más fuertes las versiones sobre la eventual salida de Joaquín López Dóriga de la televisora aliada del gobierno de Enrique Peña Nieto. El litigio, en el que la poderosa empresaria ya lleva la delantera, puso al descubierto las “presiones” e intentos de “extorsión” que según ella han ejercido en su contra los esposos López Dóriga. Quedan aquí documentados los “negocios” que el conductor ha hecho al amparo del gobierno y los micrófonos de radio y televisión.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La batalla en tribunales entre la empresaria María Asunción Aramburuzabala, propietaria de la inmobiliaria Abilia, y los esposos Teresa Adriana Pérez Romo y Joaquín López Dóriga apenas inicia…

El litigio ha destapado el modus operandi de la extorsión del conductor estelar de Televisa y Radio Fórmula, cuya riqueza a partir del uso de poder de su micrófono incluye la propiedad de al menos seis departamentos de lujo en el Club de Golf Bosques, siete en la colonia Polanco, su lujoso yate valuado en 40 millones de pesos, una suite en residencial Villa Alejandra de Acapulco, más millonarios ingresos a través de dos empresas, Akron y Ancla, que han recibido más de 237 millones en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015.

La revelación de un presunto intento de extorsión por más de 5 millones de dólares por parte del matrimonio López Dóriga destapó lo que entre políticos y empresarios era conocido desde hace más de una década: el Teacher de Televisa presiona de esa manera a quienes no aceptan sus condiciones e intereses.

Los rumores sobre su salida de Televisa, suscitados a raíz del pleito jurídico con Aramburuzabala, arreciaron en los últimos días. Fuentes de la empresa confiaron a Procesoque el 30 de septiembre se pretendía relevar al conductor deEl Noticiero de Canal 2, pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería Modelo y exsocia de Televisa.

El propio López Dóriga, en su columna de Milenio Diario,acusó el golpe de los rumores. El viernes 25 de septiembre, bajo su seudónimo Florestán, apostilló: “Los hay que en su miseria humana andan por la vida repartiendo falsos certificados de defunción”.

Los rumores en Televisa se incrementaron a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del Distrito Federal resolvió a favor de Aramburuzabala en el juicio de lesividad sobre la construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en una de las zonas de mayor plusvalía en la colonia Polanco, al lado justamente del edificio Rubén Darío 223, donde los López Dóriga son propietarios de un departamento de 552 metros cuadrados y un valor de 5 millones de dólares, según los datos del Registro Público de la Propiedad.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revistaProceso 2030, ya en circulación)

EL ESTADO ESTÁ AUSENTE, PARALIZADO

JOSÉ GIL OLMOS

El magistrado español Carlos Castresana se dice preocupado por la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, pero sobre todo porque, afirma, en este escenario de violencia e inseguridad el Estado parece ausente, paralizado. A diferencia de otras naciones de Latinoamérica –como Colombia o Guatemala, donde la movilización ciudadana coadyuvó a la caída del presidente Otto Pérez Molina–, el Estado mexicano no sabe qué hacer y eso, advierte, puede llevar al país a la ingobernabilidad. “Ya no es tiempo de palabras, sino de hechos”, advierte quien llevó a juicio al exdictador Augusto Pinochet.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Detrás de la crisis de los derechos humanos en México está la ausencia del Estado, sostiene el magistrado español Carlos Castresana, y pone como ejemplo la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de uniformados locales en complicidad con el crimen organizado.

Consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para temas de justicia e impunidad y exintegrante de la comisión internacional para la justicia en Guatemala, a Castresana le preocupa que el Estado mexicano no dé una respuesta a esta crisis como lo exige la sociedad. Advierte que si ésta no se resuelve con reformas judiciales de gran calado y el compromiso de los actores políticos, podría generarse una situación de ingobernabilidad y una explosión social de graves consecuencias.

Conocedor de la realidad del país desde 1996, Castresana insiste: en  México el problema es la ausencia del Estado. Y esa es la diferencia con países en los cuales ha habido una situación similar de violencia, como Colombia, donde a pesar de una larga crisis de 50 años el Estado siempre estuvo presente.

“En Colombia –dice– nunca faltó el Estado. En México la crisis de derechos humanos pasa por la ausencia del Estado”. Y aclara: “No se trata de un Estado fallido o carente de recursos. Simplemente está ausente. No quiere (actuar) o no sabe cómo hacerlo.

“Esa es la parte más preocupante del problema visto desde afuera: un Estado que está paralizado, incapaz de dar respuesta a la legítima demanda de justicia de los ciudadanos.”

Refiere que una de las causas de la violencia exacerbada en México es el fracaso de la transición a la democracia durante los 12 años de gobierno del PAN. Vicente Fox, puntualiza, no quiso crear una comisión de la verdad para investigar los crímenes del Estado durante el régimen del PRI, y optó sólo por una fiscalía –la que encabezó Ignacio Carrillo Prieto–, mientras que Felipe Calderón optó más por el uso de la violencia institucional para combatir al narcotráfico.

“El 2000, que significó el fin del régimen del PRI y la llegada de Vicente Fox, concitó muchas esperanzas de un cambio y no lo hizo en las instituciones. No hubo una reforma a fondo en las Fuerzas Armadas, ni en las policías ni en el sistema general de justicia.

“No se hizo y ahora se están pagando las consecuencias de un sistema anticuado, que no está al día, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que no es capaz de solucionar y poner fin a esas situaciones gravísimas de violaciones de los derechos humanos mediante una administración de justicia pronta, eficiente y transparente.”

–Esta violencia que vemos ahora ¿es la expresión más clara del fracaso de la transición a la democracia?

–Yo creo que no hay ninguna duda que la decisión de Fox fue equivocada al crear una fiscalía y no una comisión de la verdad. En todos los países donde tenemos referentes es al revés: primero se hace una comisión de la verdad, se esclarecen los hechos y luego, sobre la base de ese esclarecimiento histórico, se hace justicia. En Colombia primero han acordado la creación de la Comisión de la Verdad y luego la del mecanismo de justicia. Eso debería haberse hecho en México.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revistaProceso 2030, ya en circulación)

A UN AÑO DE IGUALA, ¿SE AVANZÓ CONTRA DESAPARICIÓN FORZADA? NO, DICEN ESPECIALISTAS

Por Mayela Sánchez 

La desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa mostró la incapacidad del Gobierno federal para investigar y la impunidad que carcome al Estado mexicano. Es una “situación crítica”, coinciden especialistas.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).— A pesar de que la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas perpetrada en Iguala, Guerrero, hace casi un año ha sido considerada por organismos internacionales como la más grave violación a derechos humanos en México en los últimos años, la conmoción que causó a nivel nacional e internacional de poco ha servido para atender efectivamente el problema de la desaparición y la desaparición forzada en el país.

Apenas el pasado 15 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que en el país prevalece el deterioro en la atención al tema, que detectó desde 2011 cuando realizó una visita a México en la que alertó que la impunidad es frecuente en los casos de desapariciones forzadas, que los hechos no se esclarecen y que las víctimas no reciben una reparación adecuada e integral.

En su reporte presentado ese día en Ginebra, el Grupo de Trabajo apuntó que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos demostraba con crudeza la falta de reconocimiento de la dimensión de este problema en el país.

Para los expertos de la ONU la gravedad del problema no se limitaba al hecho de la desaparición forzada de los normalistas, perpetrada entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente, sino que se había exhibido también en las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron, en el hallazgo de fosas clandestinas en diversas partes del país y hasta en las estadísticas oficiales que, aunque limitadas, mostraban una situación “particularmente crítica”.

El Grupo de Trabajo de la ONU también señaló que el reconocimiento discursivo –al que calificó de “incipiente”- sobre el problema de la desaparición forzada “no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel”.

Héctor Cerezo, del Comité Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, y la Senadora panista Mariana Gómez del Campo comparten los señalamientos del Grupo de Trabajo de la ONU. Sin embargo, ambos esbozan que una consecuencia positiva de la visibilización que tuvo el caso fue que, frente a la presión nacional e internacional, el Gobierno mexicano delineó el camino para aprobar una Ley General contra la Desaparición Forzada.

La demanda de esa Ley ya tenía varios años en voz de organizaciones civiles y grupos de familiares de víctimas de desaparición forzada, sin que hubiera sido atendida por el gobierno. También el  Grupo de Trabajo de la ONU había advertido, desde su visita en 2011, sobre la falta de una Ley General en el país que regulara todos los aspectos de esa problemática.

A pesar de que desde entonces la ONU había recomendado al Estado mexicano aprobar una ley a la brevedad, el Gobierno mexicano retomó la petición hasta que ocurrió la desaparición forzada de los 43 normalistas.

Un día después de que se cumplieran dos meses del hecho, el 27 de noviembre de 2014, el Presidente Peña Nieto anunció un decálogo de acciones en materia de seguridad y acceso a la justicia. Una de ellas era una iniciativa de ley para facultar al Congreso de la Unión para que expidiera leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura.

Ésta se materializó el 30 de abril pasado y a partir de ahí se han presentado cuatro propuestas de Ley, sin que hasta la fecha éstas se hayan discutido y, eventualmente, aprobado alguna.

LEY, OPORTUNIDAD Y RIESGO

Entre 2012 y 2015 al menos 34 iniciativas sobre desaparición forzada han sido presentadas en el Congreso de la Unión, ya sea ante la Cámara de Diputados o ante el Senado de la República, de acuerdo con una revisión de la revista Contralínea. Cada una de ellas ha sido turnada al trabajo de comisiones para quedarse ahí, congeladas.

¿Qué haría diferente a las iniciativas que están por discutirse en el Senado?, se le pregunta a la Senadora Gómez del Campo, quien forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y quien, junto con otras legisladoras de esa comisión, respalda una de las iniciativas de ley que serán discutidas y que fue elaborada por las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

La panista dijo a SinEmbargo que el caso Ayotzinapa acelera para que se hagan las cosas, aunque reconoce que el tema debió haberse legislado desde hacía mucho tiempo. Ahora, añadió, la discusión va a darse en la tribuna legislativa y no deberá haber injerencias del Poder Ejecutivo para detener la aprobación de una Ley en la materia.

Gómez del Campo destacó que lo crucial de una ley general contra la desaparición forzada es que además de prevenir ese delito y proteger a las víctimas, debe establecer responsabilidades de las autoridades para investigar y sancionar a los perpetradores de desapariciones forzadas.

La iniciativa de ley que respalda Gómez del Campo, junto con otras Senadoras, contempla tanto a la desaparición forzada de personas –entendida como aquella que ocurre con el conocimiento, apoyo o aquiescencia del Estado– como a la desaparición de personas cometida por particulares, estableciendo facultades para los tres niveles de gobierno en todas las entidades para investigar, prevenir y sancionar ambos tipos de desapariciones y reparar los daños a las víctimas de ambos delitos.

También establece criterios para la búsqueda, investigación y creación de un Registro Nacional de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, y plantea la creación de protocolos específicos para la búsqueda inmediata y permanente de las personas desaparecidas, así como la creación de fiscalías especiales en todas las entidades para la búsqueda de personas e investigación de los casos.

Además propone crear el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano y un Banco Nacional de Información Genética, una Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM), un Registro Nacional de Restos Mortuorios No Identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes en el país. Todo ello a fin de facilitar y agilizar la identificación de las personas que han sido localizadas sin vida, a través de un proceso confiable, seguro y certero.

La iniciativa contiene también un apartado sobre la Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, cuyo propósito es reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica a sus familiares.

Sin embargo, se trata sólo de una de las cuatro propuestas de ley que existen hasta ahora. Se espera que una quinta sea planteada por el Gobierno federal y, en esa medida, para Cerezo existe el riesgo de que haya una simulación. Consideró que existe el riesgo de que el Gobierno federal presente una Ley que no atienda a las exigencias planteadas por las organizaciones civiles y por instancias internacionales, sólo para salir del paso pero que sea letra muerta en la práctica. Eso, señaló, sólo abonaría a la impunidad que de por si prevalece en los casos de desaparición forzada existentes.

¿Y PARA LAS VÍCTIMAS?

La ONU solicitó a México que la Ley de Desaparición Forzada incluya a la opinión de los familiares de las víctimas. Foto:Cuartoscuro

Si un aspecto positivo de la visibilización del caso Ayotzinapa fue que presionó al Gobierno mexicano para promover una Ley General contra la Desaparición Forzada, en lo referente a la búsqueda de desaparecidos el informe de la ONU es completamente acertado, expresó Cerezo.

“Para las familias lo más importante es saber el paradero de sus seres queridos, [lo] que no ha sucedido, no sólo en el caso de Ayotzinapa sino en el 90 por ciento de los casos, en que las familias siguen sin saber dónde está su familiar, qué le pasó y por qué le pasó. Siempre es una deuda histórica que tiene el gobierno con los desaparecidos, no solamente los del 2006, sino desde la década de los setenta, ochenta”, dijo el defensor de los derechos humanos.

Otro elemento en que no se ha avanzado es en dar justicia, consideró, porque los responsables de desapariciones no han sido procesados y sentenciados en prácticamente ningún caso. “Cuando hay esta cantidad de impunidad el mensaje que se está mandando a los perpetradores es que pueden continuar con las desapariciones porque no va a haber una consecuencia legal”, expuso.

Desde la óptica de las víctimas habló Juan Carlos Trujillo, fundador del grupo Familiares en Búsqueda María Herrera y quien busca a cuatro hermanos desaparecidos. Él reconoció que el caso Ayotzinapa dio una nueva mirada al tema de la desaparición en México, que el Gobierno mexicano, dijo, había logrado desvanecer. Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas, el tema volvió a posicionarse como un asunto nacional, especialmente porque se exhibió la descomposición del Estado mexicano, señaló.

No obstante, para la demanda principal de los familiares de desaparecidos –que es encontrar a los suyos– poco efecto tuvo la presión que hubo sobre el Gobierno mexicano por el caso de los normalistas, pues no mejoraron los procesos de búsqueda.

“De manera institucional no hay respuesta, y no hay respuesta porque no hay voluntad. Que se instruya de los más altos niveles que se busquen a las personas no hay capacidad, no hay intención y no hay voluntad […] No han mejorado los procesos ni lo métodos de búsqueda”, expuso.

Trujillo dijo que si bien la lucha de los familiares de desaparecidos ha tenido logros, lo fundamental que es encontrar a sus familiares sigue sin cumplirse y de ello el caso de los 43 normalistas es el mejor ejemplo.

“En México no hay condiciones para buscar a nadie, por lo menos por parte del Gobierno federal, no así para las familias que han salido a buscar y han encontrado”, apuntó.

Respecto a los beneficios que la eventual aprobación de una ley general en la materia podría traer, Trujillo fue categórico al decir que se trata de una herramienta más, pero que es insuficiente para solucionar un problema tan complejo como es el de las desapariciones en el país, especialmente frente a la falta de voluntad de las autoridades, En lugar de eso, dijo, la transformación tiene que provenir de los ciudadanos.

Sobre ese tema, Cerezo apuntó que la visibilización del caso Ayotzinapa también sirvió para que la sociedad se sensibilizara y estuviera mejor informada sobre la desaparición forzada.

“También es un avance, nosotros creemos, que la sociedad esté entendiendo que la lucha por la presentación de nuestros desaparecidos o contra la desaparición forzada es una lucha que no solamente involucra a los familiares o a las organizaciones de derechos humanos, sino que debe de ser una demanda de la sociedad en su conjunto”.

Enlace: http://www.sinembargo.mx/25-09-2015/1497764

COMPARAN A VERACRUZ CON DICTADURA DE FRANCO POR VIOLENCIA

Ante los sucesos violentos que han acaecido en Veracruz en la administración de Javier Duarte de Ochoa, la filóloga e investigadora de la Universidad de Granada (UGR), María José Cano Pérez, expresó que dicho exacerbamiento no es propio de un Estado democrático, sino de una dictadura.

Cuestionada en torno al caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, donde se ha señalado a autoridades de gobierno estatal, además de la brutal golpiza por parte de encapuchados a los estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), dijo que tales acontecimientos recuerdan a la que en su momento fuera la España de Franco, régimen caracterizado por la represión política y económica de los opositores.

“Me deja extrañada, es propio de una dictadura no de un sistema democrático que hay aquí (en México), yo recuerdo eso cuando era joven en la época franquista, entonces algo está fallando, porque allí sí escuchabas normal que entraban unos matones a disparar y matar en un despacho de abogados laboralistas, pero hoy en día eso es inconcebible”, comentó para La Jornada Veracruz.

Añadió que, por tanto, es necesario analizar el tipo de presiones que existen sobre el sistema policiaco del estado ante la posibilidad de grupos extremistas, y objetó cómo en la República y en Veracruz no ha caído todo el peso de la justicia contra los responsables de dichos ataques.

Por otro lado frente al enorme reto que representa para la academia la sociedad veracruzana debido a la gran apatía, aislamiento y desinterés que impera en la mayoría de los ciudadanos para involucrarse en la agenda democrática no electoral, (La Jornada Veracruz 10/08/15) Cano Pérez estimó que para incentivar la cooperación es necesario, en primera instancia, ahondar en las razones por las que no hay reacción social.

La investigadora sentenció que la carencia de participación de los veracruzanos puede derivarse del temor de una sociedad ante la figura autoritaria del gobierno en turno.

“¿Cómo voy a salir como ciudadano a protestar si la justicia no me va a apoyar, si me van a detener, si voy a ser yo el delincuente? Entonces hasta que no estemos en confianza con una justicia independiente no habrá alto a la impunidad, y se puede conseguir porque por ejemplo sucedió con la mafia siciliana que mataba a los jueces y hoy en día no es la misma al instaurarse la justicia como la conocemos, pero tienen que ser los mismos gobernantes quienes apoyen la justicia independiente”, remarcó.

Para ejecutar estos planteamientos reconoció que sería necesario realizar los ajustes legislativos y acotó que mejorar la efectividad de la justicia es imperioso para poder resolver los conflictos derivados de la violencia a través de la conciliación.

Consultada con respecto a la premisa que expresó durante la conferencia magistral “Cultura, conflictos y paz”, en donde cita el significado del Capítulo 57 del libro bíblico de Isaías, que indica “no hay paz sin justicia” (también Isaías 32:17), y recordando que en la gestión del gobierno del estado actual ha empeorado la eficiencia de la justicia en Veracruz (La Jornada Veracruz 14/09/15) Cano Pérez enfatizó que es necesario que exista un sistema de impartición independiente del Estado.

Asimismo, debido a que la Iglesia representa la institución en la que más confían los veracruzanos (La Jornada Veracruz 10/08/15) la hebraísta y docta también en temas de religión hizo un llamado a dicha organización para utilizar su amplia influencia en la sociedad a modo de estimular la participación de la ciudadanía para el bien común. 

Educación, respuesta a la violencia del Estado

En su ponencia, María José Cano expuso que si bien existen factores como la violencia estructural, donde el Estado vulnera a los habitantes, el camino de la cooperación y educación conducirá a hacia una cultura de la paz, donde si bien perfeccionar el concepto llega a ser utópico, se puede incidir en las nuevas generaciones como una vía menos nociva para solución de conflictos.

En el marco de los Diálogos interdisciplinarios por la paz, organizados por la Universidad Veracruzana, la investigadora manifestó que el enfoque global de la investigación es a través de un proceso dinámico que sufre modificaciones con el lenguaje.

Cano Pérez afirmó que los cambios cualitativos en el dominio social se vinculan con la desigualdad como nutriente de una población vulnerada a través de la privación de sus derechos humanos, donde las carencias principalmente económicas destacan.

La académica expresó que después de la Segunda Guerra Mundial el esquema globalizado de las políticas para la colaboración contra la violencia se traducen a la incorporación en el trabajo con organizaciones no gubernamentales (ONG) y Asociaciones Civiles (AC); nuevas formas de cooperación en ayuda humanitaria que comprometen a la academia en materia educativa dirigida a la promoción de la paz.

Es así como la migración y la formación de guetos en distintas zonas del mundo coadyuva en la creación de rasgos de identidad cultural apartada que, por su mismo carácter de aislamiento, pueden provocar situaciones de violencia extrema, tal es el caso dijo, de la relación entre el terrorismo y el fundamentalismo religioso.

De esta forma señaló, es necesario el reconocimiento de los otros como individuos para hallar valores compartidos entre distintas culturas, puesto que todas cuentan con aparatos intermediarios opuestos a la violencia.

De allí que la filóloga planteó encontrar “solidaridad universal” para la cooperación en diferentes ramas del conocimiento, encauzadas a la ética en la educación para transformar en favor del estado de paz la organización social y apelar a la cortesía, entendida como el respeto hacia los demás, recurrir a la otredad para conducir a cambios.

Sin embargo Cano Pérez puntualizó que la metamorfosis favorable de dichas propuestas se vislumbra a mediano y largo plazo, por lo que requiere del cometido docente, “el sueño de la razón produce monstruos”, sostuvo al evocar a Francisco de Goya.

Por último agregó que hay un sector importante de la sociedad que está apostando por la cultura de la paz y es por tanto menester brindarle respaldo al intercambio académico para conducir a ella, como conciliación entre sectores y eliminación de violencia estructural, sobre todo, entre la juventud.

Enlace:http://www.jornadaveracruz.com.mx/comparan-a-veracruz-con-dictadura-de-franco-por-violencia/